Los invitados especiales en la toma de protesta del gobernador Jaime Bonilla Valdez en el pleno del Congreso del Estado la madrugada de hoy viernes fueron pocos.

Su esposa Rita Fimbres lo acompañó.

No podía faltar el ex gobernador priísta y actual padrino político en MORENA, Xicoténcatl Leyva Mortera y su esposa.

El magistrado del Poder Judicial de Baja California, Víctor Manuel Vázquez Fernández; los cinco alcaldes de Baja California (Marina del Pilar Olmedo, Aracely Brown, Zulema Adams, Armando Ayala y Arturo González Cruz), los cuatro regidores de MORENA del Cabildo de Tijuana.

Los secretarios Amador Rodríguez Lozano y Mario Escobedo Carignan, además el nuevo Fiscal General del Estado, Guillermo “Titi” Ruiz Hernández.

El secretario del Ayuntamiento de Tijuana, Carlos Murguía Mejia; Héctor Haros Encinas y el gasolinero Jorge Borja; la ex diputada local del PAN y funcionaria ya de la Secretaría de Gobierno del Estado, Laura Sánchez Medrano, Amado Cruz Anguiano y el delegado federal de la Secretaría de Bienestar, Jesús Ruiz Uribe y Javier Algorri, entre otros.

Pocos los elegidos a esta toma de protesta histórica porque es la llegada de un gobierno de tendencia de centro-izquierda, acabando con los 30 años del Partido Acción Nacional....

ELECCIÓN EN EL PAN DE TIJUANA 

“FITO” ENRIQUEZ FAVORITO 

El PAN empieza a renovar sus Comités Municipales en Baja California y en Tijuana es seguro que Rodolfo Enriquez Martínez ganará en la asamblea de este domingo 3 de noviembre.

El ex diputado federal y ex secretario del Ayuntamiento de Tijuana es apoyado por la mayoría de los grupos internos de este partido.

Con una militancia de más de 30 años, “el Fito” Enriquez ha logrado un respeto al interior del PAN, pues ha estado en las buenas y en las malas en Tijuana.

Luego de que fuera expuesto públicamente y rechazado por el gremio jurídico, el intento de imponer requisitos de maestría y doctorado para litigar en materia familiar fue calificado como una medida que no debe repetirse, al considerar que vulnera derechos constitucionales y excede lo establecido en la legislación vigente.

La abogada Nora Checker, litigante con más de 35 años de experiencia en Ensenada, sostuvo que la mayoría de colegios, barras y asociaciones de abogados se pronunciaron en contra del planteamiento impulsado por Alejandro Fragoso y respaldado por la presidenta del Colegio de Mujeres Profesionistas del Derecho, Wendy Pringle, al advertir que se trató de una interpretación incorrecta del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.

Señaló que la formación en derecho en México es de carácter general, lo que permite a los profesionistas ejercer en distintas áreas, por lo que imponer especializaciones obligatorias representa una restricción indebida al derecho al trabajo establecido en la Constitución.

Explicó que los grados académicos como maestrías y doctorados no determinan la capacidad de un abogado litigante, ya que el ejercicio profesional se construye en la práctica diaria, en audiencias, en la presentación de pruebas y en la argumentación ante tribunales.

Indicó que el nuevo modelo de justicia oral exige habilidades técnicas específicas que deben fortalecerse mediante capacitación práctica, no mediante requisitos académicos que no están contemplados en la ley.

Precisó que tras la reacción del gremio se llevaron a cabo reuniones con magistrados del Poder Judicial, donde se reconoció la necesidad de modificar el acuerdo 7/2026 para evitar interpretaciones que condicionen el ejercicio profesional.

Añadió que la ruta planteada por los abogados es clara: capacitación continua, cursos especializados en oralidad y fortalecimiento institucional desde el propio sistema judicial, sin imposiciones que limiten el acceso a la defensa legal.

La abogada expuso que incluso al interior del colegio encabezado por Pringle surgieron posturas en contra, ya que integrantes manifestaron su desacuerdo con el posicionamiento institucional que respaldaba la medida.

Subrayó que este tipo de planteamientos generan incertidumbre en el gremio y afectan directamente a la sociedad, especialmente en asuntos de menores, donde se requiere garantizar el acceso a una defensa amplia y sin restricciones indebidas.

Indicó que además de la capacitación, el sistema judicial requiere mayor inversión en infraestructura, más juzgados y recursos suficientes para atender la demanda en materia familiar.

Señaló que también es necesario actualizar los planes de estudio en las universidades para preparar a los futuros abogados en el modelo de oralidad, en lugar de trasladar esa responsabilidad a quienes ya ejercen mediante disposiciones administrativas.

Finalmente, advirtió que el gremio se mantendrá atento a las modificaciones que emita el Poder Judicial y reiteró que no se permitirá que se vulneren derechos ni que se establezcan criterios que contravengan la ley bajo el argumento de modernizar la justicia.

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Durante la conferencia matutina de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Avila Olmeda, expresó su rechazo hacia las recientes declaraciones del exgobernador del estado, Jaime Bonilla Valdez. 

La mandataria calificó como una lástima que un exgobernador muestre tanta ligereza al hacer acusaciones graves y delicadas en su contra, sin presentar pruebas ni fundamentos que las respalden, además de calificarlas como mentiras y rabietas.

Avila Olmeda consideró que la forma en que Bonilla se ha expresado de ella es sumamente irresponsable. Señaló que es indigno que un exgobernador realice acusaciones tan serias sin evidencia alguna, con la única intención de difamar, calumniar y desviar la atención. 

La gobernadora invitó al exmandatario a reflexionar sobre sus dichos y acusaciones, enfatizando que los bajacalifornianos merecen gobernantes y exgobernadores que estén a la altura del pueblo, y criticó que Bonilla esté demostrando un nivel tan bajo en su comportamiento y palabras.

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El exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, fue vinculado a proceso por un juez, tras ser señalado por presuntos delitos relacionados con el ejercicio indebido de funciones durante su administración.

¿De qué se le acusa?

De acuerdo con las investigaciones, el exmandatario es señalado por presunto abuso de autoridad y decisiones administrativas que habrían causado afectaciones al erario público.

La acusación se centra en la contratación de la empresa Next Energy durante la gestión de Bonilla como gobernador para construir una planta fotovoltaica en el Valle de Mexicali, obra que jamás se construyó. La investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE) revela que el contrato comprometía al estado a pagar 123 millones de pesos mensuales durante 30 años, lo que equivalía una deuda superior a los 37 mil millones de pesos garantizados con participaciones federales.

El juez determinó que Bonilla podrá enfrentar el proceso en libertad, pero deberá cumplir con ciertas medidas cautelares, como:

• Presentarse periódicamente ante la autoridad
• No salir del país sin autorización
• Mantenerse disponible para el proceso judicial
• Proceso en curso

La vinculación a proceso no implica culpabilidad, sino que existen elementos suficientes para continuar con la investigación en su contra.

Será en las siguientes etapas cuando se determine si el caso avanza a juicio y se deslindan responsabilidades.

Jaime Bonilla Valdez gobernó Baja California de 2019 a 2021 y posteriormente se desempeñó como senador.

El caso ha generado atención pública debido a su relevancia política en el estado y a los señalamientos sobre el uso de recursos durante su administración.

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La tarde de este miércoles, el ex panista Carlos Torres Torres publicó un video en sus redes sociales en el que aseguró que no es un criminal como algunos han construido en redes sociales.“No soy el criminal que algunos han construido en redes, soy Carlos Torres, una persona común”, expresó en el video.  

Torres Torres comentó que en los últimos días se han difundido muchas cosas sobre él, incluyendo señalamientos graves y suposiciones, pero aclaró que la mayoría son rumores que se repiten sin que nadie asuma la responsabilidad de dar la cara.

El ex funcionario precisó que no busca pelear en internet ni ganar un debate ni desmentir punto por punto, ya que eso solo alimenta el morbo. Con este video, afirmó, solo busca hacer lo que le corresponde: dar la cara y ser claro. “Si hay una investigación, que se investigue; si hay pruebas, que se presenten, porque así funciona la justicia”, señaló.  

Asimismo, aclaró que no se va a esconder de la ley y que colaborará con lo que se le pida, con respeto y calma, confiando en que los hechos hablarán por sí mismos cuando se le permita.  

Destacó también un mensaje de reflexión: “Ojalá que esto nunca te pase a ti. Ojalá que nunca despiertes y descubras que ya fuiste juzgado por millones de personas sin haber sido escuchado todavía, sobre todo si es a partir de una acusación sin nombre y sin rostro. No se lo deseo a nadie estar en medio del ruido sin poder explicar nada aún”.  

Finalmente, Torres Torres manifestó que desconoce por qué fue una denuncia anónima la que se interpuso en su contra el año pasado ante la Fiscalía General de la República y cuestionó si esto podría estar relacionado con los tiempos electorales. 

Agradeció a quienes lo conocen y no se dejaron arrastrar por el escándalo, y a quienes no, les pidió tiempo para aclarar la situación, confiando en que todo es falso y que las pruebas que lo demuestren llegarán.

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El ingeniero Jorge Hank Rhon expresó "Este loco el pobre, pobre loquito", al ser cuestionado acerca de la reciente inhabilitación del exgobernador Jaime Bonilla Valdez.

El Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA) de Baja California determinó que Bonilla no podrá desempeñar cargos públicos durante un período de tres años, tras hallarlo responsable de una falta administrativa grave. Esta decisión implica que el exmandatario, quien gobernó la entidad entre 2019 y 2021, está impedido de ocupar cualquier puesto en la función pública.

La inhabilitación surge a raíz de una denuncia formulada por la Secretaría Anticorrupción, que consideró que las acciones de Bonilla durante su gestión constituían una falta administrativa grave, motivo por el cual el caso fue remitido al TEJA para su resolución.

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