Barbosa urge combatir la ordeña con plan que reactive la economía
Miguel Barbosa, legislador del Bloque Morena en el Senado de la República, advirtió que el robo de hidrocarburos es una nueva modalidad de crimen organizado que debe ser combatido con un plan integral que ataque la corrupción y genere la reactivación económica de las zonas donde se presenta.
Ante el pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el ex perredista señaló que la ordeña de ductos de Pemex, particularmente en varios municipios de Puebla, tiene uno de sus orígenes en la corrupción de Pemex y entre servidores de los tres niveles de gobierno.
“Quienes roban hidrocarburos, cometen un delito grave, pero su falta de castigo, lamentablemente, es uno de los principales incentivos para que la actividad, no sólo se siga realizando, sino que se expanda. La impunidad es uno de los principales incentivos de este delito”, dijo.
Afirmó que “sin soslayar la necesaria presencia de fuerza pública para enfrentar grupos criminales con elevada capacidad de fuego, el mero envío de fuerzas federales a la zona no resolverá el problema”.
Sostuvo que este fenómeno debe atacarse de manera integral, con una estrategia que combata a la corrupción, la cual también otorga soporte al robo de hidrocarburos, desde la colusión de cuerpos de seguridad pública, pasando por trabajadores de Pemex que participen en este ilícito.
El legislador de Morena sostuvo que para combatir el robo de combustibles con un programa que genere empleos de manera inmediata, ayude a reactivar la económica de la zona, dignifique los espacios públicos y viviendas, así como la reconstitución de infraestructura de servicios de salud y educación.
“No debe repetirse el error que se ha cometido en otras regiones del país al combatir a grupos de la delincuencia organizada sólo con las fuerzas del orden, el cual consiste únicamente en el descabezamiento de éstos y dejarlos intactos en su estructura”, agregó.
Barbosa reconoció que este delito se ha convertido en un fenómeno criminal, pero también en uno de carácter social, en el que los habitantes de las comunidades del llamado Triángulo Rojo (que incluye a los municipios de Tepeaca, Palmar de Bravo, Quecholac, Acaltzingo, Acajete y Tecamachalco), participan en la ordeña, transporte, distribución, almacenamiento y venta de hidrocarburos robados. por los que reciben elevados ingresos económicos.