El presupuesto para los programas del campo se ejercerá de forma transparente y se dará seguimiento a los beneficiarios para combatir la corrupción, afirmó Víctor Villalobos Arámbula, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).

Al sostener su primer encuentro con medios de comunicación, el titular de la Sader aseguró que se buscará combatir la corrupción que ha habido en los programas del campo, mediante la vigilancia y seguimiento de los apoyos.

"Vamos a vigilar la forma en la que se ejercerá el presupuesto; puntual seguimiento, va a asumir la responsabilidad de ejercer el presupuesto de manera transparente", enfatizó.

Villalobos afirmó que se actuará con responsabilidad en el ejercicio del gasto público, buscando hacer más con menos, y que los recursos tengan un uso eficiente, honesto, transparente, con cero corrupción y rendición de cuentas, que permitirá potenciar una agricultura más productiva, sustentable e incluyente.

Detalló que la Secretaría operará con un presupuesto de 65 mil 434 millones 88 mil pesos para atender los retos desde distintos frentes: apoyo prioritario a pequeños y medianos productores, acompañamiento a la agricultura comercial, atención a sanidades, comercialización y seguro catastrófico.

De los 25 programas estratégicos que impulsa el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, 12 tienen una orientación social y cuatro de ellos están en la Secretaría: Producción para el Bienestar, Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos, Crédito Ganadero a la Palabra y Fertilizantes, con un presupuesto global de 20 mil 500 millones de pesos.

"Estos programas estratégicos abonarán al propósito de alcanzar autosuficiencia alimentaria en productos básicos", resaltó.

Walberto Solorio Meza, presidente del Consejo Agrícola de Baja California, declaró que la cancelación del uso agrícola de 35 moléculas de plaguicidas anunciada por la Secretaría de Agricultura no generará afectaciones a la producción del sector, en particular a los cultivos de exportación.

El dirigente señaló que las sustancias prohibidas han dejado de utilizarse desde hace décadas y precisó que el segmento exportador ya opera con estándares internacionales que no contemplan estas moléculas.

De acuerdo con Solorio Meza, el proceso inició en el sexenio anterior con una propuesta de prohibición sobre 210 moléculas, que tras negociaciones se redujo a 35. Explicó que este avance es resultado de un año de trabajo coordinado con la Secretaría de Agricultura, así como con las dependencias de Economía, Salud y Medio Ambiente.

El Consejo Agrícola detalló que el siguiente paquete de sustancias sujetas a negociación incluiría alrededor de 25 moléculas adicionales, cuyo análisis se prevé para 2026. Posteriormente, se abordaría otro grupo en 2027, bajo criterios que el sector insiste deben ser científicos y no ideológicos.

El decreto publicado contempla la prohibición de plaguicidas como el DDT, el carbofurán, el paratión etílico y el lindano, entre otros. La lista fue definida en conjunto con la industria y el gobierno federal, en respuesta a compromisos de transición hacia una agricultura más limpia.

Solorio Meza subrayó que el acuerdo representa un precedente de diálogo entre el sector productivo y las autoridades, al reconocer que la eliminación gradual de plaguicidas debe equilibrar la productividad y la seguridad alimentaria.

Según información de la Secretaría de Agricultura, en México se habían identificado más de 148 moléculas en uso histórico, pero actualmente el 76 por ciento ya no tiene aplicación práctica en la agricultura comercial.

El Consejo Agrícola reiteró que la prioridad es mantener la competitividad de las exportaciones, que generan más de 40 mil empleos en Baja California, y al mismo tiempo avanzar en las metas ambientales planteadas en la estrategia federal.

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El Consejo Agrícola de Baja California advirtió que sin un acuerdo social que proteja al sector primario, incentive la contratación y garantice la continuidad de la seguridad social en las zonas rurales, el estado enfrentará una escalada de consecuencias económicas, sociales y políticas de gran magnitud.

Walberto Solorio Meza, presidente del organismo, llamó a establecer compromisos interinstitucionales urgentes para detener la contracción operativa del campo, la cual ya ha generado una reducción drástica en la contratación de jornaleros y técnicos agrícolas.

“Si no hay condiciones para sostener el empleo agrícola, la seguridad social colapsará, se debilitará el ingreso familiar, aumentará la deserción escolar y se incrementarán los niveles de tensión comunitaria en los valles agrícolas de Baja California”, declaró.

Actualmente, la agricultura genera más de 120 mil empleos formales en el estado, de los cuales el 90% están registrados ante el IMSS, lo que representa una fuente masiva de aportaciones a la seguridad social y un sustento económico para miles de hogares.

La paralización parcial de actividades, motivada por el aumento de insumos, la presión hídrica, la volatilidad de precios internacionales y la incertidumbre fiscal, ha puesto en riesgo ese entramado social y productivo.

Solorio Meza alertó que ya se observan efectos colaterales: pérdida de acceso a servicios médicos, suspensión de pagos al Infonavit, cierre de rutas de transporte laboral y disminución del consumo en comunidades enteras.

En los últimos cinco años, el sector agrícola había consolidado una base sólida de inversión privada y formalización del empleo. Sin embargo, el deterioro de las condiciones ha comenzado a revertir ese proceso, según reportes del Consejo.

El dirigente explicó que cada 10 mil empleos agrícolas representan, en promedio, 250 millones de pesos anuales en contribuciones fiscales directas e indirectas. La pérdida de esa base no sólo afecta a los trabajadores, sino también a la recaudación y al sistema de protección del estado.

También destacó que las consecuencias sociales se están intensificando: aumento de la violencia intrafamiliar, mayor vulnerabilidad juvenil, estrés económico en hogares y crecimiento de la informalidad en comunidades rurales.

“Esto no es solo un problema productivo. Es un tema de gobernabilidad. Si el campo colapsa, lo que sigue es una cadena de desestabilización que alcanzará a las zonas urbanas, a las instituciones públicas y al tejido político”, sostuvo Solorio Meza.

El Consejo Agrícola plantea un acuerdo estatal que contemple incentivos fiscales, garantías de operación, acceso a financiamiento emergente, gestión hídrica efectiva y mecanismos de protección laboral para sostener la actividad agrícola formal.

Solorio Meza concluyó que Baja California no puede ignorar la dimensión de lo que está en juego. “El campo no puede ser invisible para las decisiones de gobierno. Si no se actúa ahora, la bola de nieve será imparable”, puntualizó.

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La agricultura en Baja California atraviesa uno de sus momentos más delicados. Una combinación de factores climáticos, económicos, migratorios, binacionales, sociales y regulatorios ha relentizado temporalmente la contratación de personal en distintos valles agrícolas del estado, situación que pone en riesgo miles de empleos formales.

Walberto Solorio Meza, presidente del Consejo Agrícola de Baja California, confirmó que existe una contracción operativa en el sector que ha obligado a productores a frenar el ingreso de nuevos trabajadores ante la falta de condiciones para sostener los costos actuales.

La agricultura representa el 25% del empleo formal en zonas rurales del estado, con un registro superior a los 120 mil trabajadores agrícolas al año, de los cuales más del 90% están afiliados al IMSS, lo que convierte a este sector en uno de los principales empleadores de Baja California.

Durante el ciclo agrícola 2023, el estado produjo más de 2.4 millones de toneladas de alimentos, con un valor comercial superior a los 12 mil millones de pesos. De esa producción, el 85% se destinó a exportación, principalmente a Estados Unidos, Canadá y mercados asiáticos.

La reducción de la contratación impacta directamente en comunidades enteras de los valles de San Quintín, Ensenada, Maneadero y Mexicali, donde miles de familias dependen del ingreso agrícola para su sustento cotidiano.

Solorio Meza explicó que entre los factores que han detonado esta crisis se encuentran el aumento en los costos de insumos, la incertidumbre en el suministro de agua, el encarecimiento del transporte y la inestabilidad en el precio de exportación de algunos productos.

El presidente del Consejo Agrícola señaló que esta contracción también afecta a toda la cadena de valor asociada a la actividad primaria, como transporte, empaque, refrigeración, mantenimiento, comercialización y servicios auxiliares.

Tan solo en los últimos cinco años, la inversión privada en agricultura en el estado ha superado los 5 mil millones de pesos, especialmente en infraestructura de riego, energías limpias y expansión de cultivos orgánicos. Esa dinámica está en riesgo si no se estabilizan las condiciones del entorno.

En los valles agrícolas, la ausencia de contratación ya se refleja en el cierre temporal de cuadrillas, en la cancelación de traslados y en la reducción de actividad en centros de acopio y empaque.

Solorio Meza advirtió que si no se implementan medidas inmediatas para contener la contracción, Baja California podría enfrentar una crisis laboral rural sin precedentes, con efectos directos sobre la seguridad social, el ingreso familiar y la movilidad laboral.

La situación también puede derivar en un aumento del desempleo informal y en presiones migratorias internas, con impactos colaterales en servicios públicos, educación y seguridad.

“El sector agrícola necesita ser entendido como un motor económico y social. Cuando se detiene, las consecuencias se sienten en todos los niveles”, concluyó el presidente del Consejo Agrícola.

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El diálogo con los líderes responsables de la toma de decisiones y la puesta en marcha de políticas públicas en el sector agroalimentario han fortalecido las relaciones comerciales de México con la región de Centroamérica y el Caribe, las cuales se han reflejado con la puesta en marcha de 32 proyectos de cooperación y alrededor de 393 beneficiarios de diferentes naciones, informaron autoridades de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

A través de capacitaciones, talleres presenciales y virtuales en aspectos sanitarios, identificación y mejoramiento genético de frutales, producción de miel, coco y guanábana, desarrollo de capacidades a emprendedores rurales, tecnologías de riego y agroecología en la producción agropecuaria, entre otros, la dependencia federal fortalece el sector primario en la región y, a su vez, garantiza el abasto y suministro de alimentos al país.

Las naciones con las que se establecieron proyectos de cooperación fueron: Belice (cinco proyectos, 55 beneficiarios), Costa Rica (un proyecto, 43 beneficiarios), El Salvador (dos proyectos, 20 beneficiarios), Guatemala (tres proyectos, 50 beneficiarios), Honduras (tres proyectos, 60 beneficiarios), Jamaica (dos proyectos, 40 beneficiarios), Nicaragua (cuatro proyectos, 70 beneficiarios), Panamá (cuatro proyectos, 40 beneficiarios) y República Dominicana (un proyecto, 15 beneficiarios). 

Señalaron que las economías del mundo han experimentado cambios drásticos en sus procesos productivos y en sus cadenas de distribución de productos agroalimentarios en los últimos dos años a consecuencia de la crisis sanitaria y el conflicto en Europa del Este. 

Las rupturas en las cadenas de suministro y las políticas de restricción de las exportaciones de alimentos de diversos proveedores de mercados internacionales han generado el incremento de precios de productos de primera necesidad a nivel global, puntualizaron.

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Luego de retirar el día de ayer la cuarentena interna a la avicultura de Jalisco, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural informó que en este momento no existen focos activos de influenza aviar de alta patogenicidad (IAAP) AH5N1 en el país.

Indicó que el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) levantó la cuarentena interna que dictó el 14 de noviembre de 2022 a la avicultura de la región de Los Altos de Jalisco, tras constatar que el virus de la enfermedad no se diseminó hacia otras zonas del estado. 

El retiro de la cuarentena en Jalisco es la segunda que autoriza la Dirección General de Salud Animal (DGSA) del Senasica desde la primera detección del virus IAAP AH5N1 en México, a mediados de octubre de 2022, ya que el 23 de noviembre de ese año ordenó levantar las medidas restrictivas en Nuevo León, por lo que ya solo se encuentran en cuarentena interna la avicultura de Sonora y la de Yucatán.

En el caso de Jalisco, dijo, se logró contener el virus en siete unidades de producción avícola (UPA), las cuales fueron despobladas, lavadas y desinfectadas y mediante pruebas de laboratorio se constató que en este momento ya no hay presencia del virus.

La Dirección General de Salud Animal (DGSA) del Senasica informó que el último caso positivo de IAAP AH5N1 en Los Altos de Jalisco ocurrió el 6 diciembre de 2022, al no detectarse nuevas infecciones durante más de tres periodos de incubación del virus –lapso establecido para garantizar la ausencia de la enfermedad—, por lo que se determinó levantar la cuarentena.

Hasta el momento en México, la IAAP AH5N1 ha afectado a un total de 5.5 millones de aves, la mayoría de postura –el 0.26 por ciento del inventario nacional—, en 23 unidades de producción avícola comercial de cuatro entidades: nueve en Yucatán, seis en Sonora, una en Nuevo León y siete en Jalisco, esta última con poco más de dos millones de aves afectadas.

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