Un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) solicitó posponer la discusión de un amparo en cuyo proyecto de sentencia sostuvo que los bienes de las escuelas privadas no forman parte del Sistema Educativo Nacional (SEN).

El ministro, Juan Luis González Alcántara Carrancá tenía previsto presentar hoy ante la Primera Sala de la Corte su proyecto de resolución en un amparo tramitado contra la Ley General de Educación.

Sin dar a conocer sus razones, durante la sesión de este miércoles, el ministro solicitó dejar en lista el asunto, por lo que podría ser discutido la próxima semana.

"Sólo los muebles, inmuebles e instalaciones destinados a la prestación del servicio de educación de los planteles públicos son los que constituyen o integran el SEN; no así los bienes muebles e inmuebles que integran el patrimonio de los planteles privados que prestan el servicio educativo, pues éste se rige de conformidad con el marco normativo aplicable a la propiedad privada", señala la propuesta del ministro.

Además, el documento propone amparar a la escuela quejosa contra la disposición de la Ley General de Educación que faculta a la Secretaría de Educación Pública (SEP) para imponer medidas correctivas y precautorias a las instituciones educativas sin explicar el motivo.

Este es el primero de al menos 40 amparos tramitados por escuelas privadas de la Ciudad de México contra la Ley General de Educación que resuelva la Corte.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó 10 artículos de la Ley General de Educación referente a educación indígena e incluyente, ya que para su elaboración y aprobación el Legislativo federal no realizó consultas a dichos sectores. 

Durante la sesión del pleno del máximo tribunal del país, el ministro Alberto Pérez Dayán, encargado de elaborar el proyecto, explicó que aunque el Congreso de la Unión convocó a comunidades indígenas y personas con discapacidad a participar en mesas de análisis y encuestas por internet, estos mecanismos no cumplen con los requisitos de una consulta formal. 

"Las actuaciones aquí referidas de ninguna manera pueden considerarse como una consulta a grupos indígenas y afromexicanos, porque no se aprecia que la convocatoria a los foros y audiencias en comento se haya dirigido a esas comunidades o, siquiera, que se haya difundido o que se les haya hecho llegar de manera alguna, y, desde luego, tampoco se aprecia su participación", aclaró. 

Por lo que el pleno de la SCJN dio un plazo de 18 meses al Congreso de la Unión para que realice consultas a comunidades indígenas y personas con discapacidad. 

En este mismo plazo, el Legislativo federal deberá elaborar nuevos artículos de la Ley General de Educación que respondan a sus inquietudes. 

Además, el pleno del máximo tribunal del país avaló la constitucionalidad del último párrafo del artículo 106 de dicha ley, en la que se establece que únicamente los estudiantes de primaria, de cuarto año en adelante, podrán ser integrantes de los Comités Escolares de Administración Participativa, conformados en cada plantel. 

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) negó un amparo al Centro Educativo San Jerónimo, el cual opera diversas escuelas privadas en la Ciudad de México y que interpretó, al igual que muchos empresarios, que las reformas a la Ley General de Educación (LGE) permiten expropiar sus propiedades.

 Las modificaciones a la LGE fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF), en septiembre de 2019, y provocaron que algunos dueños de colegios interpusieran amparos ante el temor de que sus inmuebles pasarán a manos del Sistema Educativo Nacional (SEN). 

Los ministros avalaron un proyecto de sentencia de su homólogo Juan Luis González Alcántara Carrancá donde se deja claro que la inclusión de las escuelas privadas como parte del SNE es solo para que la Secretaría de Educación Pública (SEP) tenga atribuciones para revisar que los inmuebles y equipos son aptos, para garantizar la enseñanza de los alumnos en un ambiente sano y seguro.

 “…el hecho de que los servicios que prestan estos planteles privados deban de ajustarse a esos principios constitucionales, como integrantes del Sistema Educativo Nacional, no es sinónimo de que los bienes muebles e inmuebles formen, automáticamente, parte de su patrimonio, pues estos fueron adquiridos en términos de la legislación civil del Estado mexicano".

 “En ese orden de ideas, esta Sala identifica que, si la intención del legislador federal hubiese sido la imposición de alguna modalidad a dicha propiedad o, incluso, la expropiación de la misma, hubiese sido necesario, por un lado, dotar de legitimación constitucional a dicha determinación normativa en términos del interés social o de la satisfacción de alguna función social; y/o, en su caso (expropiación), realizar una reparación al titular de la propiedad (privada) mediante la entrega de una indemnización, la cual constituye una garantía de protección y defensa de aquélla”, detalla el proyecto.

 La Sala puntualizó que la SEP también está facultada para revisar que no se violen los términos del contrato que firman los padres de familia y los colegios, es decir, para que no se modifiquen las colegiaturas durante el año escolar.

 “En consecuencia, tanto el derecho humano a la educación como el principio del interés superior del menor son esos bienes constitucionalmente protegidos en virtud de los cuales la autoridad educativa, a solicitud de los consumidores del servicio, pueden intervenir en la relación jurídica de estos últimos con las instituciones de educación, esto en aras de vigilar que el contrato no sea modificado unilateralmente y de forma arbitraria, es decir, fuera de los términos pactados, así como de la legislación, tanto civil como en materia de educación vigentes, que resulten aplicables”, apuntó. 

Las Comisiones unidas de Educación y Estudios Legislativos del Senado aprobaron esta mañana de miércoles, en lo general, el dictamen de la Ley General de Educación Superior.

En un acuerdo que se alcanzó entre los integrantes de las Comisiones, se reservaron artículos relacionados con el financiamiento de la educación superior, para discutirse en el Pleno la próxima semana.

Durante la sesión, la preocupación principal que expresaron los legisladores es que el dictamen, tal como está, deja a la disponibilidad presupuestal el financiamiento a las universidades, además que se especifica que el presupuesto deberá ser, como mínimo, igual al del año anterior; lo que quiere decir que no se consideran ni el crecimiento de la matrícula de las instituciones ni el impacto de la inflación.

El país obtuvo los peores resultados en la prueba PISA entre las naciones que integran la OCDE

El reporte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), dado a conocer el lunes, detalla además que sólo uno de cada 100 alumnos de esta edad se colocó en los niveles más altos de desempeño del examen.

Señala que México, entre las economías que integran la OCDE, fue la nación que obtuvo los peores resultados.

"En México, sólo 1% de los estudiantes obtuvo un desempeño en los niveles de competencia más altos, nivel 5 o 6, en al menos un área; el promedio OCDE es de 16%", señala el informe.

La prueba PISA se aplicó a 79 naciones y economías, entre ellas a los 36 integrantes de la OCDE. "México no está al nivel", consideró Gabriela Ramos, directora de la OCDE.

El pleno de la Cámara de Diputados avaló, en lo general, con 288 votos en favor y 129 en contra, el dictamen de la Ley General de Educación y la desaparición del Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa (Inifed).

Al dictamen le presentaron 52 reservas de parte de todas las fracciones. Su posicionamiento a favor fue presentado por el diputado Azael Santiago Chepi (Morena), exdirigente de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

La legislación busca establecer los principios rectores de la educación en México, así como la doctrina de la Nueva Escuela Mexicana, a través de la cual, el Estado mantendrá la rectoría del Sistema Educativo Nacional y garantizará su "excelencia".

La Nueva Escuela Mexicana tendrá como objetivo impulsar el desarrollo integral de los alumnos para contribuir a la formación del pensamiento crítico y al crecimiento social "a través de la enseñanza de las humanidades, las artes, la ciencia, la tecnología y la innovación sustentable".

Sobre los planes de estudio, la normatividad destaca que la Secretaría de Educación Pública (SEP) los desarrollará tomando en cuenta las recomendaciones de la autoridad educativa local y de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (que sustituyó al INEE).

Además, en el artículo 45, la Ley General de Educación refiere que la educación a nivel bachillerato tendrá siete modalidades: bachillerato general, tecnológico, intercultural, artístico, técnico, comunitario, a distancia y tecnólogo.

Incluye también un capítulo dedicado a la educación indígena, la misma que deberá garantizar el Estado al mismo tiempo que respetará los derechos educativos, culturales y lingüísticos de las comunidades originarias indígenas y afromexicanas.

Respecto a la desaparición del Inifed, la legislación establece que la SEP operará el Sistema Nacional de Información de la Infraestructura, que será el encargado de hacer diagnósticos y definir acciones de prevención.

Los encargados de la construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación y reforzamiento de las escuelas serán las autoridades educativas locales y los comités escolares (integrados por padres de familia y maestros).

"Para garantizar el cumplimiento de los requisitos de construcción, diseño, seguridad, estructura y equipamiento que sean obligatorios, las autoridades educativas y los comités escolares deberán atender las leyes particulares de protección civil, de personas con discapacidad y de asentamientos humanos", añade la ley.