Los habitantes de Cataluña llevarán a cabo un histórico referéndum en el que se decidirá el proceso de independencia de esta comunidad española.

En entrevista con cinco jóvenes españoles y catalanes, quienes opinaron al respecto de la controvertida votación.

Eva S. —catalana, de 23 años y estudiante de la universidad ESSEC Business School— está a favor de la votación del referéndum. La joven considera que todo mundo tiene derecho a decidir sobre su futuro, por lo que afirma estar dispuesta a poner en riesgo su seguridad, aludiendo a los dispositivos policiales que se han montado y a los altercados que se esperan por la votación de este domingo en Barcelona.

"El gobierno central y el catalán son los que deberían sentarse a solucionar los conflictos que existen actualmente. Considero que la solución no es la ruptura total, sino la cooperación para solucionar el problema. La independencia de Cataluña, supondría un varapalo [daño] económico para ambas partes, ya que estas se retroalimentan", dice.

"Si el porcentaje de gente que vota no es representativo [teniendo en cuenta el total de la población], espero que ambos gobiernos tomen la decisión de sentarse a dialogar sobre todos los problemas ocurridos, para buscar soluciones pacíficas", afirma Irene M., estudiante de 19 años de la Universidad Ramon Llull, quien comenta que está dispuesta a votar en la plataforma digital creada por los organizadores, esto si los colegios electorales llegan a ser bloqueados para el referéndum.

La votación, conocida como Referéndum Cataluña 1-O, es el resultado de un proceso que ha dividido la opinión de España y dentro de la misma Cataluña, donde partidarios y detractores del referéndum temen expresar sus afiliaciones políticas.

"Ahora mismo no podría responder una entrevista sobre esto, acabo de entrar a trabajar en una multinacional y el tema me podría perjudicar", dice un joven catalán de 25 años, quien pidió el anonimato para evitar problemas en su empleo, esto debido a su postura sobre el tema.

Sin embargo, ese sentimiento no es compartido por la mayoría de la población. Seis de cada 10 españoles son partidarios de que el gobierno central no permita la celebración del referéndum de independencia de Cataluña, de acuerdo con cifras publicadas por el diario español "El Mundo".

"En el caso de Cataluña, me parece una artimaña para esconder años de mala gestión y corrupción tanto municipal como gubernamental, la votación es una escapatoria a la persecución e investigación que está llevando a cabo la fiscalía y la guardia civil. Yo me opongo a los nacionalismos injustificados que generen una brecha en la población española", opina Fabián Elbaz, joven de 22 años que vive en Madrid.

El estudiante de Administración de Empresas y Gestión Comercial considera que el nacionalismo es un obstáculo para el progreso y desarrollo, por lo que se opone al referéndum. De acuerdo con su punto de vista, la votación no va a generar un cambio significativo en la situación actual del país; en cambio, piensa que éste creará una brecha más grande entre comunidades, lo que va a entorpecer el crecimiento de España.

"Opino que todos los pueblos tienen derecho a la libre determinación; sin embargo, pienso que la forma en que lo están llevando a cabo no es la correcta. Cataluña reivindica razones como la independencia histórica, la cual no tiene fundamento, así como la corrupción a nivel nacional, teniendo ellos al líder más corrupto que ha tenido este país desde la llegada de la democracia [Jordi Pujol]", dice Gabriela Ramírez de Haro, de 22 años y estudiante Derecho y Administración de Empresas. 

 El expresidente del Gobierno regional de Cataluña Carles Puigdemont y los cuatro exconsejeros en libertad condicional comparecerán ante el tribunal de primera instancia de Bruselas el 17 de noviembre para la vista por la euroorden de entrega a España, confirmó hoy oficialmente la Fiscalía bruselense.

Acudirán ante la Cámara del Consejo, el tribunal de primera instancia de Bruselas, que decidirá si ejecuta las órdenes europeas de detención y entrega emitidas por la Audiencia Nacional de España el pasado 3 de noviembre contra los cinco exmiembros del cesado Gobierno regional catalán.

La cita es a las 13.00 horas GMT (14.00 hora local) y a puerta cerrada, según un comunicado de la Fiscalía.

Los cinco políticos son reclamados por la Justicia española por los delitos de rebelión, sedición, malversación de caudales públicos y desacato a la autoridad, entre otros cargos, en relación con el proceso secesionista de Cataluña.

Si el juez belga decide la entrega de Puigdemont y los exconsejeros pero estos la rechazan, todavía podrían volver a recurrir la decisión ante una instancia superior.

Hasta esa declaración permanecerán en libertad con medidas cautelares, tal y como decidió el domingo el juez de instrucción y había solicitado previamente la Fiscalía de Bruselas.

Entre las restricciones de libertad se encuentran la prohibición de viajar al extranjero sin el permiso del juez de instrucción, la obligación de comunicar una dirección de residencia y la de asistir personalmente a cada una de las audiencias a las que se les convoque.

La tramitación en Bélgica de las euroórdenes debería, teóricamente, prolongarse un máximo de 60 días, aunque podrían añadirse 30 días más en circunstancias excepcionales.

Junto a Puigdemont, se encuentran en Bélgica en idéntica situación judicial los exconsejeros autonómicos Antoni Comín (Salud), Clara Ponsatí (Enseñanza), Lluís Puig (Cultura) y Meritxell Serret (Agricultura). 

El presidente de la Generalitat cesado, Carles Puigdemont, aparentemente pretende continuar su lucha desde Bélgica, acompañado de miembros de su gabinete. Mientras que en España se presentaron las primeras querellas contra los responsables de declarar la independencia en Cataluña.

El gobernante catalán destituido llegó este lunes a la capital de Europa en compañía de los consejeros de gobierno, Meritxell Borràs; Salud, Toni Comín; Interior, Joaquim Forn; Trabajo y Asuntos Sociales, Dolors Bassa y Agricultura, Meritxell Serret.

Puigdemont, quien el viernes fue depuesto como presidente de Cataluña por el gobierno central tras proclamar la independencia de la región, viajó hasta la ciudad francesa de Marsella en coche y luego tomó un avión a Bruselas.

En Bélgica Puigdemont fue recibido por el abogado Paul Bekaert, al parecer con la intención de solicitar el estatuto de refugiado político.

"Fui consultado por Puigdemont y me ha pedido que defienda sus intereses en Bélgica en el futuro", declaró el abogado a la cadena VRT, quien tiene más de tres décadas de experiencia en asilo político.

No sorprende la llegada a Bélgica de Puigdemont y su círculo más cercano de independentistas. El país europeo era una de las últimas cartas que le quedaban. Las naciones que se adhieren a la Unión Europea son parte de un protocolo en el que se declaran como "seguros" y excluye la aplicación del principio de extradición entre ellos.

Sin embargo, Bélgica es el único que cuenta con una cláusula en la que se reserva el derecho a evaluar de manera individual las solicitudes de ciudadanos comunitarios, de acuerdo con el profesor Jan Wouters de la Universidad Católica de Lovaina.

Además, Puigdemont cuenta en Bélgica con la simpatía del Partido Nueva Alianza Flamenca, de Bart De Wever, una fuerza política análoga al movimiento catalán al llevar en su ADN el separatismo.

El viaje del líder catalán se produce después de que Theo Francken, secretario de Asilo y Migración belga, generara una polémica en su país al afirmar que podría estudiarse la concesión del asilo a Puigdemont.

El primer ministro belga, Charles Michel, lo desautorizó de inmediato. El comisario belga para refugiados, Dirk Van den Bulcke, aclaró que, para conceder el asilo a un ciudadano de la UE como Puigdemont, deben existir "señales serias de persecución".

Los analistas aseguraban este lunes que la intención de Puigdemont es doble. Por un lado, Bélgica es un país muy garantista, y se cree que Puigdemont quiere dificultar su detención. Por otro lado, sería un último intento de darle visibilidad al conflicto catalán después de que Europa en bloque apoyara al gobierno de Mariano Rajoy.

La noticia causó estupefacción en Barcelona entre los secesionistas más convencidos, quienes esperaban instrucciones del gobierno catalán ante una jornada complicada. Unas horas antes de que el diario catalán El Periódico revelara la huida de Puigdemont, el fiscal general de España anunció querellas contra los responsables de declarar la independencia en Cataluña. Entre ellos se encuentran Puigdemont, su vicepresidente, Oriol Junqueras, los 12 consejeros de su gobierno y seis miembros de la mesa del Parlamento catalán que permitieron votar la moción de independencia.

Una gran manifestación en Barcelona avisó este domingo a Carles Puigdemont del desgarro que produciría dentro de la sociedad catalana continuar con la instauración de la República independiente que el parlamento de la región proclamó el pasado viernes.

Más de un millón de personas según los organizadores, y 300 mil de acuerdo con la policía local, se reunieron ayer pidiendo su permanencia dentro de España y la convivencia en la misma sociedad de independentistas y unionistas.

Los organizadores de la protesta, la asociación Societat Civil Catalana, a la que se unieron los partidos PP, Ciutadans y PSC, lograron el objetivo de visibilizar a los ciudadanos opuestos a la autoproclamada República. La Gran Vía de las Cortes catalanas se llenó de banderas españolas, algo poco común por las connotaciones que las expresiones de patriotismo han tenido durante muchos años en el país como resultado del abuso que hizo la dictadura de Francisco Franco de los símbolos nacionales.

"Es importante que podamos enseñar al mundo lo que es Cataluña hoy, una sociedad plural", explicó Pepe Domingo, vicepresidente de Societat Civil Catalana, desde el escenario en el que se leyó el manifiesto del acto: "Cataluña no es sólo de los independentista. Nosotros también somos Cataluña. Todos somos Cataluña".

En un ambiente festivo, los manifestantes gritaban vivas al rey y cantaban coplas. Cuando helicópteros de la Policía Nacional los sobrevolaba, la gente les aplaudía. Los insultos a miembros del gobierno catalán fueron frecuentes, con cánticos de "Puigdemont a prisión". Pequeños grupos de extrema derecha que no participaban de la convocatoria oficial insultaban a vecinos asomados en los balcones con banderas independentistas e incluso a los mossos d'esquadra.

La escasa visibilidad institucional de los defensores de la unidad de España suscitó quejas entre los asistentes: "Somos un millón en la manifestación, pero TV3 dice que somos 300 ultraderechistas violentos. ¿Yo ultraderechista? Rajoy tendría que haber intervenido TV3 con el 155", explicó un manifestante.

En un nuevo paralelismo con las manifestaciones secesionistas, otro de los eslóganes de la marcha fue "Votarem" ("Votaremos"). Los impulsores del referéndum del 1 de octubre han recurrido a esa frase para exigir una consulta sobre la autodeterminación. Los españolistas reunidos se referían a las elecciones convocadas para el 21 de diciembre por el presidente Mariano Rajoy.

Estos comicios regionales son por primera vez organizados por el gobierno central, después de que cesara el viernes a Puigdemont y sus consejeros por haber declarado la secesión. Los partidos nacionalistas están divididos sobre si acudir a esas elecciones. La decisión de hacerlo comenzará a perfilarse hoy. También se verá si los consejeros catalanes intentan permanecer en sus puestos a pesar de haber sido depuestos por Madrid, y se espera que la Fiscalía comience a emitir órdenes de detención contra los responsables de proclamar la independencia, Puigdemont entre ellos.

Fue hace sólo dos días que el Parlamento de Cataluña declaró unilateralmente su independencia y, al mismo tiempo, el gobierno de España comenzó a aplicar medidas para intervenir la autonomía de la región, pero la confusión y la incertidumbre ya está muy presente en los habitantes del país europeo.

Para Cynthia Cossío Ontiveros, mexicana residente en España desde hace varios años, y su esposo Emilio, ciudadano español, toda esta situación los tiene "revueltos", no sólo por la incertidumbre de no saber lo que puede ocurrir en los próximos días, sino por que ambos gobiernos -catalán y español- han desatado una confrontación nacional.

Nosotros "somos españoles al 100% y queremos que esta sea una sola España y que seamos todos españoles", dice Emilio.

Aunque Cataluña declaró su independencia y ha comenzado a planear la convocatoria de elecciones para formar una Asamblea Constituyente, "ratificar eso va a ser un poco complicado", señala Emilio.

Pese a haber declarado su separación, Cataluña ha fallado hasta ahora en un requerimiento primordial para que esta tenga verdadero peso: la aceptación de la comunidad internacional, en especial la de la Unión Europea (UE), que ya ha declarado su apoyo al gobierno español de Mariano Rajoy.

Emilio reconoce que "hay una postura muy enfrentada entre una parte y otra, pero lo que queremos es una España unida, como siempre ha estado, porque si los catalanes acceden a la independencia, después otros, como el País Vasco, podrían seguir el mismo camino. Entonces el gobierno tiene que aplicar la Constitución al 100% porque sino, España se nos hace trocitos".

En entrevista con EL UNIVERSAL, Emilio señala que no cree que sea viable una Cataluña independiente "porque de principio no la reconoce ningún país, la comunidad económica europea se niega a reconocerla, y lo que menos quiere es más fracturas. Si en cada país hay una facción, entonces no hay espacio para todos".

Previo a la declaración de independencia catalana, sectores en ambos lados del conflicto, así como de la comunidad internacional habían buscado que se diera un diálogo para llegar a un acuerdo y ahora con el conflicto desatado, algunos, como Emilio, ven esa alternativa mucho más inalcanzable.

"A España le esperan unos días muy fuertes, con enfrentamientos, no sólo entre gobiernos sino en la calle, y va a tomar tiempo restablecer la unidad. Las elecciones son muy próximas para que sean realmente una solución, no creo que para el 21 de diciembre las cosas cambien lo suficiente para que haya un resultado diferente", apunta el español.

Asegura que todo el país europeo esta "pegado a las noticias, porque jamás habíamos vivido algo así. Todos los que somos y nos sentimos españoles estamos muy preocupados por todo lo que está pasando".

Sin embargo, afirma que no tienen miedo, "respeto mucho, pero miedo no, porque ya tuvimos una Guerra Civil y eso nos causó mucho miedo ya".

España vive hoy un futuro incierto, mientras el Parlamento catalán aprobó la creación de una república independiente, el Senado español autorizó al gobierno central intervenir la autonomía de la región. De acuerdo con Ariel Arnal, especialista en historia y miembro del Sistema Nacional de Investigadores de Conacyt, esta crisis se debe básicamente a "dos legalidades paralelas que se niegan la una a la otra".

Arnal, catalán que radica en México desde hace 20 años, señala que España y Cataluña están metidos, "desde hace al menos algunos años, en un camino de negarse legitimidad el uno al otro, que los ha llevado a tener una especie de legalidades paralelas".

¿De dónde surgió el conflicto?

El historiador concuerda en que, según la Constitución española, todo lo que ha ido haciendo en los últimos días el gobierno catalán está fuera de la ley, pero señala que también "hay que tener en cuenta que en 2015 el Parlamento catalán aprobó una resolución propia diciendo que el pueblo catalán era soberano y, por lo tanto, el Parlamento regional era representante de esa soberanía, por lo que ninguna ley, por muy española y constitucional que fuera, estaba encima de las leyes que pudiera emitir la cámara catalana".

En 2006 el gobierno catalán reformó su estatuto de autonomía que le daba nuevas libertades "a un nivel sólo similar al del País Vasco y Navarra", detalla el investigador de la Academia de Historia y Sociedad Contemporánea de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM).

El estatuto fue aprobado por el Parlamento Catalán, respaldado por el pueblo catalán en un referéndum y luego ratificado por el Senado de España, pero el Partido Popular (PP) con Mariano Rajoy, a la cabeza, —que en aquella época estaba en la oposición durante el gobierno de Luis Rodríguez Zapatero— "lleva el estatuto al Tribunal Constitucional diciendo que es inconstitucional y que atenta contra la unidad de España".

El Tribunal tardó más de 4 años en dar una resolución y "eso terminó con la paciencia de los catalanes, que se dan cuenta de que no se puede negociar nada, que no había una mesa de diálogo. El que les hayan rechazado el estatuto de autonomía, dentro del marco constitucional español, se convierte en una humillación", destaca Arnal.

Ahora, apunta el historiador, cuando se acusa a los catalanes de ir contra la Constitución, ellos dicen que Rajoy rompió el pacto primero al no aceptar el estatuto aprobado, no sólo del Parlamento y el pueblo catalán, sino también del Senado español.

Así estuvieron hasta el 2015, tratando de negociar, cuando el entonces presidente de la Generalitat, Artur Mas, convocó elecciones y anunció que si los independentistas ganaban la mayoría, se realizaría un referendum. Hay un primer intento el 9 de noviembre de 2015 que es solamente consultivo, sin trascendencia y el de ahora del 1 de octubre.

¿Ahora qué?

De acuerdo con Arnal, el que tiene más que perder en este momento es el gobierno catalán pues el gobierno español tiene tres cartas importantes: el apoyo del PSOE y de Ciudadanos, con lo que logra una amplia mayoría en el Parlamento central, "con lo cual pueden hacer legal y constitucional lo que quiera".

La segunda es que tiene lo que llamamos "el monopolio de la violencia", es decir los cuerpos de seguridad (Policía Nacional y Guardia Civil). "No estoy seguro de que sea una represión violenta como la conocemos en América Latina, pero sí una como la que se dio el 1 de octubre en el referéndum, una represión psicológica al ejercer presión sobre las instituciones", señala el investigador.

Y tercero, "que es más importante que todo lo demás, es que manejan el dinero. Con eso ya están bloqueando la economía catalana. Ahora se viene una represión muy fuerte en muchos sentidos".

Arnal asegura que este sentido de nacionalismo del gobierno español es una "cuestión ideológica que viene de fondo y desde muchos años, el oficialista Partido Popular (PP), es heredero directo del régimen de Francisco Franco".

Al día de hoy, el futuro de Cataluña es incierto, pues aunque el gobierno catalán tiene un mandato del Parlamento regional de convocar elecciones para formar una asamblea constituyente y una constitución para la nueva república catalana, "como están las cosas no hay manera operativa de convocar nada", apunta.

Señala que el gobierno de Rajoy, que ya disolvió el Parlamento catalán y convocó a elecciones regionales para el 21 de diciembre como parte de sus medidas para intervenir en la autonomía de Cataluña, "no va a dar su brazo a torcer" a menos que lo presione la Unión Europea (UE), que ya ha dado su respaldo al gobierno español.

La UE no presionará a España a menos de que haya "una tragedia económica en Cataluña. Que las cosas vayan tan mal que se afecten los intereses del organismo".

Arnal señala que seguramente serán "unas elecciones muy limitadas. Tienen que ser elecciones pactadas necesariamente sino, van a caer en lo mismo que ocurrió con el referéndum de octubre, vamos a repetir el problema. Lo único que estaría haciendo es ganar tiempo".