Dirigentes del fútbol de Colombia manifestaron el miércoles dudas sobre si la liga existente de mujeres puede seguir siendo profesional, ante una serie de insuficiencias, que irían desde los recursos económicos hasta el número necesario de jugadoras. Las declaraciones por parte de distintos dirigentes deslizaron la posibilidad de que la liga femenina ya existente se degrade a una categoría semiprofesional, lo que ha generado ya críticas, en medio de una tormenta mediática desatada por distintas denuncias, que han apuntado a la falta de condiciones dignas para que las mujeres desarrollen el fútbol profesional e incluso a presuntos casos de acoso sexual. 

“Habrá torneo (de mujeres), pero no sé todavía si es profesional”, advirtió el presidente de la máxima categoría del fútbol colombiano (Dimayor), Jorge Enrique Vélez. Entrevistado por la emisora Blu Radio, Vélez explicó que faltan futbolistas suficientes para sustentar una liga profesional en el país. “Necesitaríamos alrededor de unas 700 mujeres profesionales. Nosotros no tenemos 700 mujeres profesionales en el fútbol colombiano”, sentenció, y dijo que Dimayor tiene la responsabilidad de no avalar una liga profesional sino “en el momento en que realmente sintamos que ya tenemos la capacidad y el proceso para poderlo hacer”. 

Álvaro González, presidente de la división aficionada del fútbol (Difútbol) abordó también el tema durante la jornada. Se refirió a datos que Dimayor le ha compartido, los cuales revelarían que “no parece tener mucha fuerza de que el fútbol femenino profesional se configure en Liga”, por lo que habría interés en el semiprofesionalismo. Los detalles del proyecto aún estarían en discusión, pero se anticipó que la propuesta sobre la categoría semiprofesional contempla que los conjuntos tendrían jugadoras sub23, salvo seis de categoría libre, y no podrían contratar extranjeras. La liga profesional de mujeres celebró su primera temporada en 2017, cuando se coronó Santa Fe de Bogotá. 

Al año siguiente, el título fue para Atlético Huila, que además se adjudicó la Copa Libertadores. Se prevé que el certamen de este año comenzara en el segundo semestre. Pero el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, dijo en la jornada que esta liga ha enfrentado diversos inconvenientes durante este par de años, incluidos altos costos, falta de patrocinadores, pérdidas económicas de los clubes y baja cobertura por parte de la prensa. “Tenemos que ver cómo vamos a diseñar la liga femenina, si bien nos cogió el tiempo, tenemos que hacerlo”, indicó Jesurún, quien explicó que la inversión en los dos primeros años superó el millón de dólares. De inmediato, surgieron críticas por parte de futbolistas colombianas. Leicy Santos, una de las figuras de la selección mayor, deploró el proyecto semiprofesional. 

“Estoy en un desacuerdo total, esto nos quitaría la posibilidad de competir y estar activas. Quitar la liga en este momento, después de haber dado este paso tan importante, es retroceder”, opinó Santos en la edición digital del diario El Espectador de Bogotá. Otras cuatro seleccionadas, Oriánica Velásquez, Natalia Gaitán, Isabella Echeverri y Melissa Ortiz, convocaron a una conferencia de prensa para este jueves, a fin de abordar la situación del fútbol femenino. Echeverri y Ortiz difundieron el mes pasado mediante las redes sociales un video en el que acusaron a la Federación de discriminarlas. 

Añadieron que se sentían amenazadas con la posibilidad de perder sus puestos en el combinado por manifestar su descontento por condiciones que las habrían llevado a sufragar de su bolsillo diversos gastos, como los de uniformes y viajes. Luego la fisioterapeuta Carolina Rozo, quien trabajó con la selección femenina sub17, denunció que el técnico Didier Luna la había acosado sexualmente a ella y a algunas integrantes del equipo que disputó la final del Sudamericano de la categoría, disputado en 2018, en Argentina. El padre de una jugadora ha hecho acusaciones similares en contra del preparador físico Sigifredo Alonso. El miércoles, la FIFA y la CONMEBOL condenaron los presuntos casos de acoso sexual y laboral.

La masacre de nueve jóvenes en el departamento de Nariño encendió las alarmas en Colombia, que hace tan solo unos días fue sacudida por el asesinato de otros cinco adolescentes en Cali y teme que sean ellos el nuevo blanco de una violencia sin fin impulsada por economías ilegales como el narcotráfico.

La matanza ocurrió cerca de las diez de la noche del sábado, cuando un grupo de jóvenes estaba reunido en una casa de campo de la vereda (aldea) de Santa Catalina, del municipio de Samaniego, hasta donde llegaron hombres armados que les dispararon. 
Horas antes de la masacre, una adolescente había sido asesinada a tiros en la misma zona, crimen que se suma al de los ocho muchachos. 
"La ocurrencia de masacres en el país manifiesta el altísimo grado de crudeza con la que los actores armados ilegales se encuentran disputándose los territorios para someter a la población civil a regímenes arbitrarios de violencia", aseguró la Defensoría del Pueblo. 
Lo sucedido en Samaniego y en Cali, principal ciudad del suroeste de Colombia, deja un mensaje "de desesperanza y sin futuro" a los jóvenes del país, según ese organismo, que ve que "la barbarie es el peor camino para una sociedad". 
"Las autoridades deben abandonar la apatía, redoblar esfuerzos para detener este accionar criminal y someter a la justicia a los responsables. Nuestros niños, niñas y adolescentes necesitan garantías de que exista un futuro lleno de oportunidades", expresó esa entidad, que vela por la protección de los Derechos Humanos. 

HIPÓTESIS SOBRE LO OCURRIDO

El mes pasado, la organización Human Rights Watch (HRW) advirtió que los grupos armados ilegales han impuesto un régimen del terror en al menos once regiones de Colombia aprovechando la crisis del coronavirus para cometer todo tipo de abusos contra la población civil. 
Una de esas regiones es Nariño, donde, según aseguró este domingo el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, operan las paramilitares Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), conocidas también como Clan del Golfo, y disidencias de las FARC. 
Al respecto, el director de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), León Valencia, manifestó a Efe que estos grupos, así como la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), se están disputando el control territorial de la zona y cualquiera de ellos "pudo ser el que masacró a esos jóvenes". 
"En medio de la pandemia se ha visto en las fronteras que los grupos ilegales (...) están controlando a la población y amenazando a quien no cumpla con la cuarentena, al que no se confine, y están haciendo una labor que debería hacer el Estado", explicó. 
Para atender la situación, este domingo viajaron a la zona el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo; el comandante de las Fuerzas Militares, general Luis Fernando Navarro, y el director de la Policía, general Óscar Atehortúa, entre otros, para "definir nuevas acciones y medidas" ante lo ocurrido. 
"Todas las capacidades de nuestra fuerza pública, en materia de investigación y operacionales, están a disposición de las autoridades de Nariño y de la Fiscalía General de la Nación para que estos hechos sean esclarecidos pronto", expresó Trujillo antes de viajar. 

EL CASO DE CALI

La masacre perpetrada la noche del sábado en Samaniego es la segunda en menos de una semana en Colombia luego de que el pasado martes fueran asesinados cinco menores, todos de entre 14 y 15 años, en un cañaveral ubicado detrás del barrio Llano Verde, en Cali, capital del Valle del Cauca. 
Para investigar ese múltiple crimen fueron designados tres fiscales especializados en homicidios, 25 funcionarios del CTI y otros cinco expertos, según la Fiscalía. 
El asesinato de esos cinco jóvenes, que fueron acribillados y encontrados con signos de tortura, generó el repudio de los colombianos que exigieron justicia. 
En ese sentido, el director de Pares aseguró que una de las teorías sobre este crimen es que está relacionado con homicidio del gestor cultural Cristian Adrián Ángulo, perpetrado en marzo pasado. 

"Hay una hipótesis que circula mucho en Cali y es que a Cristian lo mató la Policía y luego, para que no hablaran los cinco jóvenes que presenciaron el asesinato, matan a estos cinco jóvenes", expresó Valencia.

En ese sentido, asoció este hecho con un drama que vive el país: el asesinato de líderes sociales tras la firma del acuerdo de paz que -según un informe publicado el mes pasado por las organizaciones civiles Cumbre Agraria, Étnica y Popular; el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), y el movimiento de izquierdas Marcha Patriótica- son casi 1.000. 

RECRUDECIMIENTO DE LA VIOLENCIA

El recrudecimiento del conflicto armado colombiano tras la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno y la guerrilla de las FARC, en noviembre de 2016, se está haciendo más evidente con el paso de los días, en opinión de Antonio Navarro Wolff, exgobernador de Nariño (2008-2011) y actual presidente del partido Alianza Verde. 
"Cuando las FARC se desmovilizan dejan un vacío con un atractivo, que es la economía ilegal, y la pelea por controlar esos territorios por parte de grupos nuevos es, sin duda, lo que está generando violencia en algunas regiones del país, sobre todo en el sur", dijo a Efe Navarro, quien también fue senador en dos periodos. 
Igualmente achacó el crecimiento de la violencia a que durante las negociaciones de paz con las FARC se descuidó del tema de cultivos ilícitos. 
"Empezó la negociación con 45.000 hectáreas (2013) de cultivos ilícitos sembrados y terminó con cerca de 200.000. Esos cultivos son dinero ilegal", expresó y agregó que "hay un descontrol del territorio, sobre todo en las zonas rurales, por parte del Estado". 
Para combatir esta situación sugiere desarrollar proyectos similares a los programas de Presencia Integral del Estado en el Territorio (PIET) que ejecutó cuando fue gobernador de Nariño. 
"No es solamente llegar con fuerza pública, sino darles programas de sustitución de cultivos, de construcción de vías nuevas, asistencia técnica, de acceso al médico y de intervención en salud a la población rural. Se necesita una presencia integral del Estado en el territorio", apostilló.

El expresidente colombiano Álvaro Uribe, cuya poderosa figura ha marcado la vida política del país en este siglo, enfrenta en el ocaso de su carrera la prueba más dura para un hombre público, la cárcel que ha esquivado desde que dejó la Presidencia hace diez años.

El caso por presunto fraude procesal y soborno de testigos en una demanda presentada por él mismo contra el senador de izquierdas Iván Cepeda y por el que la Corte Suprema de Justicia ordenó su detención domiciliaria, es sin embargo de los menos graves entre decenas de procesos que tiene y que van desde injuria hasta presuntos vínculos con matanzas paramilitares.

Nacido el 4 de julio de 1952 en Medellín, Uribe se graduó como abogado en la Universidad de Antioquia y luego estudió Administración y Finanzas y Negociación de Conflictos en la Escuela de Extensión de la Universidad de Harvard (EE.UU.), y en el St. Antony's College de Oxford (Reino Unido).

ENEMIGO DE LAS FARC

Álvaro Uribe gobernó el país entre 2002 y 2010 y dejó la Presidencia con una inédita popularidad del 75 %, aclamado por la mayor parte de los colombianos por los logros de su política de seguridad democrática y principalmente de la lucha contra las FARC, a las que asestó los primeros grandes golpes en el campo militar después de varias décadas de dominio guerrillero.

La determinación de combatir a las FARC fue una obsesión suya tras el asesinato de su padre, el ganadero Alberto Uribe Sierra, a manos de esa guerrilla en 1983.

Con un estilo personalista, carácter recio y encendido discurso patriotero resumido en su lema de "mano firme y corazón grande", Uribe recorrió campos y ciudades y se ganó el favor del empresariado, que junto con las Fuerzas Armadas fueron pilares de su Gobierno.

Álvaro Uribe llegó a la Presidencia a los 50 años de edad, como candidato disidente del Partido Liberal, después de una exitosa carrera pública que lo llevó a ocupar, entre otros cargos, los de director de la Aeronáutica Civil, senador, alcalde de su natal Medellín y gobernador del departamento de Antioquia.

REY EN LAS URNAS

Desconocido para la mayor parte de los colombianos hasta 2002, cuando decidió ser candidato presidencial independiente, Uribe conquistó rápidamente el electorado con un discurso directo en el que prometía mano dura contra las FARC que por esa época tenían entre la espada y la pared a un Estado debilitado al que propinaban sangrientos golpes en los campos del país.

Esa promesa, aderezada con su modo afable, por momentos campechano, de hombre de finca, aficionado a los caballos de paso y capaz de beber una taza de café sin derramar una gota mientras monta uno, le granjearon el apoyo de más de la mitad de los colombianos que lo eligieron presidente en 2002 con el 54,5 % de los votos, sin necesidad de ir a una segunda vuelta.

Cuatro años más tarde, en la cresta de la popularidad por los resultados de su Gobierno en materia de seguridad, de crecimiento económico y de atracción de inversión extranjera, se convirtió en el primer presidente reelegido en Colombia en una elección en la que fue prácticamente aclamado y se impuso con el 62,3 %.

CADENA DE ESCÁNDALOS

Pese a que las denuncias en su contra empezaron a aflorar antes de llegar a la Presidencia, Uribe no es de dejarse amedrentar ni de rehuir a la confrontación y así lo ha hecho hasta hoy.

De su gestión a comienzos de los años 80 como director de la Aeronáutica Civil, organismo que regula la aviación en Colombia, surgieron años después las primeras denuncias en su contra por el supuesto otorgamiento de licencias a personas relacionadas con el narcotráfico.

De su periodo como gobernador se le acusa de haber apoyado la masacre de El Aro, en la que paramilitares asesinaron a 17 campesinos en octubre de 1997.

Ninguna de esas y otras denuncias hicieron mella en su prestigio y poder político, que sin embargo empezó a sentir golpes en su segundo mandato por sus constantes riñas con el Poder Judicial, con el que no ha tenido las mejores relaciones.

En 2009 salió a la luz el escándalo de las interceptaciones telefónicas del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) a magistrados, políticos y periodistas, por el que fueron condenados a penas de prisión varios de sus subalternos.

En febrero del año siguiente sufrió un revés en la justicia cuando la Corte Constitucional desautorizó la celebración de un referéndum para decidir sobre una segunda reelección suya, lo que puso fin a sus aspiraciones de completar doce años en la Jefatura del Estado.

Pese a que los escándalos aumentaron en los últimos años de su Gobierno, entre ellos las denuncias de que hubo compra de votos de congresistas en 2006 para que se aprobara la enmienda constitucional que permitiría la reelección, y la de los "falsos positivos", como se conoce a las ejecuciones de civiles a manos de militares que los presentaban luego como guerrilleros muertos en combate, Uribe logró sortear todas las acusaciones sin mayor daño político.

Tanto es así que en las elecciones de 2010, a las que no pudo presentarse, logró que los colombianos eligieran presidente a su candidato, Juan Manuel Santos.

OPOSICIÓN FRONTAL AL ACUERDO DE PAZ

La elección de Santos fue un voto de confianza a la gestión de Uribe, aplaudido por su guerra sin cuartel contra las FARC, que le llevó a enfrentarse verbalmente incluso en escenarios internacionales con sus homólogos de entonces de Venezuela, Hugo Chávez, y de Ecuador, Rafael Correa, choques que acabaron en ruptura de relaciones diplomáticas.

Sin embargo las cosas no salieron como pensaba y Santos, que al asumir la Presidencia exaltó a Uribe como "un hombre que brillará en la historia patria", que "devolvió a los colombianos la esperanza" y sentó las bases para un país próspero, empezó a distanciarse de su mentor a los pocos meses de asumir el poder.

La ruptura definitiva vino con la decisión de Santos de negociar un acuerdo de paz con las FARC, interpretada por el uribismo pura sangre como una traición a sus política de mano dura, lo que desembocó en la oposición frontal del caudillo a los diálogos de paz que tuvieron lugar en La Habana.

La ruptura con Santos lo llevó a fundar en 2013 un partido de oposición a su Gobierno, el Centro Democrático, que no tardó en cosechar sus primeros triunfos en las urnas.

A la cabeza de una lista cerrada de su partido Uribe fue elegido senador en 2014 con una votación histórica y repitió en 2018. En el intermedio, lideró la campaña por el "No" en el plebiscito que el 2 de octubre de 2016 le dio la espalda a al acuerdo de paz.

La última demostración de su fuerza política la dio en las elecciones presidenciales de 2018 en las que su pupilo en el Centro Democrático, Iván Duque, devolvió el poder al uribismo que hoy vive su hora más aciaga.

La cifra de víctimas mortales por el incendio de un camión cisterna cargado de gasolina que se volcó ayer en la carretera entre las ciudades colombianas de Barranquilla y Santa Marta se elevó este martes a 13 con los fallecimientos de seis personas que estaban hospitalizadas.

En las horas de la mañana las autoridades sanitarias informaron que tres de los fallecimientos ocurrieron en centros asistenciales de Santa Marta, capital del departamento de Magdalena, mientras que el cuarto ocurrió en la ciudad de Barranquilla, principal ciudad del Atlántico, en donde luego murieron dos personas más a causa de las quemaduras.

El accidente, que además dejó quemaduras a 49 personas, incluidas las seis que fallecieron hoy, ocurrió en la mañana del lunes en el corregimiento (pueblo) de Tasajera, una empobrecida población de pescadores que está en jurisdicción del municipio de Puebloviejo, localizada en la isla de Salamanca, una delgada división entre la Ciénaga Grande de Santa Marta y el mar Caribe.

En los últimos años, Tasajera, que no cuenta con acueducto, se ha visto afectada por problemas medioambientales y sobreexplotación de la pesca.

El gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, aseguró que "lo que hoy muchos llaman imprudencia, no es más que la lucha de nuestro pueblo por la supervivencia".

"Las vidas que se cobraron en este accidente y los heridos que luchan en pronóstico reservado tienen como único responsable el abandono en el que se encuentra sumida la gente, el hambre, la exclusión de la educación básica, media y superior, el analfabetismo", añadió.

TRASLADO A OTRAS CIUDADES

El alcalde de Piebloviejo, Fabián Obispo, confirmó los nuevos decesos y explicó que, en coordinación con la Gobernación del Magdalena y la Secretaría de Salud Departamental, fueron trasladados a Bogotá nueve de los pacientes para que reciban atención en una unidad de quemados.

Esto porque el departamento "no tiene la estructura hospitalaria para atenderlos", manifestó ayer Caicedo.

Sobre los traslados a Bogotá, Caicedo indicó que "corresponden a personas que están en condición crítica pero resisten un viaje de esta magnitud, pues hay algunas otras que también están en condiciones críticas, pero no tienen autorización médica para desplazarse a otra ciudad porque pueden perder la vida en el proceso".

TESTIMONIO DEL CONDUCTOR

El conductor del camión incendiado, Manuel Cataño, manifestó a medios locales que viajaba de Barranquilla a Santa Marta y que, luego de perder el control del vehículo cuando se le atravesó un animal en la carretera, se volcó.

Afirmó que al salir del vehículo accidentado llegaron muchas personas a recoger gasolina y que "alguien intentó quitar la batería", lo que cree que pudo ocasionar "un cortocircuito que provocó que se prendiera" el camión.

Luego del accidente en redes sociales circularon las imágenes del momento en el que se incendia el carrotanque y cuando las personas corrían envueltas en llamas pidiendo auxilio a quienes estaban allí.

En primera instancia se reportaron 49 heridos derivados de la volcadura de un camión que transportaba gasolina.

Según palabras de los mismos pobladores ''"Es una trágica situación que está atravesando el municipio de Puebloviejo. Le pedimos y le rogamos a Dios que pueda cuidar la vida de nuestra población''.

La necesidad y desesperación llevó a un grupo de personas a extraer gasolina de un camión que estaba volcado al lado de la carretera.

A los minutos el camión se prendió y arrasó a los que estaban cerca, un total de 49 heridos, sin contar a quienes, por miedo a represalias, huyeron del lugar.

Una docena de unidades de bomberos, un máquina extintora y un carro cisterna llegaron al lugar para atender la emergencia.

Atención: cuando iban a sacar la gasolina en el vehículo accidentado, este explotó, causando heridas a las personas que estaban alrededor. Al parecer hay fallecidos.
Advertencia: imágenes fuertes. pic.twitter.com/E4TwN04pj8

— EmiAtlantico (@AtlanticoEmi) July 6, 2020

🔞 Mortal explosión de un camión que transportaba gasolina en Colombia https://t.co/PFmts4ZoXT pic.twitter.com/ckysbk6O11

— RT en Español (@ActualidadRT) July 6, 2020

El ciclista colombiano Nairo Quintana, dos veces ganador de un Grand Tour, fue atropellado por un auto mientras entrenaba en su bicicleta en Colombia, anunció su equipo el viernes.

“Nairo fue atropellado por un coche hoy durante su entrenamiento. Le daremos lo antes posible más información sobre su salud”, indicó el equipo Arkea-Samsic en un comunicado publicado por las redes sociales.

Poco después, el mismo equipo subió un video en su cuenta de Twitter en que Quintana ofrece una explicación sobre su condición.

Quintana, de 30 años, aparece tranquilo en el video señalando que recibió “un golpe en la rodilla derecha y otro golpe en el muslo izquierdo, fue donde choqué contra el espejo retrovisor del vehículo que me atropelló”.

“Estamos a la espera de unos exámenes que nos mandamos hacer para descartar cualquier lesión que nos pueda afectar en la preparación que tenemos y los compromisos que vienen”, añadió el ciclista colombiano en su mensaje. “Gracias a todos por sus mensajes de apoyo, por sus oraciones. Quería decirles que estoy bien y que seguramente de esta saldremos mejor”.

Quintana se unió al equipo francés en septiembre pasado tras un periodo de ocho temporadas con el español Movistar. 

El colombiano tiene programado retomar sus actividades en una pequeña carrera en agosto en Francia, después de una suspensión de eventos por la pandemia del coronavirus.

Quintana conquistó el Giro de Italia en 2014 y la Vuelta a España de 2016. Fue dos veces subcampeón en el Tour de Francia con Movistar.