Implementar un programa de regularización definitiva de vehículos usados de procedencia extranjera, propuso la fracción del PRI en la Cámara de Diputados.

Con el fin de evitar que automotores extranjeros sean utilizados para actos delictivos y crear un registro de ellos, la legisladora priísta Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo presentó un punto de acuerdo en la sesión de la Comisión Permanente y es analizada por la Tercera Comisión.

Sánchez Arredondo destacó que la falta de un registro representa una vulnerabilidad en la seguridad pública nacional, puesto que al carecer de placas o de algún registro que permita su identificación, "genera que se puedan utilizar en actos delictivos".

Resaltó que al encontrarse en territorio nacional de manera irregular no cuentan con seguro de daños y se desconoce si cumplen con las normas ambientales vigentes, agregando que por esta situación el Estado ha dejado de percibir ingresos por concepto de importación, registro vehicular, emplacamiento y verificación vehicular, entre otros trámites.

Del mismo modo, al carecer los propietarios de certeza jurídica en relación con sus automóviles se generan condiciones para la corrupción por parte de las autoridades, "porque ante el miedo de perder su patrimonio son susceptibles de extorsiones y son vulnerables de fraude, por parte de asociaciones que venden gestorías para la supuesta regularización".

La diputada planteó exhortar a las secretarías de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de Economía (SE) a que, en coordinación con los gobernadores de los estados de la frontera norte, realicen un programa de regularización de vehículos extranjeros.

Dijo que las dificultades para la importación de vehículos y la diferencia entre el valor efectivamente pagado y el que la SCHP asigna para los impuestos y derechos de importación, generan que esta adquisición no se realice en los términos que marca la ley, por lo que actualmente circulan gran cantidad de carros irregulares.

Recordó que para la importación de los automotores existen instrumentos jurídicos como la Ley Aduanera, las Reglas Generales de Comercio Exterior y el decreto por el que se regula la importación definitiva de vehículos usados, publicado el 1 de julio de 2011 en el Diario Oficial de la Federación, cuya vigencia se ha prorrogado, siendo la más reciente del 26 de diciembre de 2016, que se amplió hasta el 31 de marzo de 2019.

Mencionó que el costo para realizar la importación de vehículos usados está compuesto por los impuestos General de Importación y al Valor Agregado, el Derecho de Trámite Aduanero, costos de prevalidación y honorarios del agente aduanal que realiza la acción, entre otros.

Miriam Flores, con 35 años de experiencia como chofer, ha sido testigo de numerosas transformaciones en su gremio, pero jamás imaginó que enfrentarían una situación tan crítica como la actual. Desde el 30 de septiembre, la falta de renovación del decreto de importación de vehículos por parte del gobierno federal ha provocado que su trabajo esté prácticamente detenido.  

Flores es parte de un grupo de aproximadamente 150 choferes que diariamente cruzaban vehículos, generando un ingreso promedio de 30 dólares por operación. Con la suspensión de estas actividades, entre 150 y 200 familias se han visto gravemente afectadas por la falta de ingresos.  

"Es muy complicado, no solo para mí, sino para todas las familias que dependen de este trabajo", señaló Miriam en entrevista. 

Otro afectado es Miguel Ángel Aguilar, también chofer, quien ha visto cómo su única fuente de ingresos se ha visto truncada. “No tengo un sueldo fijo, mis ganancias dependen del número de vehículos que crucemos. A medida que pasan los días, se vuelve más difícil enfrentar la situación”, compartió con desánimo. Miguel lleva casi un mes sin ingresos y, a pesar del desánimo, se resiste a buscar otro trabajo, aferrándose a la esperanza de que pronto se reanuden las operaciones en la frontera.

Se hace un atento recordatorio a toda la ciudadanía, que el plazo para la regularización de autos de procedencia extranjera se amplió al 30 de septiembre de 2024, así lo indico la Secretaría de Hacienda, a través del Sistema de Administración Tributaria (SAT BC). 

Asimismo, informa que hasta el momento se han regularizado 2 millones 025 mil 146 vehículos en el país, de los cuales 355 mil corresponden a Baja California.

El exhorto es para que las personas que están en proceso de regularizar su auto, se acerquen a las diferentes oficinas de recaudación de rentas para que puedan mediante su inscripción en el Registro Público Vehicular (Repuve), dar certeza legal de su vehículo extranjero y estar en posibilidades de transitar en todo el territorio mexicano.

La Secretaría de Hacienda recuerda que el trámite es gratuito y personal, es decir, no se admite la gestión de terceras personas en ninguna etapa del proceso.

Es importante agendar una cita mediante la página de internet del Repuve en la siguiente liga: https://regularizaauto.sspc.gob.mx/ y presentarse con toda la documentación necesaria.

Para finalizar, al momento de hacer la cita se expide un comprobante de pago por la cantidad de 2 mil 500 pesos, (único pago a realizar) recurso que se deposita al Gobierno Federal y que se destina para apoyo a programas de pavimentación para los ayuntamientos del Estado.

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Este viernes, el gobierno federal publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto para fomentar la regularización de los vehículos usados de procedencia extranjera, conocidos como autos ‘chocolate’.

De esta manera, el decreto entrará en vigor a partir del 1 de enero y hasta el 31 de marzo de 2024.

El gobierno federal sostiene que está obligado a implementar estrategias que mejoren el bienestar de la población, otorguen certeza jurídica, protejan el patrimonio familiar y garanticen la seguridad pública, “como la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera que no han tramitado su importación definitiva, es decir, no han acreditado su legal estancia en el país”.

Estados en donde aplica el decreto para legalizar autos chocolate

Los estados en donde aplica este decreto son Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Durango, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas, entidades con un alto índice de población migrante en Estados Unidos y Canadá.

De acuerdo con el DOF, hasta el momento se han regularizado aproximadamente un millón 916 mil 327 vehículos que se importaron de manera ilegal al país.

Y ahora, se cuentan con los medios para identificar a los propietarios de dichos vehículos para evitar que estos se ocupen en la comisión de actos ilícitos, aseguró el gobierno federal.

Además, con la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera se ha logrado recaudar aproximadamente 4 mil 790 millones de pesos, lo que ha permitido llevar a cabo acciones de obra pública en los municipios de las entidades federativas participantes.

La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) considera que la entrada masiva de vehículos usados sólo beneficia a las mafias que lucran con su introducción y comercialización.

“Cada ampliación es una evidencia más de su fracaso, ya que no es posible que después de casi 1.6 millones de vehículos regularizados sigan ingresando diariamente vehículos de contrabando, habiendo lista de espera y ninguna penalización clara para los propietarios que no legalicen sus unidades, por lo que este fenómeno continuará como una regularización sin fin”, dijo anteriormente Guillermo Rosales, presidente ejecutivo de AMDA.

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Rosa Icela Rodríguez Velázquez, titular de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó este martes que el programa de regularización de vehículos de procedencia extranjera se ampliará hasta septiembre.

En el Informe quincenal del gabinete de seguridad, la secretaria señaló que el originalmente el programa concluía el 30 de junio, pro debido a que hay una lista de espera de solicitantes que han solicitado cita se ampliará tres meses más.
Indicó que al día de hoy se han regularizado un millón 580 mil 797 vehículos.

“Al día de hoy son 16 estados los beneficiados por este programa que inició el 19 de marzo y al 26 de junio se llevan un millón 580 mil 797 vehículos regularizados, esto se hace en 156 módulos.

"Hoy recibimos la noticia de que el programa que concluía el 30 de junio de este año en unos cuantos días, se amplía a otros tres meses más porque hay una lista de espera de personas que han solicitado una cita”, dijo.

En Palacio Nacional, Rosa Icela Rodríguez señaló que por este programa se han obtenido un total de 3 mil 951 millones 992 mil 500 pesos y detalló que Tamaulipas, Chihuahua y Baja California, son los tres estados que concentran el 52.7% de la regularización de estos vehículos.

“Recordar que por una instrucción el señor presidente los resueltos obtenidos de esta regularización de vehículos se utiliza para pavimentación en aquellos municipios de los estados participantes”.

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La ampliación del decreto de regularización de autos “chocolate” provocará una mayor disminución de ventas en los comercios formales y pérdida de empleos, afirmó el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco) Tijuana, Julián Palombo Saucedo.

Expuso que con el decreto ha proliferado la venta de autos en la clandestinidad, aunque muchas de las unidades no califican para el decreto presidencial.

Palombo Saucedo expuso que las unidades no son regularizadas bajo el esquema convencional en las aduanas, por lo que no pagan pedimento de importación y no cumple con la verificación ambiental, lo que implica que no pueden cruzar a Estados Unidos como cualquier otro auto legalizado.

El líder del comercio organizado también pidió a las autoridades actuar contra quienes conducen autos sin documentos, ya que representan un problema de inseguridad para toda la ciudadanía, además de que si provocan accidentes con autos que están legalmente en el país cumpliendo con todas las obligaciones de ley para la tenencia de una unidad motorizada, el afectado termina corriendo con los gastos de reparación de los daños causados por esas unidades que no cuentan con cobertura de daños a terceros.

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