Los comisionados ciudadanos del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de datos (InfoDF) ganan más que el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera.

De acuerdo con datos de transparencia, los cinco integrantes del organismo perciben un sueldo bruto de 149 mil 887.97 pesos, mientras que el mandatario capitalino recibe 104 mil 911 pesos mensuales.

Lo anterior refiere que los comisionados Mucio Hernández, David Mondragón, Luis Sánchez, Elsa Bibiana Peralta y Alejandro Torres ganan 43% más que el jefe de Gobierno.

Al hacer la sumatoria, los cinco integrantes del InfoDF costaron al erario 6.1 millones de pesos durante 2016, únicamente en el tema del salario, pues además cuentan con otro tipo de percepciones. Tal es el caso del aguinaldo que se dieron en diciembre y por el que cada comisionado recibió 199 mil 850 pesos.

Dicho porcentaje se dispara si se compara el salario de los comisionados con el de los jefes delegacionales, quienes tienen un sueldo neto mensual de 69 mil 979 pesos.

Si bien en los últimos años los salarios de los comisionados han venido a la baja desde 2012 a la fecha, los ingresos superan por mucho al del Ejecutivo local y van contra la política de austeridad que se implementó ante la situación económica del país y también en contra de los establecido en el artículo 86 BIS de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de México que establece que los órganos de gobierno y autónomos se ajustarán a criterios de economía para que el sueldo de los servidores públicos no sea mayor al que recibe el jefe de Gobierno.

Es de recordar que el comisionado presidente del InfoDF, Mucio Hernández, reconoció en octubre pasado que sus sueldos son altos y se debería establecer una estandarización, al tiempo que consideró que en la Constitución local debe abordarse el tema y dejar en claro cuánto deberían ganar; sin embargo, hasta el momento no se ha realizado el análisis.

Luego de que The New York Times publicara un reportaje en el que señala que fallas graves en la construcción del tramo elevado de la Línea 12 del Metro habrían provocado el colapso en la estación Olivos, el canciller Marcelo Ebrard dijo que envió una carta al diario estadounidense por dicha investigación y que sus respuestas fueron ignoradas.

A través de la carta que hizo pública en redes sociales, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores puso en duda si Miguel Ángel Mancera, quien fuera jefe de Gobierno de la Ciudad de México del 2012 al 2018, dio mantenimiento adecuado al sistema de transporte, sobre todo después del sismo del 19 de septiembre de 2017.

Ebrard Casaubón señaló que, tras la tragedia, ahora se deben conocer las razones que explican el colapso del Metro y una parte de esta historia es la de la gestación y construcción de la línea, que “puede conocerse fácilmente a través de los documentos relevantes que se han hecho públicos”.

Dijo que en lo referente a la supervisión y mantenimiento de la obra durante el sexenio posterior al que encabezó “se mantiene en buena medida como una incógnita”.

Afirmó que es imposible saber si “la administración del Dr. Miguel Ángel Mancera realizó toda la labor de mantenimiento requerida en casos de sismos de cierta magnitud, o si los trabajos efectuados después del sismo se realizaron de la manera adecuada, dado que una importante cantidad de documentos fueron reservados”.

Sobre el reportaje, el Canciller mexicano dijo que las preguntas que le formuló el diario estadounidense “en algunos casos, parten de premisas falsas o parecieran sugerir conclusiones o asumir una postura adversarial”.

Señaló que su empeño “es responder de la manera más objetiva y apegada a la memoria que constituye la documentación técnica o las resoluciones que han surgido de las investigaciones o auditorías relacionadas con la realización de la obra”.

Dijo que las víctimas, la opinión pública y la Ciudad de México “merecen la verdad de lo acontecido” y que se podrá construir partir de peritajes objetivos e “indagaciones sordas al ruido del escándalo y desapegadas de cualquier interés político”.

Luego que el diario estadounidense publicara que desde que comenzó la construcción de la Línea 12 fue una tragedia, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum negó categóricamente que en su administración hayan utilizado filtraciones periodísticas para informar o hacer su trabajo.

Ese domingo, The New York Times publica un reportaje en el que asegura que graves fallas en la construcción del tramo elevado de la Línea 12 del Metro habrían provocado el colapso en la estación Olivos, ocurrida en mayo pasado y en donde murieron 26 personas.

Señala que su investigación está basada en documentos gubernamentales, entrevistas con personas que trabajaron en la construcción del sistema de transporte y análisis de la evidencia encontrada en el lugar del siniestro.

Aquí las respuestas dadas hace unos días a The New York Times respecto a reportaje sobre Línea 12. Como podrán ustedes observar fueron ignoradas por completo. https://t.co/bktYbBc6RV

— Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) June 13, 2021

Luego de que la Contraloría General de la Ciudad de México informó que inhabilitó por un año al exjefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa, la coordinadora general de la Autoridad del Centro Histórico, Dunia Ludlow, señaló que tuvo que ser inhabilitado de por vida.

A través de su cuenta de Twitter, la funcionaria capitalina escribió que el exmandatario le hizo mucho daño a la Ciudad.

EL UNIVERSAL reveló que la Contraloría General local inhabilitó por un año al exjefe de Gobierno y senador de la República, Miguel Ángel Mancera Espinosa, para desempeñar empleos, cargos o comisiones en la administración pública de la capital, a petición del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), por transgredir las normas electorales en 2018.

El Órgano de Control reportó que el pasado 5 de octubre impuso a Mancera Espinosa la resolución, fecha en la que comienza a correr la sanción y concluirá en octubre de 2021.

Ante esta decisión, el senador del PRD, Miguel Ángel Mancera Espinosa, aseguró que impugnará la inhabilitación de un año para ocupar cargos públicos en la Ciudad de México que le impuso la Secretaría de la Contraloría General.

Mancera Espinosa manifestó que no ha sido notificado oficialmente por la Contraloría; sin embargo, acotó que en todo caso debió aplicarse una sanción administrativa y no una inhabilitación.

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que para el 1 de diciembre de este año habrá una solución al problema de inseguridad porque su gobierno ya logró controlar la tendencia al alza de los homicidios dolosos.

"Es muy delicado el problema, habrá solución pronto, el 1 de diciembre terminamos de sentar las bases de la transformación, en este año habrá resultados", aseguró en su conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional.

El presidente López Obrador fue cuestionado por el periodista Jorge Ramos, quien -con datos oficiales- señaló 2019 cerrará como el año más violento y que si no tenía pensado cambiar a su gabinete de seguridad ante los magros resultados.

-"Eso si calienta", reviró el titular del Ejecutivo, al reconocer que el tema de seguridad es una asignatura pendiente que su administración no ha podido resolver.

"La explicación es que se dejó crecer mucho el problema de la inseguridad y la violencia, no se atendieron las causas, no se crearon empleos, los salarios de los mexicanos son los más bajos del mundo, se abandonó a los jóvenes, se impuso la impunidad, no había autoridad, no había una línea o una frontera que dividiera a la autoridad y la delincuencia, estás enterado del caso García Luna. Estas bandas no surgieron el año pasado".

Con gráficas y estadísticas sobre los homicidios dolosos en el país, el presidente López Obrador señaló que han logrado detener la tendencia hacia el alza en la incidencia delictiva.

"Si aumentó, pero no igual como venía sucediendo año con año... estamos consiguiendo controlar la tendencia en el aumento de estos delitos", insistió.

Este lunes la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) inició el análisis de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos.

El proyecto de resolución a las impugnaciones presentadas contra esta ley fue elaborado por el ministro Alberto Pérez Dayán quien propuso al Pleno invalidar en su totalidad la norma porque el Congreso de la Unión no respetó los tiempos para legislar e incurrió en omisiones dentro del texto legal.

Aunque hasta ahora tres ministros ya se pronunciaron en contra del proyecto ¿por qué es importante la ley de salarios?

La Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos aplica a todos los trabajadores gubernamentales a nivel federal, estatal, municipal, que se encuentren adscritos en dependencias, administraciones paraestatales, paramunicipales, fideicomisos públicos, instituciones y organismos autónomos así como cualquier otro ente público.

Su creación está prevista en la reforma constitucional del año 2009 en la que se estableció en el artículo 127 que ningún servidor público podía ganar más que el Presidente de la República y que para regular esto el Congreso debía promulgar una ley reglamentaria: la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos.

Según el artículo 127 constitucional estos servidores públicos "recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que deberá ser proporcional a sus responsabilidades".

Esta remuneración incluye "toda percepción en efectivo o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra, con excepción de los apoyos y los gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales".

Todo ello, sin que el servidor pueda ganar más que su superior y que el titular del Ejecutivo a menos que desempeñe diversos empleos públicos o que realice un "un trabajo técnico calificado o por especialización en su función".

En este caso, la suma de dichas retribuciones no deberá exceder la mitad de la remuneración establecida para el Presidente de la República en el presupuesto correspondiente.

Es decir, que los servidores públicos que realizan trabajos especializados o que tienen más de un empleo en el gobierno, podrían ganar un máximo de hasta 160 mil pesos aproximadamente, considerando que el Presidente Andrés Manuel López Obrador gana 108 mil pesos.

¿Por qué el ministro busca invalidar la ley?

Porque en el año 2009 se ordenó crear la ley pero fue hasta el año 2011 que el Senado envió la iniciativa aprobada y dictaminada a los Diputados para su análisis.

Sin embargo, los Diputados tardaron siete años para dictaminar y aprobar la ley, misma que fue publicada en noviembre del 2018.

Además, el ministro indica que en la ley no se establece cómo se fijará el salario del Presidente de la República para tomarlo como tope máximo salarial para el resto de servidores públicos.

Esto, debido a que, según la Carta Magna, los salarios deben ser adecuados y proporcionales a las responsabilidades que tienen los servidores públicos pero también "digno que les permita desarrollar sus planes de vida y garantizar lo mismo para su familia", señala el ministro Pérez Dayán.

Es decir, que les permita pagar renta, transporte, comida, vestido, educación, recreación, entre otros elementos entre los que se cuentan algunos que el titular del Ejecutivo no paga con su salario como la renta, el transporte o la comida.

Asimismo, indica que los legisladores tampoco consideraron en la Ley de Salarios que el artículo 94 constitucional establece que los sueldos de ministros, magistrados, jueces y consejeros federales no pueden ser reducidos mientras permanezcan en el cargo.

¿Es lo mismo la ley de salarios o de remuneraciones de los servidores públicos y la ley de austeridad?

No, la ley de salarios regula, como su nombre lo dice, las percepciones de los servidores públicos, mientras que la ley de austeridad regula los límites a los gastos y determina los ahorros que tendrán los entes públicos, es decir, cómo usarán sus presupuestos, no las nóminas.

¿Qué pasaría si invalidan la ley de salarios?

Para que la Corte invalide la ley, como propone el ministro Alberto Pérez Dayán, se requieren ocho votos a favor. Sin embargo, hasta el momento tres ministros ya se pronunciaron en contra de todo el proyecto, por lo que resta un voto en este sentido para que la ley no sea invalidada.

De ocurrir esto, en el siguiente periodo ordinario de sesiones el Congreso de la Unión contará con 90 días para realizar una nueva ley con las consideraciones que incluye el ministro.

¿Qué pasaría si cuatro ministros votan en contra del proyecto de Pérez Dayán?

Hasta ahora tres ministros indicaron que en abril pasado la Ley de Salarios fue reformada y que, por ello, ya se trata de una nueva norma.

En consecuencia, si un cuarto ministro vota en este sentido, la ley quedará vigente y para impugnarla nuevamente se tendría que alegar como acto reclamado el decreto de noviembre de 2011 y su reforma publicada en abril pasado.

El término para reclamar la reforma de abril ya venció.

 Mediante el Plan Nacional de Desarrollo se buscará recuperar el salario pero no sólo mediante un ingreso mínimo, sino para que las personas con menores ingresos puedan superar la línea en la que no les alcanza para mantener a sus familias, dijo la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, al señalar que, "los salarios tan bajos no nos convienen a nadie".

EL UNIVERSAL dio a conocer que un mexicano necesita cumplir una jornada laboral de 36 horas para surtir la despensa de una familia de cuatro integrantes; esto en comparación con los trabajadores de otros países como Estados Unidos, donde se requieren 10.4 horas de trabajo, o Canadá donde se necesitan 12.8.

Luisa María Alcalde señaló que el Plan Nacional de Desarrollo está relacionado con la recuperación del salario, no sólo por la vía del salario mínimo sino de recuperación para que "sobretodo los que no les alcanza ni siquiera para mantener a sus familias en lo más básico, que es la canasta básica, puedan superar esa línea", dijo.

Entrevistada después de asistir al foro nacional "Planeando juntos la transformación de México", en el marco de la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024, Alcalde Luján dijo que la reforma laboral que impulsa el gobierno federal busca fortalecer la negociación colectiva y que de esa forma, se fortalezcan los salarios en el país con una política económica que, "más bien pretendiera mantener los salarios y las prestaciones laborales estancadas".

"El cambio radical es permitir que la gente se organice, que haya contratación colectiva auténtica y hacer un impulso para que las empresas empecemos a entender que los salarios tan bajos no nos convienen a nadie, ni en términos de productividad ni de fortalecimiento del mercado interno", dijo.

Destacó que en los últimos meses ha habido un "impacto positivo" con respecto al ingreso de los mexicanos pero, dijo, esta debe ser "una tendencia hacia el alza"; pidió comprender que "no se pueden cambiar las cosas de un momento a otro" y que se necesitan fortalecer a las empresas para que los mayores ingresos que estas obtengan se reflejen en mejores salarios para las personas.

Por su parte, la secretaria de Bienestar, Luisa María Albores, lamentó que según datos del Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), a 40% de los mexicanos no le alcanza su salario mensual para acceder a la canasta básica.

"Si vemos los datos del Coneval esa es una realidad, más del 40% de los mexicanos, si tuviera trabajo, aunque ocupen todos sus recursos del mes no le alcanza para comprar la canasta básica, eso es muy triste".

Expresó que los mexicanos trabajamos más horas que otros países para acceder a productos básicos porque el salario no alcanza, pero destacó que este es el primer sexenio donde hubo un incremento al salario mínimo.

"Estamos arrancando, pero el licenciado López Obrador ha sido muy claro: no habrá un hogar pobre al que no le llegue un programa del bienestar y eso va a contribuir a aminorar la brecha" (entre las horas trabajadas y el acceso a la canasta básica).

Por ello, la nueva política del gobierno federal tiene que ver con la reducción de la pobreza a través de los 25 programas integrales.