Japón, Australia y otros países firmantes del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) intensificaroN los contactos para buscar un "plan B" ante la salida de Estados Unidos del pacto y barajan opciones como abrir la puerta a China. El nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cumplió el lunes su promesa electoral de retirar a su país del TPP, pieza clave del giro exterior hacia Asia-Pacífico de su antecesor, Barack Obama, y cuya entrada en vigor ansiaban los otros once países integrantes del pacto con vistas a dinamizar sus economías. Shinzo Abe y Malcolm Turnbull, los primeros ministros de Japón y Australia, las dos mayores economías del TPP junto a Estados Unidos y Canadá, han dado un paso al frente para tratar de salvar el acuerdo pese a la ausencia de la primera potencia mundial, a pesar de que aún confían en que Trump rectifique. Existe la posibilidad de que el TPP proceda sin Estados Unidos", señaló hoy Turnbull tras hablar por teléfono en la víspera con Abe, así como con los primeros ministros de Nueva Zelanda, Bill English, y Singapur, Lee Hsien Loong, según medios locales. Japón, por su parte, calificó de "sinsentido" un eventual acuerdo sin Washington "porque se desequilibra la balanza entre intereses fundamentales" y recalcó su intención de convencer a la Administración Trump de las ventajas del TPP, dijo el viceportavoz del Ejecutivo, Koichi Hagiuda. El país asiático es hasta ahora el único que ha ratificado el pacto, visto por Tokio como un engranaje fundamental dentro de su estrategia de crecimiento económico 'Abenomics' y como contrapeso ante la creciente influencia de China en la región. Entre las opciones para un acuerdo transpacífico alternativo, Sidney apuntó la posibilidad de sacarlo adelante sin Washington o de abrir la puerta precisamente a China o a Indonesia, no incluidos en el pacto. Ciertamente existe un potencial para que China se una al TPP", afirmó el primer ministro australiano, quien valoró el compromiso con la apertura de mercados y el libre comercio que el presidente chino, Xi Jinping, mostró en su reciente discurso en Davos. El gigante asiático y mayor exportador mundial ha emprendido esfuerzos paralelos para aumentar su presencia económica y comercial en la región a través de la Asociación Económica Regional (RCEP) y la zona de libre comercio en Asia-Pacífico (FTAAP) y podría estar ante el escenario ideal para ocupar el vacío dejado por Washington. El Gobierno chino no aclaró hoy su postura sobre el TPP, aunque un centro de estudios adscrito al Ejecutivo señaló el posible interés de Pekín de para unirse al pacto. Para Tokio, no obstante, invitar a China a la mesa del TPP supondría un elevado riesgo estratégico debido a su peso y a una posible reformulación de las reglas comerciales acorde a sus intereses, por lo que los analistas nipones ven más probable que Japón concentre sus energías en negociar un acuerdo bilateral con Estados Unidos.

El Consejo General del INE aprobó el orden metodológico y calendario para definir la reestructura que sufrirá el Instituto Nacional Electoral tras la reforma electoral, el cual incluye que el Plan B se aplicará hasta octubre y no en agosto como indica la ley, lo que Morena calificó como un reto y desobediencia a los poderes y la ciudadanía.

El proyecto que el Comité Técnico para la Implementación de la Reforma Electoral 2023 aprobó esta mañana fue respaldado por unanimidad en el Consejo General del INE, en el cual plantean tener lista la aplicación del llamado Plan B hasta octubre y no en agosto, debido al retraso de dos meses generado por el Senado, lo cual retrasó los tiempos previstos originalmente.

La consejera presidenta del Comité, Claudia Zavala, detalló que “la reforma no fue aprobada en diciembre, como se había planeado, sino hasta el 2 de marzo fue su entrada en vigor, por lo que tenemos un desfase de dos meses que necesariamente retomaremos”.

Explicó que el calendario planea esperar a la nueva integración del Consejo General, que incluye su nueva presidencia, para que formen parte de estos trabajos a partir del 3 de abril con los criterios ya aprobados por los consejeros que no terminan su periodo y son la mayoría de la integración total.

La consejera Norma Irene de la Cruz planteó establecer la paridad en la nueva compactación y organigrama del instituto, lo cual fue rechazado por mayoría, pues Claudia Zavala pidió esperar a que avance el proceso para ver la forma de que pudiera aplicarse.

El consejero Jaime Rivera consideró que no se puede tomar en cuenta el cumplimiento de la paridad como si fuera una nueva integración, pues esto generaría violaciones a los derechos laborales.

“Si se hiciera el aplicar la paridad total, equivaldría a suponer que partimos de cero, y una reestructuración no parte de cero, como su nombre lo indica, es una modificación de una estructura ocupacional y jerárquica que ya existe, que ya está ocupada.

“Reestructuración no es fundación, no se va a contratar de fuera como si nadie existiera en los cargos del Servicio Profesional, como si todo estuviera vacío, eso va contra el sentido común y contra derechos laborales”.

Mario Llergo, representante de Morena, acusó que “en una clara violación a la reforma electoral del pueblo”, se niegan a instalar la Comisión de Administración que sustituirá a la Junta Ejecutiva del INE.

“Bajo el pretexto de autonomía y de una aprobación desfasada aprueban un acuerdo que modifica la propia reforma. Quieren un Comité Técnico que asuma las responsabilidades que señala expresamente la reforma que le competen a la Comisión de Administración, alteran fechas de operatividad de la reforma para seguir conservando sus privilegios y sus altos salarios.

“Asumen el papel de legisladores, si tantas ganas tienen de emitir leyes y modificar la voluntad popular, les invito a que se postulen y puedan legislar en su libre derecho. Lo que buscan es seguir sirviéndose a manos llenas”.

Con este calendario, a partir de hoy comienzan los trabajos para evaluar la estructura de todo el INE y determinar cómo se compactarán las áreas como lo ordena la reforma, la nueva estructura organizacional, los tabuladores salariales y las nuevas facultades del secretario Ejecutivo, Edmundo Jacobo, de las que desaparecerán alrededor de una decena.

El calendario marca 17 acciones desde hoy y hasta el 31 de octubre, para poder terminar los trabajos antes de que comience el proceso electoral federal que la reforma recorre su arranque de septiembre a noviembre, si la Suprema Corte no declara su invalidez.

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El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una segunda demanda de controversia constitucional en contra del Plan B de la reforma electoral.

El nuevo recurso judicial controvierte la segunda parte del llamado Plan B, del 2 de marzo pasado, cuando entró el vigor el decreto que reformó la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la expedición de la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Dicho recurso se suma a la controversia constitucional que ya había sido presentada por el INE el 1 de febrero, en contra de la primera parte del Plan B, que consiste en el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2022.

En un comunicado, el INE detalló que mediante la controversia constitucional se busca defender no sólo la autonomía del instituto, sino el Estado democrático establecido en la Constitución, “ante el cúmulo de violaciones constitucionales detectadas en aproximadamente 200 artículos de la reforma que vulneran 25 disposiciones constitucionales”.

“En la demanda presentada hoy, se solicita al Máximo Tribunal del país que otorgue una suspensión y, en tanto se pronuncia sobre el fondo de las controversias, se interrumpa la aplicación de la reforma y, por lo tanto, de sus efectos, de manera particular por lo que hace a la afectación a los derechos fundamentales de quienes integran el Instituto Nacional Electoral y a los derechos políticos de la ciudadanía”, aseguró el organismo.

La nueva controversia se basa en cuatro ejes fundamentales, a saber: la violación al debido proceso legislativo por parte del Congreso de la Unión, la vulneración a la autonomía e independencia del INE por parte de los poderes Legislativo y Ejecutivo, la vulneración a las condiciones de equidad y de otros principios que deben regir las contiendas electorales y la afectación inconstitucional de los derechos laborales del personal del INE que provoca dicha reforma.

El Instituto argumentó que se violó el debido proceso legislativo por parte del Congreso de la Unión, pues se dio trámite urgente a una iniciativa que por disposición legal no podía ser sometida al mismo, no respetó el principio de publicidad, ni mucho menos el deliberativo que rige al órgano legislativo, impidiendo la participación de todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria.

Esto, alegó el INE ante la SCJN, impactó en la calidad democrática de la reforma.

En segundo término, consideró que se vulneró la autonomía e independencia del instituto por parte de los poderes Legislativo y Ejecutivo, por lo que el INE demandó la invalidez de gran parte de la reforma, ya que afirmó que se está invadiendo su esfera competencial por parte de legisladores y del presidente de la República y el secretario de Gobernación.

Además, alegó la reforma contiene cambios que afectan la certeza en los procedimientos que conforman el proceso electoral en sus diversas etapas y que el Plan B desmantela la estructura orgánica y afecta los derechos laborales de todo el personal del Instituto, así como la eliminación de aproximadamente el 85 por ciento de las plazas del Servicio Profesional Electoral.

“El instituto tiene plena confianza en que con el análisis constitucional que realizará la Suprema Corte de Justicia de la Nación se restaurará el orden constitucional, al determinar la invalidez de la reforma”, aseguró.

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Con la publicación del Plan B de la Reforma Electoral en el Diario Oficial de la Federación, el secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo, queda cesado de forma inmediata de su cargo.

El artículo 17 transitorio de la reforma establece que "dada la modificación de las facultades de Secretaría Ejecutiva con la entrada en vigor del presente decreto, la persona titular de dicho cargo cesará en sus funciones a partir de su publicación".

Señala que de inmediato, el Consejo General del INE debe nombrar de entre los directores ejecutivos, a un encargado de despacho.

En la sesión ordinaria del mes de mayo de 2023, se designará a la persona titular de la Secretaría Ejecutiva para el periodo 2023-2029 que cumpla con los requisitos correspondientes.

El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova adelantó que se presentarán todos los recursos disponibles para frenar el Plan B, por lo que confió en que pronto regrese Edmundo Jacobo a la Secretaría Ejecutiva.

¿Quién es Edmundo Jacobo?

Edmundo Jacobo se ha desempeñado como secretario ejecutivo del entonces Instituto Federal Electoral (IFE) del año 2008 a 2014.

Luego de la transición al INE, siguió al frente de la Secretaría Ejecutiva desde abril de ese año hasta este jueves tras la publicación del Plan B.

La Secretaría Ejecutiva tiene entre sus atribuciones la representación legal del INE, así como nombrar a los integrantes de las juntas locales y distritales ejecutivas, de entre los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional.

Sin embargo, la Reforma Electoral reduce al secretario ejecutivo como auxiliar del Consejero presidente, limitando así sus atribuciones.

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Un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite la controversia constitucional que promovió el Instituto Nacional Electoral (INE) contra las reformas a las leyes General de Comunicación Social y General de Responsabilidades Administrativas, las cuales representan la primera etapa del Plan B.

El ministro Alberto Pérez Dayán dio entrada al caso, donde el INE alega una invasión a sus facultades.

De acuerdo con registros judiciales, se trata de primera controversia contra el Plan B que es admitida a trámite, ya que hay 125 impugnaciones sobre el tema que presentaron gobiernos estatales y municipales.

En el acuerdo publicado por el ministro Pérez Dayán se menciona que el INE sostiene que el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, producen una violación directa a sus funciones que, como órgano constitucional autónomo, le confiere el texto constitucional.

“El Decreto combatido obstaculiza la función que realiza con fundamento en los artículos 41 y 134 constitucionales como garante, entre otros principios, de la equidad en la contienda electoral, en donde la comunicación social y la propaganda gubernamental tienen una importante incidencia”, indica el acuerdo de admisión.

La Corte también admitió a trámite la controversia que interpuso el municipio de Chihuahua, Chihuahua, contra la Ley General de Comunicación Social, la cual establece un gasto del 0.1 por ciento del presupuesto en campañas de difusión.

La Ley General de Comunicación Social menciona que es aplicable para los entes públicos que integran a los tres poderes de la Federación, de las Entidades Federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, así como los órganos a los que la Constitución dota de autonomía y cualquier otra institución o entidad de carácter público.

En su artículo 26 se específica que el “límite del gasto del Programa Anual de Comunicación Social, en su conjunto, no debe rebasar el 0.1 por ciento del Presupuesto de Egresos Anual correspondiente”.

Los municipios que buscan que se eche atrás la reforma pertenecen a los estados de México, Guanajuato, Yucatán, Jalisco, Michoacán, Puebla, Sonora, Coahuila, Chihuahua, Querétaro, Baja California Sur, Tlaxcala, Aguascalientes, Nuevo León y Guerrero.

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El Senado de la República aprobó con el voto de Morena y sus aliados, el llamado Plan B de la reforma electoral, donde eliminó la llamada clausula de vida eterna de los partidos satélites, que de inmediato se turnó al Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

La reforma fue aprobada por 72 votos a favor de Morena, PT, PVEM y PES, mientras que el PAN, PRI, MC, PRD y Grupo Plural con 50 sufragios en contra.

Durante un largo debate donde la oposición reiteró su rechazó a la reforma presidencial, se concluyó el proceso legislativo del Plan B y se anunció que de inmediato se presentarán más acciones de inconstitucionalidad ante la SCJN.

El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Alejandro Armenta, remitió la reforma la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y que expide la Ley General de Medios de Impugnación en Materia Electoral al Ejecutivo Federal para su publicación.

La presidenta de la Comisión de Gobernación, Mónica Fernández Balboa, indicó que, con base en el artículo 72 constitucional, se determinó que todos los artículos que componen la minuta, no podían ser materia del análisis por parte de esta Cámara, ya que ha culminado el procedimiento legislativo para su discusión y aprobación en el mes de diciembre del 2022.

La senadora por Morena, subrayó que la denominada “cláusula de vida eterna de los partidos no forma parte del decreto de reforma en materia electoral”, manifestó.

El senador del PAN, Damián Zepeda, exhortó a Morena y sus aliados a aprobar el dictamen del Plan B tal como lo devolvió la Cámara de Diputados, con el fin de eliminar definitivamente el artículo correspondiente a la llamada “cláusula de vida eterna”.

“Lo único que están haciendo es dejarlo pendiente, lo están dejando en el limbo, lo están dejando aquí en un cajón, nomás que ese cajón se puede abrir en cualquier momento. (…) Si hacemos lo que ustedes proponen, se queda ahí y mañana pueden revivirla, en una semana pueden revivirla, en dos semanas, y yo perdón, pero conozco a los duendes. Los duendes se ponen a trabajar y ya estoy viendo que llega una negociación y en la primera de cambio quieren y hacen el intercambio”.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, Rafael Espino de la Peña, dijo que de conformidad con algunos precedentes judiciales vigentes, no se puede estar de acuerdo con la transferencia de votos o cláusula de vida eterna, y “consideramos que al emitirse un sufragio, este debe considerarse agotado y no convertirse en mercancía política”.

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