El Seguro Popular es un recurso mixto en el que la Federación y los estados ponen dinero. Por cada peso que pone la entidad federativa, la Federación le da cinco pesos, pero para poder ponerlo, en el cambio a las reformas de salud en 2014, se fijó que para que la administración federal pudiera poner su parte del presupuesto, primero se tenía que comprobar el dinero de años previos, de acuerdo con el ex comisionado nacional del Seguro Popular.

El pasado jueves 6 de diciembre, EL UNIVERSAL publicó una entrevista con Antonio Chemor Ruiz, ex comisionado nacional del Seguro Popular, en la que adelantó que ese organismo estaba preparado para funcionar hasta 2030, ya que se había dejado un fideicomiso en Banobras de 93 mil 647 millones de pesos, con lo cual, señaló, alcanzaba para cubrir todos los servicios que ofrece el seguro en todo el país.

En su fase piloto, de 2001 a 2003, el Seguro Popular fue capaz de afiliar a más de un millón de personas. En dicho periodo, el programa definió un paquete de 78 intervenciones de primer y segundo nivel de atención, estas intervenciones cubrieron 85% del total de la demanda de atención. Después de un proceso de negociaciones entre la Secretaría de Salud, el Congreso y los gobiernos de los estados, en febrero de 2005 se logró incorporar a 31 entidades.

Cada estado tiene la posibilidad de agregar intervenciones al paquete de acuerdo a su conveniencia y capacidad financiera.

A partir de 2004, con el entonces presidente Vicente Fox, el programa social le da atención y acceso a los servicios de salud a la población que no tiene seguridad social, IMSS o ISSSTE. En la actualidad, 54 millones de personas están afiliadas.

De 2012 a 2016, se presentaron irregularidades financieras detectadas por la Auditoría Superior de la Federación en el Seguro Popular y en el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (Fassa) en los 32 estados del país, que tan sólo, de 2012 a 2016, ascienden a un total de 88 millones 405 mil pesos.

Con el fin de dar seguimiento a dichas irregularidades y promover un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas, Jacqueline Peschard Mariscal, Luis Pérez de Acha y Federico Reyes Heroles presentaron ante la Procuraduría General de la República (PGR), un total de 64 denuncias en contra de funcionarios y ex funcionarios de los estados.

De acuerdo con Chemor Ruiz, en 2012, con el inicio del sexenio de Enrique Peña Nieto, respecto a la opacidad del manejo de los recursos, se realizaron reformas a la Ley General del Seguro Popular con las que se reguló el sistema financiero, de esa manera se crearon 32 cuentas en la tesorería de la Federación, una por cada estado.

También, se modificó el mecanismo de denuncias y de sanciones, estipulando que todo aquel que desvíe recursos pagará con cuatro a siete años de cárcel o una multa de mil a 500 mil días de salario mínimo.

Las tres carteras del Seguro Popular. En primer nivel están las enfermedades del catálogo universal y servicios de salud, que son el primer y segundo subniveles de atención de las mil 807 enfermedades que son menos complejas y menos costosas y que son de las que más se enferman los mexicanos.

La segunda son las 330 enfermedades catastróficas, que son de las que menos se enferman los mexicanos, pero son las más costosas. La tercera es el Seguro Médico Siglo 21, que atiende las enfermedades en niños menores de cinco años, sin importa la enfermedad que tenga.

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que “fue por la pregunta que se hizo” que en el informe que ayer dio a conocer el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) se indique que la población con carencias de acceso a servicios de salud se haya disparado entre 2020 y 2022 al pasar de 35.7 a 50.4 millones.

En conferencia de prensa matutina, el Mandatario federal afirmó que cuando los encuestadores del Coneval fueron a preguntar a las personas que antes tenían Seguro Popular estos respondieron que ya no tenían seguro, debido a que este fue eliminado en el actual gobierno.

Sin embargo afirmó que ahora hay atención médica gratuita y “ya no se necesita ningún tipo de seguro”.

“Sí, en el caso de salud hay una disminución, pero tiene que ver con la pregunta que se hizo y con el hecho de que tenían apuntados a todos con credencial con el llamado Seguro Popular, que ni era seguro ni era popular, entones como ya no están esas credenciales, la gente cuando les preguntaron dijeron `no pues no tenemos seguro´ porque ya ahora es atención médica gratuita y ya no se necesita ningún tipo de seguro pero va a ir poco a poco entendiéndose”, dijo.

En Palacio Nacional, el Mandatario federal reiteró su promesa de que al final de su gobierno, México tendrá uno de los mejores sistemas de salud del mundo y donde se garantizará el derecho a la población mexicana.

“Antes de que termine mi mandato vamos en un sistema de salud de los mejores del mundo. Se va a garantizar el derecho a la salud”, agregó.

Hoy EL UNIVERSAL informa que, de acuerdo con especialistas, casi 9 millones de mexicanos dejaron de vivir en condiciones de pobreza entre 2020 y 2022, pero al mismo tiempo se incrementó la población con carencias de salud y rezagos educativos, temas en los que aún hay mucho por hacer.

El Coneval informó ayer que el número de personas en situación de pobreza pasó de 55.7 a 46.8 millones en el lapso referido, una disminución de 8.9 millones.

En contraste con los resultados anteriores, el porcentaje de la población con carencias por acceso a los servicios de salud se incrementó, pasando de 28.2% a 39.1% de la población. Si se consideran los resultados de 2018, cuando la tasa era de 16.2%, el aumento es mayor.

La cantidad de personas sin acceso a servicios de salud pasó de 20.1 millones en 2018, a 35.7 en 2020, hasta llegar a 50.4 millones el año pasado, según el Coneval.

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Patricia Bacelis acudió a la Fundación contra el Cáncer de Mamá,(Fucam) a su revisión trimestral por padecer este enfermedades y salió con la noticia que era su última revisión financiada por el Seguro Popular, para continuar su tratamiento deberá de ser pagado de su bolsa.

“Me informaron que era lo ultimo que cubriría lo que fue el seguro popular, el cual este gobierno nos quitó, a partir de mi siguiente cita, consulta, estudios y medicamentos tendré que pagarlos. Amablemente y con visible dolor nos explicaron lo que sucede (qué yo ya sabía) y fue muy triste ver a tantas mujeres llorando con la angustia por no tener los recursos”, señaló la comediante.

“Los casos urgentes se van a cancerología y Hospital General, este último de momento no recibe casos de cancer, porque son hospital COVID, así que cancerología esta saturado! Solo reciben casos muy urgentes, por lo que las personas que estamos en revisión constante de momento no somos prioridad”.

Bacelis comentó que considera un atentado más en contra de las mujeres por las decisiones que ha tomado el ejecutivo federal.

“Personas sin trabajo por el covid, con Cáncer y sin atención, eso es el pueblo feliz”, ironizó la conductora del podcast “Shishis pa’ la banda”.

En medio de la crisis sanitaria, el Gobierno mexicano indaga un posible fraude en el sector salud que involucra al extinto Seguro Popular y a funcionarios de la Administración del expresidente Enrique Peña Nieto, reveló el miércoles Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

"Hemos encontrado farmacéuticas que recibieron pagos por el Gobierno mexicano de 83.000 millones de pesos (3.382 millones de dólares) y que presentan pérdidas fiscales por 416 millones (16,9 millones de dólares), lo cual nos parece que es un esquema de defraudación fiscal", declaró Nieto.

Abordado por la prensa antes de una reunión en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el funcionario dijo que hallaron anomalías "vinculadas con contrataciones ilegales" en el Seguro Popular, sistema que el actual Gobierno reemplazó con el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).

Aunque rechazó dar nombres, sugirió que las investigaciones abarcarían a directores y titulares de institutos del sexenio pasado.

Estas indagatorias se suman a las que la UIF ha abierto este sexenio contra funcionarios del Gobierno anterior en dependencias como la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), así como de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Apenas el viernes pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador negó que exista una investigación en contra de Peña Nieto y su exesposa, Angélica Rivera.

Además, Nieto informó que la UIF busca recuperar 5.400 millones de pesos (221 millones de dólares) y otros 52 millones de dólares, congelados por actividades ilícitas, para destinarlos a la emergencia por COVID-19.

"No se ha podido movilizar porque no hay una disposición legal que nos permita hacerlo. Hemos pensado en solicitarle a la Fiscalía General de la República (FGR) vía la facultad que tienen ellos para plantear la extinción de dominio, que se lleven los casos ante los jueces", expuso.

Entre los recursos destacó 2 millones de dólares vinculados con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJGN) y otros 80 millones de pesos (3,2 millones de dólares) relacionados con un grupo de trata de personas no identificado.

Cuestionado por la tardanza de los procesos, el titular de la UIF reconoció que aún están pendientes 160 casos de 2019 y 35 del 2020 ante la FGR.

Aun así, aseveró que la dependencia sigue "trabajando de manera cotidiana" pese a la emergencia sanitaria por coronavirus.

Juan Ferrer, titular del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), sostiene que el Seguro Popular no funcionó y asegura que no será necesario llegar al final del sexenio para que los mexicanos sin seguridad social tengan acceso total gratis a los servicios de salud.

"El 1 de diciembre de 2020, no de 2024, se vivirá un cambio en la salud de los mexicanos", afirma en entrevista con EL UNIVERSAL.

Señala que las reglas de operación del Insabi están concluidas y que las 32 entidades federativas recibieron un acuerdo de coordinación, que firmaron 26 gobernadores. Agrega que "en un cambio de modelo cuesta trabajo porque hay resistencia, no sólo intereses económicos, sino donde no se estudia la forma y no se respeta la ley".

Por su parte Julio Frenk Mora, exsecretario de Salud y encargado de implementar el arranque del Seguro Popular, afirma que no es posible financiar "todos los servicios para todos los ciudadanos" y menos con el presupuesto decreciente que cada año se otorga al sector.

En entrevista, considera que la implementación del Insabi representa un retroceso de 40 años en el sistema de salud pública, porque recentraliza en el gobierno federal la atención sanitaria que ya ejercían los estados.

El Seguro Popular "ni era seguro ni era popular" aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien dijo que se buscará que el sistema de salud sea gratuito en todo el país y pidió ayuda porque "es todo un desafío que tengamos médicos en las comunidades apartadas y estén todos los medicamentos".

Pidió no preocuparse y dijo que a quienes estaban inscritos en el Seguro Popular se les seguirá atendiendo.

"La gente no debe preocuparse si estaba inscrita en el Seguro Popular va a seguir recibiendo su atención y mejor".

En su conferencia de prensa matutina respondió de esta manera a las críticas y denuncias que han surgido en los últimos días a partir de la desaparición del Seguro Popular y la creación del Instituto Nacional de Bienestar, y a la incertidumbre de los pacientes sobre si continuarán recibiendo el servicio médico o si tendrán que pagar por este.

"El Seguro Popular no era seguro ni era popular. Nuestro propósito es que todo el que se enferme pueda ser atendido y se le garantice el derecho a la salud. Esto lo vamos a ir convirtiéndose en realidad porque no se resuelve por decreto", agregó.

Dijo que a la llegada al gobierno de la actual Administración, el sistema nacional de salud estaba "en el abandono" sin médicos, especialistas, medicamentos ni infraestructura.

En el caso del Seguro Popular dijo que se le transferían recursos a este sistema que no se utilizaban y que incluso tenía más trabajadores Administrativos que médicos y enfermeras, a una relación de 8 a 2.

Dijo que hacen falta médicos en el país y que esto ocurrió por la política de rechazo de estudiante en las universidades públicas.

Por ello, convocó a médicos y enfermeras jubilados, y también a los profesionales de la salud que se encuentran trabajando en los consultorios de las farmacias a que regresen a sus estados y al servicio público.

"Necesitamos médicos y enfermeras. En tanto se forman, tenemos que resolver este problema. En tanto estamos convocando a jubilados y a médico que están trabajando en consultorios particulares. Hay muchos consultorios que quieren hacer competencia desleal, hay muchos que están en farmacias. Los necesitamos. Regresen a sus estados y municipios, se les garantiza su trabajo sobretodo si son especialistas que son los que más necesitamos".