De acuerdo a declaraciones del Presidente de la Asociación de Escuelas Particulares Media Superior Y Superior, Jesús Ibarra, el Gobierno del Estado a través del Sistema Educativo estatal continúa debiéndoles más de 10 millones de pesos desde hace ya un año y a pesar de las diversas promesas de pago del Secretario de Educación en Baja California, Catalino Zavala Márquez, no se ha realizado ni si quiera un 10% del pago como señaló Zavala en la última intervención con la asociación de escuelas. 

"Precisamente estamos llegando al Centro de Gobierno a la Secretaría particular para insistir nuevamente con una audiencia con el Gobernador e intervenga ya que se echan la bolita el Secretario de Hacienda y Secretario de Educación, pero no resuelven ninguno de los dos" comentó Jesús Ibarra.

Según menciona Ibarra en enero se acordó que se pagaría un pago parcial y así cada semana hasta liquidarse el total sin embargo no se ha realizado tal pago, y les están otorgando firmar el siguiente convenio de ciclo escolar aceptando a los alumnos cuando aún tienen ese adeudo. 

"Quiero resaltar que derivado de este incumpliendo de compromisos y acuerdos del Secretario de Educación, tuvimos una reunión con las 15 escuelas a las cuales se les adeuda y ya prácticamente se va a tomar la decisión ya de suspender a los alumnos incluidos en este programa que son 3,500 alumnos" mencionó el presidente de la asociación, Jesús Ibarra.

Durante los primeros seis meses del año la incidencia delictiva en la ciudad creció 9.7%, con relación al mismo periodo del año anterior, según información de la propia Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado, ante lo cual es importante la prevención desde el hogar y la escuela, dijo el presidente de la Asociación de Escuelas Particulares de Tijuana, Marko Díaz.

Díaz anunció la aplicación, por parte de los colegios afiliados a la ADEPT, del programa internacional “Educando Para la Paz”, pues “en un mundo en constante cambio, la paz es un objetivo que todos anhelamos, y qué mejor manera de construir un futuro armonioso que a través de la educación”.

“Educando Para la Paz”, manifestó, es una iniciativa de la organización no gubernamental de carácter internacional Movimiento por la Paz, que busca conseguir un modelo de escuela en el que la convivencia pacífica sea una realidad con la participación de toda la comunidad educativa, para hacer de los centros de enseñanza espacios de sana convivencia, respeto y apoyo mutuo. 

Marko Díaz estableció que es necesaria la prevención a edades tempranas, en una ciudad como Tijuana, en donde a Julio de este año se contabilizó un total de 28 mil 714 delitos, 9.7% más que en el mismo periodo del 2022, cuando ocurrieron 26 mil 174 hechos delictivos, según información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana a nivel estatal

Explicó que según el portal de internet de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California, en los primeros seis meses del año en curso la mayor cantidad de delitos fueron el robo en sus diferentes modalidades, con 8 mil 778, 4.8% más que en el mismo periodo del 2022 cuando ocurrieron 8 mil 373.

Le siguieron los delitos patrimoniales, que incluyen abusos de confianza, daño en propiedad ajena, extorsión, fraude y despojo, con 3 mil 739 hechos, mientras que en el caso de los homicidios, en el primer semestre del año en la ciudad ocurrieron 1 mil 102, 17.73% más que los ocurridos en 2022 (936 casos en el primer semestre).

Señaló que por ello trabajar en la prevención, todos unidos autoridades, maestros y padres de familia, es impostergable para impulsar a las nuevas generaciones a crecer con una comprensión profunda de la empatía, la resolución de conflictos de manera armoniosa y la tolerancia.

“Imaginemos a los estudiantes desarrollando habilidades para comunicarse efectivamente, abrazar la diversidad y encontrar soluciones pacíficas a los desafíos que a diario enfrentan”, subrayó.

Por ello el presidente de la Asociación de Escuelas Particulares de Tijuana pidió priorizar la educación emocional y social de los niños y adolescentes en el hogar y en la escuela, para lo cual, insistió, en muy necesaria la participación de los padres de familia, la autoridad y lo maestros.

Debemos de trabajar juntos para revertir la escalada delictiva que enfrentamos y lograr una ciudad más armoniosa cuyos habitantes estén enfocados en el progreso conjunto para el bien de todos.

Jesús Ibarra Estrada, presidente de la Asociación de Escuelas Particulares de nivel Medio Superior y Superior, informó que, en seguimiento a los acuerdos con Fernando Sánchez, titular de Seguridad Ciudadana en Tijuana, varios centros escolares trabajan programas de prevención del delito y conectarán sus cámaras de video vigilancia al C2.

“Es grato saber que ya varias escuelas de nuestras afiliadas se pusieron en contacto con la autoridad de seguridad pública y ya los están implementando los programas de prevención del delito que con los que ellos cuentan y que los pusieron a nuestra disposición”.

Hay que destacar que se vincularán las cámaras de los centros escolares al C2, el primer paso es la absoluta voluntad de las escuelas y segundo tener las especificaciones técnicas que requieren las videocámaras para enlazarse en beneficio de la seguridad de nuestros alumnos y de los inmuebles.

Jesús Ibarra expresó lo anterior, al término de la sesión de consejo directivo de la asociación que preside, y que retoman una vez que lograron el finiquito del adeudo por parte del gobierno del estado por concepto de becas a estudiantes de bachillerato.

Al respecto, explicó que, sobre la continuidad de la beca para el presente ciclo escolar, como lo había anunciado la autoridad educativa, al final les comunicaron que no se iba a concretar, tenemos entendido que lo que hicieron es abrir dentro de lo posible más capacidad en las escuelas oficiales.

Desconocemos los resultados que vaya a tener la estrategia que tomó la autoridad educativa, pero si en su momento queda abierta la posibilidad de replantear el nuevo convenio para el siguiente ciclo escolar.

“La óptica de la asociación es de coadyuvar con la autoridad en que los alumnos que no obtengan un espacio en las escuelas públicas, apoyar con una beca con un costo para simbólico porque esos montos de la beca la verdad no le resulta atractivos a las escuelas particulares, sin embargo, el fin es el que el alumno continúe estudiando y le entramos de la mano del gobierno del estado”, subrayó Ibarra Estrada.

Por otra parte, mencionó que entre otros acuerdos del consejo está el contactar a la autoridad educativa puesto que hay algunos planteles afiliados que traen trámites de RVOE pendientes, es decir trámites de Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios de algunas carreras en el tema de universidades y algunas modalidades de escuelas preparatorias.

También, gestionar como asociación con la autoridad educativa el que se les dé el trámite correspondiente a la documentación de algunas escuelas incorporadas a la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial (DGETI) que no le será entregado alguna documentación del ciclo pasado, en este caso algunos certificados.

El presidente de la Asociación de Escuelas Particulares de nivel Medio Superior y Superior recordó que a la fecha agrupa a 30 escuelas que representan 10 mil alumnos de nivel bachillerato y universidad.

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Desde el año 2021 el Gobierno de Baja California presenta un adeudo superior a los 8 millones de pesos a la Asociación de Escuelas Particulares de Educación Media Superior y Superior.

El Presidente del Consejo Directivo de la Asociación, Jesús Ibarra Estrada explicó que el adeudo corresponde a 9 escuelas afiliadas a la Asociación y que participan en el programa "Prepa Con Inclusión y Equidad".

Explicó que dicho programa implementado por la anterior administración es para aquellos estudiantes de preparatoria que no obtuvieron un espacio en escuelas públicas.

"Nos pidieron que fuéramos solidarios y recibir a esos alumnos con una beca de 3 mil pesos al semestre, cosa que es simbólico porque esos 3 mil pesos no alcanzan para nada en una escuela particular", expresó Ibarra.

Con el programa se veían beneficiados alrededor de 3 mil alumnos e indicó que desde el mes de diciembre las autoridades de gobierno se habían comprometido en cubrir la deuda. 

Por su parte, el Secretario de Educación del Estado, Gerardo Solís Benavides reconoció el apoyo que les han brindado y aseguró que se están haciendo las gestiones con la Secretaria de Hacienda para cubrir el monto pendiente.

"Se vuelve a validar, se hace una auditoría y eventualmente por supuesto que va haber un pago porque está comprobado la gestión con ellos", manifestó Solís.

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Los niños de preescolar son quienes sufren más afectaciones en su desarrollo debido a la falta de clases presenciales, consideró la psicopedagoga Alejandra Uribe.

 Y es que más allá de los conocimientos académicos, con las aulas cerradas se pone en riesgo la adquisición de otro tipo de aprendizajes. 

“En área de preescolar es donde podríamos ver más dificultades derivadas de la pandemia, debido a que esta etapa es tan crucial para el desarrollo de nuestros niños.

 “Lo importante no es solamente la cuestión académica, sino todas las habilidades sociales, habilidades comunicativas y el lenguaje, que se fortalecen en la interacción con otros niños”, explicó. 

En esta etapa, según la especialista, la educación a distancia no alcanza a suplir lo que se adquiere en las aulas. 

“Por más que como papás queramos brindar un ambiente que estimule la socialización, vamos a tener carencias en casa. La escuela va a ayudar porque va a tener a más niñitos de su edad, va a tener una estructura, un currículum, un objetivo.

 “Definitivamente la escuela sí es indispensable, el que asistan de manera presencial es algo que quisimos adaptar a la forma en línea y dimos lo mejor que pudimos, aun así la tecnología no reemplaza el contacto que tenemos tanto nosotros los maestros con los niños, como niños entre niños”, consideró. 

Los efectos de la falta de interacción con personas de su edad ya comienzan a notarse, dijo. 

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) negó un amparo al Centro Educativo San Jerónimo, el cual opera diversas escuelas privadas en la Ciudad de México y que interpretó, al igual que muchos empresarios, que las reformas a la Ley General de Educación (LGE) permiten expropiar sus propiedades.

 Las modificaciones a la LGE fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF), en septiembre de 2019, y provocaron que algunos dueños de colegios interpusieran amparos ante el temor de que sus inmuebles pasarán a manos del Sistema Educativo Nacional (SEN). 

Los ministros avalaron un proyecto de sentencia de su homólogo Juan Luis González Alcántara Carrancá donde se deja claro que la inclusión de las escuelas privadas como parte del SNE es solo para que la Secretaría de Educación Pública (SEP) tenga atribuciones para revisar que los inmuebles y equipos son aptos, para garantizar la enseñanza de los alumnos en un ambiente sano y seguro.

 “…el hecho de que los servicios que prestan estos planteles privados deban de ajustarse a esos principios constitucionales, como integrantes del Sistema Educativo Nacional, no es sinónimo de que los bienes muebles e inmuebles formen, automáticamente, parte de su patrimonio, pues estos fueron adquiridos en términos de la legislación civil del Estado mexicano".

 “En ese orden de ideas, esta Sala identifica que, si la intención del legislador federal hubiese sido la imposición de alguna modalidad a dicha propiedad o, incluso, la expropiación de la misma, hubiese sido necesario, por un lado, dotar de legitimación constitucional a dicha determinación normativa en términos del interés social o de la satisfacción de alguna función social; y/o, en su caso (expropiación), realizar una reparación al titular de la propiedad (privada) mediante la entrega de una indemnización, la cual constituye una garantía de protección y defensa de aquélla”, detalla el proyecto.

 La Sala puntualizó que la SEP también está facultada para revisar que no se violen los términos del contrato que firman los padres de familia y los colegios, es decir, para que no se modifiquen las colegiaturas durante el año escolar.

 “En consecuencia, tanto el derecho humano a la educación como el principio del interés superior del menor son esos bienes constitucionalmente protegidos en virtud de los cuales la autoridad educativa, a solicitud de los consumidores del servicio, pueden intervenir en la relación jurídica de estos últimos con las instituciones de educación, esto en aras de vigilar que el contrato no sea modificado unilateralmente y de forma arbitraria, es decir, fuera de los términos pactados, así como de la legislación, tanto civil como en materia de educación vigentes, que resulten aplicables”, apuntó.