La ONU llamó este martes a todos los países a dar prioridad a la reapertura de sus escuelas en cuanto tengan controlada la transmisión local del coronavirus, advirtiendo de que los cierres prolongados plantean el riesgo de una "catástrofe generacional".

"Vivimos un momento decisivo para los niños y los jóvenes de todo el mundo. Las decisiones que los gobiernos y los asociados tomen ahora tendrán un efecto duradero en cientos de millones de jóvenes, así como en las perspectivas de desarrollo de los países durante decenios", señaló su secretario general, António Guterres, en un mensaje en video.

Guterres presentó un informe elaborado por la organización para analizar el impacto del cierre de los colegios, institutos y universidades y ofrecer recomendaciones a los responsables políticos.

Según el análisis, el mundo ya sufría una “crisis de la educación” antes de la pandemia, con más de 250 millones de niños en edad escolar que no estaban escolarizados y, en los países en desarrollo, con sólo una cuarta parte de los alumnos de secundaria terminando sus estudios con competencias básicas.

"Ahora nos enfrentamos a una catástrofe generacional que podría desperdiciar un potencial humano incalculable, minar décadas de progreso y exacerbar las desigualdades arraigadas", avisó Guterres.

LA MAYOR DISRUPCIÓN EN LA HISTORIA

La pandemia, subrayó, ha causado "la mayor disrupción que ha sufrido nunca la educación".

Según datos de la ONU, a mediados de julio las escuelas permanecían cerradas en más de 160 países, lo que afecta a más de 1.000 millones de estudiantes, y más de un centenar de naciones aún no han anunciado fechas para la reapertura.

Entre las cosas que más preocupan a la organización destaca el tiempo perdido por millones de niños de educación preescolar, una etapa considerada clave y que es "el gran igualador", según apuntó en una conferencia de prensa Stefania Giannini, la directora general adjunta para Educación de la UNESCO.

La educación a distancia, con clases por radio, televisión y en línea, deja a muchos alumnos atrás, según avisa la ONU, que destaca el especial riesgo que sufren aquellos con discapacidades, de comunidades minoritarias o desfavorecidas, los desplazados y refugiados y aquellos que viven en zonas remotas.

Así, la pandemia está aumentando las desigualdades educativas y amenaza con deshacer de golpe los progresos logrados en las últimas décadas.

¿QUÉ HACER?

Ante esta situación, la ONU pide medidas en varios ámbitos, empezando por la reapertura de las escuelas tan pronto como sea posible, una cuestión que está generando un fuerte debate en muchos países.

"Una vez que la transmisión local del COVID-19 esté controlada, devolver a los alumnos a la escuela y las instituciones de enseñanza de la manera más segura posible debe ser una de las prioridades fundamentales", explicó Guterres.

Para la ONU, "será esencial encontrar un equilibrio entre los riesgos para la salud y los riesgos para la educación y la protección de los niños, y tener en cuenta también la repercusión en la participación de las mujeres en la fuerza de trabajo".

Según el informe, en ese proceso es fundamental consultar a los padres, cuidadores, al personal docente y a los propios alumnos.

Además, Naciones Unidas pide dar prioridad a la educación en la distribución de fondos, protegiendo y aumentando los presupuestos educativos en las cuentas públicas, y reclama que este ámbito esté "en el centro de los esfuerzos internacionales de solidaridad".

La ONU reclama también prestar especial atención a los estudiantes en situaciones más vulnerables y anima a aprovechar la pandemia para transformar los sistemas educativos a través de más infraestructura digital, revitalizando el aprendizaje continuo o usando métodos de enseñanza más flexibles.

"Tenemos una oportunidad generacional de reimaginar la educación y la enseñanza. Podemos dar un salto y avanzar hacia sistemas progresistas que impartan educación de calidad para todos, como trampolín para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible", aseguró Guterres.

Luego de su despido como director general de Materiales Educativos de la Secretaria de Educación Pública (SEP), Marx Arriaga Navarro, afirmó en sus cuentas de redes sociales que no se retirará de su cargo.

"Protesta con propuesta! Nuestros Comités de Defensa decidieron que resistiéramos en esta oficina donde se defendieron los Libros de Texto. Pero no lo haremos con los brazos caídos. Nos proponemos 24 horas de reflexión crítica sobre el sueño del Humanismo Mexicano y la #NEM", dijo.

Anunció que encabezará una jornada de "Protesta con propuesta", y dijo que permanece en sus oficinas "rodeados por las cloacas de la @SEP_mx." porque "¡o luchamos juntos o nos derrotarán por separado!".

Este viernes, Arriaga Navarro ofreció una conferencia de prensa, en la que señaló que no se le había notificado de su despido, por lo que no se iría hasta recibir una notificación formal.

A pesar de que la SEP confirmó su remoción, Arriaga Navarro decidió defender su cargo frente a la dependencia y llamó a una jornada de 24 horas de protesta en defensa de los libros de texto.

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La Secretaría de Educación Pública (SEP) elaboró el documento Infancias y adolescencias trans y no binarias, en el que se pide al magisterio reconocer las variadas identidades de género que hay, así como a las infancias y adolescencias trans y no binarias que existen en las escuelas de educación básica del país.

Este viernes en las escuelas públicas de educación básica se llevará a cabo el Consejo Técnico Escolar (CTE), por lo que ese tema será abordado en planteles públicos.

“Es necesario reconocer, valorar y apreciar la riqueza y la diversidad que conforman a las comunidades, a fin de visibilizar la multiplicidad de identidades que coexisten, pues estos elementos convergen en las escuelas y se convierten en desafíos que se han de atender desde el ámbito educativo, por lo que se requiere de pensamiento crítico, sensibilidad hacia las distintas formas de habitar el cuerpo y de una pedagogía que impulse el autoconocimiento, la posibilidad de expresarse libremente, el reconocimiento y respeto de las diferencias sexo-genéricas, la convivencia sana y pacífica, y la toma de decisiones, entre otros”, señala el documento.

Expone que el reconocimiento de las infancias y adolescencias trans y no binarias en las escuelas de todo el país “es una invitación a enfrentar nuevos retos desde un enfoque humanista que enfatice el aprecio por la diversidad, lo que contribuye al goce pleno de los derechos de todas las personas”.

El material presenta una serie de propuestas a los maestros “para fomentar la sensibilización, el intercambio de experiencias y el aprendizaje colectivo”, al mencionar algunos desafíos a los que se enfrentan en la escuela al abordar situaciones relacionadas con las infancias y adolescencias trans y no binarias.

“Por ejemplo, reflexionen acerca de lo que harían como colectivo docente si una alumna desea ingresar a la escuela con uniforme de niño (suéter y pantalón) y pide que le llamen con nombre y pronombres de hombre o si, por el contrario, un niño ingresa con falda y pide que lo llamen con nombre y pronombre de mujer”, expone.

Además, les sugiere utilizar los boletines emitidos por las autoridades educativas locales o de otras instituciones, como el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, sobre el uso de uniforme neutro.

Les pide mirar el video Infancias y adolescencias trans y no binarias, para reflexionar en torno a las acciones que se pueden desarrollar en la escuela para favorecer la inclusión de esta población, y escuchar el testimonio anónimo Infancias trans, que transmitió el programa Diálogos en Confianza, de Canal Once. “Después, intercambien opiniones acerca de los elementos que inciden en la construcción de la identidad y analicen la manera en la que los factores sociales y culturales condicionan su expresión, principalmente en cuanto a la diversidad sexual y de género”, agrega el documento.

Les propone “propiciar el diálogo entre el colectivo docente a partir de preguntas de exploración, por ejemplo, ¿qué entendemos por identidad de género?, ¿qué sabemos respecto a la diversidad de expresión de género?, ¿qué orientaciones sexuales conocemos?, ¿qué sabemos acerca de la diferencia entre sexo asignado al nacer y la identidad de género?, entre otras”.

“Establezcan acuerdos acerca de los aspectos que se podrían incluir en su programa analítico o en su programa de mejora continua para abordar la diversidad sexual y de género en el aula, la escuela y la comunidad”, se indica en el texto.

Destaca que en 2019 el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación difundió un posicionamiento en el que indicó que el uso de uniforme neutro en las escuelas de educación básica de la Ciudad de México “permite avanzar hacia la inclusión y a erradicar la discriminación por razones de estereotipos de género”.

Una infografía en el documento destaca que “cuando hablamos de infancias y adolescencias trans nos referimos a niñas, niños, niñes y adolescentes cuya identidad de género, es decir, la vivencia interna y personal de ser niña, niño, mujer, hombre o de otra identidad, no corresponde con el sexo asignado al nacer. Por su parte, el término no binario hace referencia a quienes no se identifican completamente como hombre o mujer”.

Resalta que “la Nueva Escuela Mexicana coloca a cada persona y su dignidad en el centro del proceso educativo. Desde este principio, la atención a infancias y adolescencias trans y no binarias parte del reconocimiento de que todos los cuerpos, todas las expresiones y todas las formas de sentir y desear tienen derecho a existir y manifestarse. Garantizar este derecho significa también trabajar en comunidad para que nuestras escuelas sean espacios seguros, incluyentes y libres de cualquier forma de violencia o discriminación”.

A los directivos de cada escuela les recomienda implementar protocolos de prevención y atención del acoso escolar, complementados con prácticas restaurativas que prioricen el respeto y la empatía; brindar atención inmediata a reportes de violencia escolar, incluyendo aquellos motivados por transfobia o discriminación sexogenérica, y asegurar que baños y vestidores se utilicen conforme a la identidad de género del estudiantado; cuando sea posible, habilitar opciones neutras.

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El Comité sobre las Desapariciones Forzadas emitió este miércoles una nota aclaratoria en la que justifica su reciente decisión de solicitar que la situación de México en esta materia sea tratada en la Asamblea General de la ONU, una petición que ha sido muy criticada por el gobierno mexicano.

Se trata de la primera vez que este Comité activa este mecanismo, que eleva el caso a la máxima instancia de Naciones Unidas.

Las decisiones del comité que implican referir una situación nacional de desapariciones forzadas a la Asamblea "se toman siempre con extremo cuidado y con gran sentido de responsabilidad", asegura la nota, en la que se expresa el deseo del Comité de "mantener la cooperación y los intercambios constructivos con México".

Comité de la ONU plantea llevar caso mexicano de desapariciones a la Asamblea General

El pasado 4 de abril, el grupo de expertos -cuya misión es vigilar el cumplimiento por parte de los Estados firmantes de la Convención Internacional para la protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzada- anunció su intención de llevar el caso mexicano a la Asamblea General, en virtud del artículo 34 del tratado.

Esta decisión provocó las protestas de distintas autoridades mexicanas, incluida la presidenta, Claudia Sheinbaum, quien el martes acusó al Comité de tener "mucho desconocimiento" sobre su país.

El Comité recordó que el Artículo 34 (cuyas decisiones no tienen un carácter vinculante) permite llevar casos nacionales a la Asamblea General si recibe información creíble de que las desapariciones forzadas se están cometiendo de forma generalizada o sistemática en un país.

Polémica entre México y la ONU por desapariciones forzadas

Sheibaum comentó a este respecto que las desapariciones forzadas en México eran perpetradas por "la delincuencia organizada", no por el Estado, e indicó que se había enviado una nota diplomática al Comité para expresar la disconformidad del Gobierno mexicano.

El Comité afirmó que algunas reacciones tras su decisión "revelan cierta confusión respecto al procedimiento" y aseguró que su decisión de aplicar el artículo 34 se adoptó "por consenso" y sobre la base de denuncias recibidas, de informes -incluido el del Estado parte- y otros elementos.

Así mismo señaló que solicitará información al Estado parte sobre las denuncias recibidas, "lo cual no prejuzga en modo alguno los próximos pasos del procedimiento en virtud del artículo 34".

Subrayó, por otro lado, que las desapariciones forzadas que cubre la Convención no se refieren solamente a las cometidas por actores estatales, sino también por grupos paramilitares o el crimen organizado.

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El Comité contra la Desaparición Forzada (CED, por sus siglas en inglés) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) dictó medidas cautelares al Estado mexicano para el correcto resguardo de los restos y objetos personales, así como para garantizar el acceso a la información, participación y protección de los familiares y representantes de las personas desaparecidas en el rancho Izaguirre, ubicado en Teuchitlán, Jalisco.

En un comunicado, el CED afirmó que Solidaria y la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato presentaron 18 casos con medidas cautelares presentadas previamente al Comité, y argumentaron que dichas medidas son de interés de todos los colectivos y de todas las personas desaparecidas en tanto no exista una investigación exhaustiva que identifique los restos encontrados y los objetos personales con sus respectivos dueños.

Señaló que el Comité está particularmente preocupado por las reiteradas alegaciones que ha recibido sobre la existencia de un riesgo de daño irreparable sobre los restos óseos y elementos probatorios localizados en el “Rancho Izaguirre”.

"El Comité está preocupado por las alegaciones recibidas según las cuales, los familiares y representantes de las personas desaparecidas referidas en esta nota se enfrentarían a dificultades para acceder a la información sobre los procesos de búsqueda e investigación relacionados con los casos de sus seres queridos, así como participar en los mismos, incluyendo en el marco de los hallazgos en el 'Rancho Izaguirre', en Teuchitlán, Jalisco", indicó.

Y agregó que "el Comité también está preocupado porque, según las alegaciones recibidas, las personas que conforman los colectivos de búsqueda de personas desparecidas que realizaron el hallazgo en el 'Rancho Izaguirre' se enfrentarían a amenazas, intimidaciones y represalias por sus esfuerzos en la búsqueda de sus seres queridos, a pesar de las medidas de protección que les fueron otorgadas por el Estado parte, incluyendo medidas cautelares interpuestas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos".

El Comité informó que las medidas solicitadas al Estado mexicano, son:

• Medidas inmediatas para la búsqueda de las personas desaparecidas y la investigación de sus alegadas desapariciones. El Comité resalta la importancia que las autoridades competentes tomen sin demora las siguientes acciones:
• Resguardar el predio del “Rancho Izaguirre” y realizar actuaciones de búsqueda e investigación coordinadas y exhaustivas, asegurando la participación de los familiares y representantes en dichos procesos;
• Resguardar todos los restos óseos y elementos probatorios localizados en el referido predio, en pleno respeto de la cadena de custodia;
• Realizar inmediatamente el análisis genético de los restos óseos localizados para su identificación, así como para comparar los resultados con los perfiles genéticos de las personas desaparecidas sobre las que se refiere esta nota verbal;
• Analizar exhaustivamente los objetos personales localizados, y determinar su potencial propiedad por parte de las personas desaparecidas en referencia.
• Realizar un análisis de contexto para determinar patrones, esclarecer motivos, el modus operandi de los perpetradores, determinar los perfiles de las personas desaparecidas y establecer las particularidades regionales que explican la desaparición, a la luz del Principio 8 de los Principios rectores para la búsqueda de personas desaparecidas (CED/C/7).

Otorgamiento de medidas cautelares:

1. Proteger inmediatamente a los elementos probatorios siguientes, con pleno respeto de la cadena de custodia. Estos incluyen:

(i) Fragmentos óseos y piezas dentales;

(ii) Objetos personales: prendas de vestir, calzado, maletas, biblias, libros, fotografías, cartas, llaveros, carteras, relojes y anillos;

(iii) Armas de fuego, casquillos de municiones y herramientas.

2. Informar al Comité acerca de las acciones tomadas para implementar las medidas cautelares requeridas.

III. Acceso a la información, participación y protección de los familiares y representantes de las personas desaparecidas.

3. Informar al Comité sobre las medidas implementadas para garantizar la transmisión de información periódica a los allegados y representantes de las personas desaparecidas sobre los avances de los procesos de búsqueda e investigación en curso, incluyendo los relativos a los hallazgos en el “Rancho Izaguirre”, en Teuchitlán, Jalisco.

4. Reforzar la plena participación de los familiares y representantes en los procesos de búsqueda e investigación cada vez que lo deseen. En caso de que dicha participación sea imposible por motivos fuera de control del Estado parte, explicar con antelación dicha situación y sus causas a los allegados.

5. Reforzar los mecanismos de protección otorgados por el Estado parte a las personas que forman parte de los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas que realizaron los hallazgos en el “Rancho Izaguirre”, en Teuchitlán, Jalisco.

6. Proporcionar información al Comité sobre las medidas adoptadas para implementar cada una de estas recomendaciones.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció que a partir del 29 de marzo del próximo año se implementará una medida que prohibirá la venta de comida chatarra en las escuelas de todos los niveles educativos en México. Este acuerdo, que proviene del sexenio anterior, buscará asegurar que solo se ofrezcan alimentos nutritivos a los estudiantes, como parte de un plan integral para combatir la obesidad infantil.

El titular de la SEP, Mario Delgado, explicó que la medida será de cumplimiento obligatorio en todas las 258 mil escuelas del sistema educativo nacional. "En la gran mayoría de las escuelas sigue permaneciendo la venta de productos de comida con muy poco valor nutricional, también conocida como chatarra", señaló Delgado, aludiendo a la necesidad de erradicar estos productos de las instituciones educativas.

Además, como parte de esta estrategia para mejorar la salud de los estudiantes, la SEP también planea extender los horarios escolares para que los alumnos puedan practicar deportes o participar en actividades artísticas. El objetivo es fomentar un estilo de vida más saludable y equilibrado en los niños y jóvenes.

La lucha contra la obesidad infantil ha sido una prioridad para el gobierno, y esta iniciativa refuerza el compromiso de las autoridades educativas de promover hábitos alimenticios más sanos y una mayor actividad física en las escuelas.

Con la entrada en vigor de esta medida el próximo marzo, las escuelas deberán ajustar sus horarios y ofrecer alternativas saludables tanto en sus comedores como en tiendas escolares, a fin de cumplir con las nuevas disposiciones y mejorar el bienestar de los estudiantes.

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