La exgobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, fue arrestada el jueves por cargos de soborno relacionados con el financiamiento de su campaña electoral en 2020, dijo el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Las autoridades estadounidenses presentaron cargos penales contra Vázquez acusándola conspiración, soborno de programas federales y fraude de servicios electrónicos.
Según las autoridades, el dueño de un banco venezolano-italiano y un ex agente del FBI pagaron unos 300.000 dólares a consultores que apoyaron la campaña de Wanda Vázquez Garced a cambio de favores políticos.
Las autoridades alegan que el propietario del banco Bancrédito, que estaba siendo investigado por la autoridad reguladora de la isla, pidió indirectamente a Vázquez que sustituyera al jefe de este organismo por un dirigente elegido a dedo.
El propietario del banco Bancrédito, Julio Martín Herrera Velutini, que estaba siendo investigado por la autoridad reguladora de la isla, se habría coordinado con uno de los colaboradores de la campaña de Vázquez, el exagente del FBI Mark Rossini, para llevar a cabo el soborno.
Ambos han sido acusados junto a Vázquez. El actual gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, no está bajo investigación, dijeron las autoridades.
Vázquez, así como Herrera y Rossini, podrían enfrentarse a hasta 20 años de prisión si son declarados culpables, dijo el fiscal del distrito de Puerto Rico, Stephen Muldrow, en una conferencia de prensa.
Vázquez tiene prevista su primera comparecencia a la corte más tarde el jueves.
Un juez federal ordenó al ex candidato presidencial Ricardo Anaya que se presente físicamente a la audiencia donde será imputado por la Fiscalía General de la República (FGR) por su presuntamente recibir un soborno de 6 millones 800 mil pesos para aprobar la reforma energética en el sexenio pasado.
Marco Antonio Fuerte Tapia, juez de control del centro de justica penal adscrito el reclusorio Note, advirtió al panista que en caso de no asistir a la audiencia que se reprogramó para el 31 de enero a las 9:00 horas, la FGR podrá ejercer su facultad para hacer uso de cualquier medio para presentarlo ante la justicia.
Durante la audiencia en la que sería imputado por su probable responsabilidad en los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, cohecho y asociación delictuosa, Ricardo Anaya, quien vestía una camisa a cuadros azul, solicitó previo a la imputación que se le permitiera hablar a su abogado Eduardo Aguilar Sierra.
El juez permitió el uso de la palabra al litigante, quien pidió que se difiriera la audiencia por 40 días que requiere tiempo para llevar a cabo una adecuada defensa debido que la carpeta de investigación contra su cliente consta 137 mil fojas. Indicó que necesitaría de ocho horas por día para completar esta tarea, lo que llevaría 284 días.
“La acusación es absurda y completamente falsa, y necesito tiempo para demostrarlo”, declaró el litigante.
Por su parte, el juez de control señaló que el 5 de noviembre se resolvió que era improcedente el recurso para tratar de aplazar la audiencia porque ya hay dos diferimientos. Sin embargo, el abogado dijo que sólo se ha aplazado una vez la audiencia de agosto.
El juzgador consultó a los fiscales si se oponían o no a la petición de la defensa de Ricardo Anaya, a lo que respondieron que avalaban tal solicitud y respetaban la decisión que emitiera el juez, quien a su vez volvió a preguntar si se oponían y la FGR respondió que no.
Los integrantes de la Unidad de Inteligencia Financiera tampoco se opusieron y tampoco los representantes jurídicos de la Cámara de Diputados.
Ante esta situación, marco Antonio Fuerte Tapia consideró que para que no se afecte el debido proceso y a petición de la defensa y sin oposición de la FGR, reprogramó la audiencia para el 31 de enero de 2022, pero le advirtió a Anaya que debe presentarse físicamente.
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Un juez federal aplazó hasta el próximo 8 de noviembre la audiencia donde la Fiscalía General de la República (FGR) podrá imputar al panista Ricardo Anaya Cortés por un presunto soborno de 6 millones 800 mil pesos para aprobar la reforma energética en el sexenio pasado.
Durante la diligencia celebrada hoy, el juez del Centro de Justicia Penal Federal en el reclusorio Norte también exhortó a la defensa de Ricardo Anaya a estar al lado del imputado en la siguiente sesión, ya que durante la comparecencia en línea el ex candidato estuvo solo.
La determinación de reprogramar la audiencia se tomó porque el ex candidato presidencial apenas tuvo acceso a mil fojas adicionales de la carpeta de investigación que se judicializó en su contra, de las cuales desconoce su contenido.
La defensa de Ricardo Anaya pidió el nuevo plazo para estudiar el contenido de los documentos y poder preparar la defensa, ya que éstas le fueron entregadas el pasado 1 de octubre.
La FGR judicializó la carpeta de investigación por su probable responsabilidad en los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, cohecho y asociación delictuosa.
La carpeta se inició a partir de la denuncia presentada por el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, quien reveló un supuesto esquema donde se entregó dinero a legisladores federales panistas para que aprobaran las reformas estructurales en el sexenio de Enrique Peña Nieto.
Ésta es la segunda vez que la audiencia inicial es aplazada. El 26 de agosto de este año, Ricardo Anaya compareció por vía remota, donde fue enterado que la FGR pretende imputarlo.
En aquella ocasión, Eduardo Aguilar Sierra, abogado del panista, argumentó que la FGR no le entregó copia de la carpeta a su cliente, lo que hacía imposible una adecuada defensa.
El juez Aquiles Villaseñor dio un plazo de 15 días a la FGR para que entregara copia de la carpeta e hizo la aclaración a Ricardo Anaya de que las audiencias por videoconferencia deben efectuarse dentro de territorio nacional, pues se supo que estaba en algún lugar de Estados Unidos.
En aras de garantizar su derecho a una defensa adecuada, el juzgador reprogramó la audiencia inicial para este 4 de octubre a las 9:00 horas. Sin embargo, como le acaban de correr traslado de las mil fojas del expediente, se decidió reprogramar la audiencia para nueva fecha.
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Un joven atacó con un arma punzocortante a un perro en Aguascalientes, pero cuando vecinos alertaron de la situación llegó la policía por él, no obstante, el padre del agresor intentó sobornar a los oficiales para que no se lo llevaran y también fue arrestado.
Elementos de la policía municipal de Aguascalientes realizaban un recorrido de vigilancia sobre el fraccionamiento Paseos de De San Antonio cuando un vecino le hizo el señalamiento de una persona que había lesionado a un perro.
Al ver a los oficiales, el presunto responsable corrió, pero lo persiguieron. Tras ser arrestado, Antonio 'M', de 24 años, le hallaron una arma punzocortante con la que habría atacado al perro.
Los policías solicitaron el apoyo del personal de antirrábico para que pudiera brindarle atención médica al animal, que tenía diversas heridas.
Cuando se tenía detenido al presunto responsable ,el padre del mismo de nombre Juan Antonio intentó extorsionar a los policías para que no se llevaran a su hijo, motivo por el cual también fue detenido.
Al ver a los oficiales, el presunto responsable corrió, pero lo persiguieron. Tras ser arrestado, Antonio 'M', de 24 años, le hallaron una arma punzocortante con la que habría atacado al perro.
Los policías solicitaron el apoyo del personal de antirrábico para que pudiera brindarle atención médica al animal, que tenía diversas heridas.
Cuando se tenía detenido al presunto responsable ,el padre del mismo de nombre Juan Antonio intentó extorsionar a los policías para que no se llevaran a su hijo, motivo por el cual también fue detenido.
Finalmente las dos personas fueron puestas a disposición de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes para que se termine su situación jurídica.
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Álvaro Cázares García, secretario en Michoacán de trabajos y conflictos del nivel preescolar del ala magisterial Poder de Base, hizo público un video en el que quema más de un millón de pesos con el que presuntamente lo quiso sobornar su líder, Benjamín Hernández Gutiérrez.
En un video de un minuto 30 segundos, el profesor michoacano exhibe los fajos de billetes en una mesa y uno en las manos.
“Hago una denuncia pública al compañero Benjamín Hernández Gutiérrez, por haber intentado sobornarme a través de sus compinches y sus esbirros, con dinero, para que yo guardara silencio”, expresa.
El docente afirma que es bien sabido por ese bloque magisterial que ha sido un defensor de los derechos de los trabajadores de la educación. Acusa que, su liderazgo estatal, lo quiso acallar al enviarle ese recurso económico, a cambio de que acceda a actos de corrupción en perjuicio del magisterio.
“Pero eso no lo podemos hacer, porque yo también soy trabajador del estado de Michoacán y he sufrido los embates del gobierno durante más de cuatro años. Sé lo que es no comer, porque no nos llega el sueldo ni el salario, pero por esto, eso no lo voy a permitir; y si es necesario que me quiten mi plaza no importa.
"Aunque mi vida peligre, no me importa compañeros. Me mandaron a mí a hacer una función y voy a defender a mis compañeros del estado”.
Lo anterior es parte de lo que acusa el profesor, quien mientras echa los fajos de billetes de 500 pesos a una cubeta, expresa: “Esto es para lo que va a servir el pinche dinero que me mandó este cabrón (Benjamín Hernández)”.
Posteriormente vacía una botella de alcohol en el recipiente con los fajos de billetes y les prende fuego y reitera: “ahí está su dinero, cabrones mugrosos”.
Entrevistado al respecto, Cázares García afirmó que se trata de más de un millón de pesos que presuntamente le hizo llegar el líder magisterial Benjamín Hernández.
Precisó que ese video que hoy hizo público, lo grabó a principios de este año; sin embargo, lo guardó, dijo, para que su denuncia no se prestara a malas interpretaciones y se relacionara con el proceso electoral.
Mencionó que lo hizo público ahora, porque se dijo cansado de tantas amenazas de parte de su líder magisterial e incluso de gente armada.
Álvaro Cázares denunció que entre los actos de corrupción que su dirigente Benjamín Hernández “y sus secuaces” le exigían hacer, era la venta de plazas (ilegal).
Además de los cambios de docentes de una escuela o región a otra que también cobran y, la asignación de plazas eventuales que eran para normalistas a “personas fantasmas”. En este último punto, acusó, esa primera asignación de 300 plazas no llegaron a los normalistas, salvo a algunos liderazgos de los estudiantes.
Las demás, señaló, se las otorgaron a personas que fueron utilizadas por Hernández Gutiérrez, en complicidad con funcionarios de la Secretaría de Educación estatal, solamente para cobrar y quedarse con el recurso.
Indicó que hubo liberación de pagos a esas personas de hasta 80 mil pesos a cada uno, cuando a los profesores eventuales que sí ejercen, solamente les dieron entre 5 y 15 mil pesos.
El profesor Álvaro Cázares García afirmó que de ahí fue donde salió el dinero que le hicieron llegar para que callara y dejara de denunciar ese tipo de actos.
Denunció que en esa cadena de corrupción participa el líder estatal de Poder de Base, Benjamín Hernández y Alejandro Amezcua, además de otros allegados.
Entre los funcionarios que presuntamente están involucrados, está el titular de la Secretaría de Educación, Héctor Ayala Morales, la directora de administración de personal, María Bárbara de Jesús Torres Mora y tres funcionarios más.
Álvaro Cázares se dijo consciente del riesgo que implica hacer pública esa denuncia, pero dijo asumir esa responsabilidad. Hizo responsable de cualquier cosa que le pase al secretario Héctor Ayala y a su líder magisterial, Benjamín Hernández. El docente presentó algunos documentos que prueban algunos de sus dichos.
A pesar de que se buscó al titular de la SEE, Ayala Morales, el funcionario se negó a fijar una postura. También el líder estatal de Poder de Base, Benjamín Hernández, no respondió las llamadas.
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