La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) aseguró que las escuelas en general no pueden obligar a los padres de familia y consumidores, a comprar útiles escolares que sean nuevos, o que condicionen alguna marca en especial para el regreso a clases del siguiente ciclo escolar. 

El titular de la Profeco, Ricardo Sheffield Padilla, manifestó que un gran consejo que dan a los consumidores para el regreso a clases, es que rehúsen los útiles, los uniformes del ciclo escolar anterior, y todo lo que sea posible rehusar. 

“Si una escuela los obliga a comprar nuevo, que lo reporten, porque no los pueden obligar, no están obligados a comprar útiles nuevos si todavía están en condiciones de uso y los uniformes, la recomendación es rehusarlo y que ningún colegio te lo prohíba”, aseveró. 

En ese sentido, Sheffield Padilla sostuvo que las escuelas no pueden tampoco condicionar a que los padres de familia adquieran productos de una sola marca o una sola tienda. 

“No te pueden condicionar a comprar cierta marca, se compra donde le convenga al consumidor, se tiene que presentar una lista de útiles genéricos, y también que comparen precios y calidades de los útiles”, afirmó. 

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Las madres de familia en Tijuana desembolsan en promedio 4,000 pesos para adquirir útiles escolares y uniformes para sus hijos e hijas en educación básica de las escuelas públicas, según revelan testimonios recabados en la región.

La señora Melanie, madre de una niña en escuela pública, informó que ha comprado solo la mochila hasta ahora, pero estima gastar alrededor de mil pesos en útiles como libretas, colores y otros materiales escolares. Ella ha buscado opciones más económicas en papelerías y centros de distribución para reducir el gasto total.

Por su parte, Isabel, madre de un alumno en segundo grado de secundaria, señaló que ya ha invertido aproximadamente 3,000 pesos en útiles escolares, incluyendo 12 libretas de 200 pesos cada una, además de lapiceros, plumas, plumones y una calculadora, que le sirven para unos tres meses. La madre mencionó que, en años anteriores, el gasto había sido mayor, principalmente por la compra de uniformes y el cambio de nivel educativo.

En cuanto a los uniformes, Isabel indicó que el costo de camisetas, suéteres y otros accesorios oscila entre 400 y 600 pesos por prenda, lo cual incrementa el gasto inicial para el ciclo escolar. En total, calcula que invertirá unos 5,000 pesos en uniformes y útiles escolares.

Leobardo Morales, quien acudió a la papelería Monerick, surtió parte de la lista escolar para sus dos hijas, ambas en primaria, con un gasto de aproximadamente 1,030 y 1,015 pesos respectivamente. Él aún planea adquirir más útiles, por lo que estima que sus gastos totales superarán los 3,000 pesos.

Por último, Alma, madre de una estudiante de quinto grado, comentó que, aunque planea comprar solo lo que hace falta y reutilizar algunos materiales del ciclo pasado, calcula que gastará al menos 1,500 pesos en útiles escolares.

Estos testimonios reflejan que el gasto promedio en útiles y uniformes para el inicio del ciclo escolar en Tijuana ronda los 3,000 pesos por familia.

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En reunión con la Comisión del Trabajo y Previsión Social en la Cámara de Diputados, el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Iván Escalante, pidió a legisladores de Morena no intervenir en los operativos contra gasolineras y hoteles con irregularidades.

Escalante señaló que en varias ocasiones ha recibido llamadas de diputados que interceden por dueños de negocios, sin conocer los antecedentes de las faltas. "Les pediría que si no tienen la información de ambos lados, entonces no nos hagan el favor de intervenir", expresó.

Aseguró que cuenta con el respaldo total de la presidenta Claudia Sheinbaum para actuar, incluso si hay presión política. “La presidenta nunca me ha dicho ‘no vayas’ o ‘no hagas’. Me dijo: Iván, dale, es tu chamba”, relató, tras recibir llamadas de alto nivel para evitar la clausura de un hotel con múltiples irregularidades.

Durante su intervención, reveló que se han inmovilizado 250 mangueras por no despachar litros completos, como parte de un operativo realizado en 18 estados, donde se verificaron 107 estaciones de servicio.

El funcionario también narró que, en otro caso, una diputada buscó apoyo para una gasolinera supuestamente afectada por una revisión. Sin embargo, al revisar el expediente, se confirmó que los procedimientos fueron legales y bien documentados.

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Tras un proceso de conciliación entre la Secretaría de Educación y el Consejo Escolar de Participación Social, se reanudaron las clases en la Escuela Secundaria Técnica #18, ubicada en Mexicali.

El secretario de Educación, Luis Gilberto Gallego Cortez, destacó el compromiso de los padres de familia en la formación integral de sus hijos. Se llevará a cabo un seguimiento de las investigaciones relacionadas con el personal señalado, mientras se garantiza que los estudiantes puedan continuar con sus estudios en el ciclo escolar 2024-2025.

Durante el inicio del ciclo escolar, Baja California ha abierto más del 92% de sus escuelas. Además, la Secretaría de Educación continúa trabajando en el mantenimiento y mejora de la infraestructura escolar.

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La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha lanzado un operativo para proteger los derechos del consumidor durante el próximo período vacacional de Semana Santa. El director de Profeco, David Aguilar Romero, anunció que el operativo se llevará a cabo del 20 de marzo al 7 de abril con el objetivo de garantizar que se respeten los derechos de los consumidores y crear conciencia sobre la importancia de hacerlos valer.

Durante este período, se llevarán a cabo diversas acciones, incluida la instalación de módulos de atención en aeropuertos, centrales de autobús y otros lugares turísticos. Estos módulos brindarán asesoramiento a los consumidores y recibirán quejas relacionadas con servicios turísticos, hoteles, restaurantes y más.

Además, se realizarán visitas de verificación en lugares vacacionales, hoteles, balnearios, restaurantes y bares para garantizar el cumplimiento de las normativas y proteger los intereses de los consumidores. Se contará con aproximadamente 300 servidores públicos de las Oficinas de Defensa del Consumidor en 38 ciudades para llevar a cabo estas acciones.

Los consumidores podrán presentar sus quejas a través de varios canales, incluida la conciliación inmediata por Conciliaexprés, por teléfono, correo electrónico y redes sociales. También se realizará la verificación y calibración de básculas en aeropuertos y terminales de autobuses para garantizar la certeza en el peso y cobro de equipajes.

Este operativo busca asegurar que los consumidores disfruten de un período vacacional seguro y sin contratiempos, protegiendo sus derechos y promoviendo una cultura de consumo responsable durante Semana Santa.

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Para combatir el spam en celulares, diversas empresas de telefonía móvil se comprometieron con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) a evitar que los usuarios reciban mensajes no solicitados ni deseados.

Para lo cual se firmó un acuerdo en el que se comprometen a frenar los mensajes de fraudes, cobranza, publicidad, pornografía, entre otros, por ser “molestos y riesgosos”.

El convenio firmado llamado “Acciones para la prevención de spam en comunicaciones móviles” lo suscribieron la Profeco, con Altan Redes, Alestra Servicios Móviles, AT&T, Izzi móvil, Telcel, y Movistar.

Se comprometieron a que “cada operador o agregador de origen solicitará la identidad jurídica de cualquier gran usuario que deseé enviar mensajes en forma directa o a través de agregadores.”

La Profeco dijo que “el 'spam' es todo tipo de comunicación realizada vía electrónica que el destinatario final no desea recibir o seguir recibiendo. De esta forma, se entiende por spam cualquier mensaje no expresamente solicitado y que normalmente tiene el fin de promover, comercializar, realizar acciones de cobranza, engañar o tratar de despertar el interés respecto de un producto, servicio o asunto”.

En la firma estuvieron el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), David Aguilar Romero, el director general de la Asociación Nacional de Telecomunicaciones (Anatel), Gabriel Székely; así como Lucio Rendón, de Altan Redes; Mario Berganza, de Telcel; Carlos Alberto González y Liliana Olvera, de Movistar; Antonio Díaz, de AT&T México; Wilson Edward Rojas, de Alestra; Gonzalo Martínez, de Izzi; y Pedro Rangel, subprocurador de Telecomunicaciones de Profeco.

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