Francisco Cartas, coordinador Nacional del Servicio Profesional Docente de la SEP, insistió en la posición del gobierno Federal en el sentido de derogar la reforma educativa de la pasada administración y aseguró que la evaluación afecta la estabilidad laboral de los maestros.

Al participar en las audiencias públicas de la Cámara de Diputados, Francisco Cartas aseguró que las evaluaciones provocaron el cese de muchos maestros sin responsabilidad y aplicando pruebas estandarizadas que no tomaron en cuenta los contextos económicos, sociales y demográficos.

"Por eso coincidimos con la opinión de los docentes, en el sentido de que la evaluación establecida a través de la reforma educativa afectaba su estabilidad laboral, toda vez que la autoridad cesó a muchos maestros sin ninguna responsabilidad, aplicando evaluaciones estandarizadas que no toman en consideración los contextos económicos, sociales y demográficos que inciden en los procesos educativos", explicó.

En compañía de diputados de las distintas fuerzas políticas, Francisco Cartas dijo que como consecuencia de la aplicación de la reforma educativa, cerca de 150 mil maestras y maestros tramitaron su jubilación, a partir de las prácticas "intimidatorias de que fueron objeto para someterse a las evaluaciones".

"En tales circunstancias, el Ejecutivo federal ha propuesto abrogar la reforma educativa y detener las afectaciones laborales y administrativas de que es objeto el magisterio nacional. Con la iniciativa propuesta se busca dotar de educación de excelencia, a fin de que el proceso educativo cumpla con la alta función que la sociedad demanda", insistió.

Determinó que se realizaron más de 600 mil evaluaciones del desempeño a docentes y directivos de nuestro país, las cuales no tenían impacto en los programas de capacitación, "a los maestros simplemente se les proporcionaba un listado de cursos para que seleccionaran el de su interés, sin tomar en consideración si atendían algunas de las áreas de oportunidad que la evaluación había detectado".

La Secretaría de Educación de Baja California pagó el complemento de nómina para maestros jubilados de la Sección 2 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación: 28 millones 680 mil 681 pesos, fue el total del recurso estatal que se dispersó para cumplimentar el pago del complemento de nómina del mes de diciembre a los maestros jubilados de la Sección 2. 

Un total de siete mil 119 maestros jubilados recibieron el pago de manera electrónica, por medio de depósito este inicio de semana. Cabe aclarar que el complemento del pago de nómina es un recurso estatal que se paga los días 20 de cada mes a través de la Secretaría de Educación.

La dependencia reafirma su compromiso de garantizar los pagos y continuar con las gestiones pertinentes que aseguren al sector magisterial y a la población el cumplimiento de las remuneraciones salariales a los maestros, por el bien de todos, por el bien de nuestros alumnos.

Elementos de la Policía Estatal de Seguridad y Custodia Penitenciaria, se manifestaron esta mañana en el IMOS, para exigir se cumpla la promesa del Gobernador Jaime Bonilla, de autorizar la jubilación de al menos 100 elementos.

Cuauhtémoc Pérez Regalado, Presidente de la Asociación de Oficiales Penitenciarios, precisó que el recurso de 400 millones de pesos sólo requiere liberarse para jubilar a sus compañeros.

De estos 100 elementos, al menos 54 son urgentes, pues se trata de personas enfermas, con mutilaciones, que ocupan de muletas para caminar, presentan afectación mental, y también hay 8 viudas que siguen desprotegidas.

Indicó que 15 días atrás, el Gobernador Bonilla se comprometió a llamarle para resolver el tema, pero está a un par de semanas de dejar el cargo, y sigue sin atenderlos.

Los manifestantes siguen esperando ser recibidos por el Mandatario estatal, sin embargo, se advierte que ésto no pasará.

Álvaro Cázares García, secretario en Michoacán de trabajos y conflictos del nivel preescolar del ala magisterial Poder de Base, hizo público un video en el que quema más de un millón de pesos con el que presuntamente lo quiso sobornar su líder, Benjamín Hernández Gutiérrez.

En un video de un minuto 30 segundos, el profesor michoacano exhibe los fajos de billetes en una mesa y uno en las manos.

“Hago una denuncia pública al compañero Benjamín Hernández Gutiérrez, por haber intentado sobornarme a través de sus compinches y sus esbirros, con dinero, para que yo guardara silencio”, expresa.

El docente afirma que es bien sabido por ese bloque magisterial que ha sido un defensor de los derechos de los trabajadores de la educación. Acusa que, su liderazgo estatal, lo quiso acallar al enviarle ese recurso económico, a cambio de que acceda a actos de corrupción en perjuicio del magisterio.

“Pero eso no lo podemos hacer, porque yo también soy trabajador del estado de Michoacán y he sufrido los embates del gobierno durante más de cuatro años. Sé lo que es no comer, porque no nos llega el sueldo ni el salario, pero por esto, eso no lo voy a permitir; y si es necesario que me quiten mi plaza no importa.

"Aunque mi vida peligre, no me importa compañeros. Me mandaron a mí a hacer una función y voy a defender a mis compañeros del estado”.

Lo anterior es parte de lo que acusa el profesor, quien mientras echa los fajos de billetes de 500 pesos a una cubeta, expresa: “Esto es para lo que va a servir el pinche dinero que me mandó este cabrón (Benjamín Hernández)”. 

Posteriormente vacía una botella de alcohol en el recipiente con los fajos de billetes y les prende fuego y reitera: “ahí está su dinero, cabrones mugrosos”.

Entrevistado al respecto, Cázares García afirmó que se trata de más de un millón de pesos que presuntamente le hizo llegar el líder magisterial Benjamín Hernández.

Precisó que ese video que hoy hizo público, lo grabó a principios de este año; sin embargo, lo guardó, dijo, para que su denuncia no se prestara a malas interpretaciones y se relacionara con el proceso electoral.

Mencionó que lo hizo público ahora, porque se dijo cansado de tantas amenazas de parte de su líder magisterial e incluso de gente armada.

Álvaro Cázares denunció que entre los actos de corrupción que su dirigente Benjamín Hernández “y sus secuaces” le exigían hacer, era la venta de plazas (ilegal).

Además de los cambios de docentes de una escuela o región a otra que también cobran y, la asignación de plazas eventuales que eran para normalistas a “personas fantasmas”. En este último punto, acusó, esa primera asignación de 300 plazas no llegaron a los normalistas, salvo a algunos liderazgos de los estudiantes.

Las demás, señaló, se las otorgaron a personas que fueron utilizadas por Hernández Gutiérrez, en complicidad con funcionarios de la Secretaría de Educación estatal, solamente para cobrar y quedarse con el recurso.

Indicó que hubo liberación de pagos a esas personas de hasta 80 mil pesos a cada uno, cuando a los profesores eventuales que sí ejercen, solamente les dieron entre 5 y 15 mil pesos.

El profesor Álvaro Cázares García afirmó que de ahí fue donde salió el dinero que le hicieron llegar para que callara y dejara de denunciar ese tipo de actos.

Denunció que en esa cadena de corrupción participa el líder estatal de Poder de Base, Benjamín Hernández y Alejandro Amezcua, además de otros allegados.

Entre los funcionarios que presuntamente están involucrados, está el titular de la Secretaría de Educación, Héctor Ayala Morales, la directora de administración de personal, María Bárbara de Jesús Torres Mora y tres funcionarios más.

Álvaro Cázares se dijo consciente del riesgo que implica hacer pública esa denuncia, pero dijo asumir esa responsabilidad. Hizo responsable de cualquier cosa que le pase al secretario Héctor Ayala y a su líder magisterial, Benjamín Hernández. El docente presentó algunos documentos que prueban algunos de sus dichos.

A pesar de que se buscó al titular de la SEE, Ayala Morales, el funcionario se negó a fijar una postura. También el líder estatal de Poder de Base, Benjamín Hernández, no respondió las llamadas.

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La enfermera jubilada del IMSS, Genoveva Ochoa encabeza un grupo de personas que al igual que ella, aún no reciben la devolución del ahorro por Cesantía y Vejez que le descontaban durante los 27 años de servicio que prestó en el Instituto Mexicano del Seguro Social.

La enfermera y tres de sus compañeras se encuentran afuera de las instalaciones del cuartel de la Guardia Nacional que en unos momentos inaugurará el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador con la esperanza de poder entregar un escrito en el que contiene la solicitud de que se resuelva su problema.

Aclara que sólo en Tijuana existen 300 trabajadores ya jubilados del IMSS a quienes no se les ha cubierto esta prestación establecida en el contrato colectivo de trabajo, “pero somos millones en todo el país”.

Decenas de maestros se manifestaron esta mañana al exterior del centro de gobierno en la ciudad de Tijuana debido a la falta de pago a docentes interinos y el salario mínimo de las pensiones de los maestros jubilados. 

"Les va a afectar a toda la burocracia en cualquier estatus laboral, la Suprema Corte de Justicia ya determinó que proceden los amparos y tendrá que ser a través de UMAS para calcular la pensión" expresó Marco Antonio Pacheco Peña, Coordinador de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación de Baja California (CNTE).

Por ello piden los docentes inconformes que antes de que se publique se detenga y se revise. 

La Unidad de Medida y Actualización (UMA) tiene un valor de 89.62 pesos, mientras que el salario mínimo es de 141.7 pesos, quiere decir una diferencia de 52.08 pesos. 

"Más en la frontera porque estamos hablando de una fuerte cantidad depende del estatus laboral, el año 2016 la UMA tenía un costo igual al salario mínimo y actualmente la diferencia es del 60 por ciento".

Pacheco Peña dijo que en caso de que las autoridades no atiendan las demandas de los maestros afectados continuarán presionando. 

"Vendrán otro tipo de presiones que ojalá no lleguemos a huelga de hambre o de exponer la vida como este día que salimos a la calle arriesgar la vida por la pandemia".