Las leyes mexicanas reconocen dos tipos de regulación matrimonial: la primera figura jurídica es separación de bienes; la segunda es la sociedad conyugal, que implica los bienes mancomunados.

En la primera, los cónyuges mantienen la propiedad de los bienes que hayan adquirido cada uno antes y durante el matrimonio.

En la segunda, es necesario el acuerdo de ambas partes para rentar, vender o hipotecar los bienes. También implica que si un miembro de la pareja adquiere una deuda, su acreedor puede cobrarse con los bienes de ambos.

Si uno desea protegerse de esa situación es que puede elaborar un contrato prenupcial, que en México recibe el nombre de capitulaciones matrimoniales en el Código Civil.

Al elaborarlos, se facilitan los procesos de divorcio y se puede proteger el patrimonio en caso de que la pareja tenga problemas legales, ya que establece la administración de los bienes mientras dure un matrimonio y cómo se asignarán si éste se disuelve.

Las capitulaciones se estipulan antes de firmar el contrato matrimonial y entran en vigor en el momento que se firma y mientras dure el matrimonio.

Requieren elaborar una lista sobre los bienes que ya poseen los consortes, detallando quién es el dueño de cada uno de ellos, valor y si es que hay deudas sobre los mismos, es decir, hipotecas.

En el contrato se aclarará si la sociedad conyugal estará formada por todos los bienes propiedad de la pareja o sólo algunos, y de ser así, debe especificarse cuáles pertenecen a la sociedad conyugal y cómo serán administrados.

Hay que establecer si los bienes adquiridos durante el matrimonio son de ambos o de aquel que los adquiere, también si los sueldos o prestaciones por empleo se dividen entre los dos o le pertenecen a quien los genere.

Se define quién será el administrador de la sociedad conyugal y qué facultades posee. También se establece cómo se procederá jurídicamente con las propiedades en caso de que alguno de los esposos tenga problemas legales durante el matrimonio.

Se establecen las condiciones para terminar la sociedad matrimonial y también un apartado en caso de que alguno de los dos muera. Esa lista de bienes y el contrato aclarando todos los acuerdos de cómo se administrarán los bienes e ingresos de la pareja debe tener un registro ante notario público, quien entregará el documento oficial que recibe el nombre de escritura pública.

La escritura pública contiene un inventario de bienes muebles e inmuebles así como el encargado de administrarlos.

¿Y el concubinato?

Cuando una pareja ha vivido en unión libre por más de cinco años de manera ininterrumpida en el mismo domicilio, o si tienen un hijo, adquieren los derechos de una sociedad conyugal, por lo que se considera que los bienes les pertenecen a ambos, es decir, son mancomunados.

Pero si uno de los dos puede acreditar la propiedad de bien, mediante una factura o una escritura a su nombre, entonces la otra persona no podrá reclamarlo.

Ventajas:

Los acuerdos permiten establecer si se dará o no un compensación económica o pensión a alguno de los cónyuges al terminar el matrimonio.

En caso de que alguno de los esposos tenga problemas legales, facilita la protección del patrimonio en caso de haber hijos. Ya sea de ese matrimonio o de uno previo.

Ayuda a proteger a los intereses de aquellos esposos que son dueños de su propio negocio, ya que establecen límites para que la expareja sepa si tiene o no derecho a reclamar sobre ellos.

Libera al cónyuge de asumir deudas del otro, si así lo establecen. Es decir, establece las obligaciones y responsabilidades financieras de cada uno durante la sociedad conyugal.

Desventajas:

La ley otorga derecho de herencia a las parejas en caso de muerte, el acuerdo podría requerir que renuncies a ese derecho.

Si uno de los esposos aceptó no tener derechos sobre el negocio de su pareja, pero aun así le ayuda a que éste crezca, no puede reclamar una parte de las ganancias o tener derechos sobre la empresa.

Entre las parejas que no tienen una comunicación clara sobre el tema, puede generar desconfianza, malestar o sensación de desamor.

Existen personas que se sentirán incómodas de hablar sobre qué hacer si el matrimonio fracasa, pues sentirán que no se confía en el éxito de la relación.

El ministro Jorge Pardo Rebolledo admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad que promovió un grupo de Diputados en contra de la Ley de Seguridad Interior ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

La impugnación fue presentada por 188 diputados de la Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso de la Unión, quienes tienen 15 días hábiles, contados a partir del siguiente en que surte efecto la notificación del acuerdo para enviar una copia certificada de los antecedentes legislativos de la norma impugnada, incluyendo la iniciativa, los dictámenes de las comisiones correspondientes, las actas de las sesiones en las que se hayan aprobado, en las que consten las votaciones de los integrantes de ese órgano legislativo, así como los respectivos diarios de debates.

También se requiere al Poder Ejecutivo Federal para que en el mismo plazo envíe a la SCJN un ejemplar del Diario Oficial de la Federación, en el que se publicó el Decreto por el que se expide la Ley de Seguridad Interior.

Además de que se apercibe a las autoridades requeridas que, de no cumplir con lo ordenado, se les aplicará una multa.

Al presentar su informe, las autoridades deben señalar un domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, apercibidos que, de no hacerlo, las subsecuentes derivadas de la tramitación y resolución de este asunto, se les harán por lista, hasta en tanto cumplan con lo indicado.

 La aprobación en México de la Ley de Seguridad Interior, que avala el despliegue de las Fuerzas Armadas en caso de amenaza a la seguridad interior ha causado polémica, pero no es el único país donde se permite. Brasil, Honduras, Guatemala y El Salvador son algunos otros ejemplos.

En el caso de Brasil, el ejército ha sido desplegado en las favelas, para ayudar en la lucha contra el narco. La Constitución permite recurrir a las Fuerzas Armadas para labores de seguridad pública, y el presidente Michel Temer no dudó en invocar, por ejemplo, al artículo 142 cuando, en medio de crecientes protestas contra su mandato en mayo pasado decidió sacar al ejército a las calles temporalmente.

"Es una medida extrema del gobierno de Temer y la señal clara de que se perdió el control, con consecuencias muy malas para nuestra democracia", señaló en su momento André Cesar, analista de la consultora Hold, citado por la agencia AFP.

"Para quienes vivimos la dictadura, la presencia militar es siempre una cosa que nos asusta", señaló a su vez el senador Tasso Jereissati, del Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB). Igualmente criticado ha sido el uso del ejército en Guatemala, donde la Constitución describe al ejército como una institución destinada a "mantener la independencia, la soberanía y el honor" del país, así como la "integridad del territorio, la paz y la seguridad interior y exterior".

Uno de los grandes defensores de usar al ejército para combatir la violencia en las calles fue justamente el general Otto Pérez Molina, ex presidente de ese país.

Este año, en medio de la creciente polémica por abusos militares y por presuntos nexos con bandas delincuenciales, se anunció el retiro gradual de los militares en patrullajes policiales. Mientras unos lo han visto como una ganancia para la democracia, otros señalan que prefieren a los soldados que a los policías.

En Honduras distintos gobiernos han apoyado la salida de los militares a las calles para combatir niveles alarmantes de violencia y al narco. Incluso se creó la llamada Policía Militar del Orden Público, que ha sido muy cuestionada.

En El Salvador, apenas en septiembre pasado el gobierno ordenó un reforzamiento de la presencia militar en labores de seguridad pública ante la creciente inseguridad. Sin embargo, estudios han revelado que el uso de las Fuerzas Armadas en estos tres países centroamericanos no ha reducido la criminalidad, y en cambio sí ha generado indignación y protestas.