Estados Unidos compartió varias veces sus inquietudes respecto a las políticas energéticas de México por medio de reuniones y cartas emitidas por legisladores, previo a presentar formalmente la solicitud de consultas al país por violar los acuerdos del T-MEC. 

Desde 2019, el vecino del norte venía anunciando sus molestias que finalmente expresó al representante comercial de Estados Unidos, Katherine Tai en su petición de consultas. 

“Hemos expresado repetidamente serias preocupaciones sobre una serie de cambios en las políticas energéticas de México y su consistencia con los compromisos de México bajo el T-MEC”, señaló Tai. 

"Estos cambios de política afectan los intereses económicos de Estados Unidos, hemos tratado de trabajar de manera constructiva con el gobierno mexicano para abordar estas preocupaciones, pero lamentablemente, las empresas estadounidenses continúan enfrentando un trato injusto en México", añadió. 

En octubre del 2020 se emitió la primer carta dirigida al presidente Trump, en la cual 43 legisladores estadunidenses, entres senadores y miembros del Congreso, en donde pedían al presidente Andrés Manuel López Obrador poner atención sobre las acciones del gobierno de México que amenazaban la inversión y el acceso al mercado de las empresas energéticas estadounidenses y no se cumplían con lo establecido en el T-MEC- 

“El gobierno mexicano está otorgándole una preferencia regulatoria a Pemex y postergando o totalmente cancelando los permisos para las empresas energéticas estadounidenses”, plasmaron los legisladores en esta misiva. 

Un año después, en el mes de junio se llevó a cabo la primer reunión de la Comisión de Libre Comercio del T-MEC, en la cual también estuvo presente la preocupación hacia las preferencias del Gobierno mexicano. 

En noviembre, fueron 40 miembros del congreso de Estados Unidos quienes enviaron una carta dirigida a Katherine Tai, al secretario del Departamento de Estado, Anthony J. Blinken, a Gina M. Raimondo, secretaria del Departamento de Comercio, y a la secretaria del Departamento de Energía, Jennifer M. Granholm, en donde expresaron sus inquietudes sobre el gobierno de México puso en marcha medidas discriminatorias en contra de las empresas privadas energéticas norteamericanas, violando con ello el tratado comercial con esa nación y Canadá, también conocido como T-MEC. 

En la carta, los legisladores expresaron su profunda preocupación por los informes sobre la escalada de esfuerzos del gobierno de México de excluir a las empresas privadas de su sector energético en contra de sus compromisos internacionales, como el T-MEC. 

Los legisladores agregaron en dicha misiva su preocupación hacia la Guardia Nacional, la cual no permitía la operación de diversas instalaciones, propiedad de empresas norteamericanas, relacionadas con el almacenaje de hidrocarburos, en especial de gasolinas. También señalaron la cancelación de casi mil 900 permisos de importación y exportación de combustibles y otros productos refinados. 

A principios del 2022, seguían latentes la incertidumbre por la actitud de México en el T-MEC en el sector energético, por tal motivo, la Comisión de Finanzas del Senado de Estados Unidos envió el 12 de enero una carta dirigida a Katherine Tai. 

En dicha carta los senadores Ron Wyden y Mike Crapo explicaban que el gobierno mexicano suspendió importantes permisos a más de 80 empresas energéticas, cancelado los permisos para las instalaciones de importación de energía, poniendo en riesgo la inversión estadunidense. 

Los senadores señalaron en la misma misiva, los avances de un proyecto de reforma constitucional que disolvería el mercado eléctrico mexicano, eliminando a los reguladores independientes, cancelando los contratos y permisos otorgados a empresas privadas. 

El 31 de marzo, la Tai envió una carta a la titular de la Secretaría de Economía, Tatiana Clouthier, en la cual pedía la suspensión de la reforma eléctrica del presidente López Obrador, pues ponía en riego pone en riesgo la inversión de 10 mil millones de dólares de inversionistas estadunidense y la violación de varios puntos establecidos en el T-MEC. 

A un poco más de la mitad del año, el 7 de julio 2022, se celebró la segunda reunión de la Comisión de Libre Comercio del T-MEC. 

En dicha reunión, Tai expuso las preocupaciones que persisten sobre el clima de inversión en México, entre ellas, las políticas energéticas de del país que continúan amenazando la inversión estadunidense y dañando los esfuerzos del país para abordar el cambio climático. 

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La administración del presidente Joe Biden anunció hoy el despliegue de mil 500 tropas del ejército de Estados Unidos a la frontera con México al fin de brindar apoyo operativo a las autoridades migratorias, en medio de un repunte de la llegada de inmigrantes y del inminente levantamiento del Título 42.

El Departamento de Defensa señaló que las tropas serán asignadas para un despliegue inicial de 90 días de duración y no tendrán funciones de aplicación de la ley, incluyendo la detención de inmigrantes, sino un papel de apoyo en tareas logísticas, administrativas transportación, análisis de datos e identificación de operativos de tráfico de drogas.

Los mil 500 elementos militares tendrán como misión suplementar huecos críticos en las capacidades operativas en la frontera, en especial tareas de monitoreo, entrada de datos y apoyo de almacenes, hasta que la oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) pueda cumplir esas misiones por su cuenta, indicó un funcionario.

De acuerdo con cifras del Comando Norte (Northcomm), en este momento se encuentran desplegadas en la frontera con México un total de dos mil 450 tropas de la Guardia Nacional que realizan misiones de detección y monitoreo, análisis de inteligencia y apoyo aéreo.

El despliegue adicional obedeció a una petición expresa por parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) el cual proyecta un abrupto incremento de la llegada de migrantes especialmente procedentes de América Central, una vez que se levante la emergencia de salud pública por covid y el Título 42 a partir del 11 de mayo.

El comisionado en funciones de CBP, Troy Miller, estimó durante un testimonio legislativo que Estados Unidos espera hasta 10 mil migrantes diarios en la frontera con México a partir de levantamiento del Título 42, lo que representaría un incremento de alrededor del 40 por ciento en relación con los niveles actuales.

Aunque el DHS ha indicado que continuará deportando hacia México a inmigrantes cubanos, venezolanos, nicaragüenses y haitianos que buscan ingresar ilegalmente Estados Unidos, como parte de un acuerdo con México para que acepte hasta 30 mil personas al mes, funcionarios creen que la agencia podría verse abrumada por el repunte de migrantes.

Un memorando de la Casa Blanca instruyó al secretario de Estado, Anthony Blinking, solicitar una ayuda de emergencia de 50.3 millones de dólares al congreso para ser asignados al fondo de emergencia de ayuda a refugiados y migrantes, en vísperas de levantamiento del Título 42.

Sin embargo no está claro si la petición será aprobada por la Cámara de Representantes, bajo control de los republicanos, quienes han presentado su propia propuesta de solución a través de una iniciativa de ley en la práctica bloquea la mayor parte de aceptación de migrantes o solicitantes de asilo en la frontera con México.

La petición presupuestal general de la Casa Blanca contempla 113 millones de dólares para contratar 350 agentes de la Patrulla Fronteriza, 150 de Aduanas y Protección Fronteriza, 460 posiciones de procesamiento adicionales en CBP e ICE y 39 puestos para fortalecer el Programa de Transporte y Deportación. Por esos fondos, de ser aprobados, serían asignados hasta el 1 de octubre.

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El Consejo de Desarrollo Económico de Ensenada (Codeen) instó al gobierno federal y estatal alentar proyectos de generación eléctrica de corto plazo para dar respuesta al crecimiento económico del Estado.

Explicaron que la central fotovoltaica que conectará a Sonora con BC será hasta el 2027; otra planta de 150MW en Tecate, hasta el 2025, no resuelve el déficit.

Hasta ahora, de acuerdo con el presidente de Codeen, Héctor Contreras Luengas, el proyecto de generación eléctrica más cercano es la Central de Ciclo Combinado en Tecate, Baja California, planeada concluirse hasta en 2025 por “Balaga Potencia” y generará 150 Megawatts (MW) la cuarta parte del déficit que presenta Baja California.

El proyecto más significativo que promete energía eléctrica al Estado, es la planta fotovoltaica de Puerto Peñasco, la que estará terminada en el 2027 y enlazaría a la entidad con la red de suministro eléctrico nacional, hecho que concluye en forma definitiva con faltantes de energía durante el verano.

Sin embargo, insistió que no existen proyectos de corto plazo, sino hasta dentro de cinco años cuando la planta fotovoltaica de 1000 MW de Puerto Peñasco, provea 120 MW para Sonora y 880 MW para Baja California.

De acuerdo a datos proporcionados por la Industria Manufacturera de Exportación (INDEX), la falta de electricidad genera pérdidas económicas significativas a las empresas.

Contreras Luengas mencionó que si bien se han evitado colapsos en el sistema eléctrico estatal gracias al protocolo correctivo que se aplica cada verano, cuando crece el consumo por la ola de calor, cada año Baja California agrega un promedio de 100MW a la demanda de energía, lo que hace que para 2023 el protocolo deba añadir 700 MW.

El suministro eléctrico en la actualidad gracias a la aportación del protocolo correctivo, encarece a CFE la energía que por ello debe aplicar subsidios, situación que puede arrastrar la paraestatal hasta 2027 que se incorpore la central fotovoltaica que se construye en Caborca, Sonora.

El líder empresarial mencionó que de acuerdo a información proporcionada por las empresas, los nuevos desarrollos industriales en el Estado instalan energía en sitio para que evitar la dependencia de la línea de transmisión de CFE y así evitar daños con posibles apagones.

Otro elemento que solventará la central fotovoltaica de Sonora, reconoció el líder empresarial, es la calidad renovable de la energía (solar), uno de los principales motivos por la que las empresas o industrias deciden invertir, en virtud de los modelos de sustentabilidad.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, suavizó el lunes su postura en una disputa con Estados Unidos sobre la política energética del país latinoamericano, diciendo que Washington había adoptado una actitud más conciliadora hacia la posición de su gobierno.

El mandatario habló el mismo día en que altos funcionarios estadounidenses, encabezados por el secretario de Estado, Antony Blinken, debían mantener conversaciones sobre cooperación económica con sus pares locales en Ciudad de México.

En julio, la Oficina de la Representante de Comercio de Estados Unidos exigió conversaciones para la resolución de disputas con México, argumentando que un plan de López Obrador para reforzar el control estatal del mercado energético era injusto para sus empresas y probablemente violaba un acuerdo comercial regional. 

El gobernante mexicano, que ha presentado su política sobre energía como una cuestión de soberanía nacional, respondió entonces de forma desafiante, diciendo que defendería su planteamiento en el desfile militar del Día de la Independencia que se celebrará el próximo viernes.

Sin embargo, el lunes anunció que ya no se referiría al tema en su discurso del 16 de septiembre porque su homólogo estadounidense, Joe Biden, había respondido positivamente a sus preocupaciones.

"Hay un tono distinto. Hay una actidud de respeto. Mejor dicho, es la reafirmacion del respeto a nuestra soberania", señaló en su habitual conferencia de prensa diaria, aludiendo una carta que aseguró haber recibido de Biden.

El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, afirmó la semana pasada que la disputa energética no estaba en la agenda de lo que se llama el Diálogo Económico de Alto Nivel entre Estados Unidos y México. Blinken tenía previsto reunirse con López Obrador durante su visita. 

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Un grupo de tres legisladores estadunidenses está de visita en México para dialogar con autoridades de este país sobre la epidemia de fentanilo que afecta Estados Unidos, el tráfico de armas a través de la frontera y sus preocupaciones por los niveles de violencia registrados.

“Con respecto a la violencia en México, los preocupantes niveles de violencia. Hemos compartido con los representantes del gobierno mexicano nuestra gran preocupación (respecto a) la violencia que afecta a diferentes sectores de la población mexicana, el temor que esto crea en la sociedad, la amenaza que representa para el avance de la democracia y, por supuesto, la inseguridad que causa.

"Hay varios factores que juegan un papel importante y que contribuyen a esta triste realidad y vamos a continuar conversando sobre el tema”, detalló el congresista Jesús García en conferencia de prensa en la sede de la embajada estadunidense.

Además de Chuy García, de Illinois, el senador demócrata por Connecticut, Chris Murphy, así como la congresista Cori Bush, de Missouri, aprovecharon las reuniones que han tenido a lo largo del día para subrayar la gran preocupación que existe en Estados Unidos por la violencia que se vive en México. 

“Con respecto a la violencia en México, los preocupantes niveles de violencia. Hemos compartido con los representantes del gobierno mexicano nuestra gran preocupación (respecto a) la violencia que afecta a diferentes sectores de la población mexicana, el temor que esto crea en la sociedad, la amenaza que representa para el avance de la democracia y, por supuesto, la inseguridad que causa. 

"Hay varios factores que juegan un papel importante y que contribuyen a esta triste realidad y vamos a continuar conversando sobre el tema”, detalló García en una conferencia de prensa desarrollada este jueves en la sede de la embajada estadunidense.

Esto toma especial relevancia, tras los acontecimientos de hace unas semanas donde distintos cárteles de la droga quemaron vehículos y tiendas de conveniencia o incluso dispararon directamente en contra de civiles en ciudades como Tijuana y Ciudad Juárez, lo cual pudiera considerarse como terrorismo según la legislación vigente en ambos lados de la frontera. 

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que Estados Unidos no respondió su nota diplomática para conocer si otorgan financiamiento a organizaciones de la sociedad civil en México.

"No ha habido respuesta y todo indica que siguen financiando a este grupo. Es algo que no coincidimos con el gobierno de Estados Unidos", subrayó durante su conferencia matutina.

En mayo del año pasado, el mandatario envío una nota por el financiamiento a organizaciones cómo Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, lo que calificó como "intervencionismo".

El presidente señaló que ningún gobierno tiene el derecho de intervenir en asuntos de otras naciones.

"Cada país tiene su gobierno que debe ser libre, independiente y soberano. Entonces, no estamos de acuerdo en que ningún gobierno extranjero intervenga en asuntos que sólo corresponden, sólo competen a los mexicanos", apuntó.

Lo anterior, dijo, aplica para cualquier gobierno, sea Rusia, China o Estados Unidos.

"No aceptamos el intervencionismo. Es parte de una política colonialista, muy atrasada, anacrónica", enfatizó.