Un tribunal de Guatemala dictó hoy 8 años y tres meses de prisión para Luis Alfredo Montenegro, acusado de violar a una menor en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, donde el pasado marzo murieron quemadas 41 niñas.

Según la sentencia, los hechos tuvieron lugar el 17 de julio de 2015, cuando Montenegro, que trabajaba como psicólogo en este centro, "se aprovechó de la vulnerabilidad de la menor de edad, así como de su autoridad en el lugar".

A Montenegro se le culpa del delito de agresión sexual con agravación de la pena.

La agresión tuvo lugar sobre las 20.00 horas, cuando le pidió a la joven, una niña de 13 años, quitarse la ropa para examinarla y posteriormente abusó sexualmente de ella "tocándole sus partes íntimas".

El fallo lo dictó el Tribunal de Femicidio, Violencia contra la Mujer, Explotación Sexual, Violencia Sexual y Trata de Personas, ubicado en la zona 10 de la ciudad capital.

El Hogar Seguro Virgen de la Asunción, situado en el municipio capitalino de Santa Catarina Pinula, ha estado rodeado de polémicas por abusos desde hace años, una situación que se agravó el pasado mes de marzo, cuando un grupo de niñas, encerradas en un aula, provocaron un incendio supuestamente para protestar por las agresiones.

Por este caso, el pasado 16 de agosto un juez decidió enviar a un juicio oral y público al extitular de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia, Carlos Rodas, y a Santos Torres, el exdirector del Hogar Seguro Virgen de la Asunción, donde ocurrió el fuego.

Ambos deberán enfrentar un juicio por los delitos de homicidio culposo, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y maltrato contra menores de edad, aunque Torres también está acusado del delito de lesiones culposas.

Según la investigación, un día antes de los hechos, el 7 de marzo, un grupo de menores del centro decidió fugarse por los maltratos físicos, psíquicos y psicológicos que sufrían, para lo que realizaron una pelea en el comedor que ayudara a distraer al personal.

Los evadidos fueron recapturados y devueltos al centro, sometidos "mediante la fuerza pública" de un equipo de antidisturbios.

El 8 de marzo en la madrugada, después de pasar 10 horas a la intemperie, los niños y adolescentes fueron separados por sexo y se delegó a la Policía su cuidado. Un total de 56 niñas y adolescentes fueron llevadas al área de pedagogía y 53 varones al auditorio.

Las adolescentes estuvieron encerradas bajo llave en una habitación de 6 por 7 metros, por lo que "debieron hacer sus necesidades fisiológicas dentro" y a causa de esa situación una de las jóvenes, para llamar la atención, prendió fuego a una de las colchonetas que habían utilizado para descansar.

La protesta desató un incendio que se extendió rápidamente por la habitación, duró unos 9 minutos y alcanzó una temperatura superior a los 300 grados centígrados.

Por este caso fueron detenidos y procesados otras seis personas, entre funcionarios y policías, que aún esperan saber si deben o no enfrentar un juicio oral y público.

Un hombre fue condenado a 178 años de prisión en un juicio oral por su culpabilidad en los delitos de violación espuria, violación genérica calificada y aborto, en agravio de dos menores de edad.

El sentenciado, Alejandro "N", utilizó chantaje emocional, coerción, engaño y manipulación para fomentar una relación habitual incestuosa con las dos menores, señaló la Unidad de Atención Integral para las Mujeres (UNAIM) de la Fiscalía Regional "C" con sede en Celaya.

"Las conductas abusivas no se limitaron a actos aislados, sino que fueron recurrentes en los últimos 2 años, que incluyeron contacto físico y una serie de circunstancias que agravaron la pena", agregó.

Alejandro "N" violó a una de las niñas en reiteradas ocasiones desde 2017, y en consecuencia resultó embarazada. En octubre de 2018 obligó a la menor a tomar medicamento en pastillas, con lo que provocó que expulsara el producto de la gestación, describió la fiscalía.

En el juicio el Ministerio Público especializado en juicio oral presentó las pruebas científicas que demuestran la participación del imputado en "los aberrantes actos sexuales" a los que sometió a sus víctimas, por lo que el juez dictó la sentencia, que además contempla el pago de una multa y la reparación del daño.

Con las pruebas científicas recabadas por el equipo multidisciplinario de la Agencia de Investigación Criminal se pudo acreditar la comisión de los delitos.

Al enfrentar un proceso en el sistema penal del país, las mujeres pueden recibir sentencias de 23 años de prisión en promedio por delitos graves, mientras que los hombres obtienen castigos de 17 años por los mismos ilícitos.

El Diagnóstico sobre la percepción del desempeño de la defensoría penal en México, realizado por la organización Reinserta con 2 mil 503 encuestas de hombres y 570 de mujeres, demuestra que, aunque ambos sexos son procesados por delitos similares, la población femenina tiene un promedio de sentencias más elevado.

Este fenómeno se presenta en Baja California Sur, Estado de México, Nuevo León, Quintana Roo y Tamaulipas, entidades donde se hicieron las encuestas.

El informe destaca además que las mujeres reciben con más frecuencia condenas de 25 años, mientras que las penas más recurrentes para los hombres son de cinco años.

La desigualdad entre sexos no sólo se presenta en las sentencias, sino en la calidad de los abogados privados y de oficio que trabajan para las presuntas delincuentes, así como el dinero que deben invertir en su defensa.

Mientras los hombres cambian de abogado una vez durante el proceso judicial en promedio, las mujeres lo hacen hasta en tres ocasiones, pues consideran que no son bien representadas.

El reporte detalla que en promedio una mujer gasta 155 mil 593 pesos en su defensa legal, en contraste con los hombres, que invierten cerca de 100 mil 521 pesos.

Robo, secuestro y homicidio equivalen a 68% de los delitos cometidos por las mujeres encuestadas. Es la misma cifra en el caso de los hombres para los ilícitos de robo, homicidio y violación, de acuerdo con el estudio.

Una carcajada fue la respuesta de Luis Antonio al escuchar la sentencia de 110 años de prisión por el secuestro y asesinato de Sofía. Su abogado dijo que apelará.

El lunes 30 de enero de 2017, la joven de 18 años desapareció. Por cuatro meses la familia recibió llamadas en las que pedían 800 mil pesos de rescate, pero el 27 de mayo de ese año hallaron su cadáver. Durante el juicio, el presunto asesino mantuvo una sonrisa burlona.

Una adolescente de 16 años de edad que buscaba llegar a la frontera norte fue violada por desconocidos, informó el consulado de Guatemala en Comitán de Domínguez.

El vicecónsul de Guatemala en Comitán, Fernando Castro Molina, informó que se hacen las gestiones ante la directora del DIF Municipal Elvia Sánchez, "para que pueda ser albergada, por razones humanitarias, mientras se realizan las gestiones pertinentes para ser alojada en un albergue que reúna las condiciones necesarias de cuidado y atención".

La menor fue entrevistada por el cónsul Ranger Morales y Castro Molina, en la Fiscalía de Delitos en Contra de Migrantes.

Ahí se pidió apoyo del fiscal Joaquín Trejo "para darle la protección necesaria, mientras se soluciona su situación, así como realizar los exámenes médicos ginecológicos en el Hospital de la Mujer y Servicios Periciales.

"Además se realizará el examen psicológico, para completar el expediente correspondiente".

Los diplomáticos pidieron a la Fiscalía de Delitos en Contra de Migrantes, se pide "la investigación para dar con el responsable de dicha violación en contra de la menor guatemalteca".

Y, con base a las declaraciones, "podrá realizarse las pesquisas por parte de las autoridades, para no quedar impune dicho acto", detalló Castro Molina.

El municipio donde ocurrió la violación no ha sido revelado.

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció que seis policías han sido suspendidos de sus funciones mientras las investigaciones sobre violaciones contra jóvenes siguen abiertas.

seguró que no habrá impunidad, pero tampoco fabricación de culpables. "La violencia contra los niños y las mujeres es inadmisible e inaceptable; violentan nuestra vida, nuestra libertad y nuestro proyecto de vida", comentó la mandataria.

A través de redes sociales Sheinbaum Pardo comentó que se ha reunido con expertas, defensoras de los derechos de las mujeres e integrantes de la sociedad civil para sumar esfuerzos y generar una estrategia urgente que incorpore acciones de prevención, atención y sanción a la violencia. "Tengo claro que los procedimientos de la denuncia y el acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia es un camino largo y esto tiene que cambiar, las mujeres y hombres de mi gobierno creemos que debemos de proteger de la violencia a niñas, niños y mujeres.

"Por eso, desde que llegamos, nos planteamos el tema de acceso a la justicia y la erradicación de la violencia contra las mujeres", dijo. Recordó que la Ciudad es la única entidad de la República que tiene una abogada disponible para cada una de las mujeres cuando acuden al Ministerio Público a denunciar y además se cuenta con 27 centros de apoyo psicológico y jurídico para apoyar a las mujeres víctimas de violencia.

"Esto es apenas el principio. Vamos a consolidar una defensa eficaz, con resultados palpables a corto plazo, por eso trabajamos con grupos de mujeres expertas para generar una estrategia urgente para hacer de la Ciudad de México el espacio más seguro de las mujeres", comentó.