Como salida de un cuento de hadas, una historia de amor puro digno de la mejor telenovela del mundo o bien, de una canción de José José. En argentina se dio un hecho que tiene hablando a más de uno. 

Se trata de una historia de amor entre una jueza y un preso condenado a cadena perpetua que fueron captados besándose por unas cámaras. 

En las diferentes redes sociales y en los medios argentinos se difundió el video en donde se muestra a la jueza Mariel Suárez besando al hombre llamado Cristian Bustos, quien había sido detenido y procesado por el asesinato de un policía en 2009. 

El hecho ocurrió unos días después del juicio cuando Mariel acudió al penal a donde había sido trasladado Cristian para entrevistarlo y fue ahí cuando se dio el polémico hecho. Lo que aun no se sabe es la relación que podrían tener esos dos personajes. 

Por supuesto, las autoridades argentinas reaccionaron de inmediato a la difusión de estas imágenes y lanzaron un comunicado de prensa condenando las acciones de la jueza, pidiendo su investigación. “

A raíz de una comunicación formal dirigida a los ministros de la feria se tomó conocimiento de un encuentro requerido por una jueza penal de la circunscripción Comodoro Rivadavia y un recluso alojado en un centro penitenciario, considerado de alta peligrosidad y recientemente condenado en el marco de un juicio oral y público” 

La jueza también ya ha ofrecido algunas entrevistas para tratar de aclarar el tema, afirmando que no existe alguna relación sentimental con el condenado y que se encuentra escribiendo un libro sobre los delitos cometidos por Cristian. 

Nos dimos cuenta que no teníamos privacidad y necesitábamos tener ese contacto de charlar y poder hablar en secreto. No hay un beso de pareja, no hay una relación”. Dijo. 

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Un juez de Control de Xalapa vinculó a proceso a la jueza Angélica Sánchez Hernández, por su presunta responsabilidad en los delitos contra la fé pública y tráfico de influencias.

Asimismo, ratificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa contra Sánchez Hernández, detenida hace una semana en la Ciudad de México, señalada de haber pretendido liberar de manera ilegal a Itiel N, quien era señalado de tres crímenes, entre ellos del diputado local priista Juan Carlos Molina.

Además, otorgó a la Fiscalía General de Veracruz un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

La Fiscalía General del Estado presentó distintas pruebas para acreditar las acusaciones en contra de la jueza, por lo que el Juez de Control consideró que había elementos suficientes para poder iniciarle un juicio. La vinculación a proceso no significa que sea culpable.

Al respecto el Instituto Federal de la Defensa Pública (IFDP), que asumió la defensa de la jueza local, acusó que el juez de Control declaró privada la audiencia y dictó la prisión sin abrir debate entre las partes.Fiscalía de Veracruz celebra fallo

Por su parte, la Fiscalía General de Veracruz celebró el fallo dictado por el juez Control y procedimiento penal oral del XI distrito judicial de Xalapa, con sede en el penal de Pancho Viejo.

La autoridad ministerial explicó que la detenida realizó diversas acciones en un cuadernillo de amparo, donde hizo constar la existencia de un juicio de amparo y dando fe sobre la supuesta suspensión de plano concedida a Itiel “N”, señalado del crimen del legislador priista.

Sin embargo, una vez consultado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes del Consejo de la Judicatura Federal, el juicio de amparo que hizo constar no correspondían al quejoso ni la materia; además que no existía registro en los libros del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Cosamaloapan. Con ello fue acusada de la probable comisión del delito contra la fe pública.

Además, la Fiscalía señaló que la carpeta de investigación se inició por denuncia interpuesta por el Poder Judicial del Estado en contra de la ahora vinculada, al haber realizado una certificación de hechos que no eran ciertas y dio fe de otros que no le podían constar, ya que se trataba de hechos que ocurrieron en un lugar diverso en el que se encontraba la juzgadora.

El representante social, detalló que la jueza, aprovechándose de la comisión para conocer de un asunto en particular, realizó múltiples llamadas telefónicas y envíos de correos electrónicos al CEFERESO de Coahuila, gestionando la liberación de una persona privada de su libertad, acto para el cual no estaba facultada.

Se le señala de presuntamente haber amenazado y presionando para que se cumpliera su resolución, por lo cual fue acusada de la probable comisión del delito de tráfico de influencia.

Durante el inicio de la audiencia, integrantes del Instituto Federal de la Defensoría Pública discutieron durante dos horas para convencer al juez que les permitiera también representar a la jueza, sin embargo la petición fue rechazada.

En tanto, los observadores del Alto Comisionado de la Organización de la Naciones Unidas (ONU), quienes llegaron para atestiguar el caso, quedaron fuera de la audiencia y se retiraron sin emitir comentarios.

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La jueza Angélica Sánchez Hernández, detenida este viernes por la Guardia Nacional, cuenta con una suspensión provisional que impedía que fuera arrestada.

El 9 de junio, la titular del Juzgado Decimoquinto de Distrito de Veracruz, Daniela María León Linarte, concedió a la jueza la protección de la justicia contra cualquier orden de aprehensión girada por jueces del Décimo Primer Distrito Judicial de la entidad.

En su resolución, León Linarte precisó que la suspensión definitiva es para efectos de que Sánchez Hernández no fuera detenida por delitos que no impliquen la prisión preventiva oficiosa a que se refiere el artículo 19 constitucional o el Código de Procedimientos Penales aplicable nacional o estatal o de aquellos calificados como graves.

“Si se trata de delitos que no impliquen prisión preventiva oficiosa o que conforme al sistema inquisitivo permitieran el beneficio de la libertad provisional bajo caución, la suspensión producirá el efecto de que la quejosa no sea detenida materialmente o presentada ante la autoridad que los reclame”, señaló la jueza.

Lo anterior, subrayó, sin que la suspensión concedida implique que el imputado no deba acudir ante el juez de la causa, pues la medida suspensiva únicamente constriñe a que no sea conducida por medio de la fuerza pública.

El Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) informó que lleva la defensa de la jueza Angélica Sánchez Hernández, quien, acusó, está incomunicada en la Fiscalía de Investigación del Delito de Secuestro, tras ser detenida este viernes por agentes de la Guardia Nacional.

En un video que circuló en redes sociales, se aprecia a personas no identificadas deteniendo a la jueza por la fuerza en un hotel de avenida Juárez, conduciéndola después a un vehículo sin identificación oficial.

Mediante un comunicado, el IFDP señaló que hasta el momento no se ha permitido al personal de la defensoría establecer contacto con ella, por lo que preparan un amparo contra actos prohibidos constitucionalmente.

El Instituto Federal de Defensoría Pública afirmó que sus unidades de litigio estratégico y combate a la tortura asesoran a la impartidora de justicia, quien hace unos días fue víctima de tortura sicológica por parte de autoridades veracruzanas, quienes actuaron en represalia contra la jueza Sánchez Hernández por ejercer su labor jurisdiccional.

Sobre este caso, la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México informó que no tuvo participación en la detención, sino que colaboró para su certificación.

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La jueza veracruzana, Angélica Sánchez Hernández, quién fue detenida en la Ciudad de México acusada de los presuntos delitos contra la fe pública y tráfico de influencia, enfrentará un año de prisión como parte del proceso judicial en su contra.

A la detenida, las autoridades ministeriales la señalan de haber pretendido liberar de manera indebida al empresario Itiel N, quien ha sido acusado de estar presuntamente relacionado con el asesinato de tres personas, entre ellas el diputado local priísta, Juan Carlos Molina.

Tras ser aprehendida ayer en la capital del país, fue puesta a disposición del Juez de Control para la celebración de la audiencia inicial dentro del proceso penal 297/2023.

La Fiscalía General del Estado formuló imputación en contra de Angélica Sánchez como presunta responsable de los delitos contra la fe pública y tráfico de influencia, cometidos en agravio de la fe pública y el servicio público, respectivamente.

Las autoridades ministeriales solicitaron la imposición de medidas cautelares, por lo que el Juez de Control impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada por un año.

La fiscalía aseguró que contrario a lo divulgado, la suspensión provisional que fuera otorgada a Sánchez Hernández en un juicio de amparo no tiene alcances sobre la orden de aprehensión que fue ejecutada, ya que la misma fue emitida con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, por lo que solo la protege contra órdenes de aprehensión emitidas previamente.

La audiencia de posible vinculación a proceso se llevará a cabo el día miércoles 21 de junio a las 10 horas, ello debido a que Angélica “N” se acogió a la duplicidad del término Constitucional.

¿De qué acusan a la jueza Angélica Sánchez Hernández?

La jueza fue señalada de haber ordenado supuestamente de manera sospechosa la liberación del empresario Itiel N, quien había sido acusado del asesinato del diputado local veracruzano, Juan Carlos Molina, del cual fue absuelto.

Posteriormente y para evitar que saliera libre, autoridades ministeriales lo señalaron del crimen de dos hombres, hechos por los cuales permanece en prisión sometido a juicio.

Por el caso, ha habido una intensa presión mediática para denunciar presuntas irregularidades en el proceso; en tanto, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez ha declarado públicamente, que el empresario es un delincuente dedicado al narcotráfico y ha asegurado que la jueza mantenía comunicación constante con los abogados del detenido.

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En apoyo a autoridades de Veracruz, elementos de la Guardia Nacional detuvieron la mañana de este viernes a la jueza de la entidad, Angélica Sánchez Hernández, quien se encontraba en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, la jueza se encuentra en la Fiscalía Antisecuestro de la Ciudad de México en espera de ser trasladada a Veracruz para ser puesta a disposición de un juez que la requiere por el delito contra la fe pública y tráfico de influencias.

Según el reporte, Sánchez Hernández vestía pantalón negro, blusa verde y calzado negro, al momento de ser privada de la libertad, entre las calles José Azueta y Revillagigedo.

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