El año con más adjudicaciones directas en las contrataciones del gobierno sucedió en 2019, cuando 78.1% de los contratos públicos registrados en la plataforma COMPRANET se entregaron por esta vía. Sin embargo, las cifras de los primeros cinco meses de 2020 apuntan a que ese récord podría ser superado, ya que hasta este momento el 78.2% de las contrataciones se han entregado a través de adjudicaciones directas. De continuar con esta tendencia, este año podría convertirse en el punto con mayor uso de esta figura en una década.

En revisiones anteriores de las contrataciones públicas del gobierno, se había identificado una llamativa diferencia de resultados, entre las instituciones que actualmente tienen una justificación legal para acudir con mayor flexibilidad a las adjudicaciones directas debido a la crisis del coronavirus, como el IMSS, el ISSSTE, las Secretaría de Salud, Marina o Defensa, y el resto de la administración pública. Al separar a las instituciones encargadas directamente de atender la pandemia del resto de contrataciones públicas, resulta que el porcentaje de adjudicaciones directas es incluso superior a la del total del gobierno, ya que sube hasta 82.4%. Esto muestra que el uso y abuso de esta forma de contratación no es atribuible a las compras realizadas para atender la pandemia, sino que forma parte de una costumbre cultivada por todos los gobiernos, sin importar su color partidista.

Contratos del gobierno por tipo de procedimiento, sin considerar a las instituciones que atienden el coronavirus de manera directa, 2020.

En la lista de las 10 instituciones que más contratos entregan por vía de la adjudicación directa podemos verificar la intensidad con la que la figura es utilizada, pues no sólo son muchos los contratos dados por esta vía, sino que representan casi la totalidad de los procedimientos. Por ejemplo, de los 512 contratos registrados por parte de la Secretaría de la Función Pública hasta este momento, 494 han sido entregados por adjudicación directa, es decir, el 96.4%. La mayor parte de estos contratos de la SFP son para tener personal de apoyo a la dirección general o personal para realizar labores propias de la dependencia (lo cual es una práctica recurrente en muchas instituciones y explica por qué, a pesar de que el presidente asegura que no será así, habrá múltiples pérdidas de empleos al aplicar un recorte de 75% a los gastos operativos del gobierno, que son los que pagan esta clase de contratos).

La administración federal actual otorgó 90% de los contratos por la vía directa o invitación restringida, lo que abre paso a la opacidad y corrupción, por lo que modificar la Ley de Adquisiciones al vapor aumentará ese riesgo, indicó la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

El presidente de la Confederación, Gustavo de Hoyos, expuso que ante la posibilidad de que se modifique la Ley de Adquisiciones al "vapor" es necesario que se adopten 10 principios rectores para cualquier discusión de iniciativa de reforma de leyes como son la transparencia, ya que el proceso debe ser una caja de cristal desde la planeación hasta el último peso que pague el gobierno.

"En Coparmex advertimos que el apresurado intento por legislar la reforma a la Ley de Adquisiciones va en contra de todos y cada uno de estos 10 principios propuestos, mismos que provienen de las mejores prácticas internacionales", expuso el líder del sindicato patronal.

Se sabe que este lunes, diputados aprobaron un período extraordinario para aprobar reformas a la Ley de Adquisiciones por las que se pretenden importar medicinas sin licitación pública.

Ante ello, De Hoyos expuso que actualmente 9 de cada 10 contratos se otorgan por invitación restringida o adjudicación directa, algo que preocupa porque un funcionario decide a quién le comprará, como se hace en el Tren Maya y la refinería Dos Bocas.

El problema es que ahora tratan de hacer cambios para la compra de medicinas y "las contrataciones públicas de un país democrático pueden ser una gran palanca de desarrollo. Con la salud no se juega y menos a costa de nuestras familias", añadió.

En videoconferencia explicó que apoyarán "leyes que promuevan el mejor uso de los recursos públicos en el corto, mediano y largo plazos".