Con el propósito de ofrecer facilidades a contribuyentes en todo el país, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que habrá una prórroga hasta el último día de diciembre de este año para cumplir con diversos trámites.

En un comunicado la dependencia federal enlisto:

1.- Cancelación de facturas electrónicas de ejercicios fiscales anteriores a 2022.

2.- El uso de la factura electrónica 3.3 ya que la obligatoriedad de la versión 4.0 será a partir del primero de enero de 2023.

3.- Los contribuyentes del Régimen Simplificado de Confianza podrán expedir sus facturas electrónicas con Factura fácil y Mi Nómina a través de Mis cuentas sin la necesidad de contar con el certificado de la firma electrónica (e.firma) o de un Certificado de Sello Digital hasta la fecha señalada.

4.- Las personal físicas que tributen en el Régimen Simplificado de Confianza deberán contar con su firma electrónica (e.firma) activa a más tardar el 31 de diciembre de 2022.

5.- Se extiende la prórroga para aquellos contribuyentes que no hayan habilitado su Buzón Tributario o registrado o actualizado sus medios de contacto, a efecto de que durante dicho periodo no les sea aplicable una multa.

Explicaron que para el caso de la obligatoriedad de la factura electrónica 4.0 y la cancelación de facturas electrónicas de ejercicios fiscales anteriores a 2022, se pretende que los contribuyentes tengan un mayor periodo de adaptación para recibir, emitir o cancelar facturas.

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El Servicio de Administración Tributaria (SAT) prevé un aumento en la fiscalización de empresas y contribuyentes para el ejercicio fiscal 2027, sin que ello implique la creación de nuevos impuestos ni el aumento general de tasas. 

Así lo informó el abogado fiscalista, Mtro. Jorge Alberto Pickett Corona, quien destacó que el Paquete Económico 2027 busca fortalecer la recaudación mediante una vigilancia más estricta y dirigida sobre las operaciones y el cumplimiento fiscal.

El especialista explicó que entre las principales propuestas del paquete se encuentran cambios en materia de Impuesto sobre la Renta (ISR), con el objetivo de ampliar la base de contribuyentes y reducir las prácticas de evasión y elusión fiscal. 

“La ausencia de nuevos impuestos no significa una menor presión fiscal; en realidad, la estrategia se enfocará en una fiscalización más específica y efectiva”, señaló Pickett Corona.

Entre los temas que recibirán mayor atención están las operaciones relacionadas con empresas factureras, las deducciones y pérdidas fiscales, especialmente cuando estas últimas se reporten de manera recurrente. 

También se buscará ampliar el Régimen Simplificado de Confianza (RESICO), facilitando la incorporación de pequeños negocios y trabajadores autónomos al sistema formal y aumentando la base de contribuyentes.

El experto recomendó a las empresas revisar cuidadosamente la documentación que respalda sus deducciones, demostrar la materialidad de sus operaciones y mantener la congruencia entre los CFDI y la información presentada ante el SAT, puesto que estos aspectos serán sometidos a una revisión más exhaustiva.

Asimismo, el Paquete Económico plantea fortalecer el control sobre el “huachicol fiscal”, es decir, las operaciones relacionadas con la importación y comercialización de combustibles, con el fin de disminuir la evasión del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y mejorar la recaudación tributaria.

Finalmente, Pickett Corona resaltó que para 2027 se proyectan ingresos tributarios equivalentes al aproximadamente 15.9% del Producto Interno Bruto (PIB), por lo que instó a las empresas y contribuyentes a revisar desde ahora sus operaciones, deducciones y obligaciones fiscales, ante un esquema cada vez más apoyado en la digitalización y en cruces de información automatizados.

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La publicación oficial de la Reforma Fiscal 2026 en el Diario Oficial de la Federación ha generado alertas entre contribuyentes y expertos en materia fiscal, ya que a partir del 1 de enero de 2026, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) verá ampliadas significativamente sus facultades.  

El Licenciado Jorge Alberto Pickett Corona, abogado fiscalista, explicó que los cambios aprobados por el gobierno federal afectan la Ley de Ingresos, el Código Fiscal de la Federación y la Ley del IEPS, con el objetivo de fortalecer la estrategia de recaudación nacional y mejorar la fiscalización.  

“El paquete fiscal redefine la estrategia de recaudación y pone énfasis en medidas para combatir la evasión y la simulación fiscal. El Plan Maestro del SAT para 2026 estará enfocado en fortalecer el control tributario”, comentó Pickett Corona.  

Entre las principales innovaciones en el Código Fiscal de la Federación se encuentran nuevas herramientas para detectar y sancionar prácticas ilícitas, como un procedimiento exprés para bloquear la emisión de facturas falsas desde el inicio de una revisión, además de la ampliación de las causas para la cancelación o restricción de sellos digitales.  

Asimismo, el SAT tendrá un acceso más amplio a la información financiera de los contribuyentes y las plataformas digitales deberán permitir acceso en tiempo real a datos relacionados con obligaciones fiscales. También se establece que las visitas domiciliarias podrán realizarse mediante medios electrónicos, según el nuevo artículo 49 BIS del Código Fiscal.  

El abogado fiscalista advirtió que empresas, profesionistas y personas físicas deben revisar y ajustar sus sistemas y procedimientos administrativos para cumplir con los nuevos lineamientos, ya que la fiscalización será más estricta y tecnológica.  

Finalmente, Pickett Corona subrayó que estas modificaciones consolidan un esquema tributario más riguroso, en el que la supervisión electrónica y el intercambio de información serán pilares fundamentales para el control fiscal durante 2026.

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Tras una reforma al artículo 141 del Código Fiscal de la Federación (CFF), los contribuyentes están obligados a garantizar el interés fiscal desde la primera instancia de defensa, pues de no hacerlo, la autoridad puede embargar cuentas bancarias, bienes muebles e inmuebles, o intervenir la negociación del contribuyente.

El Lic. Jorge Alberto Pickett Corona, abogado fiscalista, explicó que este cambio busca reforzar la recaudación del Servicio de Administración Tributaria (SAT), aunque también representa un incremento en la presión financiera para las personas físicas y morales que enfrentan controversias fiscales.

El especialista precisó que el artículo 141 se aplica cuando un contribuyente interpone un juicio o recurso de revocación contra el SAT, es decir, cuando se impugna una resolución fiscal o un crédito emitido por la autoridad.

“Ahora, para poder suspender cualquier embargo, el contribuyente deberá garantizar desde la primera instancia, es decir, al presentar el recurso de revocación, lo que podría impactar a quienes no cuenten con liquidez inmediata para hacerlo”, advirtió Pickett Corona.

Las opciones para garantizar el crédito fiscal incluyen depósito en dinero, carta de crédito, prenda o hipoteca, fianza, obligación solidaria, embargo, o títulos valor y cartera de créditos. Sin embargo, la reforma establece un orden obligatorio, en el que la primera opción será el depósito en efectivo en una institución autorizada, probablemente en el Banco del Bienestar o en el Banco del Ejército, que garantice una liquidez inmediata.

El abogado fiscalista advirtió que esta modificación podría generar afectaciones directas a las empresas con procedimientos fiscales abiertos, al requerirles inmovilizar recursos o bienes para mantener la suspensión de actos de cobro mientras se resuelve el litigio.

Finalmente, Pickett Corona subrayó que el propósito del cambio es asegurar que el Estado recupere los créditos fiscales en disputa, aunque ello implique mayores riesgos económicos para los contribuyentes que decidan impugnar resoluciones de la autoridad.

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Es fundamental que los contribuyentes conozcan sus derechos establecidos en la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente para evitar desventajas y posibles abusos durante los procedimientos fiscales. El abogado fiscalista Lic. Jorge Alberto Pickett Corona destacó que estos derechos brindan protección jurídica, certeza y un trato digno en todos los actos de la administración tributaria.

Entre los derechos más importantes se encuentran el derecho a ser informado y asistido, a recibir devoluciones de impuestos, a conocer el estado de sus trámites y a proteger la confidencialidad de sus datos. Además, se garantiza un trato respetuoso y la participación activa en los procesos, permitiendo a los contribuyentes ejercer sus obligaciones sin sufrir arbitrariedades.

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Las personas físicas que presenten su Declaración Anual del ejercicio fiscal 2024 tienen derecho a solicitar la devolución de saldos a favor, siempre que cuenten con una cuenta CLABE activa y registrada ante el SAT. 

La cuenta CLABE, un número de 18 dígitos que identifica cada cuenta bancaria en México, debe estar a nombre del contribuyente. Según el Lic. Jorge Alberto Pickett Corona, abogado fiscalista, dependiendo del monto del saldo, se requiere diferente autenticación: para saldos de hasta 10,000 pesos, basta con la contraseña; para montos entre 10,000 y 150,000 pesos, es necesaria una cuenta CLABE predeterminada; y para saldos superiores a 150,000 pesos, se exige la e.firma.

El SAT revisará la validez y la activación de la cuenta CLABE, y si hay errores, pedirá al contribuyente realizar modificaciones. Las cuentas previamente usadas no deberían presentar problemas, pero las nuevas podrían requerir documentación adicional para validarse, advirtió Pickett.

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