Las ganancias netas de Petróleos Mexicanos (Pemex) se redujeron 92% en el primer trimestre de 2024, respecto al mismo periodo de 2023, de acuerdo con su reporte financiero dado a conocer este viernes.

La empresa había reportado una ganancia de 56 mil 736 millones de pesos entre enero y marzo de 2023, pero en el mismo periodo de este año, el monto de ganancias netas se redujo a 4 mil 682 millones de pesos.

“Los principales factores que contribuyeron a esta variación fueron la disminución en las ventas totales y en el rendimiento en cambios, un incremento en el costo de ventas, compensado con una disminución en el deterioro de activos fijos y menores impuestos y derechos”, apuntó la empresa.

Sin embargo, pese a estos resultados la empresa logró reducir más la deuda de 106 mil 55 millones de dólares al cierre de 2023, a 101 mil 499 millones de dólares, indicó en el reporte financiero.

Lo anterior principalmente por los apoyos que recibe la compañía del gobierno federal como aportaciones de capital, las cuales este año ascienden a más de 145 mil millones de pesos.

De acuerdo con la presentación, estos recursos se van a transferir a Pemex conforme a un calendario establecido con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y sería en septiembre de 2024 cuando las transferencias por ese monto culminen.

Pero además, el resultado negativo en ganancias viene acompañado de una mejora en el performance refinador de la compañía.

En el primer trimestre de 2024 el proceso de crudo en el Sistema Nacional de Refinación (SNR) registró una recuperación al promediar 985 mil barriles diarios, debido al mejor desempeño en las seis refinerías.

En particular, en marzo de 2024 se alcanzó el mejor proceso de crudo mensual en ocho años con un millón 62 mil barriles diarios.

Fue así que el margen variable de refinación del SNR se ubicó nuevamente en valores positivos al promediar 12.96 dólares por barril, mostrando una recuperación con respecto al trimestre anterior, el cual indicaba que por cada barril procesado no se ganaba, sino que Pemex perdía 3.53 dólares.

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Once oficiales de la Guardia Nacional fueron detenidos por policías municipales presuntamente por el robo de combustible de un ducto de Pemex, en la comunidad El Espejo, en el municipio de Apaseo el Alto.

Las detenciones se registraron la medianoche de este sábado 24 de mayo, luego de que la autoridad fue alertada por medio del Sistema 911 sobre actividades sospechosas, en las que estaba involucrada una pipa.

Al llegar al sitio indicado, elementos de la Policía encontraron una toma conectada a un ducto de Pemex y el camión cisterna con un guardia a bordo y otros agentes federales y patrullas en torno del vehículo.

Algunos elementos de la GN lograron alejarse del lugar, por lo que los policías municipales solo lograron la detención de once oficiales que se identificaron como Erick “N”, Cristian “N”, Daniel “N”, Josué “N”, Miguel “N”, Fernando “N”, Julio César “N”, Juan “N”, Iván “N”, Carlos “N” y Brayan “N”.

El personal de la Guardia Nacional aseguró que tenía bajo custodia la pipa, sin embargo, al hacer una inspección corroboraron que se trataba de un probable delito de huachicol.

Fueron aseguradas dos patrullas, camionetas tipo Pick Up Silverado, una camioneta particular Nissan Rogue y la pipa, al igual que las armas de cargo de los detenidos, y puestas a disposición del Ministerio Público.

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Texas no es sólo un productor y receptor de petróleo, es el corazón operativo donde se lava, legaliza y redistribuye el crudo robado en México, conocido como huachicol. No se trata de un comercio informal ni de un contrabando menor, sino “de una estructura trasnacional que implica complicidades institucionales, permisos falsificados, omisiones selectivas y flujos financieros que atraviesan las fronteras al amparo de documentos en regla. Ahora lo sabemos mejor y estamos averiguando todo”, confirma el Departamento de Justicia (DoJ) de Estados Unidos a El Universal.

El crudo hurtado a Pemex por grupos criminales coludidos con funcionarios en ambos lados de la frontera sale de México disfrazado de residuos industriales, cruza sin resistencia las aduanas de ambos países y es reintroducido en el mercado estadounidense como si se tratara de petróleo texano legal.

El caso de la empresa texana Arroyo Terminals, propiedad de la familia Jensen, dado a conocer en abril pasado por autoridades estadounidenses y presentado detalladamente por EL UNIVERSAL, expuso la arquitectura de un esquema que venía funcionando impunemente desde al menos 2019. “Ese caso es apenas un ejemplo, pero nos dio mucha información muy valiosa”, comenta la fuente del DoJ.

Arroyo Terminals no fue una situación excepcional, sino la expresión más visible de un sistema mucho más profundo, que sólo puede sostenerse en función de corrupción o colusión de múltiples autoridades en México y Estados Unidos.

Greg Abbott, como gobernador texano, nunca ha hecho una declaración pública reconociendo que Texas funcione como plataforma de legalización de crudo robado a Pemex. Su silencio frente a investigaciones federales que ya documentan la operación sistemática de empresas desde 2019 y hasta 2025, como Arroyo Terminals, lo convierte en un actor políticamente responsable por omisión, coinciden varios analistas.

Mano dura... pero no en todo

Abbott ha hecho de una aparente “mano dura” su sello político, sobre todo en temas de migración y fentanilo. Sin embargo, nunca ha incluido el contrabando de hidrocarburos en su discurso de seguridad, a pesar de que este financia directamente a los mismos cárteles que dice combatir. Su narrativa sobre seguridad fronteriza es selectiva y omite el papel de actores económicos texanos que se benefician del crudo ilegal.

En su respuesta, la Oficina se limita a insistir en que “ha tomado medidas sin precedente para proteger a los texanos de los cárteles, incluido el Jalisco Nueva Generación”, sin dar a conocer a cuáles medidas se refiere en lo referente al huachicol mexicano en Texas.

La oficina subraya que Abbott “designó a los cárteles mexicanos de la droga como organizaciones terroristas, permitiendo a Texas frenar sus operaciones criminales, utilizar el decomiso de bienes civiles para tomar sus propiedades y aumentar las sanciones penales durante un enjuiciamiento”, pero olvida mencionar que la declaración de los cárteles como “terroristas” es un asunto federal y no estatal.

Luego habla de operaciones de seguridad nacional para realizar arrestos de inmigración, lo cual no tiene que ver con el cuestionamiento del huachicol, y ya al final de su respuesta, afirma que “continuará trabajando con el Congreso —estatal— para detener el robo de petróleo por parte de los cárteles”.

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Playas de Rosarito, B.C. – La tensión aumenta en la Planta de Distribución de Petróleos Mexicanos (PEMEX) en Playas de Rosarito, luego de que trabajadores sindicalizados decidieran bloquear nuevamente las salidas de la terminal en protesta por la falta de acceso al servicio médico que les corresponde por contrato.

Los empleados han manifestado su inconformidad con la empresa, exigiendo que se cumplan las prestaciones establecidas en su contrato colectivo de trabajo. De acuerdo con los manifestantes, esta problemática no es nueva y aseguran que mantendrán el bloqueo de manera indefinida hasta que los directivos de PEMEX atiendan sus demandas.

Este cierre podría generar afectaciones en la distribución de combustible en la región, por lo que se espera que las autoridades y la empresa tomen medidas para resolver el conflicto lo antes posible. Mientras tanto, los trabajadores insisten en que no darán marcha atrás hasta recibir una respuesta concreta.

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El director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Víctor Rodríguez Padilla, confirmó que una fuga de gas amargo en la refinería de Deer Park, Texas, ha dejado un saldo trágico de dos personas fallecidas y 13 heridos. Durante la conferencia de prensa matutina desde el Palacio Nacional, Rodríguez Padilla informó que los cuerpos de los fallecidos, trabajadores de una empresa de mantenimiento contratada externamente, fueron recuperados la madrugada de este miércoles después de que las autoridades lograran disipar el gas tóxico en la zona afectada.

"Tuvimos una fuga de gas sulfhídrico, completamente nocivo para la salud", detalló el titular de Pemex, explicando que las personas afectadas fueron tratadas localmente, y 13 de ellas se encuentran hospitalizadas por precaución.

El gas sulfhídrico, conocido también como gas amargo, es altamente peligroso debido a su toxicidad. Los dos fallecidos estaban trabajando directamente en la zona de la fuga cuando el gas escapó. La recuperación de sus cuerpos no fue posible hasta varias horas después, debido a que la zona permanecía contaminada.

Rodríguez Padilla enfatizó que se están realizando las investigaciones correspondientes para determinar las causas del accidente:

"No podemos especular con las razones de lo que sucedió hasta que se haga un análisis causa-raíz."

La refinería Deer Park, adquirida en 2021 por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador por un monto de 600 millones de dólares, ha enfrentado diversos retos, entre ellos una deuda de 980 millones de dólares que Pemex reconoció posteriormente. A raíz del accidente, las operaciones de la planta han sido reducidas al mínimo, aunque se espera que la situación se estabilice en las próximas horas.

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Tras casi 14 horas de discusión, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó esta madrugada las reformas a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, que restablecen la denominación de "empresas públicas" del Estado para Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE). La votación fue aprobada en lo particular con 350 votos a favor, 111 en contra y una abstención.

El dictamen, avalado por las bancadas de Morena, PVEM y PT, suprime el carácter de "empresas productivas" del Estado que la reforma energética de 2014 había otorgado a Pemex y CFE, devolviéndoles su carácter de empresas públicas. Asimismo, otorga a la CFE una prevalencia sobre las empresas privadas en el sector eléctrico, consolidando su papel dominante.

El decreto fue turnado al Senado de la República para su análisis y ratificación.

Prevalencia de la CFE y liberación del Estado en la transición energética

Una de las reservas aceptadas durante el debate, propuesta por los morenistas Ricardo Monreal y Ana Elizabeth Ayala, elimina la responsabilidad del Estado mexicano en la transición hacia energías limpias, previamente contemplada en la reforma. La reserva suprime el párrafo que establecía que el Estado debía encargarse de la transición energética y la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.

El documento aprobado también indica que las leyes secundarias definirán la participación de las empresas privadas en la industria eléctrica, pero estas "en ningún caso tendrán prevalencia sobre la empresa pública del Estado".

Posturas durante el debate

El coordinador de Morena, Ricardo Monreal, defendió la reforma argumentando que permitiría recuperar la rectoría del Estado en áreas estratégicas como la electricidad y los hidrocarburos. Asimismo, anticipó que las leyes secundarias garantizarán la prevalencia de la CFE con al menos el 54% de participación en el sector eléctrico, dejando el 46% restante para inversionistas privados, tanto nacionales como extranjeros.

Sin embargo, la reforma no estuvo exenta de polémicas y enfrentamientos verbales. Durante la discusión, legisladores del PAN y Morena intercambiaron acusaciones. En un momento particularmente tenso, un grupo de diputados panistas gritó “¡fuera, fuera!” a la morenista Dolores Padierna, quien los reprendió por exceder su tiempo en la tribuna.

La diputada de Morena, Rocío Abreu, también tuvo un acalorado intercambio con legisladoras del PAN, defendiendo la reforma al señalar que "no estamos aquí para arrodillarnos ante intereses privados".

Por su parte, la diputada Josefina Gamboa del PAN criticó a Abreu por su cambio de postura respecto a la reforma energética de 2013, acusándola de haber votado a favor de aquella reforma y ahora defender lo contrario. Gamboa argumentó que el actual dictamen está lleno de "mentiras" y que las medidas adoptadas afectan los tratados comerciales de México con Estados Unidos y Canadá.

Desde el PRI, el diputado Arturo Zamora advirtió que la reforma "violenta los principios constitucionales" en materia de derechos humanos y la no retroactividad de la ley, además de crear monopolios en el sector energético.

Objetivos de la reforma

La reforma aprobada subraya que la planeación y control del sistema eléctrico nacional buscarán asegurar el servicio de electricidad en todas sus fases, preservar la seguridad energética, y proveer electricidad a precios accesibles, priorizando la seguridad nacional y la soberanía a través de las empresas públicas del Estado.

El debate, que generó momentos de alta tensión, concluyó con la aprobación del dictamen y su envío al Senado para el siguiente paso legislativo.

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