La referee y entrenadora de Bádminton Gennifer Aguirre fue certificada como Juez Panamericana con carnet continental.

Aguirre, quien es egresada de UABC y forma parte del programa de Talentos del estado en esta disciplina, la cual ha tenido un crecimiento notorio en los últimos años.

“El proceso en el arbitraje leva bastante tiempo y tienes que estar en todos los eventos”, recordó.

“Inicié en este deporte como árbitro en 2013 y a raíz de ello a nivel nacional me propuso la federación para la Confederación Panamericana de Bádminton, poco después en 2015 recibí mi acreditación en el Panamericano junior”, dijo.

Fue precisamente en ese evento, que hubo una gran proyección para el Bádminton mexicano y bajacaliforniano al realizarse la competencia en el Centro de Alto Rendimiento, por donde desfilaron competidores y competidoras nacionales al igual que de los Estados Unidos, Canadá, Brasil, Argentina, Guatemala, República Dominicana, Perú, entre otros países.

Luego de tres años de práctica, Aguirre realizó el examen para la certificación´n oficial, el cual aprobó satisfactoriamente. “Actualmente me desenvuelvo como árbitro a nivel nacional e internacional”, dijo.

Entre sus labores están los cursos y capacitaciones para árbitros a nivel estatal al igual que es invitada para asistir a los eventos nacionales asesorando a los árbitros.

La joven juez es egresada de la carrera en Actividad Física y Deportes de la Universidad Autónoma de Baja California, contando con el título de licenciatura. De igual forma está estudiando una especialidad de alto rendimiento enfocada en Bádminton por parte de la universidad Galileo en fusión con la Confederación panamericana de Bádminton.

“Siempre tienes que estar preparado para capacitarse, tanto como juez en mi caso y desde luego como entrenadora de Bádminton”, expuso.”Aquí en México en el caso de los entrenadores se maneja un primer curso que es el ‘shuttle time’ que es un curso básico de entrenamiento de bádminton y después de ahí vienen cuatro niveles para coaches”, resaltó.

El Nivel IV se está desarrollando en la actualidad en Europa y Asia. “Actualmente en América se manejan el 1 y 2 y se está poniendo como prueba Piloto el 3. El año pasado junto con mi compañero Jonathan Morales fuimos al curso de nivel I y nos da gusto decir que lo acreditamos exitosamente”, enfatizó.

A partir de ahí se cuenta con un año para practicar y llevar a cabo todo lo aprendido. “Hasta después de un año puedes aplicar para el siguiente nivel, ahorita tanto mi compañero como yo somos entrenadores nacionales Nivel I”, concluyó.

El Instituto Nacional de Migración (INM) brindó atención a una persona de origen mexicano, repatriada luego de 32 años de vivir de manera irregular en Estados Unidos.

Se trata de Margarito “N”, de 49 años de edad, quien de inmediato fue atendido por personal del programa de Repatriación del INM para proporcionarle toda la atención y orientación de apoyos gubernamentales que existen para su reincorporación a una vida social y productiva, impulsando sus habilidades.

El INM promovió ante la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (Conocer) que toda la experiencia que Margarito “N” desarrolló durante 32 años como empleado de una fábrica y un restaurante fuera certificada.

De este modo, quedó inscrito en el programa de empleo que ofrece la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), y a su llegada a las instalaciones del INM en la Ciudad de México se le orientó para tramitar y ser beneficiario de una beca temporal por desempleo.

Originario de Tlaxcala, Margarito emigró a Estados Unidos a los 17 años de edad en busca de oportunidades laborales sin medir el peligro que representa cruzar de manera irregular.

Durante 32 años vivió en Chicago, donde procreó a dos hijos que ahora tienen 27 y 16 años de edad, respectivamente, y son ciudadanos estadunidenses, no así Margarito, que siempre estuvo al margen de la ley migratoria.

Recuerda que el día que cruzó por Tijuana, Baja California, tuvo que esconderse, junto con el grupo de personas migrantes con el que partió, en un pantano que llegaba a la cintura. Ahí permanecieron hasta el momento de poder cruzar sin ser vistos por las autoridades migratorias.

Asegura que ya no tiene en mente retornar a Estados Unidos y poner en riesgo su vida, pues sus hijos le prometieron que vendrán a visitarlo; ahora su objetivo es estudiar, obtener su licencia de manejo y emplearse como conductor de camiones pesados.

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La poderosa y temida Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) también se equivoca y arremete contra los propios estadunidenses. 

Tal es el caso de Julio César Ovalle, quien caminaba por las calles de Texas la mañana del 11 de julio de 2018, cuando de pronto fue detenido por un agente de la coloquialmente conocida como 'Migra'. Julio, quien tenía problemas para hablar inglés debido a una ligera discapacidad, mostró al agente una identificación que certificaba que era ciudadano estadunidense, cosa que no le bastó al oficial, quien le quitó su celular y lo llevó preso al Centro de Detención del Servicio de Migración y Control de Aduanas (ICE), en Cotulla, Texas. 

Ovalle nació en 1994 en California, pero después se mudó con sus padres a Texas. A pesar de contar con todos los documentos que acreditaban su identidad y la ciudadanía, el agente del CBP inició el proceso de deportación de Julio de inmediato, sin dejarlo ver a un abogado o a un juez. Ello, a pesar de que fue hasta un año después que formalmente ICE solicitó a través de un memorándum que se podían llevar a cabo deportaciones expeditas en ciertos casos. 

De acuerdo con documentos del caso, a los que MILENIO tuvo acceso, el agente estaba convencido de que Julio mentía e insistía en preguntas como: “¿Por dónde cruzaste?” y “¿de dónde eres?”, mientras que el joven nacido en California insistía en que era ciudadano y que incluso podía mostrarle su pasaporte. Pero lo único que obtenía eran risas. 

El agente ni siquiera le permitió hacer una llamada a su padre, para que pudiera ayudarlo. 

Julio pasó la noche solo en la estación y al otro día fue transferido a Laredo, Texas. Sus padres no tenían idea de dónde estaba su hijo. Menos imaginaban que las autoridades de su propio país estaban a punto de mandarlo a otro país. 

En Laredo, a Julio lo hicieron firmar una serie de documentos que no entendía, pero en los que aceptaba su deportación por ser un migrante sin documentos de estancia legal. Acto seguido, lo expulsaron junto con otros migrantes a Nuevo Laredo, Tamaulipas. Fue entonces que le devolvieron su celular y Julio, finalmente, pudo hablarle a su padre. 

Era la primera vez que sus padres oían de él desde que fue detenido la mañana anterior. El papá de Julio le dijo a su hijo que lo esperara en las oficinas migratorias en Nuevo Laredo y comenzó el viaje en auto desde San Antonio, Texas, con los documentos de Julio, para que su hijo regresara. Pero en ese lapso, ya en el lado mexicano, una camioneta conducida por personas que dijeron ser de un cártel secuestraron al joven, se lo llevaron a una casa y pidieron un rescate por él. 

Incluso, dejaron mensajes grabados para la familia de Julio en los que decían que lo iban a matar si no pagaban. Entonces el papá de Julio acudió al Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) para exigir que su hijo fuera rescatado. La agencia constató que, efectivamente, el joven era ciudadano estadunidense y contactó a autoridades mexicanas para rescatarlo, lo cual se logró hasta el otro día, cuando sus captores lo liberaron. 

Así, fue gracias a que el FBI intervino que Julio pudo regresar a su hogar… una semana después de ser detenido arbitrariamente. El relato de estos hechos se encuentra en la demanda que Ovalle presentó contra el CBP por lo ocurrido, en la cual se explica que debido a esta situación Julio sufre de problemas emocionales y de estrés. 

Se detalla que incluso él intentó suicidarse, y todo debido a que un agente fronterizo actuó basado discriminación, en un perfil racial y políticas depredadoras, según se lee en la demanda, a la cual tuvo acceso MILENIO. 

Por eso solicita que el gobierno estadunidense le compense, tanto por los daños y violaciones a sus derechos, como por los gastos que tuvo que realizar para tener una defensa adecuada. 

Su caso se retrasó debido a complicaciones por la pandemia de covid-19 e incluso tuvo que ser reabierto, luego de que fuera desestimado por errores procesales por parte de la defensa de Ovalle. 

 El gobierno estadounidense ha estado deportando a niños migrantes de otros países a México, reportó The New York Times.

La información se basa en parte en un correo electrónico interno de un alto funcionario de la Patrulla Fronteriza, lo que viola un acuerdo entre Estados Unidos y México. Según el pacto, sólo los menores mexicanos y otros que contaran con la supervisión de un adulto podrían ser devueltos a ese país tras intentar cruzar la frontera.

De acuerdo con el Times, las expulsiones ponen en peligro a niños de Guatemala, Honduras y El Salvador, porque los envían a una nación donde no tienen familiares.

La mayoría, indica el medio, han quedado al cuidado de las autoridades de protección infantil mexicanas, que supervisan los refugios administrados por ONG y otros grupos.

El Times cifra en más de 200 las expulsiones en los últimos ocho meses. Recuerda que a inicios de mes se presentó un informe en el que se mencionó que no se han localizado a los padres de 545 niños migrantes que están en EU separados de sus familias desde 2017.

Según los acuerdos diplomáticos, los niños que no son mexicanos deben ser trasladados en vuelos operados por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) a sus naciones de origen.

El Times dice que Brian Hastings, jefe de la Patrulla Fronteriza del sector del Valle del Río Grande, reconoció que se enviaron a México a menores no mexicanos.

Hastings, según el medio, dijo que sin la política de regresar rápidamente a los migrantes por las normas debido a la pandemia, "tendríamos cantidades masivas de infecciones". Agregó que los agentes fronterizos deben comunicarse con la oficina consular mexicana cada vez que se expulsa a un menor no acompañado.

Desde la pandemia del coronavirus, recuerda el Times, el gobierno de Donald Trump ha expulsado a miles de niños migrantes a sus países de origen. Los menores fueron retenidos brevemente en instalaciones de la Patrulla Fronteriza o en hoteles, a menudo sin ninguna notificación previa a sus familiares.

"Bajo las leyes de inmigración resulta ilegal expulsar a un niño no mexicano a México", dijo Lee Gelernt, abogado de la American Civil Liberties Union (ACLU), una influyente organización de derechos civiles.

El Times reporta que Women's Refugee Commission recibió información que sugiere que al menos 208 menores centroamericanos fueron puestos en custodia de las autoridades mexicanas entre el 21 de marzo y el 5 de junio.

No sólo Estados Unidos deporta a mexicanos. En Japón, Malasia, Líbano, Italia y Vietnam se han registrado casos de connacionales menores de edad que migraron a esos países y al no tener los papeles en regla fueron enviados de regreso.

De enero de 2001 a julio de 2018 suman 223 mil 497 mexicanos menores de edad deportados. Estados Unidos ha enviado a 223 mil 132, de acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), en respuesta a solicitudes de información hechas por EL UNIVERSAL.

Después de Estados Unidos está El Salvador con 86 casos, Japón con 10, Italia con cinco, Malasia con dos y Líbano y Vietnam con uno.

Los datos muestran que Tamaulipas es la entidad de la República Mexicana de donde son originarias la mayoría de las personas deportadas, con 21 mil 564, seguida de Michoacán con 17 mil 29.

En el sexenio de Felipe Calderón fue cuando más deportaciones se registraron, con 84 mil 904; en el gobierno de Vicente Fox hubo 74 mil 850, y en la administración de Enrique Peña Nieto, hasta julio pasado, 63 mil 743.