Con el propósito de ofrecer facilidades a contribuyentes en todo el país, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que habrá una prórroga hasta el último día de diciembre de este año para cumplir con diversos trámites.

En un comunicado la dependencia federal enlisto:

1.- Cancelación de facturas electrónicas de ejercicios fiscales anteriores a 2022.

2.- El uso de la factura electrónica 3.3 ya que la obligatoriedad de la versión 4.0 será a partir del primero de enero de 2023.

3.- Los contribuyentes del Régimen Simplificado de Confianza podrán expedir sus facturas electrónicas con Factura fácil y Mi Nómina a través de Mis cuentas sin la necesidad de contar con el certificado de la firma electrónica (e.firma) o de un Certificado de Sello Digital hasta la fecha señalada.

4.- Las personal físicas que tributen en el Régimen Simplificado de Confianza deberán contar con su firma electrónica (e.firma) activa a más tardar el 31 de diciembre de 2022.

5.- Se extiende la prórroga para aquellos contribuyentes que no hayan habilitado su Buzón Tributario o registrado o actualizado sus medios de contacto, a efecto de que durante dicho periodo no les sea aplicable una multa.

Explicaron que para el caso de la obligatoriedad de la factura electrónica 4.0 y la cancelación de facturas electrónicas de ejercicios fiscales anteriores a 2022, se pretende que los contribuyentes tengan un mayor periodo de adaptación para recibir, emitir o cancelar facturas.

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La publicación oficial de la Reforma Fiscal 2026 en el Diario Oficial de la Federación ha generado alertas entre contribuyentes y expertos en materia fiscal, ya que a partir del 1 de enero de 2026, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) verá ampliadas significativamente sus facultades.  

El Licenciado Jorge Alberto Pickett Corona, abogado fiscalista, explicó que los cambios aprobados por el gobierno federal afectan la Ley de Ingresos, el Código Fiscal de la Federación y la Ley del IEPS, con el objetivo de fortalecer la estrategia de recaudación nacional y mejorar la fiscalización.  

“El paquete fiscal redefine la estrategia de recaudación y pone énfasis en medidas para combatir la evasión y la simulación fiscal. El Plan Maestro del SAT para 2026 estará enfocado en fortalecer el control tributario”, comentó Pickett Corona.  

Entre las principales innovaciones en el Código Fiscal de la Federación se encuentran nuevas herramientas para detectar y sancionar prácticas ilícitas, como un procedimiento exprés para bloquear la emisión de facturas falsas desde el inicio de una revisión, además de la ampliación de las causas para la cancelación o restricción de sellos digitales.  

Asimismo, el SAT tendrá un acceso más amplio a la información financiera de los contribuyentes y las plataformas digitales deberán permitir acceso en tiempo real a datos relacionados con obligaciones fiscales. También se establece que las visitas domiciliarias podrán realizarse mediante medios electrónicos, según el nuevo artículo 49 BIS del Código Fiscal.  

El abogado fiscalista advirtió que empresas, profesionistas y personas físicas deben revisar y ajustar sus sistemas y procedimientos administrativos para cumplir con los nuevos lineamientos, ya que la fiscalización será más estricta y tecnológica.  

Finalmente, Pickett Corona subrayó que estas modificaciones consolidan un esquema tributario más riguroso, en el que la supervisión electrónica y el intercambio de información serán pilares fundamentales para el control fiscal durante 2026.

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Tras una reforma al artículo 141 del Código Fiscal de la Federación (CFF), los contribuyentes están obligados a garantizar el interés fiscal desde la primera instancia de defensa, pues de no hacerlo, la autoridad puede embargar cuentas bancarias, bienes muebles e inmuebles, o intervenir la negociación del contribuyente.

El Lic. Jorge Alberto Pickett Corona, abogado fiscalista, explicó que este cambio busca reforzar la recaudación del Servicio de Administración Tributaria (SAT), aunque también representa un incremento en la presión financiera para las personas físicas y morales que enfrentan controversias fiscales.

El especialista precisó que el artículo 141 se aplica cuando un contribuyente interpone un juicio o recurso de revocación contra el SAT, es decir, cuando se impugna una resolución fiscal o un crédito emitido por la autoridad.

“Ahora, para poder suspender cualquier embargo, el contribuyente deberá garantizar desde la primera instancia, es decir, al presentar el recurso de revocación, lo que podría impactar a quienes no cuenten con liquidez inmediata para hacerlo”, advirtió Pickett Corona.

Las opciones para garantizar el crédito fiscal incluyen depósito en dinero, carta de crédito, prenda o hipoteca, fianza, obligación solidaria, embargo, o títulos valor y cartera de créditos. Sin embargo, la reforma establece un orden obligatorio, en el que la primera opción será el depósito en efectivo en una institución autorizada, probablemente en el Banco del Bienestar o en el Banco del Ejército, que garantice una liquidez inmediata.

El abogado fiscalista advirtió que esta modificación podría generar afectaciones directas a las empresas con procedimientos fiscales abiertos, al requerirles inmovilizar recursos o bienes para mantener la suspensión de actos de cobro mientras se resuelve el litigio.

Finalmente, Pickett Corona subrayó que el propósito del cambio es asegurar que el Estado recupere los créditos fiscales en disputa, aunque ello implique mayores riesgos económicos para los contribuyentes que decidan impugnar resoluciones de la autoridad.

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Es fundamental que los contribuyentes conozcan sus derechos establecidos en la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente para evitar desventajas y posibles abusos durante los procedimientos fiscales. El abogado fiscalista Lic. Jorge Alberto Pickett Corona destacó que estos derechos brindan protección jurídica, certeza y un trato digno en todos los actos de la administración tributaria.

Entre los derechos más importantes se encuentran el derecho a ser informado y asistido, a recibir devoluciones de impuestos, a conocer el estado de sus trámites y a proteger la confidencialidad de sus datos. Además, se garantiza un trato respetuoso y la participación activa en los procesos, permitiendo a los contribuyentes ejercer sus obligaciones sin sufrir arbitrariedades.

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Las personas físicas que presenten su Declaración Anual del ejercicio fiscal 2024 tienen derecho a solicitar la devolución de saldos a favor, siempre que cuenten con una cuenta CLABE activa y registrada ante el SAT. 

La cuenta CLABE, un número de 18 dígitos que identifica cada cuenta bancaria en México, debe estar a nombre del contribuyente. Según el Lic. Jorge Alberto Pickett Corona, abogado fiscalista, dependiendo del monto del saldo, se requiere diferente autenticación: para saldos de hasta 10,000 pesos, basta con la contraseña; para montos entre 10,000 y 150,000 pesos, es necesaria una cuenta CLABE predeterminada; y para saldos superiores a 150,000 pesos, se exige la e.firma.

El SAT revisará la validez y la activación de la cuenta CLABE, y si hay errores, pedirá al contribuyente realizar modificaciones. Las cuentas previamente usadas no deberían presentar problemas, pero las nuevas podrían requerir documentación adicional para validarse, advirtió Pickett.

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La Secretaría de Hacienda, a través del Servicio de Administración Tributaria de Baja California (SAT BC), invita a los ciudadanos con licencia de manejo permanente expedida en 2020 a realizar su reposición y actualización. Este trámite debe realizarse dentro de los 90 días posteriores al cumplimiento de cinco años desde la fecha de expedición.

Gustavo Santos Hernández Valenzuela, director del SAT BC, recordó que se emitieron 185 mil 634 licencias bajo esta modalidad en 2020. Aunque la licencia tenga vigencia permanente, es necesario mantener actualizados los datos personales y condiciones del conductor para garantizar la seguridad de todos en las vías.

Si no se realiza la reposición en el tiempo establecido, la licencia perderá su vigencia permanente, obligando a los conductores a tramitar una revalidación por tres o cinco años. El costo del trámite es de aproximadamente $803 pesos, y es necesario agendar una cita en el portal del Gobierno del Estado: bajacalifornia.gob.mx en el apartado de trámites y servicios.

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