En las recientes encuestas al gobernador Jaime Bonilla Valdez le ha ido bien, primero en la de Arias Consultores donde se ubica en el sexto lugar de los 32 mandatarios del país y es el mejor de los de MORENA.

Ahora en la aplicada por la conocida empresa tijuanense PluralMx, Jaime Bonilla sale mejor que en diciembre del 2019, con un 68 por ciento de aprobación de los bajacalifornianos.

Con lo que queda claro que el escándalo público de los presuntos “moches” en que se inculpó a ex funcionarios estatales, no afectó en nada su imagen ante los ciudadanos.

En la medición de PluralMx, el 69 por ciento de los encuestados dice que Jaime Bonilla está cumpliendo sus compromisos de campaña; y el 64 por ciento asegura que ha mejorado la atención de los funcionarios del gobierno del Estado hacia la ciudadanía.

¿ En qué área ha tenido su principal logro? y la respuesta ciudadana es: un 28 por ciento dice que en el combate a la inseguridad, un 25 en educación y un 23 en el combate a la corrupción, entre otros.

En el tema de la austeridad, sobre la promesa del gobernador Jaime Bonilla de que se acabarían los lujos, excesos y privilegios para los servidores públicos como escoltas, comidas, alimentos y viajes, un 80 por ciento de los encuestados asegura que sí está cumpliendo.

Un 62 por ciento dice que también está cumpliendo en la rendición de cuentas y en la transparencia en el manejo del dinero público.

La encuesta de PluralMx, se aplicó entre el seis y diez de enero de este 2020 en los cinco municipios de Baja California, y fueron 3 mil entrevistas cara a cara y con credencial de elector en mano.

Aunque a diversos grupos no les guste, sobretodo aquellos con los que el gobernador Jaime Bonilla no tiene relación, las encuestas favorecen al gobierno del político morenista...

ARACELI BROWN MANEJADA POR UN TRANSPORTISTA ROSARITENSE

La alcaldesa de Playas de Rosarito, Araceli Brown Figueredo trae un desgarriate en ese municipio y se asegura quien gobierna es un conocido transportista que pone y quita funcionarios.

Candelario Arceaga es el transportista que se asegura manda a Araceli Brown, tanto que le hace más caso a este personaje que al gobernador Jaime Bonilla Valdez.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a varios empresarios y negocios en Rosarito, señalándolos como parte de la red de lavado de dinero del cartel. Entre los negocios afectados se encuentran varios establecimientos controlados por Jesús González Lomelí, quien posee bares y restaurantes en la zona, como Bombay Beach Club, Coco Beach Club y Mariscos El Caiman. Estos negocios han sido utilizados para lavar millones de dólares provenientes del narcotráfico, facilitando la integración de fondos ilícitos en la economía legal de la ciudad.

Además, la red de corrupción y control en Rosarito también involucra a los hermanos Arzate, Rene y Alfonso Arzate García, quienes mantienen influencia en la región. La relación con González Lomelí y otros actores políticos ha permitido que las actividades criminales de Los Mayos se extiendan, incluyendo extorsiones y protección de operaciones ilícitas. La ex alcaldesa de Rosarito, Hilda Araceli Brown Figueredo, junto con intermediarios como Candelario Arcega Aguirre, habrían facilitado la protección y la impunidad de las actividades del cartel, mediante la manipulación del gobierno local y el cobro de extorsiones.

La sanción de la OFAC también involucró a varias empresas propiedad de González Lomelí, entre ellas JR Alimentos Del Mar, S. De R.L. De C.V.; Grupo JRCP, S. De R.L.; Sabor Tapatio, S. De R.L. De C.V.; Operadora De Alimentos Con Origenes De Mexico, S. De R.L. De C.V.; Gotoco Alimentos Procesados, S. De R.L. De C.V.; Veintiuno Mexicali, S. De R.L. De C.V.; Coco Beach Bar, S. De R.L. De C.V. ubicadas en Rosarito.

Además, Grupo Hotelero JJJ, S.A. De C.V.; Complejo Turistico JJJ, S.A. De C.V.; Operadora De Espectaculos, Alimentos Y Bebidas J&R, S.A. De C.V.; Alimentos Y Diversion Insurgentes, S. De R.L. De C.V.; Sunset Servicios Gastronomicos, S. De R.L. De C.V.; JJ Gonver, S. De R.L. De C.V.; y Cavally Antro & Bar ubicadas en el municipio de Tijuana. Estas empresas, junto con los negocios y actores políticos señalados, forman parte de la estructura que el cartel de Sinaloa, a través de Los Mayos y sus aliados, utiliza para lavar dinero, facilitar el tráfico de drogas y mantener el control en la región.

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La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Avila Olmeda, expresó que no cuenta con información adicional sobre las recientes sanciones impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, que vinculan a la exalcaldesa de Rosarito, Araceli Brown, con una red de corrupción relacionada con el Cartel de Sinaloa.

"Fue una noticia que recibimos hace apenas unas horas y esperaremos más información", afirmó la mandataria estatal, dejando en claro que la información es muy reciente y que, por el momento, no ha tenido contacto directo con la diputada a quien llamó "compañera del movimiento".

Avila Olmeda confirmó que la exalcaldesa Brown llevaba a cabo sus propias mesas de seguridad en el municipio, pero aclaró que ella no tiene conocimiento de ninguna acción o vínculo que pudiera relacionarla con actividades ilícitas. "Estamos a la espera de que las autoridades federales proporcionen más detalles sobre esta situación", reiteró.

La gobernadora también mencionó que en una reunión reciente, el general Laureano Carrillo Rodríguez, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, sostuvo un encuentro con el cónsul de Estados Unidos en Tijuana, en el que se aseguró que se brindará apoyo en lo que requieran las autoridades del vecino país en materia de seguridad y lucha contra el narcotráfico.

Por su parte, el secretario de Seguridad Pública en Baja California afirmó que los representantes de seguridad del estado estuvieron presentes en dicha reunión y que uno de los temas principales fue el apoyo para la detención del líder de los "Rusos". Sin embargo, respecto a la noticia sobre la exalcaldesa Brown, no fue mencionado ningún detalle, y las autoridades aseguraron que estarán dispuestas a colaborar en lo que indique el gobierno federal mediante una petición formal de apoyo.

Finalmente, respecto a los empresarios de Rosarito señalados por lavado de dinero, el general Carrillo Martínez aclaró que no tienen información sobre ello ni fueron mencionados en la mesa de seguridad, por lo que estarán atentos a cualquier información futura al respecto.

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Rosarito, Baja California, dejó de ser un simple punto turístico para convertirse en la pieza de un tablero mayor: el del narcotráfico internacional. Desde Washington, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lanzó un golpe que no sólo alcanza a Los Mayos, brazo del Cártel de Sinaloa, sino que salpica directamente a la política mexicana.

La diputada de Morena Hilda Araceli Brown Figueredo, exalcaldesa de Rosarito, aparece en la lista de sancionados de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). El señalamiento es contundente: durante su presidencia municipal, operadores del cártel —entre ellos empresarios y figuras locales— utilizaron su cercanía para obtener protección, colocar aliados en cargos públicos y garantizar la continuidad de las operaciones criminales.

El documento de la OFAC describe con detalle cómo bares, restaurantes y resorts de Rosarito se convirtieron en plataformas para blanquear dinero del narco, mientras la ciudad era pieza clave en el corredor de droga hacia California. En el centro de esa red aparece Brown, señalada de haber mantenido vínculos con quienes recaudaban pagos de extorsión y gestionaban la cobertura de actividades ilícitas.

“El Cártel de Sinaloa representa una amenaza directa a la seguridad nacional de Estados Unidos”, sentenció John K. Hurley, subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, al anunciar la sanción. Pero más allá de la advertencia a los capos, el mensaje tiene un eco que resuena en México: la frontera entre la política y el crimen organizado se vuelve, otra vez, demasiado delgada.

La diputada, que llegó al Congreso como parte de la llamada “transformación”, ahora comparte espacio en la lista negra de Washington con capos, sicarios y prestanombres. La pregunta inevitable es cuánto daño causa a la credibilidad institucional que una representante electa, antes alcaldesa de un municipio fronterizo, sea señalada de haber servido como engranaje de uno de los cárteles más poderosos del mundo.

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Esta mañana, el ex gobernador Jaime Bonilla Valdez compartió en sus redes sociales que se reunió con la expresidenta municipal de Tijuana, Montserrat Caballero Ramírez. 

A través de su cuenta, Bonilla Valdez expresó: “Me dio mucho gusto recibir esta mañana en nuestras oficinas a la expresidenta municipal de Tijuana, Montserrat Caballero; una mujer trabajadora, comprometida y con gran vocación de servicio, con quien compartimos la visión de seguir construyendo un mejor futuro para nuestra ciudad y nuestro estado”.

Por su parte, Caballero Ramírez, compartió la fotografía y señaló que el amor por Baja California los une.

Cabe mencionar que durante el gobierno de Montserrat Caballero, ella lo denunció por violencia de género y supuestos casos de acoso en el año 2023.

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La ex alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero Ramírez, afirmó ante medios de comunicación que, antes de finalizar su administración municipal, sostuvo una reunión con el exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez. 

La ex funcionaria destacó la buena relación que mantiene con Bonilla, señalando la importancia de tener vínculos sólidos en momentos críticos.

"Es importante tener una buena relación antes de los momentos catastróficos", expresó Caballero.

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