En las recientes encuestas al gobernador Jaime Bonilla Valdez le ha ido bien, primero en la de Arias Consultores donde se ubica en el sexto lugar de los 32 mandatarios del país y es el mejor de los de MORENA.

Ahora en la aplicada por la conocida empresa tijuanense PluralMx, Jaime Bonilla sale mejor que en diciembre del 2019, con un 68 por ciento de aprobación de los bajacalifornianos.

Con lo que queda claro que el escándalo público de los presuntos “moches” en que se inculpó a ex funcionarios estatales, no afectó en nada su imagen ante los ciudadanos.

En la medición de PluralMx, el 69 por ciento de los encuestados dice que Jaime Bonilla está cumpliendo sus compromisos de campaña; y el 64 por ciento asegura que ha mejorado la atención de los funcionarios del gobierno del Estado hacia la ciudadanía.

¿ En qué área ha tenido su principal logro? y la respuesta ciudadana es: un 28 por ciento dice que en el combate a la inseguridad, un 25 en educación y un 23 en el combate a la corrupción, entre otros.

En el tema de la austeridad, sobre la promesa del gobernador Jaime Bonilla de que se acabarían los lujos, excesos y privilegios para los servidores públicos como escoltas, comidas, alimentos y viajes, un 80 por ciento de los encuestados asegura que sí está cumpliendo.

Un 62 por ciento dice que también está cumpliendo en la rendición de cuentas y en la transparencia en el manejo del dinero público.

La encuesta de PluralMx, se aplicó entre el seis y diez de enero de este 2020 en los cinco municipios de Baja California, y fueron 3 mil entrevistas cara a cara y con credencial de elector en mano.

Aunque a diversos grupos no les guste, sobretodo aquellos con los que el gobernador Jaime Bonilla no tiene relación, las encuestas favorecen al gobierno del político morenista...

ARACELI BROWN MANEJADA POR UN TRANSPORTISTA ROSARITENSE

La alcaldesa de Playas de Rosarito, Araceli Brown Figueredo trae un desgarriate en ese municipio y se asegura quien gobierna es un conocido transportista que pone y quita funcionarios.

Candelario Arceaga es el transportista que se asegura manda a Araceli Brown, tanto que le hace más caso a este personaje que al gobernador Jaime Bonilla Valdez.

Durante la conferencia matutina de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Avila Olmeda, expresó su rechazo hacia las recientes declaraciones del exgobernador del estado, Jaime Bonilla Valdez. 

La mandataria calificó como una lástima que un exgobernador muestre tanta ligereza al hacer acusaciones graves y delicadas en su contra, sin presentar pruebas ni fundamentos que las respalden, además de calificarlas como mentiras y rabietas.

Avila Olmeda consideró que la forma en que Bonilla se ha expresado de ella es sumamente irresponsable. Señaló que es indigno que un exgobernador realice acusaciones tan serias sin evidencia alguna, con la única intención de difamar, calumniar y desviar la atención. 

La gobernadora invitó al exmandatario a reflexionar sobre sus dichos y acusaciones, enfatizando que los bajacalifornianos merecen gobernantes y exgobernadores que estén a la altura del pueblo, y criticó que Bonilla esté demostrando un nivel tan bajo en su comportamiento y palabras.

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El exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, fue vinculado a proceso por un juez, tras ser señalado por presuntos delitos relacionados con el ejercicio indebido de funciones durante su administración.

¿De qué se le acusa?

De acuerdo con las investigaciones, el exmandatario es señalado por presunto abuso de autoridad y decisiones administrativas que habrían causado afectaciones al erario público.

La acusación se centra en la contratación de la empresa Next Energy durante la gestión de Bonilla como gobernador para construir una planta fotovoltaica en el Valle de Mexicali, obra que jamás se construyó. La investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE) revela que el contrato comprometía al estado a pagar 123 millones de pesos mensuales durante 30 años, lo que equivalía una deuda superior a los 37 mil millones de pesos garantizados con participaciones federales.

El juez determinó que Bonilla podrá enfrentar el proceso en libertad, pero deberá cumplir con ciertas medidas cautelares, como:

• Presentarse periódicamente ante la autoridad
• No salir del país sin autorización
• Mantenerse disponible para el proceso judicial
• Proceso en curso

La vinculación a proceso no implica culpabilidad, sino que existen elementos suficientes para continuar con la investigación en su contra.

Será en las siguientes etapas cuando se determine si el caso avanza a juicio y se deslindan responsabilidades.

Jaime Bonilla Valdez gobernó Baja California de 2019 a 2021 y posteriormente se desempeñó como senador.

El caso ha generado atención pública debido a su relevancia política en el estado y a los señalamientos sobre el uso de recursos durante su administración.

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El ingeniero Jorge Hank Rhon expresó "Este loco el pobre, pobre loquito", al ser cuestionado acerca de la reciente inhabilitación del exgobernador Jaime Bonilla Valdez.

El Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA) de Baja California determinó que Bonilla no podrá desempeñar cargos públicos durante un período de tres años, tras hallarlo responsable de una falta administrativa grave. Esta decisión implica que el exmandatario, quien gobernó la entidad entre 2019 y 2021, está impedido de ocupar cualquier puesto en la función pública.

La inhabilitación surge a raíz de una denuncia formulada por la Secretaría Anticorrupción, que consideró que las acciones de Bonilla durante su gestión constituían una falta administrativa grave, motivo por el cual el caso fue remitido al TEJA para su resolución.

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La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a varios empresarios y negocios en Rosarito, señalándolos como parte de la red de lavado de dinero del cartel. Entre los negocios afectados se encuentran varios establecimientos controlados por Jesús González Lomelí, quien posee bares y restaurantes en la zona, como Bombay Beach Club, Coco Beach Club y Mariscos El Caiman. Estos negocios han sido utilizados para lavar millones de dólares provenientes del narcotráfico, facilitando la integración de fondos ilícitos en la economía legal de la ciudad.

Además, la red de corrupción y control en Rosarito también involucra a los hermanos Arzate, Rene y Alfonso Arzate García, quienes mantienen influencia en la región. La relación con González Lomelí y otros actores políticos ha permitido que las actividades criminales de Los Mayos se extiendan, incluyendo extorsiones y protección de operaciones ilícitas. La ex alcaldesa de Rosarito, Hilda Araceli Brown Figueredo, junto con intermediarios como Candelario Arcega Aguirre, habrían facilitado la protección y la impunidad de las actividades del cartel, mediante la manipulación del gobierno local y el cobro de extorsiones.

La sanción de la OFAC también involucró a varias empresas propiedad de González Lomelí, entre ellas JR Alimentos Del Mar, S. De R.L. De C.V.; Grupo JRCP, S. De R.L.; Sabor Tapatio, S. De R.L. De C.V.; Operadora De Alimentos Con Origenes De Mexico, S. De R.L. De C.V.; Gotoco Alimentos Procesados, S. De R.L. De C.V.; Veintiuno Mexicali, S. De R.L. De C.V.; Coco Beach Bar, S. De R.L. De C.V. ubicadas en Rosarito.

Además, Grupo Hotelero JJJ, S.A. De C.V.; Complejo Turistico JJJ, S.A. De C.V.; Operadora De Espectaculos, Alimentos Y Bebidas J&R, S.A. De C.V.; Alimentos Y Diversion Insurgentes, S. De R.L. De C.V.; Sunset Servicios Gastronomicos, S. De R.L. De C.V.; JJ Gonver, S. De R.L. De C.V.; y Cavally Antro & Bar ubicadas en el municipio de Tijuana. Estas empresas, junto con los negocios y actores políticos señalados, forman parte de la estructura que el cartel de Sinaloa, a través de Los Mayos y sus aliados, utiliza para lavar dinero, facilitar el tráfico de drogas y mantener el control en la región.

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La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Avila Olmeda, expresó que no cuenta con información adicional sobre las recientes sanciones impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, que vinculan a la exalcaldesa de Rosarito, Araceli Brown, con una red de corrupción relacionada con el Cartel de Sinaloa.

"Fue una noticia que recibimos hace apenas unas horas y esperaremos más información", afirmó la mandataria estatal, dejando en claro que la información es muy reciente y que, por el momento, no ha tenido contacto directo con la diputada a quien llamó "compañera del movimiento".

Avila Olmeda confirmó que la exalcaldesa Brown llevaba a cabo sus propias mesas de seguridad en el municipio, pero aclaró que ella no tiene conocimiento de ninguna acción o vínculo que pudiera relacionarla con actividades ilícitas. "Estamos a la espera de que las autoridades federales proporcionen más detalles sobre esta situación", reiteró.

La gobernadora también mencionó que en una reunión reciente, el general Laureano Carrillo Rodríguez, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, sostuvo un encuentro con el cónsul de Estados Unidos en Tijuana, en el que se aseguró que se brindará apoyo en lo que requieran las autoridades del vecino país en materia de seguridad y lucha contra el narcotráfico.

Por su parte, el secretario de Seguridad Pública en Baja California afirmó que los representantes de seguridad del estado estuvieron presentes en dicha reunión y que uno de los temas principales fue el apoyo para la detención del líder de los "Rusos". Sin embargo, respecto a la noticia sobre la exalcaldesa Brown, no fue mencionado ningún detalle, y las autoridades aseguraron que estarán dispuestas a colaborar en lo que indique el gobierno federal mediante una petición formal de apoyo.

Finalmente, respecto a los empresarios de Rosarito señalados por lavado de dinero, el general Carrillo Martínez aclaró que no tienen información sobre ello ni fueron mencionados en la mesa de seguridad, por lo que estarán atentos a cualquier información futura al respecto.

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