Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Colombia ha desplazado a México como el país con más horas laborales semanales en América Latina, con un promedio de 44.2 horas. México, ahora en segundo lugar, registra un promedio de 43.7 horas, seguido por Honduras con 43.6 horas.

En contraste, en siete países de América Latina, incluido Panamá, las horas laborales semanales no superan las 40 horas. Panamá se destaca como el país con la menor cantidad de horas laborales, con solo 36 horas a la semana. Sin embargo, es importante considerar que estas estimaciones pueden incluir a trabajadores informales, lo que puede disminuir el promedio general.

En cuanto a jornadas laborales excesivas, la OIT señala que en Perú, Honduras y El Salvador, tres de cada diez empleados trabajan más de 49 horas a la semana, una situación similar a la de México, donde el 28% de los trabajadores superan esta cantidad de horas laborales.

Esta situación ha provocado un debate sobre la necesidad de reducir la jornada laboral en México. Aunque existen iniciativas para reducir las horas laborales a 40 horas semanales, estas propuestas se encuentran estancadas en el congreso, donde se ha solicitado un análisis más profundo sobre la reforma. A pesar de las expectativas de retomar este debate a principios de año, aún no se ha logrado un avance significativo.

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La propuesta de reforma laboral que busca reducir la jornada de trabajo de 48 a 40 horas semanales ha generado preocupación en el sector terciario en México, particularmente en comercio, servicios y turismo. La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur México) alertó que, de implementarse sin un análisis técnico adecuado y sin consulta previa a los actores del sector, esta medida podría desencadenar un aumento en la informalidad laboral y poner en riesgo la estabilidad de miles de negocios.

Desde Baja California, donde la informalidad laboral se mantiene por debajo del promedio nacional, el presidente de Concanaco, Dr. Octavio de la Torre de Stéffano, expresó su preocupación por la falta de respaldo técnico y la ausencia de un diálogo real con los sectores productivos. “No hay condiciones reales para aplicar esta reforma. No se trata de frenar el cambio, sino de evitar que el cambio destruya lo que funciona. El comercio, los servicios y el turismo no pueden sostener una medida que incrementa costos, reduce cobertura y empuja a la informalidad”, afirmó.

Según un estudio conjunto realizado por Concanaco Servytur y Canacintra a más de 1,200 empresas en todo el país, el 64 % considera inviable la reducción de jornada sin afectar su operación, y el 71.4 % prevé un aumento significativo en los costos operativos anuales. Además, el 58.85 % anticipa dificultades para mantener niveles adecuados de servicio y cubrir turnos, lo cual podría traducirse en pérdidas económicas de hasta 65,793 pesos por trabajador al año, poniendo en riesgo la supervivencia de microempresas y la generación de empleos formales.

En Baja California, donde la informalidad laboral oscila entre el 32.5 % y 37.5 %, el riesgo de que esta reforma mal diseñada provoque una mayor migración hacia la informalidad es alto. “Ser formal es caro y mantenerse en la formalidad es más caro aún; mientras tanto, la informalidad crece sin consecuencias, sin cuotas patronales, sin declaraciones y sin inspecciones. ¿Qué va a pasar? Va a crecer la informalidad”, advirtió De la Torre.

Frente a este escenario, Concanaco propuso una ruta alternativa basada en evidencia y diálogo, que incluye incentivos fiscales y tecnológicos, además de apoyar a los negocios familiares mediante la deducción total de la nómina laboral. También sugirió la creación de un Observatorio Nacional de Transición Laboral con participación tripartita gobierno, sector privado y sindicatos y la implementación de reformas laborales diferenciadas por sector, tamaño y región, en lugar de decisiones desde un enfoque político y electoral.

“El trabajo digno no se decreta, se construye con productividad, condiciones reales y políticas que respalden el crecimiento de cada sector. Desde Baja California reiteramos que esta reforma no es viable para el comercio, los servicios y el turismo”, concluyó el dirigente empresarial.

Desde el norte del país, se hizo un llamado a que las reformas laborales sean diseñadas con sensibilidad territorial y responsabilidad nacional, enfatizando que las decisiones deben tomarse desde la realidad del territorio y no desde decisiones unilaterales en oficinas alejada de la realidad empresarial.

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La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) en Baja California expresó su preocupación ante la posible reducción de la jornada laboral, debido a los impactos que podría generar en la operación de miles de micro y pequeñas empresas (Mipymes) del sector.

Iván Nolasco, presidente estatal de Canirac BC, señaló que el organismo a nivel nacional a participado activamente en las mesas de diálogo convocadas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), previstas del 19 de junio al 7 de julio, con el objetivo de hacer valer su postura basada en la realidad operativa de los negocios restauranteros.

“El 96% de los establecimientos del sector son microempresas, muchas de ellas familiares, y operamos los 365 días del año con horarios extendidos, lo cual hace indispensable que cualquier reforma considere esquemas flexibles y realistas”, apuntó.

Entre los temas que Canirac ha planteado en reuniones con la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados, dijo, se trata de defender los empleos que se generan desde la iniciativa privada, la necesidad de evitar un aumento súbito en los costos operativos, que se suman a pago de cuotas al seguro social, impuestos y derechos diversos, una nueva dinámica salarial y movimientos inflacionarios que pondrían en riesgo la viabilidad financiera de pequeños negocios.

El dirigente subrayó que la industria restaurantera representa el primer empleo para 1 de cada 5 jóvenes en México, quienes ven en los horarios flexibles y las jornadas extendidas, una oportunidad para estudiar y trabajar al mismo tiempo.

Por ello, subrayó el líder empresarial, Canirac propuso una reforma con tres ejes: un marco normativo flexible que incluya contratación por hora y jornadas divididas, una implementación gradual con incentivos fiscales, y un reconocimiento al sector como generador de primer empleo y promotor de inclusión laboral.

“Estamos a favor de una reforma que mejore la calidad de vida, pero insistimos en que debe ser viable y sostenible para los negocios, y con ello no comprometer la continuidad ni la permanencia del empleo formal”, afirmó Nolasco.

Además, alertó que la reducción de horas podría impactar negativamente los ingresos de miles de trabajadores, especialmente aquellos que dependen de las propinas como complemento esencial de su salario base.

En ese sentido, el líder restaurantero aseguró que la Canirac BC mantendrá una postura propositiva y abierta al diálogo, con la disposición de colaborar con el gobierno para construir un modelo laboral justo, defendiendo siempre los empleos que se generan desde la iniciativa privada como pilar del funcionamiento de nuestras comunidades, que no frene la productividad o las oportunidades para los jóvenes y grupos vulnerables.

Finalmente, reafirmó que el objetivo del sector es claro: una reforma laboral que beneficie a los trabajadores sin debilitar a las empresas que sostienen el empleo formal y el crecimiento de la economía local y nacional.

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Tijuana fue sede del Foro de Diálogo para la Implementación de la Semana Laboral de 40 Horas, organizado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), como parte del proceso nacional que promueve la reducción gradual de la jornada laboral en México rumbo al 2030.

El evento reunió a representantes de los sectores empresarial, sindical, académico y gubernamental. En representación de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, el secretario general de Gobierno, Alfredo Álvarez Cárdenas, expresó el respaldo del estado a esta reforma que busca mejorar la calidad de vida de los trabajadores.

Marath Baruch Bolaños, titular de la STPS federal, señaló que esta iniciativa forma parte del plan de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y destacó sus beneficios en salud pública y productividad. También participó Alejandro Arregui Ibarra, titular estatal de la STPS, quien afirmó que esta transformación representa un momento histórico en el ámbito laboral.

El foro forma parte de una serie de encuentros que comenzaron el 19 de junio y continuarán el 3 de julio en Querétaro. La meta es establecer una ruta de implementación gradual hacia la jornada de 40 horas semanales en todo el país.

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La Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados en México ha decidido abordar la reforma constitucional que busca reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas. La discusión está programada para febrero del próximo año, cuando inicie el siguiente periodo ordinario de sesiones.

Los coordinadores de los grupos parlamentarios han mostrado su consenso en la creación de una Comisión de Trabajo especializada en Días de Descanso Laboral para analizar detenidamente este tema.

Jorge Álvarez Máynez, coordinador de Movimiento Ciudadano, detalló que la Jucopo acordó redactar una reserva común para someter a votación este asunto durante el próximo periodo de sesiones. "Es un acuerdo unánime", afirmó.

Álvarez Máynez destacó la importancia de abordar esta reforma sin más demoras. "Si este periodo adicional logra la unanimidad, entonces vale la pena el esfuerzo. Pero no hay evidencia para seguir postergando este tema. México, con medio siglo de retraso en términos de la jornada laboral, necesita avanzar", expresó al finalizar la reunión de la Jucopo.

El diputado señaló que la posible postergación podría haberse relacionado con las negociaciones del gobierno federal para aumentar el salario mínimo, pero no identificó ninguna otra razón para demorar esta reforma constitucional.

"La idea de que las inversiones se irán no tiene fundamento. En otros países, las jornadas laborales ya se han reducido. No creo que este modelo de precariedad sea justo para la clase trabajadora en el país, y es un compromiso histórico que debemos abordar en esta legislatura", advirtió Álvarez Máynez.

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