Ante la falta de una consulta a comunidades indígenas e irregularidades detectadas en el Título Segundo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó conceptos de la Ley de Educación del Estado de Puebla.

 Durante sesión remota de los magistrados, el máximo tribunal del país invalidó los preceptos contenidos en el Título Segundo, Capítulo VI denominado “De la Educación Indígena”, así como en el diverso VIII, denominado “De la Educación Inclusiva” de la Ley de Educación del Estado de Puebla, publicada el 18 de mayo de 2020.

La SCJN determinó que los preceptos invalidados incidían directamente en los intereses de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, así como de las personas con discapacidad. 

Ante las irregularidades detectadas, los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación coincidieron en que existía la obligación de consultar a grupos de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas previo a la expedición de la ley, de conformidad con los artículos Primero y Segundo de la Constitución de la República, Sexto del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y 4.3 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 

De la misma forma, siguiendo la línea establecida en diversos precedentes, el Pleno de la SCJN invalidó únicamente los preceptos impugnados y no la totalidad de la ley, lo cual surtirá efectos dentro de los 18 meses siguientes a que se notifiquen los puntos resolutivos al Congreso local. Ante el resolutivo, el poder legislativo local queda vinculado para que en un plazo de 18 meses lleve a cabo las consultas, las cuales no estarán limitadas a los artículos invalidados y emita la legislación correspondiente. 

La decisión de la SCJN es la respuesta a las acciones de inconstitucionalidad 131/2020 y su acumulada 186/2020, promovidas por diversos integrantes de la Sexagésima Legislatura del Congreso de Puebla y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, demandando la invalidez de diversas disposiciones de la Ley de Educación del Estado de Puebla, publicada el 18 de mayo de 2020 en el Periódico Oficial de Puebla. 

La ley de Educación del estado de Baja California será modificada con el fin de garantizar espacios de inclusión para estudiantes con discapacidad, indígenas y migrantes. Por ello se encuentran realizando mesas de trabajo en el Congreso del estado para recabar opiniones de los representantes de estos sectores.

La presidenta de la Comisión de Juventudes e Igualdad en la actual Legislatura, Michel Sánchez Allende, explicó que todas las comisiones tendrán participación desde su ámbito de trabajo para convocar a los sectores y conformar su aportación a la reforma.

Los trabajos surgen a partir de una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) hacia los cambios en la legislación mencionada que se aprobaron durante la XXIII Legislatura, cuando se modificó la Ley de Educación, pero sin tomar en cuenta opiniones de los sectores que supuestamente beneficiarían, explicó la diputada.

Las mesas de trabajo iniciaron la semana pasada por parte de Dunnia Murillo, presidenta de la Comisión de Educación del Congreso, y todos los diputados tendrán que convocar a la comisión que encabezan para trabajar en el tema.

Visita y accede a todo nuestro contenido | www.cadenanoticias.com | Twitter: @cadena_noticias | Facebook: @cadenanoticiasmx | Instagram: @cadenanoticiasmx | TikTok: @CadenaNoticias | Telegram: https://t.me/GrupoCadenaResumen |

La LX Legislatura del Congreso del Estado atenderá la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una vez que el máximo tribunal notifique el fallo para realizar las consultas necesarias luego de que fueron invalidados preceptos en el Título Segundo, del Capítulo VI “de la educación indígena” así como en el diverso VIII “de la educación inclusiva”, ambos de la Ley de Educación del Estado de Puebla, informó la presidenta de la Mesa Directiva del Poder Legislativo, diputada María del Carmen Cabrera Camacho.

 En este sentido aclaró que Ley de Educación no se modifica en su totalidad, toda vez que el fallo es, específicamente, sobre los artículos 46, 47 y 48 en materia de educación indígena y de personas con discapacidad, en los que la SCJN establece un criterio sobre las consultas que se tienen que realizar, al ser estos grupos vulnerables, así como en atención a sus necesidades.

 “La Ley de Educación se mantiene, en su generalidad, en buenos términos. Esta Legislatura tendrá que hacer la consulta ciudadana sobre estos trabajos que se van a ir desarrollando de manera colaborativa”, dijo. 

Refirió que para el desarrollo de las consultas ciudadanas habrá un trabajo de colaboración entre la Comisión de Pueblos Indígenas del Congreso del Estado y el Instituto Poblano de los Pueblos indígenas del gobierno estatal para establecer las acciones a seguir. 

“La resolución no ha llegado de manera directa al Congreso del Estado, por lo que es importante esperar la resolución de la Corte para que la atienda el Congreso y a partir de esto se revise y se analice el contexto legal para dar el cumplimiento y poder dar atención a las necesidades que siempre han sido una prioridad en la Comisión de Pueblos Indígenas de esta Soberanía”, finalizó. 

La Coalición para la Participación Social en la Educación, A.C. (COPASE) hace un llamado a los padres de familia a evaluar la educación que reciben sus hijos.

El Secretaría de Educación del Estado (SEE) mal clasifican los resultados del logro escolar de la prueba PLANEA.

Los resultados del logro educativo de los alumnos son muy preocupantes y alarmantes, 

El Gobierno de Baja California y autoridades educativas demuestran desinterés y apatía al cambio.

El Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes (PLANEA 2019), se puso en operación por primera vez en 2015, cuyos instrumentos se aplicaron a los alumnos de sexto de primaria, tercero de secundaria y del último grado de Educación Media Superior en dos áreas de competencia: Lenguaje y Comunicación (Comprensión Lectora) y Matemáticas.   

El objetivo principal de este esfuerzo evaluativo es: Conocer la medida en que los estudiantes logran el dominio de un conjunto de aprendizajes esenciales al término de los distintos niveles de la educación obligatoria.   

Los niveles de logro en el aprendizaje en los alumnos son calificados: Nivel 1= representa un logro de “insuficiencia”, Nivel 2= “indispensable”, Nivel 3= “satisfactorio” y Nivel 4= “sobresaliente”.  

Una apreciación oficial errónea:

El Sistema Educativo Estatal (SEEBC) mal clasifican el Nivel 2 como “LOGRO SATISFACTORIO”, COPASE opina que es una apreciación incorrecta e indebida, porque desorienta y confunde la percepción social sobre sobre los resultados, ya que dicho nivel representa “apenas un logro “indispensable” de los aprendizajes claves del currículo”.    

Resultados: Sexto de Primaria  

En lenguaje y comunicación, solo 3 alumnos de cada 10 se encuentran en el nivel satisfactorio y sobresaliente. Se observa que 7 de cada 10 alumnos se encuentran en los niveles de insuficiencia e indispensable (Nivel 1 y 2). Los niveles 3 y 4 registran una tendencia positiva en comparación con el reporte 2015.    

En matemáticas, solo 2 alumnos de cada 10 se encuentran en el nivel satisfactorio y sobresaliente. Se observa que 8 de cada 10 alumnos se encuentran en los niveles de insuficiencia e indispensable (Nivel 1 y 2). Los niveles 3 y 4 registra un avance en comparación con el reporte 2015.    

Tercero de secundaria   

En lenguaje y comunicación solo 6.9 % calificaron con nota de sobresaliente (nivel 4). Los niveles 3 y 4 registran una tendencia negativa en comparación con el reporte 2017. La entidad está calificada en el lugar 9 a nivel nacional con 75 % de los alumnos en estado de insuficiencia (31 % nivel 1) e indispensable del aprendizaje (44% nivel 2).   

En matemáticas solo 6.2 % calificaron con nota de sobresaliente. La entidad está calificada en el lugar 24 a nivel nacional con 86.4 % de los alumnos son calificados de insuficiencia (64.2% nivel 1) e indispensable del aprendizaje (22.2 % nivel 2). Los niveles 3 y 4 registra una tendencia negativa en comparación con el reporte 2017.    

Media Superior Planea 2018   

En lenguaje y comunicación la entidad está calificada en el lugar 5 a nivel nacional con 53 % de los alumnos en estado de insuficiencia (25.3 % nivel 1) y básico del aprendizaje (27.7 % nivel 2). Solo 12.9 % los alumnos calificaron con nota de sobresaliente. (nivel 4)  

En matemáticas la entidad está calificada en el lugar 4 a nivel nacional con 85.6 % de los alumnos en estado de insuficiencia (59.3 % nivel 1) y básico del aprendizaje (26.3% nivel 2). Solo 3.7 % calificaron con nota de excelencia. (nivel 4).   

Grado de cumplimiento educativo del SEE BC.   

En el reporte del Índice de Cumplimiento de la Responsabilidad Educativa estatal 2018, B.C. obtuvo una calificación de 5.5 sobre 10 puntos, ubicándose en el lugar 17 de las 32 entidades evaluadas. (fuente. Mexicanos primero)  

Pandemia  

Se puede aseverar que el SEE BC no estaba preparada para una disposición extrema como las medidas de una cuarentena y exhibió las carencias del sistema educativo. Los profesores ni los estudiantes están preparados tecnológicamente afectando el nivel de aprendizaje de los alumnos y provocando un costo adicional a los padres de familia. No se cuenta con un reporte confiable e independiente del nivel de aprovechamiento de los alumnos durante el ciclo aprende en casa.   

De la información anterior se puede extraer la siguiente conclusión alarmante:  

Según eficiencia terminal efectiva (cobertura y abandono escolar) nos refleja que solo dos de cada diez alumnos que ingresan a la media superior, egresan con los conocimientos básicos que debió adquirir. Lo mismo ocurre con tres de cada diez estudiantes en secundaria y cuatro de cada diez en Primaria. Fuente: Elaboración propia con base en información de PLANEA, SEP y de la Dirección General de Planeación, Programación y Estadística Educativa, SEP; Panorama Educativo de México 2017, INEE. 

La gran mayoría de los alumnos no cuentan con las competencias y habilidades del aprendizaje necesarios para la participación plena en la sociedad y el sistema educativo estatal (SEEBC) no se trasforma ni avanza en la dirección adecuada. 

¿Qué se necesita? 

COPASE replantea a la sociedad bajacaliforniana:    

Optar por un pacto educativo entre el gobierno y los actores sociales interesados en la educación como el proyecto presentado: “Acuerdo Social por la Educación en B.C.”: Agenda 2030 (ASE 2030), elaborado por especialistas y académicos en el estado. (ver documento: www.copasebc.com.mx).   

Mayor autonomía. Respetar los espacios democráticos, su configuración y organización de los Consejos estatal y municipales para asegurar una participación y vigilancia ciudadana efectiva.   

Privilegiar la evaluación y mejora continua para poder monitorear los avances y resultados a través de un órgano técnico e independiente.    

Mejorar la formación inicial y capacitación del profesorado. La calidad de la educación sólo va a mejorar si lo hace la formación de los docentes y el rigor en su selección.     

Promover e implementar la tecnología educativa, es urgente que se reinstale la plataforma Escuela Net en todos los niveles del sistema educativo estatal.    

Cambiar la Ley. En BC, por razones políticas y no educativas se designan a los altos funcionarios del SEEBC. Por lo tanto, se debe de introducir una nueva normativa en ley para que los futuros funcionarios del SEE BC cuenten con el perfil idóneo y con la experiencia probada en el sector educativo. Y, otros temas pendientes.  

En la crisis nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. La clave para una transformación exitosa en el SEE BC necesita obligadamente la determinación y voluntad política de la autoridad responsable que impulse un proyecto estratégico social y de largo plazo que genere líneas de alto impacto, medibles y efectivas para mejorar el nivel de aprendizaje y la calidad formativa de los alumnos.  

Hasta el momento, la presente administración estatal ha demostrado desinterés al dialogo constructivo y apatía a las propuestas presentadas por COPASE y sus 200 asociados que lo integran. El Gobierno del estado debe rectificar su postura y voltear a ver y escuchar a los actores sociales del sector educativo y responder con hechos.  

COPASE reafirma su compromiso de seguir colaborando con el gobierno estatal y los actores sociales para impulsar una reforma real, estructural y efectiva en la educación de B.C.         

¡Por una Baja California educada! 

www.copasebc.com.mx 

Alfredo J. Postlethwaite D.

Integrantes de la Asociación de Escuelas Particulares (AEP) de Tijuana, externaron su preocupación por la inminente aprobación de una nueva ley educativa para Baja California.

En conferencia de prensa virtual, por la emergencia sanitaria, Armando Navarro, presidente de la AEP de Tijuana, refirió que el 40 % de los preescolares podrían colapsar por falta de infraestructura.

Señaló que aunque solicitaron a los Legisladores locales tener un espacio de diálogo, no obtuvieron respuesta positiva.

Reconoció que los diputados y representantes de partidos de oposición si respondieron al llamado, aunque es probable que no sirva para frenar la aprobación del dictamen.

A su vez, Gustavo Fernández de León exdirectivos de Coparmex e integrante de la AEP Tijuana, resaltó dos temas que en especial preocupan.

Se trata de la obligatoriedad de entregar el 5 % de la matrícula a becas, así como el no incrementar más del 10% las colegiaturas.

De igual manera, el tema de las multas por alrededor de un millón de pesos para quienes retengan documentación de los alumnos o emitan documentación con errores.

Los integrantes de la AEP coinciden en que Baja California sí requiere de una nueva Ley de Educación, pero esta debe socializarse y procurar el beneficio para todos.

El dictamen de la nueva Ley de Educación para Baja California, se estaría aprobando en la próxima sesión de la XXIII Legislatura.

En la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, se dio lectura a las iniciativas de reforma a la Ley de Educación del Estado de Baja California, incluyendo la propuesta de una nueva Ley de Educación.

Con 4 votos a favor, 1 voto en abstención y 1 voto en contra se aprobó el dictamen presentado y será presentado en el pleno del Congreso del Estado en la próxima Sesión Ordinaria.

La Diputada Eva María Vázquez voto en contra de la propuesta: “Al día de hoy no existen las condiciones para tener un producto legislativo como el Estado de Baja California lo requiere”, manifestó la diputada Eva María Vásquez Hernández, como representante del Partido Acción Nacional en el Congreso del Estado. 

La legisladora señaló que, si bien es cierto, se han realizado múltiples ejercicios con sociedad civil organizada, a través de diversos organismos como la Coalición para la Participación Social en la Educación (COPASE), COPARMEX, representantes de los particulares que imparten educación, así como de gremios sindicales, por quienes existen diversas observaciones planteadas, sin embargo, el proyecto de dictamen no atendió totalmente las mismas.  

“Es importante incluir y mejorar el tipo de participación y alcances de todos los actores involucrados en la educación, en un tema que nos vincula a todos, que nos lleva a dar un paso importante, regionalizando la propuesta de armonización de acuerdo a las necesidades de cada entidad”, externó. 

Vásquez Hernández indicó algunos de los aspectos por los cuales no debe aprobarse este proyecto, como por ejemplo, que existe una disminución en la participación y atribuciones de las asociaciones de padres y madres de familia; se imponen cargas excesivas y restricciones a las instituciones de educación superior; se imponen planes, programas de estudio en el que se sigue el modelo de la llamada “Nueva Escuela Mexicana”, misma que estaría afectando libertades y derechos de particulares al imponer obligaciones e ideologías específicas.

Asimismo, agregó que no queda claro el concepto de la llamada “educación informal”, que no tiene validez curricular; se establece un sistema sin distinguir la forma de pago de maestros inscritos a ISEP y SEBS; se establecen sanciones excesivas a particulares que presten el servicio de educación, como multas por no utilizar los libros de texto autorizados o la retención de documentos por falta de pago de colegiaturas; entre otros temas.