La diputada federal tijuanense, Evangelina Moreno Guerra, durante su participación en la primera reunión extraordinaria de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Unión, pidió a este órgano fijar una postura que permita la canalización de mayores recursos federales para este rubro.

Moreno Guerra, diputada del grupo parlamentario del partido Morena, reconoció que en el presupuesto que se analizará y votará para el próximo año, tiene un monto que considera "muy mínimo" para la CNDH, como se contempla en el Anexo 35 referente a este tema, por lo que se debe buscar conseguir un mayor presupuesto.

"También estoy consciente de que hay muchos retos en materia presupuestal y en el tema de derechos humanos, estamos conscientes que necesitamos abrir más representaciones de la CNDH en las entidades federativas, de que se necesitan más recursos para acompañar a las víctimas de violaciones de derechos humanos, y más presupuesto para que los visitadores tengan los insumos básicos para realizar sus visitas a las diferentes puntos de la geografía nacional", dijo.

Por ello, insistió Moreno Guerra, es fundamental que se destinen mayores recursos en apoyo al sector, ya que existe un compromiso de parte del Estado Mexicano con los sectores sociales más desprotegidos, y por ello el PEF 2022 es un elemento que puede garantizar una redistribución justa de la riqueza, y ponerla al servicio de los grupos sociales históricamente invisibilizados.

"Es por ello que, es fundamental que se destinen recursos financieros a instituciones a las cuales tenemos que acudir cuando se nos violan nuestros derechos humanos", concluyó la legisladora morenista, quien representa al distrito 5 de Tijuana en la actual Legislatura Federal.

El informe anual del Departamento de Estado sobre derechos humanos no vulnera el derecho internacional, a diferencia de lo que sostiene el mandatario mexicano, quien denunció una violación "flagrante" a las leyes internacional, respondió estados Unidos a Andrés Manuel López Obrador.

"Desde luego, la publicación del informe sobre derechos humanos no es una violación a la legislación internacional", expresó en una rueda de prensa el vocero adjunto del Departamento de Estado, Vedant Patel, al ser preguntado por los comentarios de López Obrador.

Patel detalló que el informe es "una recopilación de entradas hechas a partir de informaciones creíbles de medios de comunicación, organismos gubernamentales, actores de la sociedad civil, embajadas y consulados".

El informe de 2023, publicado el lunes, recoge que López Obrador y otros miembros de su gobierno han "criticado en numerosas ocasiones a jueces que fallaron en contra de la Administración" y varios seguidores del mandatario protestaron en contra de la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña.

López Obrador dijo el martes que el informe es "una gran mentira del Departamento de Estado" y reprochó que Estados Unidos actúe como si fuera "el juez en el mundo y califique quién se porta bien o quién se porta mal".

Este miércoles arremetió de nuevo contra el reporte y acusó a Washington de estar "violando flagrantemente el derecho internacional, la independencia y la soberanía de los pueblos".

El informe elaborado desde 1977 por el Departamento de Estado sirve de guía al Congreso de Estados Unidos a la hora de determinar la ayuda exterior que se concede a cada país.

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La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) declaró la ilegalidad del “mecanismo de seguimiento de las campañas electorales”, iniciado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) pues, dijo, carece de facultades para intervenir en temas electorales.

Por unanimidad, los magistrados electorales ordenaron a la CNDH frenar la difusión del “Primer Informe sobre violencia política para la protección y defensa del Derecho a la Democracia”, pues además de ilegal, contraviene el principio de imparcialidad y equidad de la contienda electoral.

La Sala Superior ordenó el retiro del sitio electrónico de la CNDH el “Primer Informe sobre violencia política para la protección y defensa del Derecho a la Democracia”.

Durante la sesión de este miércoles, el magistrado Felipe de la Mata Pizaña aclaró que “el proyecto no propone amordazar a la CNDH, ni realiza una interpretación regresiva respecto de los derechos humanos o la democracia, el proyecto se pronuncia sobre la validez de un acto que tiene incidencia en la materia electoral y por tanto que entra en la competencia material de este Tribunal Electoral”.

“Quiero dejarlo claro: La Constitución que expresamente prohíbe a la CNDH pronunciarse en temas electorales es obligatoria para todas las autoridades, incluída la CNDH”, mencionó.

La magistrada Janine Otálora Malassis indicó que “lo cierto es que durante un proceso electoral, los pronunciamientos de órganos de gobierno en los que refieren la supuesta existencia de irregularidades además de no respetar los derechos procesales de las personas involucradas e invadir atribuciones de las autoridades electorales, es claro que tienen incidencia en dichos procesos y en el ánimo de los electores, con lo cual pueden generarse distorsiones en la neutralidad e imparcialidad de los procesos”.

Los magistrados del TEPJF explicaron que la CNDH transgredió el desarrollo del proceso electoral en curso.

El magistrado Felipe Fuentes Barrera dijo que “se construyó un registro que dará seguimiento a las campañas, a los discursos de las candidaturas, las plataformas propuestas, los spots y la propaganda, incluso a los eventos, así como a las noticias y opiniones emitidas en los medios de comunicación y redes sociales”.

Mónica Aralí Soto Fregoso, magistrada presidenta, indicó que “declarar inválido el mecanismo para vigilar las campañas electorales en el actual proceso electoral implementado por la CNDH y dejar sin efectos el primer informe sobre violencia política emitido en el marco de la implementación de dicho mecanismos, así como todos lo actos derivados del mismo que incidan en la materia electoral”.

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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) urgió a autoridades federales, estatales y municipales a reforzar una estrategia de seguridad integral para garantizar la protección de candidatas y candidatos a cargos de elección popular y de funcionarios.

En su “Segundo informe sobre violencia política para la protección y defensa del derecho a la democracia, el organismo que dirige Rosario Piedra Ibarra, destaca que del 2 al 12 de marzo de 2024, se observaron 16 hechos identificables como violencia política, de los cuales se tiene el registro de cuatro hechos (25%), “que representan un claro peligro para el libre ejercicio del derecho a la democracia al tratarse de dos asesinatos, un feminicidio y un acto de violencia hacia la integridad contra personas candidatas a cargos de elección popular y servidoras públicas”.

Agrega que en ese mismo lapso, se registraron cinco hechos (31.25%) considerados de cuidado al tratarse de amenazas por medios físicos y/o digitales contra diversos aspirantes. En tanto, siete hechos (43.75%) representan alerta al presentar actos de discriminación, divulgación de infundios, daño y alteración de la imagen o del discurso público.

“Conforme avanzan las campañas se han incrementado las acciones que tienden a descalificar el proceso electoral”, dice el reporte de la Comisión Nacional.

Con respecto a las presuntas declinaciones a participar en la contienda electoral por parte de 12 aspirantes del PAN en Chiapas, y las presuntas amenazas reportadas contra aspirantes de diversos partidos políticos en Michoacán que les han orillado a retirarse del proceso, la CNDH llamó a que este tipo de denuncias no queden únicamente en lo mediático, sino que se les investigue y se esclarezcan.

También pide al Instituto Nacional Electoral (INE) que vigile el activismo político de personajes de la Iglesia Católica, al mencionar que la Provincia Eclesiástica del Bajío realiza talleres denominados “El pueblo de Dios, valora, discierne y elige para favorecer la comunión y la participación por México”, en los que lanzan consignas a favor de la candidata de la Coalición Fuerza y Corazón por México y en contra de la candidata de Sigamos Haciendo Historia.

“En esos talleres se emiten expresiones como la siguiente: “Xóchitl Gálvez está defendiendo la libertad, la verdad y la seguridad principalmente, porque eso es lo que no tenemos ahorita”. Pero también se difunde un discurso de odio, con referencias peyorativas y discriminatorias”, destacó.

Según el organismo, en las propuestas de campaña de los candidatos presidenciales, Xóchitl Gálvez y el emecista Jorge Álvarez Máynez, “persisten las descalificaciones o manejo de retóricas, sin que se detallen o perfeccionen las propuestas señaladas para que el electorado cuente con todos los datos posibles que les permitan participar de manera informada en los próximos comicios”.

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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) acusó que en la Marcha de la Democracia, realizada el 18 de febrero pasado, se reprodujeron expresiones y discursos racistas y clasistas.

“Vistos desde una perspectiva de derechos humanos, atentan contra el Derecho a la Democracia, al normalizar la discriminación contra ciertos sectores de la población nacional y extranjera, además de mostrarse fehacientemente, el impulso a una o varias campañas negras o guerras sucias como instrumento para la manipulación electoral, como ha pasado en otros momentos del pasado”, señaló.

Dijo que en los medios de comunicación se presenta una campaña sucia a partir del supuesto de que la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador en 2006 recibió financiamiento del narcotráfico.

“Este mismo tipo de campañas de desinformación han sido utilizadas en diversos países de Latinoamérica, como es el caso de Colombia, Argentina y sobre todo, en el golpe de Estado sufrido por el gobierno de Evo Morales en Bolivia y, recientemente, el de Perú”, mencionó.

En su “Primer Informe sobre violencia política para la protección y defensa del derecho a la democracia”, la Comisión Nacional anunció que construirá un registro institucional que dará seguimiento a las campañas, a los discursos de las y los candidatos, las plataformas y propuestas, los spots y la propaganda, y a los eventos, así como a las noticias y opiniones emitidas en medios de comunicación y redes sociales.

Sostuvo que ese registro tiene como finalidad “identificar las diversas manifestaciones que puedan poner en riesgo el ejercicio del Derecho a la Democracia, para emitir alertas preventivas que eviten que se consumen o se repitan, e incidan negativamente en el proceso electoral 2024”.

Aseguró que el país no enfrenta una polarización, aunque acusó que algunos actores políticos la están generando tal como existía en el pasado por cuestiones de estrategia electoral.

“No estamos ante un escenario de polarización, pero que se nos quiere llevar a él por estrategia electoral de algunos actores. La polarización de un país se da cuando éste se parte en dos, ya lo hemos vivido en el pasado; y lo que tenemos hoy es una amplia mayoría de ciudadanas y ciudadanos informados y conscientes, que creen en la democracia como la vía de la transformación, por lo que justo eso es lo que debemos de preservar en los próximos meses”, dijo.

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Porque ya no “responde a las necesidades del pueblo”, la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, pidió desaparecer este organismo, fundado en 1990, para crear la Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo.

“Nos mantenemos firmes en la idea de transformar de raíz a esta Comisión Nacional, que ya no responde a las necesidades del pueblo mexicano. Estamos convencidos de que es necesario que la Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo emerja como una institución nueva”, dijo.

En el mensaje que dirigió a los y las legisladoras de la Comisión Permanente con motivo de su informe anual de actividades, señaló que la CNDH llegó al quinto año de su gestión con un modelo distinto de defensa de los derechos humanos, y con el marco normativo y operativo mínimo necesario para hacer de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que heredó el neoliberalismo, la Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo, “que desde hace años reclaman las y los mexicanos”.

“En 2023 logramos avanzar decisivamente en su transformación, de manera que hoy, el pueblo sabe, las víctimas saben, que pueden acudir a nosotros y encontrarán respuesta a sus quejas. Durante los últimos 4 años hemos antepuesto, frente a todo, el interés de las víctimas, y hemos procurado prevenir cuando percibimos los casos en los que están en riesgo de serlo.

“Parece fácil, pero han sido 4 años de empuje permanente para dejar atrás una dinámica institucional hecha para la simulación y el burocratismo, absolutamente funcional al acuerdo de impunidad y silencio prevaleciente entre autoridades en los pasados 70 años”, enfatizó.

Piedra Ibarra sostuvo que “somos el único órgano constitucional autónomo que ha emprendido su transformación, por iniciativa propia, para dejar atrás ese esquema que nos impuso el neoliberalismo y crear otra institución que realmente le sirva al pueblo mexicano.

“Derribamos el mito de los órganos autónomos que necesitan burocracias doradas y presupuestos obesos para cumplir su supuesta misión.

“Mientras otros han emprendido batallas para defender sus grandes sueldos y prebendas, nosotros redujimos nuestro presupuesto, combatimos la corrupción, desterramos los privilegios de los altos mandos, eliminamos los guardaespaldas y donamos sus seis armas a la Secretaría de la Defensa Nacional; redujimos el parque vehicular, eliminando los automóviles para uso particular, incluidas las camionetas blindadas asignadas a la presidencia; y el comedor que se tenía para el servicio exclusivo de la presidencia con una chef, es ahora un comedor colectivo que ofrece alimento gratuito a más de 200 trabajadores”.

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