Los sistemas de salud de los estados que ahora hacen frente al Covid-19 entre grandes carencias como falta de insumos, poco personal e insuficiente infraestructura, arrastran un historial de malas prácticas en el manejo de los recursos públicos destinados a la atención de la salud.
En una década, las 32 entidades del país malgastaron parte del dinero que debía destinarse a servicios de salud, en bonos de fin de año y comisiones sindicales que no estaban presupuestadas, en pagos a médicos fantasma, en compras de medicamentos con sobrecosto y material de curación caduco, entre otras irregularidades.
La información presentada en este reportaje se desprende de una revisión hecha a los informes de fiscalización que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha practicado a los recursos que la Federación les ha transferido a los estados a través del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) en 10 años (2009-2018).
Los recursos del FASSA son para que las entidades federativas presten servicios de salud a la población que no cuenta con empleo formal o no está incorporada en algún régimen de seguridad social. Este fondo está estrechamente ligado con el Seguro Popular, ya que comparten infraestructura, medicamento y personal médico.
En 10 años, la ASF ha hecho observaciones por irregularidades en la forma en que los estados gastaron 41 mil 895.3 millones de pesos de este fondo. Las recuperaciones que se lograron durante el transcurso de las revisiones y hasta la elaboración del informe final de auditoría, fueron apenas de 6% de lo observado.
No comprueban inversiones. En 2018, las 32 entidades del país recibieron más de 95 mil millones de pesos del FASSA; sin embargo, tras las auditorías realizadas, la ASF encontró irregularidades por 4 mil 935.2 millones de pesos. Estos recursos servirían para contratar a unos 142 mil médicos especialistas [cada uno con un salario de 34 mil 755 pesos] en este contexto de pandemia.
En la revisión de la última cuenta pública de 2018, los auditores alertaron sobre pagos por 80.3 millones de pesos a personal médico que no logró ser encontrado en sus centros de trabajo en Baja California, Chiapas, Ciudad de México, Estado de México, Michoacán, Tabasco y Zacatecas.
La anomalía más recurrente ese año fue que los estados no comprobaron en qué gastaron 2 mil 155.8 millones de pesos, al carecer de documentación que amparara las compras. Esto representó 43.7% del monto observado.
Otra falla repetitiva que se presentó en 21 entidades fue que los gobiernos hicieron pagos excedentes o no autorizados en sueldos, prestaciones o estímulos y contrataron especialistas que no acreditan el perfil académico con ningún documento.
También es común que se realicen pagos al personal de honorarios sin tener evidencia de los contratos que amparen relación laboral y el pago por obras que no se ejecutan, servicios que no se realizan o compren medicamentos no incluidos en el cuadro básico. Esto último alcanzó observaciones por 141.6 millones de pesos en 2018.
Judith Senyacen Méndez, coordinadora de Salud y Finanzas Públicas del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), explica que la importancia de los recursos del FASSA es que al complementarse con el Seguro Popular, van enfocados a garantizar atención médica a la población sin seguridad social.
El problema, explica, es que, como lo ha documentado la ASF, los recursos se usan en su mayoría para el pago de nómina, en vez de medicamentos o infraestructura. Una de las recomendaciones que han hecho desde el CIEP es contar con herramientas para asegurar que los recursos lleguen a su destino.
La investigadora aclara que aunque la bolsa de recursos para la atención de la salud ha aumentado, esto no se refleja en mejoras porque la población atendida por el Seguro Popular también va en aumento y hay necesidades de salud cada vez más caras.
Incluso, dice, si esos recursos se hubiesen aplicado para lo que estaban destinados, tampoco eso hubiese garantizado que contáramos con hospitales consolidados para hacerle frente a la pandemia, porque el problema principal radica en que el presupuesto destinado a salud es insuficiente.
"Sí depende mucho de que se gaste bien, pero si no gastas lo suficiente no vas a lograr alcanzar tu cobertura… lo que está poniendo en evidencia la pandemia es la brecha que existía no sólo en operación del sistema, sino en temas presupuestario", destaca.
Anomalías en compra de medicinas. Aunque uno de los objetivos del FASSA es prevenir enfermedades y garantizar el abasto y entrega de medicamentos, esto no se ha cumplido totalmente, se desprende de las observaciones que la ASF ha hecho a las 32 entidades del país. Desde 2010 el órgano fiscalizador alertó que los gobiernos estatales compraban medicamento y material de curación con sobreprecio y carecían de un eficaz programa de adquisiciones, lo que se ve reflejado en un deficiente abasto de medicinas.
En 2010, al revisar los medicamentos que las farmacias de las unidades de salud prescribieron en las 4 mil 758 recetas que integraron la muestra de auditoría de ese año, sólo dos mil 283 se surtieron en su totalidad, en mil 850 el surtimiento fue incompleto y en 625 no fue posible comprobarlo. Tampoco llevan un control de los medicamentos en sus almacenes.
En 2011 se detectó que la falta de inventarios generaba medicamentos caducos, próximos a caducar, de lento o nulo movimiento. En 2013, los estados destinaron 80.8% del total del fondo en salud para cubrir el gasto en servicios personales, 10.1% en gastos de operación y sólo 4% para adquirir medicamentos, material de curación y otros insumos médicos.
"Esto limita la capacidad de respuesta del sistema de Salud para hacer frente a los retos en surtimiento de medicamentos, lo que repercute en la prestación del servicio de la población más vulnerable e impacta en su economía", dictaminó la ASF.
De 2014 a 2018 la Auditoría Superior de la Federación denunció que los procesos de licitación o adjudicación de los medicamentos o material de curación no se realizan conforme a la norma y que los contratos y pedidos se formalizan inadecuadamente.
Despilfarro. Una observación recurrente desde 2009 tiene que ver con recursos ejercidos en costear acciones que no se vinculan con los objetivos del fondo. Ese año, la ASF encontró que los estados destinaron 800 millones, principalmente en subsidios a organismos descentralizados, asociaciones civiles y secciones sindicales.
En 2010 el monto de irregularidades por recursos destinados a conceptos distintos a los objetivos del fondo bajó a 500.7 millones y aunque esa observación sigue siendo frecuente, en la última revisión, bajó a 257.7 millones.
En 2010 los estados de Guerrero, Morelos, Querétaro y Yucatán usaron indebidamente los recursos del FASSA para pagar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) y subsidiar vales de despensa a los trabajadores por 38 millones de pesos.
Los pagos sin autorización al personal comisionado al sindicato de salud y a otras dependencias también fueron frecuentes entre 2010 y 2017.
En 2013, un total de mil 916.3 millones de pesos otorgados a Chiapas, Chihuahua, Hidalgo, Jalisco, Sinaloa, Sonora y Veracruz, entre otros, fueron transferidos a otras cuentas distintas al fondo sin que los estados pudieran acreditar su destino.
Chiapas, Oaxaca y Edomex, en la mira. En la Cuenta Pública de 2018, Oaxaca y Chiapas fueron las entidades con el mayor monto observado con mil 446.3 y mil 68.1 millones de pesos, respectivamente: "Es fundamental que dichas entidades fortalezcan el control de los recursos del fondo, a fin de lograr las metas", recomendó la ASF.
En Oaxaca se dictaminó un posible daño al erario por mil 324.6 millones de pesos tras no acreditar que fuesen destinados a los objetivos del FASSA.
En Chiapas la ASF encontró en 2018 un posible daño al erario por mil millones de pesos por recursos que fueron transferidos a cuentas bancarias de otros programas y pidió aclarar los pagos a 44 trabajadores que no fueron identificados en sus centros de trabajo. En el Estado de México en 2017 la ASF calculó un daño al erario de 854.3 millones de pesos por recursos no ejercidos o no reintegrados a la Federación y 17.3 millones por pagos a personal que no acreditó el perfil académico para su puesto.
También, la ASF hizo observaciones por 34.1 millones de pesos por pagar desde la cuenta bancaria del FASSA recursos superiores a lo establecido en la suficiencia presupuestal para liquidar un contrato de adquisiciones.