Digan lo que digan, que si la “Ley Bonilla” es violatoria a la Constitución y demás, el gobernador electo Jaime Bonilla siempre da la cara y presenta sus argumentos del por qué se requieren los cinco años de gobierno y no dos.

A muchos no le gusta su estilo de responder a los cuestionamientos, pero así es él y no va a cambiar por petición de unos.

Se debe reconocer que desde que inició la aventura legal por lograr cinco años de gubernatura ha aparecido en la escena pública en Baja California y en la Ciudad de México.

No ha dejado el tema únicamente a sus dos operadores, el político Amador Rodríguez Lozano y el jurídico Guillermo “Titi” Ruiz Hernández, se ha presentado en diversos foros a defender sus argumentos.

La mañana de hoy se presentó en una conferencia de prensa en la Ciudad de México, a unas horas que se publique en el Periódico Oficial del Estado la reforma al artículo octavo transitorio de la Constitución de Baja California que amplía la gubernatura a cinco años y también horas después de la consulta ciudadana.

Con Guillermo Ruiz Hernández y Amador Rodríguez Lozano respondieron a todas las preguntas de los periodistas de los medios capitalinos, dejando en claro su postura. 

Reiteró que acatará la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, si es de dos o cinco años su gestión.

Otra vez le dio duro al Instituto Nacional Electoral y lo acusó de entorpecer el proceso electoral en Baja California, y que se tomaron atribuciones más personales que de institución.

Remató al gobernador actual Francisco Vega de Lamadrid porque deja a un gobierno de Baja California quebrado económicamente y con un mini gobierno de dos años no se puede hacer nada, se requiere un programa de largo plazo para rescatarlo.

“KIKO” AVISA SE PUBLICARÁ LA REFORMA Y SU GOBIERNO PRESENTARÁ CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL

Sobre esta reforma que defiende el ingeniero Jaime Bonilla, hoy en Tijuana el gobernador en funciones Francisco Vega de Lamadrid dijo se estima que el viernes se realice la publicación en el Periódico Oficial del Estado pero que interpondrá una controversia constitucional, porque se votó por una gubernatura de dos años.

"Kiko" Vega, dejó entrever que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en su pasada visita a Baja California, sugirió que la XXIII Legislatura ya mandara la publicación la "Ley Bonilla".

La presidenta Claudia Sheinbaum pidió revisar y sanear el funcionamiento del Instituto Nacional Electoral (INE) rumbo a las elecciones de 2027, tras señalamientos sobre presuntas irregularidades en contratos y sobreprecios durante administraciones anteriores.

La mandataria cuestionó la gestión de exfuncionarios electorales, entre ellos Lorenzo Córdova, al considerar que pudieron existir prácticas administrativas que favorecieron negocios particulares mediante contratos con proveedores.

Durante sus declaraciones, Sheinbaum sostuvo que el INE debe garantizar elecciones limpias, transparencia en el manejo de recursos y austeridad, además de cumplir con su responsabilidad de proteger la voluntad ciudadana.

También mencionó a Edmundo Jacobo Molina, quien ocupó durante varios años la Secretaría Ejecutiva del instituto, y cuestionó la supervisión de los procedimientos administrativos durante su gestión.

La presidenta señaló que corresponde a la Auditoría Superior de la Federación y a la Fiscalía General de la República investigar los posibles actos irregulares y determinar si existen responsabilidades administrativas o penales.

Finalmente, Sheinbaum consideró que las autoridades actuales del INE deben revisar sus gastos y procesos internos antes de los comicios de 2027. Los señalamientos contra exfuncionarios no constituyen, por sí mismos, una determinación de responsabilidad.

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Una investigación sobre presuntas prácticas monopólicas en la contratación de materiales electorales ha generado al menos 69 notificaciones dirigidas a empresas proveedoras del Instituto Nacional Electoral (INE) y de organismos públicos locales electorales (OPLE). El procedimiento comenzó durante la presidencia de Lorenzo Córdova y continuó bajo la gestión de Guadalupe Taddei, con señalamientos relacionados con posibles acuerdos entre proveedores para limitar la competencia.

De acuerdo con los registros de la Comisión Nacional Antimonopolio y de la extinta Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), la investigación se inició formalmente el 7 de julio de 2022, bajo el expediente IO-003-2021. Entre las compañías señaladas aparecen Cajas Graf, Formas Finas y Materiales, Corporativo Zeg y Diseño, Reconstrucción y Comunicación, vinculadas con los empresarios José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas. La notificación más reciente, fechada el 22 de octubre, solicita a las empresas presentar sus argumentos respecto de diligencias probatorias adicionales.

El titular del Órgano Interno de Control del INE, Víctor Hugo Carvente Contreras, informó ante la Cámara de Diputados sobre posibles irregularidades en los procesos de contratación, entre ellas simulación de competencia entre proveedores, presunta colusión para incrementar precios y modificaciones al objeto social de algunas empresas poco antes de participar en licitaciones. También señaló deficiencias en los estudios de mercado utilizados para justificar la adjudicación de contratos.

Según los datos presentados por el funcionario, las empresas investigadas acumularon contratos por aproximadamente 2 mil 461 millones de pesos con el INE y distintos organismos electorales estatales. La investigación busca determinar si existieron acuerdos para manipular los procedimientos de contratación pública y afectar la competencia en el suministro de documentación y materiales electorales. Hasta el momento, las notificaciones forman parte del procedimiento administrativo y no constituyen, por sí mismas, una resolución definitiva de responsabilidad.

Fuente: Información basada en los registros de la Comisión Nacional Antimonopolio, la Plataforma Nacional de Transparencia y las declaraciones del Órgano Interno de Control del INE proporcionadas en el reporte original.

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que las elecciones de 2027 se realizarán conforme a lo previsto, pese a los cuestionamientos surgidos tras la renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE). La mandataria rechazó que la situación comprometa la organización de los comicios y advirtió que quienes ponen en duda su realización “se van a morder la lengua”.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum insistió en la necesidad de realizar una auditoría para esclarecer presuntos conflictos de interés e irregularidades en la contratación de materiales electorales. Señaló que cualquier posible responsabilidad penal deberá determinarse mediante las investigaciones correspondientes, antes de considerar medidas judiciales contra los funcionarios involucrados.

La presidenta también cuestionó la concentración de contratos para la fabricación de materiales electorales en un reducido número de empresas, situación que, según afirmó, se mantiene desde hace décadas y se extiende a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE). En ese contexto, señaló que las prácticas deben revisarse y atribuyó parte de su continuidad a decisiones tomadas durante anteriores administraciones del INE, incluida la encabezada por Lorenzo Córdova.

Como parte de las medidas propuestas, Sheinbaum planteó fortalecer a Talleres Gráficos de México para ampliar su participación en la producción de documentación y materiales electorales, así como establecer un consejo de administración más abierto, con posible representación de universidades. También sugirió revisar los procedimientos de contratación, ampliar la competencia entre proveedores y aprovechar materiales reutilizables, como casillas y mamparas, para reducir costos.

Finalmente, la mandataria sostuvo que corresponde al Congreso de la Unión evaluar posibles modificaciones a la legislación electoral y participar en el proceso de designación de la nueva presidencia del INE. Reiteró que las contrataciones deben transparentarse y que las investigaciones sobre posibles irregularidades no deben confundirse con la capacidad institucional para organizar las elecciones de 2027.

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Tijuana-. Ante el anuncio de la renuncia de Guadalupe Taddei Zavala a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE), Coparmex Tijuana sostuvo que la salida del cargo no debe cerrar las investigaciones ni sustituir la rendición de cuentas.

En un posicionamiento, la organización pidió a las autoridades competentes realizar una investigación exhaustiva, imparcial y transparente, y llevar las indagatorias hasta sus últimas consecuencias legales, con respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia.

Coparmex planteó que las pesquisas no deben limitarse a quien encabezó el Instituto, sino abarcar áreas administrativas, contrataciones, proveedores y personas servidoras públicas que pudieran estar involucradas. También consideró necesario esclarecer posibles conflictos de interés, encubrimientos u omisiones.

El organismo exhortó a que la sucesión se realice con rapidez y apego al marco constitucional, acompañada de una evaluación pública y rigurosa de los perfiles. A su juicio, el proceso debe proteger la autonomía del INE y evitar acuerdos partidistas que puedan comprometerla.

De cara a las elecciones de 2027, Coparmex afirmó que es fundamental dar continuidad a la organización electoral y garantizar que la ciudadanía tenga certeza de que su voto será respetado y contabilizado correctamente.

“Desde COPARMEX defendemos un INE autónomo, íntegro y sólido. Exigir cuentas a quienes lo conducen contribuye a protegerlo y a recuperar la confianza ciudadana”, señaló la organización.

El comunicado concluye que la renuncia no debe dar por cerrado el caso y que la verdad, la justicia y la imparcialidad electoral deben orientar los próximos pasos.

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, calificó como una buena decisión la renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE), aunque advirtió que su salida no debe poner fin a las investigaciones sobre posibles conflictos de interés y presuntas irregularidades administrativas dentro del organismo.

Durante su conferencia matutina, la mandataria federal sostuvo que es necesario realizar una auditoría para esclarecer los señalamientos relacionados con el manejo de recursos públicos, posibles abusos y privilegios durante la gestión de Taddei.

“Se tiene que hacer una investigación, tiene que haber una auditoría para ver las sospechas, abusos o privilegios”, expresó Sheinbaum, al señalar que cualquier irregularidad deberá ser investigada por las autoridades correspondientes.

La presidenta también descartó que la salida de Taddei, en medio de un proceso electoral iniciado en septiembre, represente un riesgo para la democracia mexicana. Explicó que existe un procedimiento legal mediante el cual la Cámara de Diputados deberá llevar a cabo la designación de quien ocupe la presidencia del organismo electoral.

Sheinbaum insistió en que las instituciones deben mantenerse libres de sospechas de corrupción y reiteró que las investigaciones deberán centrarse en posibles conflictos de interés y en el uso de recursos públicos.

No obstante, rechazó las críticas dirigidas a la vida personal de Guadalupe Taddei y cuestionó los comentarios que calificó como ataques machistas difundidos durante el fin de semana en redes sociales.

La mandataria señaló que los posibles actos irregulares deben investigarse, pero consideró inaceptable utilizar la situación para promover burlas o agresiones personales contra una mujer.

“Si hay un mal manejo de recursos que se investigue, pero esta burla de una mujer no está bien”, manifestó.

En relación con el presupuesto del INE para 2027, Sheinbaum indicó que corresponderá a la Cámara de Diputados revisar y, en su caso, ajustar los recursos solicitados por el organismo electoral.

Finalmente, consideró que el presupuesto propuesto resulta excesivo y planteó que podría tomarse como referencia el gasto ejercido durante 2024, actualizado conforme a la inflación, para evitar incrementos que considere injustificados.

La renuncia fue anunciada por Taddei el 25 de octubre, con la intención de formalizarla ante la Cámara de Diputados el día 26. La información fue confirmada mediante un comunicado del propio INE. 

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