TV Azteca iniciará formalmente un proceso de reestructura financiera luego de que una jueza federal la declarara en concurso mercantil, una figura jurídica que permitirá a la televisora negociar con sus acreedores y reorganizar sus pasivos durante un periodo de hasta un año.
La resolución se produce después de que la empresa, propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego, solicitara voluntariamente el concurso mercantil en marzo de este año, tras concluir el pago de una deuda fiscal superior a los cinco mil millones de pesos correspondiente a los ejercicios fiscales de 2009 y 2013.
De acuerdo con la resolución judicial, el objetivo del proceso es preservar el valor de la empresa, reorganizar sus obligaciones financieras y fortalecer su estructura económica mediante acuerdos con sus acreedores.
El documento establece que los acreedores nacionales y extranjeros tendrán un plazo de 45 días para presentar sus solicitudes de reconocimiento de crédito y acreditar los adeudos que mantienen con la televisora.
Como parte del procedimiento, la jueza instruyó al Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles (IFECOM) a designar, en un plazo de cinco días, a un conciliador, quien será el encargado de verificar los créditos reclamados, elaborar un diagnóstico financiero y conducir las negociaciones entre la empresa y sus acreedores.
Entre las funciones del conciliador estará determinar el monto total de la deuda, revisar la situación financiera de TV Azteca, analizar sus activos y diseñar una propuesta de pago que pueda ser aceptada por los acreedores.
Además, deberá definir cuáles bienes integrarán la masa concursal, es decir, el conjunto de activos que servirán como garantía de pago en caso de que no se alcance un convenio.
Según el último reporte público de la empresa, correspondiente a septiembre de 2022, TV Azteca mantenía una deuda cercana a los 9 mil 800 millones de pesos, de los cuales aproximadamente 8 mil 100 millones ya se encontraban sujetos a un proceso de reestructuración.
La televisora también enfrenta desde 2023 un litigio en Estados Unidos con fondos de inversión que buscan que la empresa sea declarada en bancarrota bajo el Capítulo 11 por el presunto incumplimiento en el pago de bonos por 63.3 millones de dólares.
A ello se suma un conflicto con la empresa estadounidense AT&T, relacionado con un adeudo derivado de la venta de Iusacell en 2015, asunto que continúa en disputa entre ambas compañías.
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