Un tribunal mexicano autorizó temporalmente reanudar el funcionamiento de varios dominios de juego vinculados al imperio empresarial de Ricardo Salinas Pliego. Sin embargo, las restricciones financieras impuestas en el marco de una investigación por sospechas de lavado de dinero no han sido levantadas. La situación se asemeja a un coche con el motor en marcha, pero con las ruedas bloqueadas.
La resolución judicial restableció el acceso a los dominios
El juez del Sexto Juzgado de Distrito en materia administrativa dictó una resolución sobre el restablecimiento temporal del funcionamiento de la plataforma Ganador Azteca. Al mismo tiempo, se ordenó a NIC México levantar el bloqueo de los dominios bet365.mx y betano.mx, que habían permanecido inaccesibles para los usuarios durante varios días. Formalmente, se trata de la suspensión de los efectos de una orden administrativa que previamente había desconectado estos recursos. Para los jugadores, esto significa que los sitios vuelven a estar disponibles, aunque difícilmente puede considerarse un funcionamiento pleno.
Las tres plataformas son operadas por filiales de TV Azteca, que forman parte de Grupo Salinas. Ganador Azteca, bet365.mx y betano.mx funcionan como operadores de apuestas bajo el paraguas del holding mediático, lo que las convierte en parte de un gran conglomerado empresarial de uno de los empresarios más ricos de México.
El dinero sigue bloqueado
Apenas un día antes de la decisión de desbloquear los dominios, la jueza Luz María Flores Alva denegó el descongelamiento de las cuentas bancarias del grupo. Así, se configura una situación paradójica: los sitios están disponibles, pero, en la práctica, la empresa no puede realizar operaciones financieras. Las transacciones siguen restringidas y los fondos en las cuentas se mantienen retenidos por decisión judicial.
Dos mecanismos de presión distintos, dos fundamentos diferentes
Conviene tener en cuenta que el bloqueo de los dominios y el congelamiento de activos son medidas jurídicas diferentes. La primera fue consecuencia de una orden administrativa, y el tribunal consideró posible suspenderla. La segunda está vinculada a sospechas de lavado de dinero y está respaldada por materiales de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Estas vías de investigación avanzan en paralelo, y un resultado favorable en una de ellas no garantiza alivios en la otra.
La inspección de la industria del juego cobra impulso
La Secretaría de Gobernación (SEGOB) de México, basándose en datos de la UIF y del Ministerio de Hacienda, suspendió las operaciones de 13 casinos que funcionaban tanto en formato presencial como en línea. La base fueron indicios concretos de infracciones:
- flujos financieros inusuales que no se corresponden con la escala del negocio;
- operaciones en efectivo de gran volumen, difíciles de justificar;
- transferencias internacionales sin una lógica transparente;
- uso de plataformas digitales con supervisión insuficiente.
La formulación oficial señala que la suspensión inmediata busca «garantizar la legalidad» en un sector donde la opacidad financiera puede convertirse en una puerta de entrada para redes criminales.
La atención de las fuerzas del orden al sector del juego en línea se explica por el hecho de que su popularidad en México está creciendo activamente. Así lo demuestra, entre otras cosas, el aumento del número de cuentas activas en las plataformas de juego del ranking de mejores casinos en línea. Solicitamos aclaraciones a los administradores de varios casinos en línea de la lista. Según ellos, las grandes plataformas de juego con licencias internacionales monitorean de forma sistemática la actividad financiera sospechosa. Por supuesto, en primer lugar las acciones de la administración están orientadas a prevenir el fraude, pero revisan cualquier actividad sospechosa. Cuando existen fundamentos serios, notifican al regulador financiero o a las autoridades competentes.
Grupo Salinas afirma que hay presión política
Desde el holding se escucharon acusaciones de un «uso faccioso del aparato del Estado» con el objetivo de perseguir al negocio por varias vías simultáneamente. Los representantes del grupo sostienen que la empresa cumple con todas las exigencias regulatorias del sector. Las posturas siguen siendo diametralmente opuestas.
Impuestos y deudas como telón de fondo del enfrentamiento
En paralelo, la Suprema Corte de México obligó a Salinas Pliego a pagar más de 48.000 millones de pesos en impuestos, otros 67 millones de pesos por obligaciones de Nueva Elektra y 580 millones de dólares a acreedores extranjeros. Estas sumas no están vinculadas directamente con la historia de los dominios, pero configuran un telón de fondo financiero considerable que intensifica la tensión en torno al empresario.
Al momento de la publicación, los sitios de apuestas vuelven a estar disponibles; sin embargo, las operaciones financieras del grupo siguen paralizadas. La evolución posterior de los acontecimientos depende por completo del curso de los procesos judiciales.
México y EE. UU. intensifican la acción conjunta contra el sector ilegal del juego
Mientras dentro del país continúan los procedimientos, la presión internacional sobre los esquemas de lavado a través de plataformas de juego va en aumento. El Departamento del Tesoro de EE. UU., a través de la OFAC y la FinCEN, anunció acciones coordinadas con el gobierno mexicano dirigidas contra el grupo criminal Hysa y una red de establecimientos de juego sospechosos de vínculos con cárteles.
Las medidas concretas incluyen:
- sanciones contra 27 personas físicas y organizaciones;
- propuestas regulatorias para restringir el acceso de 10 casinos al sistema financiero de EE. UU.;
- bloqueo total de los activos vinculados.
Según la FinCEN, los implicados durante años utilizaron plataformas presenciales y en línea para dispersar fondos, ocultar transacciones y reintroducir dinero ilegal en sistemas financieros legales. Las operaciones abarcaban México, EE. UU., Rumanía, Albania, Malta y Panamá. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de México había confirmado anteriormente que 13 casinos en ocho estados mostraban grandes volúmenes de efectivo y patrones típicos del lavado de dinero, lo que encaja de forma coherente en el panorama general de la investigación transfronteriza.
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