Un grupo de defensa civil de EE.UU presentó hoy una demanda contra una cárcel en Colorado por detener casi un mes a una mujer que no pudo pagar los 55 dólares para los gastos de corte, tras ser detenida por porte de metanfetaminas.

La demanda de ACLU precisa que en los últimos tres meses otras 45 personas de escasos recursos del condado El Paso han estado encarceladas y otras seis están ahora en prisión por no pagar esos 55 dólares.

En un caso, el detenido estuvo en la cárcel 119 días, precisó la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) de Colorado.

"Encarcelar a alguien por ser pobre no solamente es cruel, es inconstitucional", indicó Mark Silverstein, directivo ACLU de Colorado.

Jasmine Still, de 26 años, fue detenida en enero pasado por poseer menos de un gramo de metanfetamina y permaneció encarcelada por 27 días pese a que el juez a cargo le otorgó la libertad sin necesidad de pagar fianza.

La demanda presentada por ACLU señala que se trató de un "encarcelamiento ilegal" y argumenta que la detención además significó un gasto de más de 2.400 dólares para el condado El Paso.

El año pasado, el Legislativo local aprobó una ley que prohíbe encarcelar a indigentes o personas de escasos recursos por no pagar multas relacionadas con delitos menores no violentos, excepto que un juez ordene el encarcelamiento.

En ese sentido, si un juez deja a alguien en libertad, la persona debe quedar libre, aunque no haya pagado la multa correspondiente.

Pero los costos asociados con procedimientos judiciales como gastos de la corte no se consideran multas, por lo que continúan estos encarcelamientos.

"El encarcelamiento antes del juicio puede causar y en realidad causa que personas legalmente inocentes pierdan ingresos, pierdan sus trabajos, pierdan la custodia de sus hijos, pierdan sus viviendas y pierdan sus vehículos", se lamentó ACLU.

Por eso, "no resulta sorprendente que muchos de ellos se declaren culpables solo para salir de la cárcel", agregó.

El mes pasado, ACLU Colorado publicó un reporte indicando que los encarcelamientos por pobreza aún ocurren en unas 200 jurisdicciones de Colorado, por deudas menores de 150 dólares.

Según el Instituto de Estudios Políticos (IPS) en Washington DC, la "criminalización de la pobreza" ocurre en todo Estados Unidos.

Un hombre fue condenado a 178 años de prisión en un juicio oral por su culpabilidad en los delitos de violación espuria, violación genérica calificada y aborto, en agravio de dos menores de edad.

El sentenciado, Alejandro "N", utilizó chantaje emocional, coerción, engaño y manipulación para fomentar una relación habitual incestuosa con las dos menores, señaló la Unidad de Atención Integral para las Mujeres (UNAIM) de la Fiscalía Regional "C" con sede en Celaya.

"Las conductas abusivas no se limitaron a actos aislados, sino que fueron recurrentes en los últimos 2 años, que incluyeron contacto físico y una serie de circunstancias que agravaron la pena", agregó.

Alejandro "N" violó a una de las niñas en reiteradas ocasiones desde 2017, y en consecuencia resultó embarazada. En octubre de 2018 obligó a la menor a tomar medicamento en pastillas, con lo que provocó que expulsara el producto de la gestación, describió la fiscalía.

En el juicio el Ministerio Público especializado en juicio oral presentó las pruebas científicas que demuestran la participación del imputado en "los aberrantes actos sexuales" a los que sometió a sus víctimas, por lo que el juez dictó la sentencia, que además contempla el pago de una multa y la reparación del daño.

Con las pruebas científicas recabadas por el equipo multidisciplinario de la Agencia de Investigación Criminal se pudo acreditar la comisión de los delitos.

Al enfrentar un proceso en el sistema penal del país, las mujeres pueden recibir sentencias de 23 años de prisión en promedio por delitos graves, mientras que los hombres obtienen castigos de 17 años por los mismos ilícitos.

El Diagnóstico sobre la percepción del desempeño de la defensoría penal en México, realizado por la organización Reinserta con 2 mil 503 encuestas de hombres y 570 de mujeres, demuestra que, aunque ambos sexos son procesados por delitos similares, la población femenina tiene un promedio de sentencias más elevado.

Este fenómeno se presenta en Baja California Sur, Estado de México, Nuevo León, Quintana Roo y Tamaulipas, entidades donde se hicieron las encuestas.

El informe destaca además que las mujeres reciben con más frecuencia condenas de 25 años, mientras que las penas más recurrentes para los hombres son de cinco años.

La desigualdad entre sexos no sólo se presenta en las sentencias, sino en la calidad de los abogados privados y de oficio que trabajan para las presuntas delincuentes, así como el dinero que deben invertir en su defensa.

Mientras los hombres cambian de abogado una vez durante el proceso judicial en promedio, las mujeres lo hacen hasta en tres ocasiones, pues consideran que no son bien representadas.

El reporte detalla que en promedio una mujer gasta 155 mil 593 pesos en su defensa legal, en contraste con los hombres, que invierten cerca de 100 mil 521 pesos.

Robo, secuestro y homicidio equivalen a 68% de los delitos cometidos por las mujeres encuestadas. Es la misma cifra en el caso de los hombres para los ilícitos de robo, homicidio y violación, de acuerdo con el estudio.

Una carcajada fue la respuesta de Luis Antonio al escuchar la sentencia de 110 años de prisión por el secuestro y asesinato de Sofía. Su abogado dijo que apelará.

El lunes 30 de enero de 2017, la joven de 18 años desapareció. Por cuatro meses la familia recibió llamadas en las que pedían 800 mil pesos de rescate, pero el 27 de mayo de ese año hallaron su cadáver. Durante el juicio, el presunto asesino mantuvo una sonrisa burlona.

Luego de más de cinco horas de audiencia en una sala de juicio oral en el Reclusorio Norte, un juez le otorgó la libertad condicionada a Carlos Salomón Villuendas, el conductor del BMW que se accidentó en el 2017 y donde cuatro de sus acompañantes murieron.

Gracias a esto, los seis años que le restan de condena, estará en su domicilio de donde según el mandamiento del togado; usará un brazalete y no podrá consumir alcohol ni drogas.

Tras la resolución, la Procuraduría capitalina solicitó cinco días para apelar la decisión, por lo que Salomón Villuendas, permanecerá ese mismo tiempo en el Reclusorio Norte.

Si el juez desecha los argumentos del Ministerio Público, el imputado continuará su proceso legal fuera de prisión.

Este lunes, se dio a conocer que Carlos Salomón Villuendas pagó 1.7 millones de pesos a manera de reparación del daño por las cuatro vidas que se perdieron en el accidente, luego que tres de las familias afectadas le otorgaran el perdón, de esta manera y con buen comportamiento mostrado durante el tiempo que estuvo en prisión y al ser primodelincuente, el juez decidió otorgarle un benefició de la nueva reforma penal.

Jaime González Zepeda fue sentenciado a 10 años de cárcel por un juez de Distrito Judicial, pues en mayo de 2018 violó a su ahijada menor de edad, informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

A través de un comunicado, la dependencia señaló que las pruebas recabadas y aportadas por el agente del Ministerio Público fueron determinantes para que el juez le dictara dicha condena y le jara una multa de 25 mil pesos. 

Señaló que los hechos ocurrieron en el domicilio de la víctima, ubicado en el Barrio San Miguel de este municipio, adonde Jaime llegó y tocó la puerta.

La menor atendió a su llamado, pues el sujeto era su padrino de bautizo y confirmación, situación que el hombre aprovechó para abusar sexualmente de ella. 

Derivado de estos hechos, el Ministerio Público inició las investigaciones y obtuvo una orden de aprehensión en contra de Jaime, por lo que fue aprehendido e ingresado a un Centro Penitenciario y de Reinserción Social, donde el juez, previo a proceso legal, le dictó la sentencia.