Fue alrededor de las tres y media de la tarde del pasado 17 de octubre cuando se publicó el periódico oficial de Baja California, el cual daba a conocer el decreto 351 que aumentaba la gubernatura para Jaime Bonilla de 2 a 5 años… fue al primer minuto del día siguiente cuando ya entró en vigor y los diputados de la vigésimo segunda legislatura le regalaban a Bonilla su gubernatura por 5 años… bajo el sospechosísimo de haber recibido “cochupo”… pero esa es otra historia…

Es entonces cuando la moneda es aventada y comienza la lluvia de impugnaciones por parte del PAN, PRD, PRI, Movimiento ciudadanos, el propio INE aseguraba su postura en el tema y los partidos políticos esperan que la Comisión Nacional de derechos Humanos interponga un recurso de inconstitucionalidad. Del presidente algunos no esperan mucho y menos después de lo acontecido en Culiacán… sin embargo éste ya ha expresado su postura y por su bien y el de México debe de actuar en consecuencia.

La política es cuestión de tiempos y ahora es el tiempo del poder judicial supremo de la nación. Donde debe de prevalecer el estado de derecho y donde se deben de sentar las bases solidas de este nuevo régimen como lo ha señalado el propio presidente. No debe preocupar entonces lo longevo de la gubernatura en Baja California… preocupa la ingobernabilidad y cinismo de los diputados locales y sobre todo preocupa como se comportará la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

HANK A FAVOR DE DOS AÑOS 

Sobre ese tema de la ampliación del periodo de gobierno en Baja California, para Jorge Hank Rhon, es un tema donde debe prevalecer la Ley

El presidente del grupo Caliente, fue señalado de impulsar la campaña a la gubernatura de Jaime Martínez Veloz, señalamiento que rechazó.

Fue el gobernador electo Jaime Bonilla Valdés, quien declaró que la ampliación de la gubernatura, fue originalmente diseñada para Hank Rhon.

Este señalamiento, también fue rechazado por el ingeniero Hank Rhon y éste en entrevista con medios locales, dijo que en este caso debe respetarse la Ley.

Trabajadores del Instituto Nacional Electoral (INE) realizaron un paro nacional de labores, provocando el cierre de algunos Módulos de Atención Ciudadana (MAC) y la reducción de servicios en distintas oficinas.

En la Ciudad de México, algunos módulos permanecieron abiertos con personal reducido, mientras otros suspendieron completamente sus actividades debido a la participación de sus trabajadores en la protesta.

Entre los módulos afectados se encuentra el ubicado en San Pedro de los Pinos, en la alcaldía Álvaro Obregón, que permaneció cerrado. En Miguel Hidalgo y Benito Juárez se reportó atención parcial a los ciudadanos.

La inconformidad surgió después de que los trabajadores rechazaran la propuesta de incremento salarial del 6%, al considerar que representa aproximadamente 350 pesos adicionales por quincena y resulta insuficiente frente a sus demandas laborales.

Edgar Fernández, vocero de los trabajadores de los módulos, señaló que la movilización busca mejores salarios y condiciones de trabajo. Además, convocó a una manifestación frente a las oficinas centrales del INE.

Por su parte, autoridades del instituto señalaron que se respetó la decisión del personal de participar en el paro y que se priorizó la atención de citas programadas en los módulos que continuaron operando, sin contemplar represalias contra los manifestantes.

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La presidenta Claudia Sheinbaum pidió revisar y sanear el funcionamiento del Instituto Nacional Electoral (INE) rumbo a las elecciones de 2027, tras señalamientos sobre presuntas irregularidades en contratos y sobreprecios durante administraciones anteriores.

La mandataria cuestionó la gestión de exfuncionarios electorales, entre ellos Lorenzo Córdova, al considerar que pudieron existir prácticas administrativas que favorecieron negocios particulares mediante contratos con proveedores.

Durante sus declaraciones, Sheinbaum sostuvo que el INE debe garantizar elecciones limpias, transparencia en el manejo de recursos y austeridad, además de cumplir con su responsabilidad de proteger la voluntad ciudadana.

También mencionó a Edmundo Jacobo Molina, quien ocupó durante varios años la Secretaría Ejecutiva del instituto, y cuestionó la supervisión de los procedimientos administrativos durante su gestión.

La presidenta señaló que corresponde a la Auditoría Superior de la Federación y a la Fiscalía General de la República investigar los posibles actos irregulares y determinar si existen responsabilidades administrativas o penales.

Finalmente, Sheinbaum consideró que las autoridades actuales del INE deben revisar sus gastos y procesos internos antes de los comicios de 2027. Los señalamientos contra exfuncionarios no constituyen, por sí mismos, una determinación de responsabilidad.

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Una investigación sobre presuntas prácticas monopólicas en la contratación de materiales electorales ha generado al menos 69 notificaciones dirigidas a empresas proveedoras del Instituto Nacional Electoral (INE) y de organismos públicos locales electorales (OPLE). El procedimiento comenzó durante la presidencia de Lorenzo Córdova y continuó bajo la gestión de Guadalupe Taddei, con señalamientos relacionados con posibles acuerdos entre proveedores para limitar la competencia.

De acuerdo con los registros de la Comisión Nacional Antimonopolio y de la extinta Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), la investigación se inició formalmente el 7 de julio de 2022, bajo el expediente IO-003-2021. Entre las compañías señaladas aparecen Cajas Graf, Formas Finas y Materiales, Corporativo Zeg y Diseño, Reconstrucción y Comunicación, vinculadas con los empresarios José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas. La notificación más reciente, fechada el 22 de octubre, solicita a las empresas presentar sus argumentos respecto de diligencias probatorias adicionales.

El titular del Órgano Interno de Control del INE, Víctor Hugo Carvente Contreras, informó ante la Cámara de Diputados sobre posibles irregularidades en los procesos de contratación, entre ellas simulación de competencia entre proveedores, presunta colusión para incrementar precios y modificaciones al objeto social de algunas empresas poco antes de participar en licitaciones. También señaló deficiencias en los estudios de mercado utilizados para justificar la adjudicación de contratos.

Según los datos presentados por el funcionario, las empresas investigadas acumularon contratos por aproximadamente 2 mil 461 millones de pesos con el INE y distintos organismos electorales estatales. La investigación busca determinar si existieron acuerdos para manipular los procedimientos de contratación pública y afectar la competencia en el suministro de documentación y materiales electorales. Hasta el momento, las notificaciones forman parte del procedimiento administrativo y no constituyen, por sí mismas, una resolución definitiva de responsabilidad.

Fuente: Información basada en los registros de la Comisión Nacional Antimonopolio, la Plataforma Nacional de Transparencia y las declaraciones del Órgano Interno de Control del INE proporcionadas en el reporte original.

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que las elecciones de 2027 se realizarán conforme a lo previsto, pese a los cuestionamientos surgidos tras la renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE). La mandataria rechazó que la situación comprometa la organización de los comicios y advirtió que quienes ponen en duda su realización “se van a morder la lengua”.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum insistió en la necesidad de realizar una auditoría para esclarecer presuntos conflictos de interés e irregularidades en la contratación de materiales electorales. Señaló que cualquier posible responsabilidad penal deberá determinarse mediante las investigaciones correspondientes, antes de considerar medidas judiciales contra los funcionarios involucrados.

La presidenta también cuestionó la concentración de contratos para la fabricación de materiales electorales en un reducido número de empresas, situación que, según afirmó, se mantiene desde hace décadas y se extiende a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE). En ese contexto, señaló que las prácticas deben revisarse y atribuyó parte de su continuidad a decisiones tomadas durante anteriores administraciones del INE, incluida la encabezada por Lorenzo Córdova.

Como parte de las medidas propuestas, Sheinbaum planteó fortalecer a Talleres Gráficos de México para ampliar su participación en la producción de documentación y materiales electorales, así como establecer un consejo de administración más abierto, con posible representación de universidades. También sugirió revisar los procedimientos de contratación, ampliar la competencia entre proveedores y aprovechar materiales reutilizables, como casillas y mamparas, para reducir costos.

Finalmente, la mandataria sostuvo que corresponde al Congreso de la Unión evaluar posibles modificaciones a la legislación electoral y participar en el proceso de designación de la nueva presidencia del INE. Reiteró que las contrataciones deben transparentarse y que las investigaciones sobre posibles irregularidades no deben confundirse con la capacidad institucional para organizar las elecciones de 2027.

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Tijuana-. Ante el anuncio de la renuncia de Guadalupe Taddei Zavala a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE), Coparmex Tijuana sostuvo que la salida del cargo no debe cerrar las investigaciones ni sustituir la rendición de cuentas.

En un posicionamiento, la organización pidió a las autoridades competentes realizar una investigación exhaustiva, imparcial y transparente, y llevar las indagatorias hasta sus últimas consecuencias legales, con respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia.

Coparmex planteó que las pesquisas no deben limitarse a quien encabezó el Instituto, sino abarcar áreas administrativas, contrataciones, proveedores y personas servidoras públicas que pudieran estar involucradas. También consideró necesario esclarecer posibles conflictos de interés, encubrimientos u omisiones.

El organismo exhortó a que la sucesión se realice con rapidez y apego al marco constitucional, acompañada de una evaluación pública y rigurosa de los perfiles. A su juicio, el proceso debe proteger la autonomía del INE y evitar acuerdos partidistas que puedan comprometerla.

De cara a las elecciones de 2027, Coparmex afirmó que es fundamental dar continuidad a la organización electoral y garantizar que la ciudadanía tenga certeza de que su voto será respetado y contabilizado correctamente.

“Desde COPARMEX defendemos un INE autónomo, íntegro y sólido. Exigir cuentas a quienes lo conducen contribuye a protegerlo y a recuperar la confianza ciudadana”, señaló la organización.

El comunicado concluye que la renuncia no debe dar por cerrado el caso y que la verdad, la justicia y la imparcialidad electoral deben orientar los próximos pasos.

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