El grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador terminar con el ahogo financiero en que se tiene a los ayuntamientos, ante la urgente necesidad de fortalecer, desde lo municipal, la seguridad pública y la economía.

El coordinador de los diputados, Juan Carlos Romero Hicks recordó que los recursos del Fondo para Fortalecimiento de la Seguridad (Fortaseg), se usan para equipo, patrullas; chalecos, infraestructura para las comandancias.

Pero para este 2019 se recortaron mil millones de pesos al Fortaseg y para 2020 se pretende recortar otros mil millones.

Sin embargo, la demanda de los alcaldes es volver a tener cuando menos 5 mil millones de pesos, aunque se requieren 6 mil millones de pesos "si se reciben menos recursos de la federación seguramente tendrá efectos negativos en la seguridad pública de los municipios", alertó el panista.

El rubro de seguridad, insistió "es necesario en estos momentos en los que la ciudadanía demanda la protección de las autoridades frente al crecimiento desmesurado de los índices de delincuencia".

Como ese, indicó Romero Hicks, hay otros siete programas gubernamentales, entre ellos, el Fondo Minero o el de los Pueblos Mágicos "que han sido recortados por una austeridad que no mide las consecuencias" en el tejido social que pretende mejorar.

Por eso demandó "pedimos al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador que, haciendo a un lado simulaciones, envíe señales a su bancada mayoritaria en la Cámara de Diputados para modificar la restricción presupuestal dictada contra las alcaldías del país.

Reunida con el sector empresarial de Ensenada, la legisladora Federal Lizbeth Mata Lozano explicó que presentó un recurso de acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para impugnar el Plan B de la Reforma Electoral, medida que busca evitar desmantelar y vulnerar al árbitro electoral, explicó la Diputada Federal, Lizbeth Mata Lozano.

Indicó que la dirigencia nacional del PAN, presentó la acción de inconstitucionalidad ante la corte, y de igual manera el Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados interpondrá otro recurso de impugnación, así como otra acción de inconstitucionalidad por parte de municipios y ayuntamientos. 

Esta acción se enfoca, dijo, en dos elementos, pues con la reforma se redefinen los alcances de la propaganda gubernamental para establecer que cuando se trate de un caso de libertad de expresión individual, no sea sancionable.

En otras palabras, cualquier manifestación de servidores públicos no puede ser clasificada como propaganda gubernamental, con lo que claramente se institucionaliza la cargada desde el poder.

El segundo, es la razón de la controversia, porque la Reforma considera que el límite del gasto del programa anual de Comunicación Social, en su conjunto no debe rebasar el 0.1 por ciento del Presupuesto de Egresos anual correspondiente.

Durante su participación, Lizbeth Mata también abordó el impacto negativo que ha tenido en nuestra entidad el Presupuesto de Egresos de la Federación 2023, al no destinar recursos extraordinarios o “etiquetados” para infraestructura, acciones de seguridad, en materia de salud y para atender el desabasto de agua.

El único recurso que viene “etiquetado” para el presente ejercicio, es por 477 millones de pesos dentro del programa carretero y es para la obra de modernización del tramo Chapultepec-Maneadero, explicó.

En el caso del hospital del IMSS en Ensenada, la legisladora señaló que el recurso se obtendrá del presupuesto que disponga y pueda destinar al proyecto la misma institución, que de entrada la intención es buena, sin embargo desde la Cámara de Diputados exigiré que sea una realidad y se garantice su construcción, pero también que se destine equipo humano y técnico, medicinas e infraestructura para los demás hospitales de la ciudad, porque en la actualidad no se brindan los servicios médicos y atención de calidad que prometieron al crear el INSABI, y por el que eliminaron el Seguro Popular, señaló.

Entre otros temas, la ruta alterna entre Ensenada-Tijuana, cobra vital importancia derivado de las reparaciones en varios tramos de la carretera escénica y que ha ocasionado más accidentes vehiculares, demoras, largas filas de automóviles y camiones, sin embargo tampoco hay un recurso etiquetado dentro del PEF 2023 para ello, pero que gestionará una reunión con las autoridades correspondientes, así como otras medidas a través de la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la Cámara de Diputados.

Si hay recursos, afirmó, solo que se utilizan de manera discrecional y debemos exigir cada uno desde sus respectivos ámbitos, tanto la Gobernadora de Baja California, los Alcaldes, los diputados locales y los legisladores federales, que se atiendan estas necesidades.

Entre los acuerdos que estableció con el CCEE, destacan la instalación de mesas de trabajo, asesoría y acompañamiento en temas relacionados a la seguridad pública, infraestructura y La Ley General de Control del Tabaco, por mencionar algunos.

Reconoció el pronunciamiento de este organismo empresarial en torno a la inseguridad que prevalece en la ciudad, pues sigue siendo una asignatura pendiente de las autoridades encargadas con la población, no podemos normalizar que hechos violentos se ejecuten a plena luz del día y con total impunidad, concluyó.

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El delegado único del Gobierno Federal en Tijuana, Alejandro Ruiz Uribe, aseguró que los 19 albergues que hay en Tijuana no recibirán recursos de la Federación. 

Explicó que esta postura del gobierno es debido a que detectaron malos manejos de los apoyos que se entregaban a las asociaciones civiles. 

Asimismo mencionó que ninguno de los responsables de los albergues señalados fueron acusados penalmente por desvío de recursos. 

De igual manera recordó que el flujo migratorio que recibe Baja California, continúa siendo constante y que el gobierno federal trata de atenderlos.

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El Gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez aseguró que una vez que concluya su administración no regresará al Gobierno Federal.

Esto, luego de ser cuestionado durante la transmisión en vivo por las declaraciones que hizo la candidata a la gubernatura, Lupita Jones, quien dijo que el mandatario asegura regresar a la Delegación Federal. 

"Eso fue un invento, yo ya fui Delegado Único Federal y no pienso regresar ahí, despreocúpese de eso ya veremos cuando terminé mi administración que decisión tomaré, si me integró a mis empresas o si hay otras situaciones en las que le pueda ayudar a mi estado, pero la delegación federal ya estuve ahí, no muchas gracias" aclaró Bonilla Valdez.

Debido a la negativa del Gobierno del Estado de transferir participaciones federales correspondientes al municipio de Tijuana, el Cabildo aprobó una línea de crédito por 380 millones de pesos, que será utilizada en caso de ser necesario, abogando a que el estado cumpla con su responsabilidad con el Ayuntamiento.

“Este acuerdo fue avalado por la Auditoria Superior de la Federación, incluso se firmó un convenio con el Tesorero Municipal, el secretario de Hacienda del Estado y con el Instituto de Seguridad y Servicios de Salud de los Trabajadores del Estado y Municipios de Baja California (Issstecali), donde se comprometen a pagar adeudos con la paraestatal”, mencionó el primer edil,

González Cruz explicó que la Auditoría Superior de la Federación presentó el dictamen en donde el que el Gobierno del Estado presentó insuficiencias en los distintos procesos de la gestión de las participaciones, como la distribución, el control y transferencias de los recursos; así como su transparencia.

"Es lamentable que el gobierno estatal utilice el dinero de los tijuanenses para estar fastidiando esta administración. El Estado nos adeuda 600 millones de pesos que deben de liquidar y que han desviado a otros rubros, con ello, nos ha limitado impulsar programas para atender las necesidades a la población más vulnerable", subrayó el primer edil.

Cabe señalar, que el acuerdo de Cabildo, fue aprobado por mayoría de votos, con dos excepciones que emitieron su sufragio en contra: la síndico procuradora, María del Carmen Espinoza Ochoa y la regidora independiente, Mónica Juliana Vega Aguirre, para solicitar la línea de crédito e impulsar acciones que beneficien a los tijuanenses.

En el pleno, también fueron avalados los cambios de metas del Programa de Inversión del Fondo de Infraestructura Social Municipal, el cual corresponde al Fondo III del Ramo 33, para el 2020, ya que algunas obras sociales aún siguen en desarrollo y otras están iniciándose en las nueve delegaciones del municipio, a fin de que los recursos designados no sean regresados a la federación.

En otro punto de la orden del día, los ediles aprobaron ceder los derechos de concesión de la empresa Molior Omni, S.A. de C.V., a favor de la sociedad Exteriores Publicidad de Baja California, que deberá exhibir fianza de garantía para el cumplimiento del mantenimiento del mobiliario de cada uno de los espectaculares colocados en la ciudad, además es obligatorio contar con un seguro de daños a terceros por concepto de responsabilidad civil en caso se accidentes.

Para concluir la sesión virtual, los ediles hicieron un minuto de silencio en memoria del director de Protección Civil, José Luis Rosas Blanco, quien falleciera el pasado viernes 11 de diciembre, por complicaciones del Covid 19.

En reunión con integrantes de la Asociación de Usufructuarios del Derecho de Vía AC, representada por su presidente Adolfo Gaspar Rojas y su Representante Legal Yadira Hernández Cárdenas manifestaron a la diputada Monserrat Caballero la urgencia de regularizar la tenencia de la tierra de los terrenos federales que colindan con el derecho de vía del ferrocarril, ya que desde hace más de 20 años ostentan la posesión legítima de estos predios.

Además de que los posesionarios han sido pieza clave en el desarrollo económico de la zona Este del Distrito 13, por ser estos predios en su mayoría comercios establecidos que generan empleo a más de 3 mil personas y que brindan diversos servicios a precios accesibles a las personas de colonias aledañas, lo que constituye un impulso al crecimiento económico y urbano. 

Por su parte la diputada Monserrat Caballero se comprometió a sumarse a la lucha siendo el enlace y la voz de la Asociación para solicitar la transferencia de dichos terrenos federales al Gobierno Estatal y proceder a su regularización.