Digan lo que digan, Héctor Mares Cossío, nuevo oficial mayor del Estado y Laura Torres Torres, secretaria de Bienestar en Baja California, tienen genes priístas, y ella es del grupo del ingeniero Jorge Hank Rhon.

Tanto que en el 2016 cuando compitió por la presidencia municipal de Playas de Rosarito, la campaña la coordinó su entonces novio y ahora pareja, el tijuanense Carlos Barboza Castillo, fiel al hankismo y además aspirante a fiscal electoral.

Hubo priístas del grupo de Jorge Hank dentro de esa campaña de Laura Torres, y al perder regreso a la diputación local del PRI.

El padre de Laura Torres, el empresario Hugo Torres Chabert, es militante del PRI y dos veces alcalde de Playas de Rosarito —aunque la primera vez fue a través de un Concejo Municipal—, con mucha cercanía con los ex gobernadores panistas Ernesto Ruffo y José Guadalupe Osuna Millán.

Laura Torres Torres la nueva secretaria de Bienestar del gobierno del Estado que sustituye a Cynthia Gissel García investigada por presuntos “moches” a cambio de contratos a proveedores.

Hace mes y medio, en una entrevista con el periodista Carlos Loret de Mola, el todavía gobernador electo, Jaime Bonilla acusó al ingeniero Jorge Hank de ser el vicegobernador en la administración de Francisco Vega de Lamadrid y que eso ya no iba a suceder.

Por lo pronto, ya tiene como secretaria de Bienestar a una hankista, Laura Torres.

Respecto a Héctor Mares Cossío, nuevo oficial mayor del gobierno del Estado, fue ex diputado federal y local, es una persona muy cercana al gobernador Jaime Bonilla Valdez, gracias a su amistad ha logrado escalar políticamente.

Pero antes, Héctor Mares y toda su familia eran de genes priístas, su hermana Rosa Elena Mares fue regidora en Tijuana gracias al PRI y a su él que tenía buenas ligas con priistas.

Héctor Mares fue secretario particular de Justo Ceja, secretario privado del presidente Carlos Salinas de Gortari, entre 1989 y 1994.

Así están las cosas en el gobierno de Jaime Bonilla Valdez, el reto de aquí en adelante es que otros funcionarios no caigan en presuntos hechos de corrupción.

Después de permanecer 70 días en el penal del Altiplano, el exgobernador de Baja California Ernesto Ruffo Appel llegó la mañana de este lunes a Ensenada. Salió de la Ciudad de México el sábado, alrededor de las 16:00 horas, y realizó el trayecto de cerca de 40 horas por vía terrestre, bajo custodia de la Guardia Nacional.

Un juez federal le concedió una suspensión definitiva para que cumpla la prisión preventiva en su domicilio, luego de que previamente se había rechazado esa posibilidad. La determinación corresponde al expediente 889/2026, con fecha del 21 de septiembre.

A su llegada, Ruffo Appel se mostró de buen ánimo y contó que, durante su estancia en el centro penitenciario, le decían: "Oye Ruffo y el Rocha?" Según relató, él solo se reía. Agradeció a quienes lo acompañaron y, bajo resguardo de la Guardia Nacional, ingresó a su vivienda.

Juan Marcos Gutiérrez, integrante de su equipo legal, señaló que el exmandatario se encuentra muy cansado y estresado. También dijo que pedirán explicaciones a las autoridades por el traslado terrestre y no aéreo. No obstante, afirmó que lo prioritario para la familia es que Ruffo Appel ya está en casa.

Gutiérrez explicó que el plazo de la etapa intermedia es de seis meses, pero que la prisión domiciliaria no está limitada a ese periodo, la resolución establece que se mantendrá mientras dure el proceso. Añadió que, al cumplirse ese plazo, quedará suspendido otro amparo hasta que se resuelva el recurso contra el auto de vinculación a proceso.

El abogado indicó que la medida se concedió por la edad y las condiciones de salud del exgobernador. Ruffo Appel y su familia, aseguró, respetarán las condiciones impuestas y continuarán la defensa desde su domicilio.

Para salir de la vivienda a una cita médica programada, explicó, deberán solicitar autorización con tres días de anticipación y justificarla ante el juez de control, por medio de sus abogados en la Ciudad de México. En caso de emergencia, la salida podrá realizarse y deberá notificarse conforme a los mecanismos establecidos en la resolución del 25 de septiembre.

Verónica Ruffo, hija del exgobernador, dijo sentirse “ligeramente alegre”. Señaló que, según les informaron, las cuentas serían desbloqueadas, aunque subrayó que su prioridad es el proceso de su padre.

Agregó que Ruffo Appel no llevará brazalete y no podrá salir de la propiedad. Elementos de la Guardia Nacional permanecerán en el domicilio las 24 horas, bajo la responsabilidad del teniente Ricardo Navarro.

Cabe mencionar que desde la tarde del domingo, familiares y militantes del PAN se reunieron afuera de la vivienda para preparar la llegada del exmandatario.

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Un juez federal determinó este viernes modificar la medida cautelar impuesta al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, por lo que podrá continuar bajo prisión domiciliaria el proceso penal que enfrenta por su presunta participación en una red de contrabando de combustible conocida como “huachicol fiscal”.

La resolución se produjo durante una audiencia programada para este 25 de septiembre, en la que la defensa del exmandatario buscó sustituir la prisión preventiva que cumplía en el penal federal de máxima seguridad El Altiplano, en el Estado de México.

La defensa había planteado como argumentos la edad de Ruffo, quien supera los 70 años, así como diferentes condiciones de salud, para solicitar que permaneciera en su domicilio mientras continúa el procedimiento judicial.

Está vinculado a proceso por presunto contrabando de combustible

Ruffo Appel fue detenido en julio y posteriormente vinculado a proceso por delincuencia organizada y delitos relacionados con el contrabando de hidrocarburos, dentro de una investigación encabezada por la Fiscalía General de la República (FGR).

Las investigaciones están relacionadas con una presunta red dedicada a introducir combustible desde Estados Unidos a México mediante ferrocarril y operaciones aduanales irregulares.

La FGR ha vinculado a la empresa Ingemar, de la que Ruffo es accionista, con operaciones investigadas a partir del aseguramiento de millones de litros de combustible. La Fiscalía informó en agosto que obtuvo documentación y otros indicios sobre operaciones de comercio exterior que formarían parte de la investigación.

El exgobernador ha rechazado tener conocimiento de operaciones ilegales dentro de la compañía. Las acusaciones en su contra continúan sujetas al proceso judicial y no constituyen una sentencia de culpabilidad.

Familia había denunciado problemas con medicamentos

Durante las últimas semanas, familiares de Ruffo señalaron que el exmandatario no recibía adecuadamente algunos medicamentos mientras permanecía recluido en El Altiplano.

La FGR, por su parte, sostuvo que durante su internamiento estaban garantizados los cuidados de salud requeridos y que se respetaban sus derechos.

Días antes de la audiencia, Ruffo había obtenido una suspensión definitiva dentro de un juicio de amparo. Aquella resolución no le concedió automáticamente la prisión domiciliaria, sino que mantuvo al exmandatario en El Altiplano mientras se analizaba judicialmente la modificación de la medida cautelar.

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El exgobernador de Baja California Ernesto Ruffo Appel obtuvo una suspensión definitiva dentro del juicio de amparo 889/2026, relacionado con la negativa para que cumpla en su domicilio la prisión preventiva que enfrenta por un proceso por delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos.

Sin embargo, el Órgano de Administración Judicial (OAJ) aclaró que la resolución no implica que Ruffo pueda abandonar actualmente el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, El Altiplano, donde permanece recluido.

La suspensión establece únicamente que el exmandatario quede a disposición del juzgado de amparo en el lugar donde se encuentra interno en lo relacionado con su libertad, mientras que continuará a disposición de la autoridad responsable para el desarrollo del proceso penal.

La defensa de Ruffo busca que la prisión preventiva pueda cumplirse en su domicilio, argumentando, entre otros aspectos, que el exgobernador tiene 74 años. La medida cautelar será objeto de una nueva revisión judicial.

Ruffo permanece en El Altiplano

El juicio de amparo deriva de una resolución del 19 de julio, cuando una jueza de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México rechazó que Ruffo cumpliera la prisión preventiva en su domicilio.

El OAJ precisó los alcances de la suspensión después de que diferentes versiones señalaran que el fallo permitiría al exgobernador abandonar inmediatamente El Altiplano.

La suspensión, explicó el órgano judicial, es de carácter conservativo y no modifica por sí misma el lugar en el que Ruffo permanece recluido ni resuelve el fondo de las acusaciones en su contra.

FGR relaciona a Ruffo con presunto contrabando de combustible

Ruffo fue detenido en julio en Ensenada y posteriormente trasladado a El Altiplano. La Fiscalía General de la República (FGR) lo acusa de delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos por su presunta participación en una red relacionada con Ingemar S.A. de C.V., empresa de la que el exgobernador es accionista.

De acuerdo con la investigación de la FGR, la compañía habría participado en operaciones para introducir ilegalmente gasolina y diésel provenientes de Estados Unidos mediante irregularidades aduanales. La Fiscalía también ha señalado movimientos financieros hacia cuentas de Ruffo como parte de los indicios incorporados a la investigación.

El exgobernador ha rechazado tener conocimiento de operaciones ilegales y su responsabilidad penal no ha sido determinada mediante sentencia.

Por ahora, Ruffo continuará recluido en El Altiplano mientras avanzan tanto el proceso penal como los recursos promovidos por su defensa.

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La ex alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero Ramírez, manifestó que Baja California está perdiendo debido al conflicto entre la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda y el exgobernador Jaime Bonilla Valdez. Consideró que estas disputas distraen la atención de los asuntos que realmente importan para la entidad.  

Caballero Ramírez señaló que sería recomendable que ambos actores políticos avancen y dejen de lado estos temas, aunque reconoció que no está en sus manos decidirlo. 

Además, expresó la necesidad de darle un nuevo rumbo a la política en Baja California, señalando que el conflicto se diera hasta 2027 y que, en ese momento, se sabrá quién tiene la razón. Sin embargo, aclaró que no le gustaría que esta situación divida aún más a los bajacalifornianos.  

Finalmente, la ex alcaldesa expresó su deseo de ser una pieza para fomentar la cordialidad entre la gobernadora y el ex gobernador y que, si dependiera de ella, sería esa figura de cambio por el bien de los californianos.

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El exgobernador de Baja California y actual comisionado político del Partido del Trabajo (PT) en la entidad, Jaime Bonilla Valdez, negó haber participado en la entrevista de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda con agencias estadounidenses, así como en cualquier maniobra para grabar o filtrar conversaciones.

A través de un comunicado emitido por el PT, Bonilla sostuvo que resulta “ilógico” que se le vincule con un encuentro que, por su naturaleza, habría sido sensible y confidencial, especialmente por la confrontación política que ha mantenido con la mandataria estatal.

“Es ilógico que a quien se ha señalado como su peor enemigo, a quien ha perseguido política y penalmente, pueda participar en eventos tan sensibles y confidenciales de la gobernadora Marina del Pilar”, expuso.

El exmandatario también cuestionó que se pretenda responsabilizarlo de facilitar recursos o contactos a la gobernadora, cuando, afirmó, desde los primeros días de su administración la ha señalado por presuntos vínculos con el crimen organizado.

Bonilla consideró que Ávila Olmeda atraviesa una “crisis de pánico” y acusó un cambio en su postura frente a las filtraciones. Según señaló, ante el primer material difundido la gobernadora negó los hechos, mientras que después de una segunda filtración lo colocó como responsable.

Finalmente, el comisionado político del PT exigió que la gobernadora explique quiénes intervinieron y de qué manera habría cruzado a Estados Unidos sin visa para sostener reuniones con agencias de ese país.

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