El veredicto que declaró hoy culpable a Paul Manafort, el exjefe de campaña del ahora presidente de EE.UU., Donald Trump, sacudió hoy la Presidencia del mandatario ante las consecuencias que pueda tener en la investigación de la trama rusa.
Manafort fue hoy declarado culpable por un jurado en la corte federal del Distrito Virginia Este de ocho de los 18 cargos por fraude que se le imputaban, lo que podría suponer una condena que le llevara a terminar sus días en prisión.
Ante esta situación, y a la espera de ver qué sucede con el resto de delitos de los que se le acusan, el foco está ahora en si Manafort buscará colaborar con los investigadores de la trama rusa para reducir su condena o tratará de ganarse un indulto del presidente.
"En este momento (Manafort) está evaluando todas las opciones", aseguró el abogado principal del exjefe de campaña de Trump, poco después de que se conociera el veredicto, dejando la puerta abierta a cualquiera de las vías, también a la de cumplir sin más su condena, que será fijada próximamente por el juez Thomas Ellis.
El estratega fue declarado culpable de ocho cargos, entre los que se encuentran cinco relativos a declaraciones de impuestos, uno sobre no haber informado de una cuenta en el extranjero y dos fraudes bancarios a la hora de pedir préstamos.
Después de que el jurado no alcanzara consenso sobre diez de los cargos, el magistrado declaró nulo el juicio para esos delitos, por lo que la fiscalía especial del caso deberá decidir si volver a iniciar otro juicio con estos o no.
Ahora, el juez Ellis tendrá que fijar una fecha de sentencia y establecer una condena, a la que también aguarda paralelamente en el marco de la investigación de la trama rusa el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Michael Flynn.
Ante los acontecimientos, el presidente volvió a rechazar que hubiese ninguna conspiración entre su equipo electoral y Moscú.
"Es una caza de brujas, (...) me siento muy mal por Manafort. No tenga nada que ver con la coordinación rusa (con su propia campaña)", aseguró el magnate, a quien también le salpicó hoy la declaración de culpabilidad entonada por su exabogado y exescudero personal, Michael Cohen, en Nueva York.
El juicio contra Manafort comenzó el pasado 31 de julio y las deliberaciones del jurado han durado cuatro días, hasta que este martes el jurado se pronunció.
Durante estas semanas, la acusación ha retratado a Manafort como un multimillonario asesor internacional, con gustos exquisitos, que falsificaba documentos para evadir impuestos y realizar fraudes bancarios, una narrativa y unas pruebas que solo han convencido parcialmente al jurado.
Manafort, que se había declarado no culpable de todos los cargos, fue enviado a la cárcel el 15 de junio tras haber intentado influir en las declaraciones de al menos dos testigos, lo que colmó la paciencia de la jueza de su otro juicio pendiente, quien le mantenía el arresto domiciliario desde octubre, cuando se entregó al FBI.
El 17 de septiembre, el estratega afronta su segundo juicio en el marco de la trama rusa, en este caso en Washington, donde se le juzga entre otros cargos por haber actuado como un agente extranjero de forma ilegal.
El fiscal especial Robert Mueller investiga desde mayo de 2017, de manera independiente al Gobierno, los posibles lazos entre miembros de la campaña de Trump y Rusia, a la que las agencias de Inteligencia de EE.UU. acusan de interferir en los comicios presidenciales de 2016.
El mandatario ha tratado de desprestigiar a la causa de Mueller en repetidas ocasiones e incluso ha asegurado abiertamente que se debería acabar con ella.
Manafort supuestamente trabajó entre 2006 y 2017 para Gobiernos extranjeros, incluido el Ejecutivo prorruso del expresidente ucraniano Víktor Yanukóvich (2010-2014), y para oligarcas rusos.
El proceso contra él es producto de la investigación de Mueller, pero no está relacionada directamente con las actividades que desempeñó entre marzo y agosto de 2016 en la campaña del mandatario, donde llegó a ser el jefe hasta que se vio obligado a dimitir por ocultar el cobro de 12,7 millones procedentes de Yanukóvich.
Así, a la espera de que se fije una fecha de sentencia, el veredicto contra Manafort, unido a la declaración de culpabilidad de Cohen, pueden sacudir la Presidencia a poco más de dos meses de que se cumpla el segundo aniversario de la victoria electoral de Trump.
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) emprenderá su campaña de canje de armas en las delegaciones municipales de Otay y Centenario durante los meses de julio y agosto, en donde dependiendo del calibre del arma o explosivo, se les otorgarán vales de despensa por un monto de los mil 500 pesos a los nueve mil.
En un comunicado de prensa emitido por el Comandante de la segunda zona militar, Enrique Martínez López, informó que desde el 17 al 22 de julio, se instalará un Módulo de canje de armas y explosivos, atendido por personal militar, en la Delegación Mesa de Otay ubicado en la Avenida instituto Tecnológico Nacional #1462 en el Fraccionamiento Garita de Otay, mientras que del 31 de julio al 5 de agosto se instalará el mismo módulo en la delegación Centenario.
El mando militar recordó que la intención del canje de armas se hace con el objetivo de que la población pueda entregar de forma voluntaria, anónima, pacífica y acordada los dispositivos que puedan presentar una amenaza en el hogar producto del mal manejo de las armas y con ello se contribuya a la consolidación de la paz social y la tranquilidad del pueblo bajacaliforniano.
Martínez López agregó que en estos módulos, toda persona que entregue un arma de fuego o explosivo de manera voluntaria, no será susceptible a ninguna responsabilidad legal que pudiera tomarse en su contra, ni tampoco se investigará la procedencia del arma.
Dependiendo del tipo de arma, calibre y estado del uso, por cada arma de fuego, granada, explosivo o similar, se le entregará a cambio un apoyo económico en vales de despensa, el cual puede oscilar desde los mil 500 pesos a los nueve mil.
Desde el próximo 8 de septiembre, cuando inicia el proceso electoral 2018, todos los aspirantes a una postulación presidencial, legislativa o de cualquier tipo y nivel deberán cesar la propaganda en redes sociales, espectaculares, medios impresos o electrónicos, según propone el Instituto Nacional Electoral (INE) en sus reglas de "piso parejo" entre los contendientes.
De no hacerlo y resultar postulados, los gastos que ejercieron durante la etapa en que no cesaron su activismo se les sumarán y contarán para fiscalizar erogaciones y para efecto de topes de precampaña o campaña.
Así, personajes como Rafael Moreno Valle, Margarita Zavala, y otros en esa posición, deberán cesar su difusión y contratación de propaganda. En un artículo transitorio, el INE propone que a partir de que mañana jueves sean votadas por el Consejo General, se retire la propaganda existente y cese la contratación.
El proyecto de lineamientos para garantizar la equidad entre los participantes de la contienda, presentado ayer martes en la Comisión de Prerrogativas del INE, marca reglas para evitar que alguien se "dé por muerto" como candidato y siga su activismo, pues eso tendrá consecuencias, dijo Favela.
Para los aspirantes que son servidores públicos, se propone prohibir la contratación para difundir informes de gobierno o legislativos, pero no exime la responsabilidad de presentarlos.
El consejero Benito Nacif aclaró que en los espectaculares en los que se anuncia "un libro, de aquí al proceso electoral asumo que es publicidad comercial, pero una vez que inicia sería propaganda electoral".
Todos los partidos rechazaron la propuesta. Los representantes Ignacio Labra, del PAN, Fernando Vargas, del PRD, y Jaime Castañeda, de Morena advirtieron que las normas acotarán a todos menos a los funcionarios que quieren ser candidatos ni a sus operadores, cuyo despliegue propagandístico y financiero seguirá.
Fustigan a consejeros. Por otro lado, integrantes de la organización Ahora demandaron a los 11 consejeros del INE renuncien a sus cargos para dar paso a un proceso social de búsqueda de nuevos responsables que sí brinden certeza e imparcialidad.
Deben "pedir disculpas al país por haber sido incapaces de reconocer esos miles de millones de pesos en las elecciones de Quintana Roo, Chihuahua y Veracruz" —que han salido a la luz con denuncias penales contra sus ex mandatarios— e irse todos, dijo el ex consejero electoral Alfredo Figueroa, mientras que Emilio Álvarez Icaza, afirmó que las fallas en la fiscalización demuestran que "no hay árbitro".
La coalición Por un Coahuila Seguro, que postuló al priísta Miguel Riquelme a gobernador, excedió en 8% el tope de gastos de campaña, resolvió este lunes el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE).
De confirmarse en tribunales, junto con otros elementos, podría poner en la mesa el tema de la nulidad de la elección.
El presidente del PRI, Enrique Ochoa Reza, anunció que las decisiones del INE no contribuyen a dar certeza jurídica, por lo que acudirán al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
El otro contendiente, el panista Guillermo Anaya, de la Coalición Alianza Ciudadana por Coahuila, también habría rebasado el límite permitido de gastos en 5%.
El monto final sigue en incertidumbre, puesto que el INE dejó abierta la fiscalización al abrir un procedimiento de oficio para revisar si pagaron a representantes de casilla.