Digan lo que digan, que si la “Ley Bonilla” es violatoria a la Constitución y demás, el gobernador electo Jaime Bonilla siempre da la cara y presenta sus argumentos del por qué se requieren los cinco años de gobierno y no dos.

A muchos no le gusta su estilo de responder a los cuestionamientos, pero así es él y no va a cambiar por petición de unos.

Se debe reconocer que desde que inició la aventura legal por lograr cinco años de gubernatura ha aparecido en la escena pública en Baja California y en la Ciudad de México.

No ha dejado el tema únicamente a sus dos operadores, el político Amador Rodríguez Lozano y el jurídico Guillermo “Titi” Ruiz Hernández, se ha presentado en diversos foros a defender sus argumentos.

La mañana de hoy se presentó en una conferencia de prensa en la Ciudad de México, a unas horas que se publique en el Periódico Oficial del Estado la reforma al artículo octavo transitorio de la Constitución de Baja California que amplía la gubernatura a cinco años y también horas después de la consulta ciudadana.

Con Guillermo Ruiz Hernández y Amador Rodríguez Lozano respondieron a todas las preguntas de los periodistas de los medios capitalinos, dejando en claro su postura. 

Reiteró que acatará la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, si es de dos o cinco años su gestión.

Otra vez le dio duro al Instituto Nacional Electoral y lo acusó de entorpecer el proceso electoral en Baja California, y que se tomaron atribuciones más personales que de institución.

Remató al gobernador actual Francisco Vega de Lamadrid porque deja a un gobierno de Baja California quebrado económicamente y con un mini gobierno de dos años no se puede hacer nada, se requiere un programa de largo plazo para rescatarlo.

“KIKO” AVISA SE PUBLICARÁ LA REFORMA Y SU GOBIERNO PRESENTARÁ CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL

Sobre esta reforma que defiende el ingeniero Jaime Bonilla, hoy en Tijuana el gobernador en funciones Francisco Vega de Lamadrid dijo se estima que el viernes se realice la publicación en el Periódico Oficial del Estado pero que interpondrá una controversia constitucional, porque se votó por una gubernatura de dos años.

"Kiko" Vega, dejó entrever que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en su pasada visita a Baja California, sugirió que la XXIII Legislatura ya mandara la publicación la "Ley Bonilla".

Durante la conferencia matutina de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Avila Olmeda, expresó su rechazo hacia las recientes declaraciones del exgobernador del estado, Jaime Bonilla Valdez. 

La mandataria calificó como una lástima que un exgobernador muestre tanta ligereza al hacer acusaciones graves y delicadas en su contra, sin presentar pruebas ni fundamentos que las respalden, además de calificarlas como mentiras y rabietas.

Avila Olmeda consideró que la forma en que Bonilla se ha expresado de ella es sumamente irresponsable. Señaló que es indigno que un exgobernador realice acusaciones tan serias sin evidencia alguna, con la única intención de difamar, calumniar y desviar la atención. 

La gobernadora invitó al exmandatario a reflexionar sobre sus dichos y acusaciones, enfatizando que los bajacalifornianos merecen gobernantes y exgobernadores que estén a la altura del pueblo, y criticó que Bonilla esté demostrando un nivel tan bajo en su comportamiento y palabras.

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El exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, fue vinculado a proceso por un juez, tras ser señalado por presuntos delitos relacionados con el ejercicio indebido de funciones durante su administración.

¿De qué se le acusa?

De acuerdo con las investigaciones, el exmandatario es señalado por presunto abuso de autoridad y decisiones administrativas que habrían causado afectaciones al erario público.

La acusación se centra en la contratación de la empresa Next Energy durante la gestión de Bonilla como gobernador para construir una planta fotovoltaica en el Valle de Mexicali, obra que jamás se construyó. La investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE) revela que el contrato comprometía al estado a pagar 123 millones de pesos mensuales durante 30 años, lo que equivalía una deuda superior a los 37 mil millones de pesos garantizados con participaciones federales.

El juez determinó que Bonilla podrá enfrentar el proceso en libertad, pero deberá cumplir con ciertas medidas cautelares, como:

• Presentarse periódicamente ante la autoridad
• No salir del país sin autorización
• Mantenerse disponible para el proceso judicial
• Proceso en curso

La vinculación a proceso no implica culpabilidad, sino que existen elementos suficientes para continuar con la investigación en su contra.

Será en las siguientes etapas cuando se determine si el caso avanza a juicio y se deslindan responsabilidades.

Jaime Bonilla Valdez gobernó Baja California de 2019 a 2021 y posteriormente se desempeñó como senador.

El caso ha generado atención pública debido a su relevancia política en el estado y a los señalamientos sobre el uso de recursos durante su administración.

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El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, dijo que los ministros no van a usar las nueve camionetas blindadas, Grand Cherokee que se adquirieron, (con un costo de hasta 2.4 millones de pesos blindada cada una), además, enfatizó que la seguridad no implica lujo.

“Hemos estado nosotros escuchando las críticas, los cuestionamientos que se nos hace, que, hay que decirlo, no es sobre la función jurisdiccional, sobre la función sustantiva de este pleno de la suprema Corte de Justicia de la Nación”.

“Por esa razón, en diálogo con los ministros y ministras, hemos tomado la decisión de no utilizar los vehículos blindados recientemente adquiridos.”

“Afortunadamente, no tenemos alguna noticia de riesgo de seguridad de los ministros y ministras y todos ellos han decidido que vamos a funcionar con la debida austeridad en nuestras actividades cotidianas”, subrayó Aguilar Ortiz en conferencia de prensa en el área de Murales en la sede del Máximo Tribunal del país.

Aseveró que la austeridad que asumieron busca ser compatible con la eficiencia, la protección de quienes se desempeñan realizando tareas de alta responsabilidad y el respeto irrestricto a los recursos del pueblo de México.

Aguilar Ortiz comentó que, desde agosto de 2010, el Máximo Tribunal decidió que las y los ministros contarán con medidas de seguridad por la responsabilidad de estado que desempeña, incluyendo el uso de vehículos blindados.

“En primer lugar, quiero ser claro, la austeridad no es un acto simbólico, es una política de administración responsable que se ejerce con equilibrio, sin poner en riesgo la seguridad institucional, la operación del Estado, ni el cumplimiento de las funciones constitucionales.”

“La austeridad que hemos asumido busca hacer compatible la eficiencia pública, la protección de quienes desempeñamos tareas de alta responsabilidad y el respeto a los recursos del pueblo de México”, argumentó el ministro presidente.

Aguilar Ortiz destacó que desde agosto del 2010, se decidió en esta Corte que los ministros y ministras cuenten con medidas de seguridad por la responsabilidad de Estado que desempeñen, incluyendo el uso de vehículos blindados, al 1 de septiembre de 2025, se adquirieron 43 vehículos blindados.

“De ellos recibimos a la hora de tomar posesión 39 vehículos, cada vez que cuatro vehículos fueron adquiridos por la anterior integración, obviamente vehículos que estaban en mejores condiciones y ellos en anterior integración tomaron el acuerdo en el pleno, que como parte de su haber de retiro, podían llevarse los vehículos que tenían asignados mediante compra, entonces cuatro vehículos entre los 43 que se han adquirido desde que se decidió usar vehículos blindados, cuatro de ellos fueron adquiridos por los anteriores ministros”, refirió Aguilar Ortiz.

Enfatizó que, desde el inicio de su tarea, cada uno de los ministros y ministras, decidió no usar la suburban, porque son precisamente ostentosos y se decidió usar las camionetas jeep.

Aguilar Ortiz indicó que los vehículos por el tiempo de su adquisición ya estaban muy deteriorados, muchos de ellos por el peso con dificultades en su sistema de tracción en el motor.

“Durante estos cuatro meses se tuvieron algunos incidentes… Los vehículos se quedaron varados varios de estos vehículos y, por lo tanto, tomamos la decisión de escuchar la evaluación, la opinión de órganos internos y también de instituciones de seguridad del gobierno de México se hicieron evaluaciones físico- mecánicas, nos dijeron que estaban en malas condiciones, se nos indicó que el blindaje ya había fenecido el tiempo que es recomendable utilizarlo”, expuso.

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó que la reforma electoral que prepara su gobierno tenga como objetivo restar autonomía al Instituto Nacional Electoral (INE) y sostuvo que, por el contrario, busca fortalecer la democracia electoral y participativa en el país.

Durante su conferencia matutina desde Palacio Nacional, la mandataria explicó que la iniciativa aún se encuentra en elaboración junto con la Comisión para la Reforma Electoral y que se están afinando detalles para corregir deficiencias del sistema actual. Señaló que existen aspectos de la legislación vigente que funcionan adecuadamente y no serán modificados, aunque reconoció que áreas como la fiscalización de recursos deben mejorarse.

Sheinbaum afirmó que la propuesta no tiene un carácter autoritario ni busca concentrar el poder político en el partido gobernante. Subrayó que el objetivo central es fortalecer el régimen democrático y garantizar la participación ciudadana, rechazando las críticas que señalan que la reforma eliminaría el pluralismo o debilitaría a la oposición.

En ese sentido, indicó que la representación de las minorías estará garantizada y que la oposición mantendrá su voz y capacidad de incidir en los debates legislativos. Añadió que es falso que en México exista un régimen autoritario y aseguró que el país cuenta con libertades plenas, respeto a los derechos humanos y una democracia participativa en constante evolución.

La presidenta adelantó que la iniciativa podría estar lista a más tardar en la segunda semana de febrero y que incluirá mecanismos de consulta pública a distintos niveles de gobierno. Entre los principales ejes de la reforma, mencionó la reducción del costo de las elecciones y de los recursos destinados a partidos políticos, al INE y a los organismos públicos locales electorales, sin afectar su autonomía ni su operación.

Sheinbaum destacó que México tiene uno de los sistemas electorales más costosos del mundo y que una disminución razonable del gasto permitiría destinar recursos a otras prioridades nacionales. Asimismo, planteó modificar el esquema de representación proporcional para que las candidaturas no sean definidas por las cúpulas partidistas, sino por la ciudadanía.

Finalmente, la jefa del Ejecutivo señaló que la reforma impulsará la democracia participativa a nivel local, mediante consultas periódicas en municipios, y que también se analizará la reducción del número de regidores, al considerar excesivo el tamaño actual de algunos cabildos. Según dijo, todos estos cambios buscan consolidar un sistema electoral más eficiente, representativo y cercano a la ciudadanía.

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El ingeniero Jorge Hank Rhon expresó "Este loco el pobre, pobre loquito", al ser cuestionado acerca de la reciente inhabilitación del exgobernador Jaime Bonilla Valdez.

El Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA) de Baja California determinó que Bonilla no podrá desempeñar cargos públicos durante un período de tres años, tras hallarlo responsable de una falta administrativa grave. Esta decisión implica que el exmandatario, quien gobernó la entidad entre 2019 y 2021, está impedido de ocupar cualquier puesto en la función pública.

La inhabilitación surge a raíz de una denuncia formulada por la Secretaría Anticorrupción, que consideró que las acciones de Bonilla durante su gestión constituían una falta administrativa grave, motivo por el cual el caso fue remitido al TEJA para su resolución.

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