El Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación dio a una lista de las empresas que durante 2016 y lo que va de 2017, han sido denunciadas y resaltaron por su falta de disposición para llegar a una conciliación con los quejosos.

Se trata de Colegio Senda y/o Comunidad Senda, Atento servicio, Waldo´s Servicios Profesionales y/o Waldos Dólar Mart de México; Migdal Arquitectos y/o Migdal Asociados, Aseo Mantenimiento y Algo Más (Limpeq), Madero Restaurant Café y/o Gastronomía Tradicional, Corporación Profesional Aztec y/o Aeroextremo de México, Adolfo Domínguez Diseñador, Etre Esthetiques y Asesoría en Seguridad Privada Intramuros Castro.

“No es señalar por señalar, sino de que esa conducta tan arraigada, cargada de prejuicios y estigmas la podamos eliminar”, dijo la titular del Copred, Jacqueline L´Hoist.

En conferencia para presentar el Informe de Casos de Discriminación cometida por particulares, se dio a conocer que el embarazo continúa como el principal motivo de discriminación en la Ciudad de México, seguido de la condición de salud y la orientación y preferencia sexual.

“El despido por embarazo o la falta de contratación por el mismo motivo sigue teniendo un número extremadamente alto”, dijo Alfonso García Castillo, coordinador de atención y capacitación del Copred.

De 117 casos revisados, el 34.1% corresponde a problemas de mujeres que fueron despedidas de sus trabajos al embarazarse o porque les niegan un empleo por esta cuestión; en segundo sitio está la discriminación por condición de salud, con 12.8%, y por orientación y preferencia sexual, con 10.2%.

Ulises Labrador, director del Seguro de Desempleo en la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, dijo que a las mujeres embarazadas que son despedidas se les apoya con el seguro de desempleo, que es de poco más de 2 mil 400 pesos mensuales hasta por medio año. 

También se dieron a conocer los 10 principales particulares que tuvieron apertura para conciliar y los que lo hicieron de forma parcial.

Entre las que tuvieron disposición para conciliar están Walmart de México, Lumen, Interlingua, Probiomed, Escore Alimentos, Instituto Educativo Olinca, entre otros. 

En la conferencia, también se presentó la campaña Ven a Copred, para que la gente se anime a denunciar casos de discriminación. Al evento también acudieron Karina Moreno Ocampo, directora de Locatel y Meyer Klip Gervitz, titular del Instituto de Verificación Administrativa, quienes coadyuvan en las acciones para prevenir y atacar la discriminación en establecimientos mercantiles.

Ingrid Coronado asegura que no demandó a su exesposo Fernando del Solar, tal y como lo expresó Anna Ferro en una revista de circulación nacional, la conductora y exesposa de Del Solar aclara lo dicho por Ferro a través de una carta que fue enviada a los medios de comunicación.

Ingrid puntualiza que en 2016 fue Fernando quien promovió una demanda de divorcio que se encuentra pendiente de resolución, por lo que en mayo pasado una jueza ordenó un estudio socioeconómico a ambas partes.

Sobre lo dicho por Anna, referente a que Del Solar estaba en desacuerdo con la colegiatura de sus hijos, porque le parecía como si fueran de universidad, Coronado aclaró en dicha carta que la autoridad judicial estableció y cuantificó dichas obligaciones, de acuerdo con las posibilidades económicas de los deudores alimenticios, y siempre en atención al interés superior de los menores.

Ingrid aseguró que las pensiones de sus hijos no han sido cubiertas en su totalidad desde hace más de un año, y resalta que las obligaciones alimentarias subsisten aún después de la muerte de algunos de los deudores alimentarios y su incumplimiento constituye un hecho ilícito e, inclusive, un delito.

Coronado también señaló que hay imprecisiones en lo dicho por Ferro, sobre las dos propiedades que Del Solar le habría dejado a sus hijos Paolo y Luciano, y de las cuales, dijo Anna, Ingrid cobraba las rentas para la manutención de los chicos.

La conductora precisa que dichas propiedades fueron pagadas por Fernando y por ella y afirma que cada uno administraba uno de los departamentos, cobrando las rentas correspondientes hasta que sus hijos fueran mayores de edad como parte del procedimiento iniciado hace más de ocho años.

La demanda de Del Solar contra Coronado

El distanciamiento entre Ingrid y Fernando se dio luego de que el argentino interpusiera en 2016 una demanda en contra de Ingrid, en la cual solicitaba la disolución del vínculo matrimonial y el pago de una pensión alimenticia, pues se encontraba sin trabajo desde el 2012 debido al Linfoma de Hodgkin que padecía.

Debido a este padecimiento, Fernando solicitaba que Ingrid se hiciera cargo de la manutención de sus dos hijos, incluidos los gastos médicos, la educación, vestido y calzado.

De acuerdo a la demanda, a la que tuvo acceso “Ventaneando”, Del Solar solicitaba para él el 30% de los ingresos de Ingrid y la partición de los bienes, proponiendo que se le otorgara el 50% del valor comercial total de la casa en el Pedregal, así como que se le quedara a él la casa de Cuernavaca.

A seis años de haber sido presentada, su resolución no es aún definitiva, según lo informó Ingrid Coronado.

Fernando del Solar falleció el pasado 30 de junio a causa de una neumonía; sus pulmones estaban débiles debido al cáncer que padeció años atrás. Días antes, su padre falleció, lo que lo tenía muy mal anímicamente.

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Tras ser denunciado por su presunta responsabilidad en el ataque físico en contra de una mujer, un sujeto quedó bajo arresto durante una diligencia de la Fiscalía General del Estado (FGE), tras cumplimentarle una orden de aprehensión por del delito de lesiones.    

La formal querella fue interpuesta por la víctima ante el Ministerio Público el 9 de febrero de 2018, donde informó que siendo empleada del de nombre Alejandro “N“, se suscitó un problema laboral.  

A versión de la afectada, el hoy detenido manifestó conducta agresiva y de manera sorpresiva le propinó patadas en la espalda y diversas partes de cuerpo, así como puñetazos en la cara, motivo por el cual acudió a denunciar a su agresor.   

Mediante seguimiento al caso se obtuvo información recabada en gabinete y campo; el Ministerio Público presentó datos de prueba que permitieron obtener por parte del Juez de Control una orden de aprehensión en contra de Alejandro “N”, quien hace unos días, fue detenido por elementos de la Agencia Estatal de Investigación de la FGE; NUC: 01-2018-02613.  

En el momento de su detención se le hace de conocimiento el motivo de esta, se da la lectura de sus derechos constitucionales e inmediatamente se pone a disposición de la autoridad judicial que ordenó su captura.  

Justin Bieber presentó una demanda por difamación de 20 millones de dólares contra dos mujeres que lo acusaron de conducta sexual inapropiada.

La estrella pop canadiense, de 26 años, presentó la demanda en la Corte Superior de Los Ángeles el jueves, tras decir en Twitter a principios de esta semana que una acusación de que agredió sexualmente a una mujer en 2014 era "fácticamente imposible".

La mujer, que se identificó como Danielle, dijo en un tuit que luego fue borrado que fue agredida sexualmente por el cantante en un hotel de Austin, Texas, el 9 de marzo de 2014.

La otra mujer, que se identificó como Kadi, dijo en Twitter que Bieber la agredió sexualmente en una habitación de hotel de Nueva York en mayo de 2015.

La demanda dijo que las acusaciones eran "mentiras escandalosas e inventadas". Ninguna de las mujeres pudo ser contactada para realizar comentarios el viernes, mientras que representantes de Bieber tampoco respondieron a pedidos de declaraciones sobre la presentación.

La demanda dijo que las dos mujeres estaban "tratando de capitalizar el clima de miedo que impregna a la industria del entretenimiento, a Hollywood y a las corporaciones estadounidenses, por lo que es un momento abierto para que cualquiera haga un reclamo (sin importar cuán vil, sin apoyo y demostrablemente falso) sobre cualquiera sin consecuencias".

Cientos de hombres del mundo del entretenimiento, los negocios, el deportes y la política han sido acusados de conducta sexual inapropiada desde que el movimiento #MeToo se convirtió en una fuerza cultural en 2017.

Ensenada.- Las demandas laborales aumentaron significativamente desde que dio inicio la pandemia por Covid-19, sin embargo, las asesorías y el curso de estas no han podido prosperar ante la inhabilitación de dependencias y juzgados, señaló el representante de la CROM en Ensenada, Carlos Alba Gutiérrez.

Indicó, que las empresas no han podido dar las prestaciones correspondientes a trabajadores debido a que también se vieron afectadas; lo que establece la ley, es que deberá recompensarse a los empleados con 30 días de salario mínimo en este periodo, pero, la mayoría ha incumplido.

“Han estado ausentes los sindicatos quienes deberían apoyar a los trabajadores, pero, no hay nadie que vele por los intereses de los trabajadores, conforme al decreto”, comentó.

Alba Gutiérrez, estimó que en el tiempo de contingencia se han presentado 216 demandas laborales, las cuales no han avanzado.

El Juzgado Segundo de Distrito de Chihuahua concedió un amparo a un estudiante de secundaria a quien le impidieron el ingreso a clases por no haberse cortado el cabello.

La sentencia ocurrió luego de que el padre del menor considerara que se discriminaba a su hijo a partir de padrones estéticos, por lo que promovió una demanda de amparo.

El juez Arturo Alberto González determinó inconstitucional la disposición contenida en el reglamento de la escuela secundaria "Francisca Lozano Olivas", que impone a los alumnos hombres el "corte de pelo natural oscuro", ya que violenta el ejercicio de sus derechos de acceso a la educación y libre desarrollo de la personalidad.

Determinó que llevar el cabello de cierta manera no aporta ni afecta al aprendizaje y convivencia escolar, y por el contrario la imposición limita el derecho al libre desarrollo de la personalidad. La sentencia puntualiza la facultad de cada persona para elegir su plan de vida y actuar conforme a sus ideales, cuyo único límite es la no afectación de derechos de otros.

Señala que el no permitir el ingreso a clases como medida disciplinaria es discriminatorio y atenta contra la dignidad humana, ya que anula o menoscaba derechos y libertades. "En este caso, las autoridades educativas no garantizaron los derechos humanos del estudiante ni velaron por el interés superior del menor, además incurrieron en conductas excluyentes y discriminatorias al condicionar el acceso del alumno al plantel educativo con base en su apariencia física".

El juez González Ferreiro mencionó que las autoridades educativas no justificaron porqué los alumnos hombres deben portar cierto tipo de cabello y la relación o impacto que tiene en el proceso de enseñanza-aprendizaje.