José Inés García Zárate, el mexicano de 45 años deportado cinco veces de Estados Unidos, fue declarado no culpable este viernes del asesinato de la estadounidense Kate Steinle, un caso que despertó el debate sobre política migratoria, la mano dura contra indocumentados y la necesidad de acabar con las "ciudades santuario".

García Zárate, que era buscado para una sexta deportación en el momento de los hechos (julio de 2015) demostró que el disparo de bala que acabó con la vida de Steinle fue accidental y evitó así ser condenado por homicidio. El jurado popular de San Francisco sí lo declaró culpable de tenencia de arma de fuego.

García Zárate nunca negó haber disparado, pero siempre argumentó que fue un accidente. El jurado le dio la razón. El mexicano sigue haciendo frente a una orden de deportación inmediata.

El presidente Donald Trump había usado su caso como ejemplo para promover su política antiinmigratoria y pedir tolerancia cero contra los indocumentados que, de forma reiterada, son deportados y regresan a EU.

El caso fue tan emblemático que Trump lo usó más de una vez en su discurso y la Cámara de Representantes incluso nombró una propuesta de ley como "Kate’s Law", en la que se pretendía incrementar las condenas de cárcel y multas por entrar a EU sin documentos. La iniciativa no superó el trámite en el Senado.

La decisión del jurado no sentó bien en la administración Trump. El fiscal general, Jeff Sessions, dijo en un comunicado que la muerte de Steinle es una muestra de que dejar libres a indocumentados es un peligro para la seguridad.

"Cuando las jurisdicciones deciden retornar a las calles a extranjeros criminales en lugar de entregarlos a las autoridades migratorias federales ponen la seguridad pública en riesgo", dijo Sessions, asegurando que su departamento seguirá trabajando para evitar que aquellos que debieran ser deportados no puedan causar daño al país.

"Urjo a los líderes de las comunidades a reflexionar sobre el resultado de este caso, y considerar el daño que hacen a sus ciudadanos rechazando colaborar con los agentes de seguridad federal", agregó.

San Francisco es una delas principales "ciudades santuarios", que se niegan a colaborar con las autoridades migratorias a riesgo de perder financiación federal.

EL DATO

Argumentos.

El caso de José Inés García Zárate fue utilizado para justificar más restricciones a las ciudades santuario.

Cientos de paisanos se congregaron ayer en la capital de Florida, Tallahassee, para expresar su repudio a la ley SB 1718 y reclamar una reforma migratoria integral que evite que “políticos mediocres” usen periódicamente a los hispanos como “piñatas”.

La concentración en el exterior del Capitolio estatal fue precedida por el desfile de una caravana de vehículos por el centro de la ciudad a 24 horas de que entre en vigor la norma.

Algunos de esos autos salieron de San Diego, California, la semana pasada con el lema “Todos somos Florida” para solidarizarse con los migrantes de ese estado afectados por la SB 1718.

La caravana realizó un recorrido de costa a costa y estuvo en 13 ciudades; fue sumando participantes hasta su llegada a Florida la noche del jueves.

El parque ubicado frente al edificio legislativo acogió desde la mañana a un amplio grupo grande de personas con banderas de México, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Puerto Rico y Cuba, a las que se les sumaron más manifestantes durante el día.

“No somos una carga”

“No tengan miedo, no se vayan de Florida”, dijo el activista Luis Vega, quien luchó en su momento contra la ley antimigrante SB 1070 de Arizona y aseveró que la legislación de Florida, que “es una copia de aquella”, no va a ser implementada porque se va a pelear ante la justicia.

Los congregados en la víspera de la entrada en vigor de la ley promovida por el gobernador el republicano Ron DeSantis, que castiga severamente la inmigración irregular, se pasaron el micrófono frente a las cámaras de televisión para expresar lo que sienten cuando se acerca la “hora cero”.

Una reforma migratoria integral acompañada de una amnistía para todos los indocumentados a nivel federal fue la exigencia más escuchada en la concentración, junto con los llamamientos para “parar esta ley”.

Juan José Gutiérrez, dirigente de la organización Derechos Plenos para los Inmigrantes y uno de los integrantes de la caravana que partió desde California, subrayó que hay que evitar a toda costa que el ejemplo de la ley SB 1718 se extienda por Estados Unidos como “un cáncer”.

El activista agregó que para evitar que “políticos mediocres”, en aparente alusión a DeSantis, sigan usando como “piñata” a los inmigrantes cada vez que necesitan contentar a sus bases electorales es necesario que el Congreso federal apruebe la tantas veces postergada reforma migratoria.

Otros participantes en la concentración hicieron hincapié en que los indocumentados trabajan duro y no son una “carga social”, pues pagan impuestos: mil 600 millones de dólares solo en Florida y 47 mil millones de dólares en todo el país, según dijo una de las activistas que tomó la palabra espontáneamente.

Medios como Univision, que transmitió en directo desde la concentración, subrayaron la ausencia de políticos y representantes estatales en la protesta.

Protestas y marchas para hoy

Para hoy están previstos actos de protesta en distintas ciudades de Florida y, según dijo a la agencia EFE Gutiérrez, se va “a anunciar un boicot” a los productos de Florida, como frutas, verduras y jugo de naranja y otros cítricos”, en rechazo a esta ley.

El director ejecutivo de Derechos Plenos para los Inmigrantes, que forma parte de la coalición de agrupaciones de Todos somos Florida, señaló que, además de las protestas y marchas, abogados de organizaciones de derechos civiles y pro migrantes han diseñado una estrategia legal contra la ley SB 1718, que se va a reflejar en varias demandas de caracter judicial.

La nueva normativa obliga a las empresa de más de 25 empleados a usar un programa para verificar el estatus migratorio de cada uno de sus contratados y tipifica los viajes en automóvil a través de las fronteras estatales con una persona indocumentada como delito grave, punible con hasta 15 años de prisión.

La ley dificulta también el acceso de los indocumentados a la atención médica al obligar el registro del estatus migratorio de todos los pacientes en hospitales que reciben Medicaid (seguro público) y desconoce las licencias de manejo expedidas por otros estados a personas en esa misma situación legal.

DeSantis busca obtener la candidatura republicana a la presidencia aunque tiene como rival a Donald Trump, favorito en las encuestas partidistas. 

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En el último trimestre del año 2022, se prevé que continúe el arribo de familias migrantes a Baja California, sobretodo en el mes de diciembre, declaró el titular de la Dirección de Atención al Migrante en Tijuana (DMA), Enrique Lucero Vázquez.

Recordó que el año anterior un grupo de migrantes haitianos llegaron a Tijuana en el mes de diciembre y se habilitó una unidad deportiva para albergarlos, por lo tanto, este año se prepara el gobierno municipal en caso de que arriben en lo que resta del año. 

En los últimos meses, la mayoría de los migrantes que han arribado a la ciudad fronteriza son originarios de Michoacán y Guerrero, quienes son desplazados por la alta violencia que se registra. 

"Le he llamado una migración silenciosa porque no acapara la atención de Los medios, no viajan en caravana, no lo anuncian, son familias individuales que salen día tras día de pueblos o ciudades", detalló Lucero.

El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, insistió este domingo en pedir a los migrantes que tratan de entrar en el país por la frontera sur que no lo hagan: "No vengan, la frontera no está abierta". 

En una entrevista en la CNN, Mayorkas utilizó la misma frase que un año antes en plena crisis migratoria para tratar de disuadir a quienes emprenden viaje a Estados Unidos. Una expresión que usó también entonces la vicepresidenta, Kamala Harris.

Su mensaje ahora, dijo Mayorkas, es "el mismo, porque la frontera no está abierta". "No vengan", reiteró.

Recordó que sigue vigente el Título 42 -la norma sanitaria aprobada al inicio de la pandemia que permite la expulsión rápida de migrantes en las fronteras terrestres de Estados Unidos- y también las normas migratorias por las que no puede pasar quien no tenga un permiso "válido" de entrada.

Pero sobre todo, recalcó, "no deberían poner sus vidas en riesgo ni en manos" de las mafias que trafican con los inmigrantes.

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades estadounidenses (CDC, en inglés) anunciaron recientemente su plan de rescindir el próximo 23 de mayo el Título 42, aunque el pasado 27 de abril un juez de Louisiana suspendió por 14 días los preparativos de la Administración para acabar con esa norma.

El magistrado ha fijado una audiencia para el próximo día 13 de mayo en la que podría adoptar una resolución definitiva sobre el futuro del Título 42.

En los primeros seis meses del actual año fiscal, que comenzó en octubre de 2021, las autoridades han detenido en la frontera sur a poco más de un millón de inmigrantes, de los cuales 549 mil fueron expulsados del país en aplicación del Título 42, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos.

En la entrevista, Mayorkas aseguró que el gobierno se prepara para los distintos escenarios posibles y por eso ha presentado un plan de seis puntos para reforzar la frontera con México.

Ante las previsiones de que puede llegar a haber 18 mil migrantes al día cuando se levante la citada norma, reconoció que esa cifra supondría una importante "presión" para el sistema pero por eso, aseguró, se están preparando desde hace meses y trabajan también con sus socios del sur porque este, recalcó, es un "problema regional" que requiere del esfuerzo de todos.

Mayorkas está siendo el principal blanco de los republicanos por la cuestión migratoria e incluso miembros de ese partido han amenazado con promover en el Congreso un proceso de destitución contra él, pero aseguró en la entrevista que no está preocupado por ese tema, sino concentrado en sus tareas.

El pasado viernes, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, trató de coordinar con su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, una estrategia común ante el flujo "sin precedentes" de migrantes que está llegando a la frontera común.

Ambos acordaron la visita a Washington este lunes del canciller mexicano, Marcelo Ebrard, para seguir trabajando en estas cuestiones. 

La pandemia del COVID-19 generó cambios en la forma en que se brinda atención en la casa del Migrante Scalabrini, dónde actualmente se atiende a unas 35 personas.

El director de la Casa del Migrante de Tijuana, Pat Murphy, indicó que solo los lunes, miércoles y viernes abren las puertas del lugar y reciben únicamente a cinco personas.

"Apenas hace tres semanas abrimos y solo tres días recibimos personas, pero diario entregamos 25 desayunos y 80 cenas", refirió.

Señaló que ha sido un año difícil, más allá de la pandemia, los gobiernos, federal y estatal, han "cortado" los apoyos para la manutención de la casa que desde 1987 apoya a los migrantes en esta ciudad fronteriza.

Indicó que el 95 por ciento de las personas que actualmente están en la casa salen a trabajar, la gran mayoría, mexicanos desplazados por la violencia.

También dijo que en la casa se cuida a 21 niños, algunos son hijos de exhuéspedes de la Casa del Migrante.

Relató que los deportados son enviados al albergue del gobierno además, reconoció que los días que abren la puerta han tenido que rechazar al sexto solicitante de apoyo.

Lo enviamos a otros albergues que han colaborado con nosotros, explicó el director de la Casa del Migrante. Resaltó que gracias a los donativos de personas y organismos internacionales siguen brindando servicio.

Por último el padre Par Murphy, dijo que en los próximos días sabrán si el gobierno estatal podrá seguir subsidiando el servicio de agua.

 Al menos 1.065 inmigrantes que están actualmente recluidos en centros de detención bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos tienen coronavirus, según la contabilidad que lleva esta agencia federal hasta este martes.

Según ICE, desde el comienzo de la pandemia se han registrado en total 4.417 casos de la COVID-19 en estas instalaciones, cifra que incluye cuatro muertos: uno en el centro de detención de Stewart (Georgia), otro en el centro de detención del Condado Glades (Florida); otro en el de Otay Mesa (California) y uno más en Farmville (Virginia).

ICE tiene en la actualidad a 21.494 inmigrantes bajo su custodia en los centros de detención del país, a la espera del trámite de deportación. La cifra de detenidos ha ido bajando gradualmente desde que al comienzo de la pandemia había más de 32.000 indocumentados bajo su custodia.

La oficina del gobernador de Virginia, Ralph Northam, indicó que un equipo de 10 científicos de los Centros para Prevención y Control de Enfermedades (CDC) llegó este lunes a Farmville para atender el peor brote de coronavirus en los centros de detención de ICE, después que la agencia indicara que casi todos los 259 migrantes allí recluidos están bajo observación por una posible infección.

Este centro registra un total de 339 casos de coronavirus.

El equipo de CDC, que incluye médicos clínicos, epidemiólogos y laboratoristas, inició hoy la evaluación de las tareas para conducir pruebas en la comunidad, y para procesar la secuencia genética que identifique las personas que puedan haber estado expuestas al virus.

Una demanda legal iniciada el mes pasado ante el Tribuna del Distrito Federal de Alexandria alegó que los detenidos dormían hacinados aun después que varios de ellos tuvieron resultados positivos en la prueba de detección del virus.

Según el informe más reciente de ICE, los sitios donde se han confirmado más casos de COVID-19 entre inmigrantes detenidos son Farmville 339, Bluebonnet (Texas) con 293; Eloy (Arizona) con 247; Montgomery (Texas) con 206, y El Paso (Texas) con 168.

ICE indicó, asimismo, que 45 de sus empleados que trabajaban en los centros de detención han tenido casos confirmados de COVID-19, además de 153 de sus empleados no asignados a esos centros.

Estados Unidos alcanzó este lunes la cifra de 5.085.821 casos confirmados de la COVID-19 y la de 163.370 fallecidos, de acuerdo con el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins.