Jueces y magistrados federales prevén llevar a instancias internacionales la iniciativa de reforma constitucional presentada por Morena que prevé reducir el salario a los titulares de los organismos jurisdiccionales del país.

Mediante un primer pronunciamiento por parte de los juzgadores federales, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del PJF descartó la posibilidad de emprender una estrategia legal no contenciosa para frenar la propuesta de reforma mediante recomendaciones que diversos organismos puedan hacer al Estado mexicano.

"Esta asociación hace público su extrañamiento por la ausencia de un diálogo entre poderes igualmente autónomos y soberanos, como condición necesaria para llevar a cabo las reformas que afectan la organización y funcionamiento del Poder Judicial de la Federación", indica el documento.

"La asociación explora las vías legales no contenciosas en instancias internacionales que permitan atajar los amagos que se realizan desde otros ámbitos", indica.

La asociación afirmó que la propuesta va en detrimento de la independencia judicial y las condiciones mínimas de seguridad que deben tener los juzgadores, según los criterios internacionales, para garantizar su función como contrapeso frente a cualquier poder.

Subrayó que tanto la ONU como la Corte Interamericana de Derechos Humanos advierten que el ingreso suficiente y la no reducción del mismo, así como la certeza en las adscripciones, son condiciones mínimas para su seguridad y garantía de que sean un contrapeso frente a cualquier autoridad.

La asociación afirmó que las preocupaciones de los juzgadores han sido expresadas a distintas autoridades del PJF en busca de que "se preserven la independencia y autonomía judicial".

La iniciativa presentada ante la Cámara de Diputados busca derogar diversas disposiciones de los artículos 94 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El artículo 94 establece que los salarios de jueces de Distrito, magistrados de Circuito, Consejeros de la Judicatura Federal y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no podrán ser disminuidos durante su encargo.

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció este miércoles que presentará una reforma constitucional para que ningún funcionario gané más que el Presidente de la República.

En su conferencia mañanera de este miércoles en Palacio Nacional, López Obrador señaló que buscará presentar esta reforma para que su gobierno no quede como uno de “encubridores”.

Indicó que esta reforma la presentará después de las iniciativas de reformas en materia electoral, para que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la que busca eliminar el cambio de horario.

“Fue bloqueada mi iniciativa original, incluso hay una Ley de Austeridad Republicana que no se cumple, por esto los amparos y franco incumplimiento a la Constitución y a esta ley de austeridad.

“Vamos a buscar la forma de presentar una iniciativa de reforma a la Ley de Austeridad y, si procede, una nueva reforma a la Constitución, para dejarlo más claro y que no se preste a las interpretaciones que hicieron en el Poder Judicial de manera leguleya los altos servidores públicos, que fueron los que promovieron lo de los amparos, creo que un ministro o dos fueron lo que iniciaron con esto”, dijo. 

En el salón Tesorería de Palacio Nacional, señaló que busca presentar esta reforma para que su gobierno no quede como uno de “encubridores”.

“Si en el Poder Legislativo no se aprueba, ya es otra cosa, pero lo voy a hacer, nada más que en su momento, antes de que se termine el gobierno”, dijo.

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que alista más medidas de austeridad en su gobierno para pasar de la austeridad republicana a la pobreza franciscana, y detalló que entre las medidas a adoptar está la reducción en los viajes al extranjero y viáticos, y señaló que los ahorros que se obtengan se canalizarán al desarrollo y entregar apoyos a las personas más necesitadas.

En conferencia de prensa matutina, el jefe del Ejecutivo federal señaló que con estas políticas se busca una “austeridad republicana de Estado” y anunció que mañana sostendrá una reunión con su gabinete en Palacio Nacional para analizar esta propuesta.

Aseguró que la formula para obtener ahorros es sencilla, pues consta de “cero corrupción y austeridad".

“Les adelanto que ya vamos a pasar de la fase de la austeridad republicana a una fase superior que es la de la pobreza franciscana, porque tengo reunión mañana con el gabinete y vamos a llevar a cabo medidas de austeridad adicionales, como vamos a reducir bastante, casi no va haber viajes al extranjero, vamos a procurar que toda la comunicación se haga por teléfono, por teleconferencias y vamos reducir viáticos aún más y otras medidas.

“Vamos a alcanzar más en el plan de austeridad, independiente de lo que tiene que ver con poderes autónomos y que esto tiene que tratarse como una cuestión de Estado, es austeridad republicana de Estado para seguir manteniendo ahorros, para seguir sin deuda, sin solicitar deudas adicionales, sin aumentar impuestos, sin aumentar el precio de la gasolinas. La forma el sencilla, es cero corrupción y austeridad para liberar fondos al desarrollo, entregar recursos a la gente más necesitada”, dijo.

En el salón Tesorería de Palacio Nacional, el Mandatario federal afirmó que desde que inició su gobierno no se ha comprado un vehículo nuevo para funcionarios públicos “ni uno solo”.

“Yo, la camioneta más nueva que tengo es del 2018, que la compraron antes de que yo llegara y ya tiene 280 mil kilómetros, pero tenemos ya camionetas de las que usamos de 400, mil kilómetros y de pues 10 años de uso. Les estamos dando mantenimiento y no me han dejado tirado en las giras”, afirmó.

Hasta antes de la pasada elección del seis de junio, la presente municipal de Playas de Rosarito Aracely Brown se transporta en un vehículo mediano de seis cilindros; apenas pasó el proceso electoral, se olvidó de la austeridad en la que supuestamente se encuentra la administración y adquirió una Suburban del año.

El costo de este tipo de vehículos pasa los 800 mil pesos, dependiendo las características que se hayan elegido, en tanto que el consumo de combustible y mantenimiento son de los más caros.

Aunque gran parte de la comunidad rosaritense carece de servicios públicos y el ingreso económico promedio de los trabajadores está deprimido, por tratarse de un municipio que depende del turismo, Aracely Brown confía en que estará en la administración municipal durante los próximos cuatro años y estrena vehículo, con costo para los contribuyentes.

La unidad de lujo apareció repentinamente en palacio municipal apenas pasadas las elecciones.

Se ajusta la ley de ingresos de manera responsable, basado en la austeridad, como parte de la crisis económica que se vive en el país por la recesión económica derivado de la pandemia por el Civid 19.

El 2021 será un año difícil aseguró la Alcaldesa Marina del Pilar Ávila Olmeda, quien además recalcó que no hubo aumento ni creación de nuevos impuestos para los mexicalenses.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) emitió los nuevos lineamientos de austeridad republicana en la Administración Pública Federal (APF), que deberán ser de observancia obligatoria en más de 300 instituciones y Secretarías de estado del gobierno federal.

A diferencia de los anteriores, se integra el teletrabajo para aquellos casos en los que las condiciones lo permitan y que no generen costos adicionales para desempeñar sus labores fuera de la oficina.

Se ordena a las unidades administrativas de los entes públicos implementar esquemas de trabajo a distancia para las personas servidoras públicas.

Para ello, deberán contar con el visto bueno de la Oficialía Mayor, de la Unidad de Administración y Finanzas o los equivalentes que corresponda.

Los nuevos lineamientos están ligados al Plan Nacional de Desarrollo, al Programa Nacional de Combate a la Corrupción y a la Impunidad y al de Mejora de la Gestión Pública 2019-2024, para asegurar que nadie podrá beneficiarse de su puesto o cargo público, con lo cual se podrá terminar con la asignación abusiva de oficinas, vehículos, mobiliario, equipos de comunicación, viáticos, entre otras medidas.

Lo anterior tiene como propósito reorientar los presupuestos dispersos a los programas significativos y de alto impacto social y económico, así como erradicar la corrupción, el dispendio y la frivolidad.

Nuevamente se establece que ningún servidor público podrá contratar seguro de vida ni de gastos médicos mayores privados, de separación individualizada de forma colectiva.

Al personal que ponga en riesgo su seguridad o salud, se podrá otorgar la potenciación de seguro de vida institucional y un pago por riesgo hasta por el 30% sobre la percepción ordinaria mensual.

No se permite la remodelación de oficinas, tampoco constituir o crear fideicomisos o mandatos en materias de salud, educación, procuración de justicia, seguridad social y y seguridad pública salvo que estén previstos en ley o tratado internacional.

GASTO CORRIENTE

No se podrán crear plazas ni duplicidad de funciones, como tampoco contratar asesores para grupos jerárquicos de menor rango de subsecretario.

Los servicios por honorarios deberá atender a una necesidad debidamente fundada y motivada por parte de los entes públicos, para lo cual las Oficialías Mayores y las Unidades de Administración y Finanzas o equivalentes, según corresponda, deberán emitir una constancia en la que se manifieste que los servicios, que se incluyen en el contrato de prestación de servicios profesionales por honorarios, no se encuentran duplicadas con las actividades o funciones establecidas para los puestos presupuestariamente asignados a la misma.

Podrán contratar prestadores de servicios profesionales por honorarios con cargo al capítulo de servicios personales, si cuentan con el presupuesto autorizado respectivo.

Se deberá reducir al mínimo indispensable el número y costo de contratación de estos prestadores de servicios profesionales.

No podrán recibir retribución, compensación, salarios, pagos o prestaciones adicionales a lo que correspondan al puesto, nivel, tabulador y presupuesto autorizados.

INTERNET Y CELULAR

Los servicios de comunicación, internet y telefonía móvil no podrán exceder de los montos erogados en el ejercicio presupuestal inmediato anterior, una vez considerados los incrementos en precios y tarifas oficiales o la inflación, a excepción de las autorizaciones presupuestarias que otorgue la subsecretaría de Egresos de la SHCP, previa justificación.

Para personal de las Fuerzas Armadas, Guardia Nacional, Seguridad Nacional y Seguridad Pública, cuando sea indispensable para el desempeño de sus funciones.