El presidente Andrés Manuel López Obrador y la Secretaría de Energía sobrepasaron los límites constitucionales y legales de sus cargos, al intentar amedrentar al juez que otorgó un amparo para suspender la Ley de la Industria Eléctrica, señalaron diputados del PRI.
En un comunicado de prensa, los legisladores rechazaron lo que consideraron un intento de intromisión del Poder Ejecutivo sobre el Judicial.
“En ningún gobierno democrático es aceptable violar la autonomía de jueces y magistrados, romper la división de poderes y poner en entredicho el Estado de Derecho”, señalaron.
“Las declaraciones del titular del Poder Ejecutivo y la Secretaría de Energía sobrepasan los límites constitucionales y legales de su encargo”.
Argumentaron que la suspensión provisional dictada por el Juez Especializado en materia de Competencia Económica se llevó a cabo en ejercicio de la autonomía del Poder Judicial puesto que, “no hay espacio para la intimidación o el descrédito desde otro poder”.
"Somos enfáticos. Las y los jueces y magistrados deben tener la garantía de que podrán ejercer sus funciones con independencia y autonomía. Si bien sus fallos pueden ser recurridos, ello deberá ser bajo el principio de la independencia del Poder Judicial y con los procedimientos considerados por la ley, por lo que se debe evitar cualquier interferencia de otro Poder del Estado en su labor jurisdiccional".
El viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió al Consejo de la Judicatura Federal que hiciera una revisión del proceder de los jueces que otorgaron dicha suspensión, “porque sería el colmo que el Poder Judicial del país estuviera al servicio de particulares”.
Sobre el tema, los legisladores consideraron que el Poder Judicial le corrigió la plana a la mayoría parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República ante lo que calificó de “decisiones mal tomadas”.
Acusaron que hubo un intento de injerencia, y que, ante ello, lo que está en juego es la prevalencia de la democracia y la República puesto que sólo los gobiernos autoritarios pueden considerar un obstáculo el cumplimiento de la Constitución.
“Lamentamos su intención de amedrentar a un órgano jurisdiccional ante el cumplimiento de sus obligaciones, al otorgar la suspensión provisional contra la entrada en vigor de la Ley de la Industria Eléctrica y las consecuencias derivadas del Decreto”.
Los legisladores recordaron la advertencia de especialistas jurídicos en el Parlamento Abierto sobre la inconstitucionalidad de la Iniciativa Preferente que había enviado el Presidente de la República, y que pasó primero la Cámara y después el Senado; así como los argumentos de la Segunda Sala de la Suprema Corte para determinar la inconstitucionalidad de los Acuerdos Administrativos promovidos por la Secretaría de Energía en la materia.
Los priístas reclamaron que, ante las voces de alerta, la bancada parlamentaria de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados, “respondió con oídos sordos y datos imprecisos” y realizaron un pobre trabajo parlamentario.
“Incorporando estos argumentos, así como la opinión negativa de la Comisión Federal de Competencia Económica, presentamos un Voto Particular alertando al pleno que la Iniciativa Preferente incluía artículos inconstitucionales”, señalaron.