La Defensoría del Pueblo expresó su preocupación por la situación de una niña boliviana de 11 años que está embarazada producto de una violación por parte de su abuelastro.
La niña, originaria de la localidad de Yapacaní, tiene 21 semanas de embarazo, y Mario Herbas, director de la Maternidad del hospital Percy Boland, en Santa Cruz, donde se encuentra internada la menor, señaló que si bien todos sus signos vitales son estables, el embarazo es de alto riesgo debido a su temprana edad.
Nadia Cruz, defensora del Pueblo, advirtió en declaraciones a medios bolivianos como El Deber y Los Tiempos que la niña fue presionada para proseguir con su embarazo, pese a haber expresado en un principio su voluntad de interrumpirlo. De hecho, recordó que se le suministró una primera píldora para interrumpir el embarazo.
Es “un caso flagrante de vulneración de derechos humanos”, denunció Cruz.
“Lastimosamente, tenemos información de que en el centro de salud han sido permisivos a que entren grupos de la Iglesia, que entren a conversar y generar una suerte de presión en contra de ella y de la familia”, se quejó. Esa habría sido la razón, alegó, de que la madre de la menor decidiera que su hija debía llevar su embarazo a término.
“Si las autoridades se empeñan en seguir con el embarazo, no sólo le están violando sus derechos, sino que están viendo a la mujer como un objeto de reproducción”, insistió Cruz a El Deber.
La niña de 11 y su hermana, de 15, vivían bajo el cuidado de su abuelastro, identificado como Gilberto Santalla, de 61 años, quien en reiteradas ocasiones agredió sexualmente a la menor. Después de que la pequeña dijera sentir “movimiento” en su vientre, se descubrió su embarazo y una tía presentó la denuncia.
Las niñas vivían con su abuelastro porque la madre de ambas se fue a trabajar como cocinera en La Paz.
Santalla fue detenido y se encuentra en el penal de Montero.
El caso de la niña ha generado debate en el país. Mientras la Defensoría y activistas defienden el derecho de la menor a interrumpir su embarazo, la Iglesia católica emitió un comunicado señalando que “la única solución es salvar, cuidar y apoyar con amor las dos vidas”, y ofreció dar “acogida y atención a la niña y a la criaturita que tiene en su vientre”.
Roberto Machicao, asesor legal de la Secretaría Municipal de Desarrollo Humano de la alcaldía de Santa Cruz, advirtió a El Deber que en el caso de la niña, se trata de una carrera contrarreloj, dado que la Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que pasadas las 22 semanas de gestación ya no se puede realizar la interrupción del embarazo por cuestiones de derecho a la vida y por riesgos que correría la menor.
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