Digan lo que digan, Héctor Mares Cossío, nuevo oficial mayor del Estado y Laura Torres Torres, secretaria de Bienestar en Baja California, tienen genes priístas, y ella es del grupo del ingeniero Jorge Hank Rhon.

Tanto que en el 2016 cuando compitió por la presidencia municipal de Playas de Rosarito, la campaña la coordinó su entonces novio y ahora pareja, el tijuanense Carlos Barboza Castillo, fiel al hankismo y además aspirante a fiscal electoral.

Hubo priístas del grupo de Jorge Hank dentro de esa campaña de Laura Torres, y al perder regreso a la diputación local del PRI.

El padre de Laura Torres, el empresario Hugo Torres Chabert, es militante del PRI y dos veces alcalde de Playas de Rosarito —aunque la primera vez fue a través de un Concejo Municipal—, con mucha cercanía con los ex gobernadores panistas Ernesto Ruffo y José Guadalupe Osuna Millán.

Laura Torres Torres la nueva secretaria de Bienestar del gobierno del Estado que sustituye a Cynthia Gissel García investigada por presuntos “moches” a cambio de contratos a proveedores.

Hace mes y medio, en una entrevista con el periodista Carlos Loret de Mola, el todavía gobernador electo, Jaime Bonilla acusó al ingeniero Jorge Hank de ser el vicegobernador en la administración de Francisco Vega de Lamadrid y que eso ya no iba a suceder.

Por lo pronto, ya tiene como secretaria de Bienestar a una hankista, Laura Torres.

Respecto a Héctor Mares Cossío, nuevo oficial mayor del gobierno del Estado, fue ex diputado federal y local, es una persona muy cercana al gobernador Jaime Bonilla Valdez, gracias a su amistad ha logrado escalar políticamente.

Pero antes, Héctor Mares y toda su familia eran de genes priístas, su hermana Rosa Elena Mares fue regidora en Tijuana gracias al PRI y a su él que tenía buenas ligas con priistas.

Héctor Mares fue secretario particular de Justo Ceja, secretario privado del presidente Carlos Salinas de Gortari, entre 1989 y 1994.

Así están las cosas en el gobierno de Jaime Bonilla Valdez, el reto de aquí en adelante es que otros funcionarios no caigan en presuntos hechos de corrupción.

El Partido Revolucionario Institucional se consolidó como la principal fuerza política de Coahuila tras obtener la victoria en los 16 distritos electorales que estuvieron en disputa durante la renovación del Congreso local.

De acuerdo con los resultados del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), el PRI alcanzó 684 mil 515 votos, equivalentes al 55.01 por ciento de la votación total, superando ampliamente a la coalición conformada por Morena y el Partido del Trabajo, que obtuvo 326 mil 012 sufragios, correspondientes al 26.20 por ciento.

Con estos resultados, el partido tricolor logró conservar el control absoluto de los distritos electorales del estado y reafirmó su posición como la fuerza dominante en la entidad.

La tercera posición fue para el partido local Nuevas Ideas, que alcanzó el 5.88 por ciento de los votos.

Por su parte, el Partido Acción Nacional registró uno de sus peores desempeños en la entidad al conseguir apenas el 2.16 por ciento de la votación, mientras que Movimiento Ciudadano obtuvo el 1.96 por ciento y el Partido Verde Ecologista de México alcanzó el 2.60 por ciento.

Otro de los datos que llamó la atención fue la participación ciudadana, que alcanzó aproximadamente el 51 por ciento de la lista nominal, una cifra considerada histórica para una elección legislativa en Coahuila.

En total, se contabilizaron un millón 244 mil 124 votos, reflejando una participación superior a la prevista por autoridades y analistas electorales.

Con el cierre del PREP, el PRI se perfila para mantener una amplia mayoría en el Congreso del Estado, fortaleciendo su presencia política de cara a los próximos procesos electorales.

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En una conferencia de prensa, la dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Lizbeth Mata Lozano, informó que actualmente no hay candidaturas definidas para los próximos procesos electorales. Sin embargo, reconoció que existe un gran ruido político en torno a posibles aspirantes, entre ellos el comunicador Gustavo Macalpin y el exgobernador José Guadalupe Osuna Millán.  

Mata Lozano puntualizó que, aunque se ha mencionado que un exgobernador busca defender a Tijuana replicando su gestión en el estado, no hay diálogo directo con Osuna Millán ni ha existido una interacción formal en la institución.  

Asimismo, explicó que el partido sigue en pleno proceso interno, con nuevas reglas que promueven la apertura ciudadana. Este proceso, que comienza en mayo, contempla la inscripción en una plataforma digital donde cualquier ciudadano podrá registrar su intención de participar. Después de la inscripción, se realizará un análisis para determinar quiénes desean competir en las próximas elecciones.  

La dirigente del PAN destacó que la participación ha sido amplia, incluyendo no solo a militantes, sino también a ciudadanos interesados en formar parte del proceso. Además, anticipó que tras esta etapa se iniciará un nuevo ciclo de mediciones ciudadanas para evaluar el posicionamiento de los aspirantes, con un enfoque en la defensa de la patria, la libertad y la familia.

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El exalcalde de Tijuana y empresario, Jorge Hank Rhon, abordó el tema de la inseguridad en la ciudad y expresó que la principal problemática radica en la falta de aplicación efectiva de la ley. 

Durante una declaración, Hank Rhon señaló que para mejorar la situación, es fundamental que las fuerzas policiales trabajen en coordinación y hagan cumplir las normativas establecidas.

Sin embargo, reconoció que este proceso es uno de los más difíciles, ya que, según indicó, muchas veces resulta más sencillo no actuar, lo que deja en estado de indefensión a la población y favorece el aumento de la inseguridad.

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Durante la conferencia matutina de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Avila Olmeda, expresó su rechazo hacia las recientes declaraciones del exgobernador del estado, Jaime Bonilla Valdez. 

La mandataria calificó como una lástima que un exgobernador muestre tanta ligereza al hacer acusaciones graves y delicadas en su contra, sin presentar pruebas ni fundamentos que las respalden, además de calificarlas como mentiras y rabietas.

Avila Olmeda consideró que la forma en que Bonilla se ha expresado de ella es sumamente irresponsable. Señaló que es indigno que un exgobernador realice acusaciones tan serias sin evidencia alguna, con la única intención de difamar, calumniar y desviar la atención. 

La gobernadora invitó al exmandatario a reflexionar sobre sus dichos y acusaciones, enfatizando que los bajacalifornianos merecen gobernantes y exgobernadores que estén a la altura del pueblo, y criticó que Bonilla esté demostrando un nivel tan bajo en su comportamiento y palabras.

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El exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, fue vinculado a proceso por un juez, tras ser señalado por presuntos delitos relacionados con el ejercicio indebido de funciones durante su administración.

¿De qué se le acusa?

De acuerdo con las investigaciones, el exmandatario es señalado por presunto abuso de autoridad y decisiones administrativas que habrían causado afectaciones al erario público.

La acusación se centra en la contratación de la empresa Next Energy durante la gestión de Bonilla como gobernador para construir una planta fotovoltaica en el Valle de Mexicali, obra que jamás se construyó. La investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE) revela que el contrato comprometía al estado a pagar 123 millones de pesos mensuales durante 30 años, lo que equivalía una deuda superior a los 37 mil millones de pesos garantizados con participaciones federales.

El juez determinó que Bonilla podrá enfrentar el proceso en libertad, pero deberá cumplir con ciertas medidas cautelares, como:

• Presentarse periódicamente ante la autoridad
• No salir del país sin autorización
• Mantenerse disponible para el proceso judicial
• Proceso en curso

La vinculación a proceso no implica culpabilidad, sino que existen elementos suficientes para continuar con la investigación en su contra.

Será en las siguientes etapas cuando se determine si el caso avanza a juicio y se deslindan responsabilidades.

Jaime Bonilla Valdez gobernó Baja California de 2019 a 2021 y posteriormente se desempeñó como senador.

El caso ha generado atención pública debido a su relevancia política en el estado y a los señalamientos sobre el uso de recursos durante su administración.

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