A partir de marzo de este año, los bancos que operan en México deberán aplicar al menos un control biométrico para reducir el robo de identidad en sus clientes.

De acuerdo con las disposiciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en marzo termina la prórroga otorgada a las instituciones financieras para la instalación de esta tecnología, la cual se esperaba desde 2018, pero debido al proceso electoral de ese año, se dio más tiempo a los bancos para cumplir con el requisito.

Así, los bancos deberán instalar en sus sucursales lectores de huellas dactilares que capturen los datos de al menos seis dedos de sus clientes, los cuales serán cotejados con la base de datos del Instituto Nacional Electoral para garantizar la identidad del cliente que quiera solicitar un crédito.

Este jueves EL UNIVERSAL publica en su primera plana que el gobierno de la 4T va por un software para sistematizar los datos biométricos de todos los mexicanos, como huellas digitales, rostro e iris.

La CNBV ha estimado que la aplicación de controles biométricos representaría ahorros por 235 millones 200 mil pesos al disminuir delitos como el robo de identidad.

Sin embargo, con datos al primer semestre de 2019 de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros (Condusef), se registraron un total de 45 mil 539 quejas por posible robo de identidad en operaciones bancarias, con un total reclamado por los clientes afectados por 627 millones 645 mil pesos.

De dicha cantidad, los bancos devolvieron a los usuarios que reclamaron un total de 221 millones 982 mil pesos.

El Gobierno de México a través del Registro Nacional de Población (RENAPO), incluyó a Baja California como uno de los 4 estados donde se realizará un proyecto de diagnóstico previo a la Implementación del Sistema Nacional de Identidad Nacional.

El Secretario General de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, afirmó que este sistema consiste en el registro biométrico de las personas, tales como huellas dactilares, iris, y reconocimiento facial, lo cual estará integrado en la Clave Única de Registro de Población (CURP).

Rodríguez Lozano dijo que el argumento de el Gobierno de México para implementar este proyecto tiene varias vertientes, tales como la seguridad, el derecho a la identidad, así como la inclusión; por lo que el lunes personal de RENAPO estará en Mexicali en las instalaciones del Registro Civil Estatal para definir los criterios de implementación de este proyecto.

Este proyecto es muy importante porque por primera vez, un Presidente de México prioriza el derecho a la identidad, al igual que el Gobernador de Baja California quienes han impulsado este tema, tal y como sucedió con el convenio Federal con el Instituto Nacional de Migración (INAMI) al ponerles un módulo para atención que los connacionales repatriados mexicanos tengan su CURP y su identidad, comentó el Titular de la SGG.

Por su parte la Directora de Registro Civil del Estado, Paloma Alegría Murrieta, comentó que los cuatro estados que el Gobierno Federal eligió para arrancar esta prueba piloto son Quintana Roo, el Estado de México, Nuevo León y Baja California, y en nuestra entidad arrancará en Mexicali, posteriormente en Ensenada y luego en Tijuana.

Desde el momento de nacimiento, dijo la funcionaria, se busca garantizar la identidad de las personas, tener un libro de electrónico vincularlo biométricamente con la persona que lo identifique plenamente con fotografía, registro de iris sus ojos y huellas dactilares, así como todos sus datos.

Además, mencionó que esta es una etapa de diagnóstico y que una vez que sea evaluados los cuatro estados, se determinará si se aplica a nivel nacional, buscando que la CURP sea el identificador único y se logre la llamada unicidad de la persona.

Al final Alegría Murrieta mencionó que, para este fin, habrá equipo técnico para lograr capturar estos datos biométricos y complementarios, se contará con un ordenador, un escáner de huellas, un escáner de iris, un equipo para capturar firmas, una cámara fotográfica, un escáner de documentos, etc.

El juez federal Juan Pablo Gómez Fierro concedió la primera suspensión provisional contra el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT) al considerar que la entrega de datos biométricos al gobierno federal puede no ser idónea para la persecución de delitos.

La medida únicamente beneficia al quejoso, Óscar González Abundis, quien solicitó el amparo contra la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión con la que se obliga a los usuarios de telefonía celular a registrar sus líneas en el PANAUT para que no les sean canceladas por falta de registro.

En la suspensión provisional, pública en los estrados del Juzgado Segundo de Distrito en materia Administrativa especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, el juez Gómez Fierro reconoció que la reforma persigue un fin constitucionalmente legítimo, como lo es facilitar la investigación y persecución de delitos.

“Recordemos que la finalidad del PANAUT es crear una base de datos con información de las personas que sean titulares de una línea telefónica móvil, para el intercambio de información con las autoridades competentes en materia de seguridad y justicia, en asuntos relacionados con la comisión de delitos”, señala el acuerdo de suspensión provisional.

“De un análisis superficial -como el que implica analizar la apariencia del buen derecho- este juez de Distrito advierte que la medida consistente en la entrega de datos personales y biométricos para registrar una línea de telefonía móvil en el PANAUT, podría no ser idónea ni proporcional, ya que no se advierte una relación directa o causal entre la existencia de ese padrón y una mejor investigación y persecución de los delitos, es decir, el grado de realización del fin perseguido no necesariamente será mayor que la afectación a los derechos mencionados previamente”, añade.

En consecuencia, el quejoso no estará obligado, por ahora, a registrar su línea telefónica en el PANAUT y las autoridades no podrán cancelar su servicio por la falta de registro.

El juez citó para el próximo 27 de abril para realizar audiencia incidental en la que decidirá si concederá o no la suspensión definitiva.

El juez Gómez Fierro es el mismo que concedió el mes pasado las primeras suspensiones contra la reforma eléctrica de la actual administración.

A diferencia de la reforma para entregar datos biométricos al Gobierno federal, las suspensiones contra la reforma eléctrica tienen efectos generales; es decir, no sólo benefician a los quejosos.