El gobierno federal extendió hasta el 30 septiembre de 2024 el decreto que regula la importación definitiva de vehículos usados, ligeros y pesados, lo que elimina la incertidumbre y es un gran logro para la industria, refirió la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA). En el Diario Oficial de la Federación (DOF) el gobierno federal extendió la vigencia del acuerdo, vigente desde el pasado 1 de julio de 2011, y que vencía al cierre este año, al considerar que las condiciones que motivaron la emisión del decreto aún se encuentran presentes. La AMDA dijo que el decreto actual ha sido un instrumento valioso para regular la importación definitiva de vehículos usados a nuestro país, ya que entre 2006 y 2008 la importación de autos de segunda mano fue 18 por ciento superior a la venta de unidades nuevas, como consecuencia de una apertura indiscriminada que llenó al país de "basura automotriz". Tras la publicación del decreto, se disminuyó la importación de unidades usadas, muestra de ello es que de enero a noviembre de 2020 los vehículos usados importados representan el 13 por ciento de la venta de vehículos ligeros nuevos y en el año 2010 -el periodo de mayor control- representaron sólo el 8 por ciento.

Guillermo Rosales, director ejecutivo de la AMDA, reconoció el trabajo de la Secretaría de Economía bajo la conducción de Graciela Márquez y de la Secretaría de Hacienda, a cargo de Arturo Herrera, y refirió que “la extensión de la vigencia del decreto hasta el término de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador elimina incertidumbre y es un gran logro”. Manifestó que mantendrán la colaboración con el gobierno federal para que exista un mercado ordenado de vehículos usados en el que persistan condiciones que brinden seguridad jurídica y apego a la legalidad para desarrollar un comercio complementario al de carros nuevos.

En una reciente declaración, Adolfo Ayala, agente aduanal y vicepresidente de la Confederación de Agentes Aduanales de la República Mexicana, informó que la reciente pausa en la revalidación del decreto de importación de automóviles ha tenido un impacto significativo en el flujo de vehículos en la frontera. Según Ayala, aproximadamente 2,000 vehículos dejaron de importarse en un período de un mes debido a la falta de este decreto.

Ayala alertó sobre la posibilidad de una saturación en las aduanas en las primeras semanas tras la reanudación de los trámites, ya que será necesario reiniciar el proceso con la aduana americana. Esta situación podría verse complicada aún más por la afluencia de visitantes estadounidenses durante las festividades de Thanksgiving, quienes suelen dejar vehículos a sus familiares en el lado mexicano.

Agradeció la colaboración de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, y del secretario de Economía, Kurt Honold, por su apoyo en la gestión de la información, que fue posteriormente compartida con la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, durante su reciente visita a Baja California. 

El vicepresidente de la Confederación detalló que, bajo los mismos términos previos, se espera que los vehículos importados de entre 5 y 9 años de antigüedad se beneficien de una tasa impositiva del 1 por ciento, mientras que aquellos de 10 años enfrentarán una tasa del 10 por ciento. Por otro lado, los vehículos nacionales con antigüedad de 7 y 8 años también estarán sujetos a una tasa del 10 por ciento.

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La incertidumbre está golpeando fuertemente al sector automotriz en Tijuana, donde los vendedores de autos formales enfrentan una crisis sin precedentes debido a la falta de renovación del decreto federal que regula la importación de vehículos. Jorge Macías Jiménez, vicepresidente de Autos en la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Tijuana, expresó su desesperación al respecto, señalando que desde hace casi un mes los concesionarios no pueden realizar importaciones ni ventas de autos, lo que pone en riesgo la viabilidad de sus negocios.

“Tenemos vehículos en Estados Unidos y queremos llamar la atención del gobierno federal. Esta decisión de no renovar el decreto nos está llevando a la quiebra”, denunció Macías en una reciente conferencia de prensa. A pesar de los múltiples intentos de comunicación con el gobierno del estado a través del secretario de Economía, Kurt Honold, los representantes del sector no han recibido una respuesta clara sobre cuándo se reactivará el decreto. “Nos dicen que están trabajando en ello, pero necesitamos que se concrete lo más pronto posible”, añadió el vicepresidente.

La situación se agrava aún más con la creciente presencia de vehículos ilegales, conocidos como “carros chocolates”, que, según Macías, han proliferado en la ciudad como una consecuencia directa de la falta de regulación adecuada. Ahora, la ciudad se está llenando de ellos”, afirmó, advirtiendo sobre las implicaciones negativas que esto representa no solo para los concesionarios, sino también para la seguridad y bienestar de los ciudadanos.

Los vendedores de autos en Tijuana están solicitando urgentemente el apoyo de la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo para reestablecer la regulación que les permitirá operar nuevamente y garantizar un mercado automotriz sano y limpio. Sin una pronta acción del gobierno federal, la situación podría deteriorarse aún más, condenando a muchos a la quiebra.

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Miriam Flores, con 35 años de experiencia como chofer, ha sido testigo de numerosas transformaciones en su gremio, pero jamás imaginó que enfrentarían una situación tan crítica como la actual. Desde el 30 de septiembre, la falta de renovación del decreto de importación de vehículos por parte del gobierno federal ha provocado que su trabajo esté prácticamente detenido.  

Flores es parte de un grupo de aproximadamente 150 choferes que diariamente cruzaban vehículos, generando un ingreso promedio de 30 dólares por operación. Con la suspensión de estas actividades, entre 150 y 200 familias se han visto gravemente afectadas por la falta de ingresos.  

"Es muy complicado, no solo para mí, sino para todas las familias que dependen de este trabajo", señaló Miriam en entrevista. 

Otro afectado es Miguel Ángel Aguilar, también chofer, quien ha visto cómo su única fuente de ingresos se ha visto truncada. “No tengo un sueldo fijo, mis ganancias dependen del número de vehículos que crucemos. A medida que pasan los días, se vuelve más difícil enfrentar la situación”, compartió con desánimo. Miguel lleva casi un mes sin ingresos y, a pesar del desánimo, se resiste a buscar otro trabajo, aferrándose a la esperanza de que pronto se reanuden las operaciones en la frontera.

El Gobierno Federal ha decidido extender hasta el 30 de septiembre de 2026 el plazo para la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera, comúnmente conocidos como "autos chocolate". La reforma al transitorio primero del decreto, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 26 de septiembre de 2024, ha entrado en vigor de manera inmediata, provocando reacciones mixtas entre la población y la industria automotriz.

Este decreto, inicialmente implementado en diciembre de 2022, permite que los propietarios de vehículos no registrados cumplan con los requisitos fiscales y normativos para circular legalmente en el país. Mientras que la medida ha sido bien recibida por sectores populares, particularmente en las zonas fronterizas, la extensión del programa hasta 2026 ha generado preocupación en los concesionarios de autos nuevos.

Desde su implementación, el programa ha regularizado más de 1.5 millones de vehículos. 

Los concesionarios de automóviles advierten que la regularización de estos vehículos contribuye al envejecimiento del parque vehicular en México, lo que afecta la seguridad vial y agrava los problemas medioambientales. Además, señalan que la medida pone en riesgo empleos dentro del sector automotriz formal, ya que los vehículos nuevos enfrentan una competencia directa con los autos importados de menor costo.

Por su parte, el Gobierno Federal justifica la extensión del decreto argumentando que es una medida necesaria para regularizar los vehículos que ya circulan en el país sin registro formal, lo que representa un riesgo tanto para la seguridad vial como para la fiscalización. Según las autoridades, la regularización permite a los propietarios cumplir con sus obligaciones fiscales, al tiempo que mejora la trazabilidad de los vehículos.

Entre los principales beneficiarios del programa se encuentran familias de menores recursos que, al no tener acceso a vehículos nuevos, encuentran en esta medida una opción para legalizar los automóviles que ya poseen. No obstante, a pesar de las intenciones del gobierno de apoyar a estos sectores, el conflicto con la industria automotriz formal se ha intensificado, evidenciando la creciente tensión entre la búsqueda de soluciones para la población de bajos ingresos y el impacto negativo en el sector económico formal.

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Se hace un atento recordatorio a toda la ciudadanía, que el plazo para la regularización de autos de procedencia extranjera se amplió al 30 de septiembre de 2024, así lo indico la Secretaría de Hacienda, a través del Sistema de Administración Tributaria (SAT BC). 

Asimismo, informa que hasta el momento se han regularizado 2 millones 025 mil 146 vehículos en el país, de los cuales 355 mil corresponden a Baja California.

El exhorto es para que las personas que están en proceso de regularizar su auto, se acerquen a las diferentes oficinas de recaudación de rentas para que puedan mediante su inscripción en el Registro Público Vehicular (Repuve), dar certeza legal de su vehículo extranjero y estar en posibilidades de transitar en todo el territorio mexicano.

La Secretaría de Hacienda recuerda que el trámite es gratuito y personal, es decir, no se admite la gestión de terceras personas en ninguna etapa del proceso.

Es importante agendar una cita mediante la página de internet del Repuve en la siguiente liga: https://regularizaauto.sspc.gob.mx/ y presentarse con toda la documentación necesaria.

Para finalizar, al momento de hacer la cita se expide un comprobante de pago por la cantidad de 2 mil 500 pesos, (único pago a realizar) recurso que se deposita al Gobierno Federal y que se destina para apoyo a programas de pavimentación para los ayuntamientos del Estado.

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