La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) alerta a las autoridades, al sector económico y a la sociedad en su conjunto sobre la tasa de desempleo de la Población Económicamente Activa (PEA) que llegó al 3.6% en marzo del presente año, registro que no se alcanzaba desde diciembre de 2016, conforme a datos del INEGI, ante lo cual subraya que el reto no solo es crear empleos, sino que éstos sean empleos decentes, estén bien remunerados para que las y los trabajadores y sus familias puedan acceder a los mínimos de bienestar, cubrir sus necesidades básicas desde las perspectivas constitucional y de derechos humanos, superen la pobreza, ya que ésta no es solo un indicador de la situación económica del país, sino un asunto de dignidad humana.

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de la ONU destacó en sus Observaciones finales sobre los informes periódicos quinto y sexto combinados la insuficiencia del salario mínimo en nuestro país para proporcionar condiciones de vida digna; la alta proporción de personas en la informalidad; que el desempleo y el subempleo afectan especialmente a personas jóvenes, con discapacidad y migrantes, entre otros; condiciones laborales injustas en el trabajo agrícola y el servicio doméstico; un sistema de protección social fragmentado por sectores y vinculado a la formalidad del empleo.

Este Organismo Nacional reconoce el esfuerzo del actual gobierno de la República, para impulsar el incremento del Salario Mínimo, si bien todavía insuficiente, sin duda representó un paso importante con miras a alcanzar el pleno goce y ejercicio de los derechos humanos a un trabajo y salario, decente y digno.

En ocasión del Día Internacional del Trabajo –1 de mayo—, la CNDH subraya la importancia del derecho de toda persona de acceder al trabajo digno y socialmente útil, reconocido en los artículos 5° y 123 constitucionales, así como en diversos instrumentos internacionales como la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Protocolo Adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales “Protocolo de San Salvador” y en distintos Convenios y Recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) acusó que en la Marcha de la Democracia, realizada el 18 de febrero pasado, se reprodujeron expresiones y discursos racistas y clasistas.

“Vistos desde una perspectiva de derechos humanos, atentan contra el Derecho a la Democracia, al normalizar la discriminación contra ciertos sectores de la población nacional y extranjera, además de mostrarse fehacientemente, el impulso a una o varias campañas negras o guerras sucias como instrumento para la manipulación electoral, como ha pasado en otros momentos del pasado”, señaló.

Dijo que en los medios de comunicación se presenta una campaña sucia a partir del supuesto de que la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador en 2006 recibió financiamiento del narcotráfico.

“Este mismo tipo de campañas de desinformación han sido utilizadas en diversos países de Latinoamérica, como es el caso de Colombia, Argentina y sobre todo, en el golpe de Estado sufrido por el gobierno de Evo Morales en Bolivia y, recientemente, el de Perú”, mencionó.

En su “Primer Informe sobre violencia política para la protección y defensa del derecho a la democracia”, la Comisión Nacional anunció que construirá un registro institucional que dará seguimiento a las campañas, a los discursos de las y los candidatos, las plataformas y propuestas, los spots y la propaganda, y a los eventos, así como a las noticias y opiniones emitidas en medios de comunicación y redes sociales.

Sostuvo que ese registro tiene como finalidad “identificar las diversas manifestaciones que puedan poner en riesgo el ejercicio del Derecho a la Democracia, para emitir alertas preventivas que eviten que se consumen o se repitan, e incidan negativamente en el proceso electoral 2024”.

Aseguró que el país no enfrenta una polarización, aunque acusó que algunos actores políticos la están generando tal como existía en el pasado por cuestiones de estrategia electoral.

“No estamos ante un escenario de polarización, pero que se nos quiere llevar a él por estrategia electoral de algunos actores. La polarización de un país se da cuando éste se parte en dos, ya lo hemos vivido en el pasado; y lo que tenemos hoy es una amplia mayoría de ciudadanas y ciudadanos informados y conscientes, que creen en la democracia como la vía de la transformación, por lo que justo eso es lo que debemos de preservar en los próximos meses”, dijo.

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Porque ya no “responde a las necesidades del pueblo”, la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, pidió desaparecer este organismo, fundado en 1990, para crear la Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo.

“Nos mantenemos firmes en la idea de transformar de raíz a esta Comisión Nacional, que ya no responde a las necesidades del pueblo mexicano. Estamos convencidos de que es necesario que la Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo emerja como una institución nueva”, dijo.

En el mensaje que dirigió a los y las legisladoras de la Comisión Permanente con motivo de su informe anual de actividades, señaló que la CNDH llegó al quinto año de su gestión con un modelo distinto de defensa de los derechos humanos, y con el marco normativo y operativo mínimo necesario para hacer de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que heredó el neoliberalismo, la Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo, “que desde hace años reclaman las y los mexicanos”.

“En 2023 logramos avanzar decisivamente en su transformación, de manera que hoy, el pueblo sabe, las víctimas saben, que pueden acudir a nosotros y encontrarán respuesta a sus quejas. Durante los últimos 4 años hemos antepuesto, frente a todo, el interés de las víctimas, y hemos procurado prevenir cuando percibimos los casos en los que están en riesgo de serlo.

“Parece fácil, pero han sido 4 años de empuje permanente para dejar atrás una dinámica institucional hecha para la simulación y el burocratismo, absolutamente funcional al acuerdo de impunidad y silencio prevaleciente entre autoridades en los pasados 70 años”, enfatizó.

Piedra Ibarra sostuvo que “somos el único órgano constitucional autónomo que ha emprendido su transformación, por iniciativa propia, para dejar atrás ese esquema que nos impuso el neoliberalismo y crear otra institución que realmente le sirva al pueblo mexicano.

“Derribamos el mito de los órganos autónomos que necesitan burocracias doradas y presupuestos obesos para cumplir su supuesta misión.

“Mientras otros han emprendido batallas para defender sus grandes sueldos y prebendas, nosotros redujimos nuestro presupuesto, combatimos la corrupción, desterramos los privilegios de los altos mandos, eliminamos los guardaespaldas y donamos sus seis armas a la Secretaría de la Defensa Nacional; redujimos el parque vehicular, eliminando los automóviles para uso particular, incluidas las camionetas blindadas asignadas a la presidencia; y el comedor que se tenía para el servicio exclusivo de la presidencia con una chef, es ahora un comedor colectivo que ofrece alimento gratuito a más de 200 trabajadores”.

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La pobreza en Tijuana se redujo en un 9.9% en los últimos dos años, convirtiéndose en el municipio con mayor disminución en los índices de pobreza en Baja California, destacó el secretario de Desarrollo Económico de Tijuana, Alejandro Mungaray Lagarda.

Lo anterior, de acuerdo al último estudio del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), en el que se detalla que Baja California fue la segunda entidad a nivel nacional en disminuir su nivel de pobreza con nueve puntos porcentuales, pasando del 22.5 al 13.4%.

Mungaray Lagarda refirió que Tijuana es la ciudad que más ha contribuido a estos números, participando con un 55% en la reducción de la pobreza del estado y aseguró que la sinergia entre los tres niveles de gobierno ha desempeñado un papel crucial en este logro, así como las políticas públicas impulsadas por el XXIV Ayuntamiento que lidera la alcaldesa Montserrat Caballero Ramírez.

“El liderazgo visionario de la alcaldesa Montserrat Caballero Ramírez ha sido un factor determinante, pues ha demostrado un compromiso genuino con el bienestar de la mayoría, implementando políticas públicas que no solo apoyan el desarrollo de sectores de alto valor agregado, sino también a los segmentos más vulnerables de la sociedad”, indicó. 

El titular de la SEDETI sostuvo que la coordinación entre la esfera federal, estatal y municipal ha permitido implementar estrategias efectivas para mejorar las condiciones económicas de la región y este esfuerzo conjunto se refleja en una notable disminución del 10.9% en la brecha de ingresos entre los habitantes más pobres y los más ricos de Tijuana en los últimos seis años.

“Esto no sólo refleja un cambio estadístico, sino un cambio de actitud para coordinar el conjunto de políticas públicas federales de gran relevancia, como el aumento de los salarios mínimos, con políticas estatales de promoción de la inversión extranjera y políticas compensatorias del XXIV Ayuntamiento de Tijuana en materia de apoyo al autoempleo y las microempresas, y estrategias familiares vinculadas al crecimiento de las remesas, donde Tijuana ocupa el primer lugar a nivel nacional”, recalcó Mungaray Lagarda. 

 Finalmente, el titular de la SEDETI refirió que estas cifras históricas no solo son un testimonio del compromiso de la región con el progreso del país, sino que también revelan el esfuerzo de Tijuana, como un actor fundamental en la transformación.

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Un estimado entre el 20 y 22 por ciento de la población en Baja California se encuentra dentro de una de los tipos de pobreza de catalogadas por el Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social (Coneval). Esto representa alrededor de 800 mil personas. 

Loa anterior fue informado por el mismo titular de la Secretaría de Bienestar de Baja California, Netzahualcóyotl Jauregui Santillán, quien sostuvo que estas cifras se toman en cuenta una población cercana a los 4 millones de personas que, se proyecta, habitan la entidad. La estadística, indicó, fue en base a las mismas mediciones del Coneval. 

El funcionario estatal señaló el municipio de Tijuana como en donde se concentra la mayor parte de ésta población vulnerable, contando con 500 mil de las 800 mil personas en la mencionada condición. 

Lo anterior fue parte del informe que Jauregui Santillán presentó ante el Congreso del estado como parte de la Glosa del primer informe de gobierno que inicio el pasado 14 de noviembre y se espera concluya este viernes 25 con la comparecencia del secretario general de gobierno, Catalino Zavala Márquez.

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El pleno del Senado de la República aprobó citar a comparecer a la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra.

Por mayoría de votos, los senadores dieron su aval al acuerdo que previamente había sido aprobado por la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Alta, que preside la senadora panista Kenia López Rabadán.

La Mesa Directiva del Senado, que encabeza Alejandro Armenta Mier determinará el formato, fecha y hora de la comparecencia de la titular de la CNDH.

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