Para salvar el empleo y mantener el ingreso de millones de familias, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) planteó otorgar salarios solidarios, con lo que se protege a quienes ganan hasta 10 mil pesos mensuales y se reduce, en diversos porcentajes, los de quienes perciben más.

El presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, dijo que el salario solidario requiere de la contribución de patrones, gobierno y trabajadores, y se aplica sólo en caso de que cierre la empresa, pues si no deja de operar, seguirá pagando la remuneración íntegra.

Con ello se evitarán despidos y cierres de empresas ante la falta de liquidez para pagar la nómina durante la emergencia sanitaria.

La Coparmex calcula que el sector público tendrá que aportar 96 mil 844 millones de pesos.

La propuesta es que en caso de que la empresa cierre operaciones, el patrón deberá pagar entre 33% y 50% del salario.

Si una compañía se detiene, se propone que el gobierno aporte entre 17% y 50% del salario, entre menor sea el sueldo mayor será la proporción de los subsidios.

El plan de la Coparmex implica beneficiar a 14 millones de trabajadores que ganan entre uno y tres salarios mínimos. En este caso se prevé un gasto del gobierno de 46 mil millones de pesos.

Para quienes perciben entre tres y 10 salarios mínimos, se apoyará a 5 millones 350 mil empleados. El gobierno puede contribuir con 38 mil millones de pesos.

Para los de más de 10 salarios mínimos el gobierno deberá destinar 12 mil millones de pesos.

En caso de que una empresa cierre debido al Covid-19, el trabajador "acordará recibir una proporción menor de su salario".

Por ejemplo, aquellas personas que ganen entre uno y tres salarios mínimos, al gobierno le corresponderá aportar 50% del sueldo y al patrón el otro 50%.

Para quien gane más de tres y hasta seis salarios mínimos, se plantea que el gobierno ponga 40% y el patrón 40%, por lo que el trabajador tendrá 20% menos de su ingreso normal, pero esto le ayudará a mantener su empleo.

El apoyo del gobierno para los casos de más de siete salarios mínimos es de entre 33% y 17% del total y el patrón otorgará 33%, es decir, la persona acepta laborar por hasta 50% de su sueldo.

Alberto Muñoz Avilez, presidente de Coparmex Ensenada, expresó que la afectación actual por el impuesto sobre la nómina es significativa y que, en su opinión, no es el momento adecuado para realizar modificaciones que incrementen las cargas fiscales a los empresarios. Considera que cualquier cambio en este sentido puede perjudicar aún más la economía de las pequeñas, medianas y grandes empresas en la región.

Muñoz Avilez añadió que los empresarios están en riesgo de enfrentar modificaciones o reformas en la ley laboral, las cuales ya han sido autorizadas y que tienen consecuencias importantes para todos los tamaños de empresas. Mencionó, por ejemplo, la reducción en la jornada laboral de 40 horas, un tema que ha generado tensión en el ámbito laboral y que, en su opinión, no siempre toma en cuenta las condiciones económicas reales de las empresas para soportar estos cambios.

El dirigente empresarial enfatizó que, para planificar de manera efectiva para el año 2026, las empresas necesitan estabilidad y un entorno favorable. Por ello, insiste en que la mejor opción sería reducir el impuesto sobre la nómina al 3 por ciento, una medida que, asegura, beneficiaría a diversos sectores económicos y permitiría fortalecer la economía local sin generar cargas adicionales a los empresarios.

Muñoz Avilez concluyó que, ante las actuales circunstancias, lo más recomendable es mantener una política fiscal que apoye la recuperación y crecimiento de las empresas en Baja California.

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La Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) Tijuana expresó su preocupación por la escalada de violencia en la ciudad y el estado, y llamó a las autoridades de los tres niveles de gobierno a fortalecer la ejecución efectiva y sostenida de las estrategias de seguridad existentes.

El organismo empresarial resaltó que en Baja California existen diversos planes, diagnósticos y modelos de seguridad bien estructurados; sin embargo, su verdadero impacto depende de una implementación puntual, constante y medible.

“La ciudadanía tijuanense no necesita más anuncios de nuevos planes o estrategias, sino resultados tangibles que restauren la confianza, la tranquilidad y la paz en nuestras comunidades”, señaló COPARMEX Tijuana.

El sindicato reiteró su disposición a colaborar y sumar esfuerzos con las autoridades para construir soluciones que fortalezcan el Estado de Derecho, la coordinación institucional y la participación ciudadana.

Además, subrayó que la seguridad pública es un pilar esencial para la inversión, la productividad y el bienestar social, por lo que resulta urgente consolidar mecanismos que garanticen la continuidad y efectividad de las acciones emprendidas.

“Desde el sector empresarial reafirmamos nuestro compromiso de trabajar de manera conjunta con las autoridades para que las estrategias existentes se traduzcan en resultados visibles y sostenibles”, añadió el organismo.

COPARMEX Tijuana reafirma su compromiso con la construcción de un entorno seguro y próspero, convencido de que solo mediante la colaboración entre el sector empresarial, las autoridades y la sociedad civil será posible recuperar la paz y fortalecer el desarrollo de nuestra ciudad.

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Tijuana.- La decisión del gobierno de Estados Unidos de imponer aranceles del 25% a los productos mexicanos y canadienses a partir de este 4 de marzo ha generado una fuerte crítica por parte de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), que advierte sobre las consecuencias negativas que esto puede traer a la relación comercial entre ambas naciones.

Los líderes de COPARMEX afirman que esta medida no solo contradice los principios del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), sino que también socava la competitividad de la región y genera incertidumbre en el entorno económico.

Roberto Vega, presidente de Coparmex Tijuana, expresó que la integración económica entre México, Estados Unidos y Canadá ha sido un pilar fundamental para el desarrollo de los tres países. "La imposición de barreras arancelarias afectará la estabilidad de las cadenas de suministro y la inversión productiva", advirtió.

Vega puntualizó que se estima que la aplicación de estas tarifas podría llevar a México a la recesión, con el tipo de cambio superando los 22 pesos por dólar, lo que incrementaría los costos para las empresas y afectaría directamente el poder adquisitivo de las familias mexicanas.

La imposición final de estas medidas evidencia, según el líder de COPARMEX, una falta de compromiso por parte de Estados Unidos en cuanto al respeto a los acuerdos comerciales previamente establecidos.

El presidente de Coparmex Tijuana también enfatizó las presiones adicionales que esta decisión impone a México en materia de seguridad y migración, temas que han sido históricamente utilizados como condicionantes en la relación comercial.

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El Centro Empresarial de Tijuana se pronunció en contra de los nuevos libros de textos gratuitos producidos por la Secretaría de Educación Pública Federal. 

El presidente de Coparmex Tijuana, Roberto Vega Solís, 

señaló que la presencia de contenidos ideológicos, la opacidad del proceso para la generación de los contenidos y la disminución notable de materias indispensables para lograr el desarrollo tecnológico como son las matemáticas, ciencias naturales y computación, así como la ausencia de la enseñanza del idioma ingles representan un retroceso en la educación de los niños y jóvenes del país. 

"La apertura hacia diversas perspectivas e introducción de doctrinas e ideologías políticas fuera de un contexto puede tener efectos adversos especialmente cuando están dirigidos a edades tempranas porque esto podría impactar en su formación como ciudadanos informados irresponsables ", expresó Vega Solís.

Por su parte, Alfredo Postlethwaite Duhagón, Consejero Presidente Copase, hizo el exhorto a la Gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda para que frene la distribución de dichos libros de texto en la entidad, tal y como ocurrió en Jalisco, Guanajuato, Chihuahua y Coahuila. 

En la conferencia de prensa también estuvieron presentes Antonio Carrillo Vilches, presidente de la Comisión de Educación COPARMEX Tijuana y Enrique Ruvalcaba Mejía de la Unión Nacional de Padres de Familia.

Ante los hechos violentos en Sinaloa y Chihuahua, el ex presidente nacional de Coparmex y fundador de Sí por México, Gustavo de Hoyos Walther, expone si posicionamiento.

"Después de 4 años de abrazos a quienes están al margen de la ley, por fin, el gobierno se ha decidido a actuar. En Chihuahua, este jueves por la madrugada, fue perseguido y ultimado Ernesto Alberto Piñón, líder de una peligrosa banda criminal. Y en Sinaloa, también por la mañana, Ovidio Guzmán, fue detenido en un operativo, y ya está preso en las instalaciones militares. Mi reconocimiento a los policías civiles y efectivos militares que cumplieron con su deber en estas acciones. Su valor y compromiso nos restaura la esperanza.

Ante los hechos de hoy, hay preguntas que son obligadas:

¿Porque dejar pasar tanto tiempo, tantos delitos y tantos muertos para hacer cumplir la ley?

¿Era necesario el amotinamiento y matanza en un penal de Juárez para poner quieto a “El Neto”?

¿Tenía que venir Biden a México, para que López Obrador rectificase de su decisión de 2019, cuando ordenó la evasión del Chapito?

Me indigna pensar en la indolencia y cobradía del Presidente de la República y su gobierno, y las gravísimas consecuencias en la tranquilidad, seguridad, salud y vida de los mexicanos.

Esto tiene que cambiar. ¡Y tiene que cambiar ya!

Es tan grave el agravio que hemos recibido los mexicanos de los criminales y tan grande el reto para restaurar nuestra seguridad, que se debe reflexionar si ya llegó el momento del endurecimiento mucho mayor de las sanciones. 

Los delincuentes confesos y sentenciados por delitos gravísimos en contra de las mujeres, los niños, los jóvenes y los policías de nuestro País, deberían recibir condenas ejemplares. Habría que discutirse a profundidad, si se les aplica incluso la pena de muerte.

Lo que es indudable es que se tiene que rehacer la estrategia de seguridad sin miedo y sin prejuicios. Yo no acepto que los criminales se burlen de la ley y nos condenen a vivir en el miedo y la zozobra.

Ya llegó la hora de actuar. ¡Ya estuvo!"

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