Más de cuatro millones de trabajadores estadounidenses recibirán 2018 con un aumento de sueldo, gracias a nuevas leyes y regulaciones que entrarán en vigor en 18 estados del país a partir del 31 de diciembre.

El incremento beneficiará a 4,5 millones de trabajadores, de acuerdo con el Instituto de Política Económica.

En el estado de Nueva York la subida está vigente desde el último día del año y su magnitud depende tanto de la zona geográfica donde esté la compañía como del número de empleados que tenga.

En la ciudad de Nueva York las empresas con más de 11 empleados van a empezar a pagar desde el 31 de diciembre un salario mínimo de 15 dólares por hora y además ese mismo día empezará a regir una baja pagada de 12 semanas por maternidad u otras necesidades familiares, que es la más larga de todo el país.

A partir del 1 de enero, el salario mínimo en California aumentará de 10,50 a 11 dólares la hora para empresas grandes (de 26 empleados en adelante).

El nuevo año también traerá aumento de salario mínimo para los trabajadores de Michigan, Maine, Hawái, Colorado, Rhode Island, Vermont, Washington y Arizona.

En estados como Alaska, Florida, Minesota, Misuri, Nueva Jersey, Ohio, Montana y Dakota del Sur el salario mínimo se ajustará a la inflación anual.

El salario mínimo a nivel federal se mantiene "congelado" en 7,25 dólares/hora desde el año 2009, por lo que diversos grupos han creado un movimiento nacional que tiene como meta incrementarlo a 15 dólares la hora, especialmente para trabajadores de restaurantes de comida rápida y del sector de servicios.

"El salario mínimo en Estados Unidos simplemente es muy bajo, si tomamos en cuenta la inflación y las necesidades económicas de las familias deberíamos estar pagando un promedio de 21 dólares la hora", dijo a Efe Tomás Robles, director del grupo LUCHA en Arizona, uno de los impulsores de una ley que lo incrementó a 10 dólares la hora en 2017.

Robles denunció que los que se oponen a legislaciones que aumentan el salario mínimo en el país siempre utilizan los mismos argumentos, entre ellos que cualquier aumento afectará a los negocios pequeños y que causará desempleo o recortes en los servicios.

A su juicio, un buen ejemplo de que están equivocados es Arizona.

"En este estado en 2017 los trabajos en el sector de servicios y en las ventas aumentaron, se crearon más empleos. Vimos que el incremento en el salario mínimo ayudó a inyectar cerca de mil millones de dólares a la economía estatal y el desempleo bajó de un 5 a un 4,3 % en el año 2017, por lo que tenemos más gente trabajando", dijo.

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que para el 1 de diciembre de este año habrá una solución al problema de inseguridad porque su gobierno ya logró controlar la tendencia al alza de los homicidios dolosos.

"Es muy delicado el problema, habrá solución pronto, el 1 de diciembre terminamos de sentar las bases de la transformación, en este año habrá resultados", aseguró en su conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional.

El presidente López Obrador fue cuestionado por el periodista Jorge Ramos, quien -con datos oficiales- señaló 2019 cerrará como el año más violento y que si no tenía pensado cambiar a su gabinete de seguridad ante los magros resultados.

-"Eso si calienta", reviró el titular del Ejecutivo, al reconocer que el tema de seguridad es una asignatura pendiente que su administración no ha podido resolver.

"La explicación es que se dejó crecer mucho el problema de la inseguridad y la violencia, no se atendieron las causas, no se crearon empleos, los salarios de los mexicanos son los más bajos del mundo, se abandonó a los jóvenes, se impuso la impunidad, no había autoridad, no había una línea o una frontera que dividiera a la autoridad y la delincuencia, estás enterado del caso García Luna. Estas bandas no surgieron el año pasado".

Con gráficas y estadísticas sobre los homicidios dolosos en el país, el presidente López Obrador señaló que han logrado detener la tendencia hacia el alza en la incidencia delictiva.

"Si aumentó, pero no igual como venía sucediendo año con año... estamos consiguiendo controlar la tendencia en el aumento de estos delitos", insistió.

En el marco del Día Internacional de la Juventud, que se conmemora este 12 de agosto y consciente de brindar más y mejores opciones laborales, bien remuneradas y estables, el Instituto de la Juventud (Juventud BC), anunció que el próximo jueves 29 de agosto se llevará a cabo la Feria del Empleo Juvenil 2019, dentro del estacionamiento del Parque Morelos, para ofertar cerca de mil vacantes de 30 empresas que se encuentran instaladas en la localidad.

El Director de Juventud BC, comentó que la feria laboral, en la que participan el Servicio Nacional del Empleo (SNE) en Baja California, así como el Instituto Municipal de la Juventud de Tijuana (IMJUV), se impulsa para cubrir la demanda de la población juvenil de 18 a 29 años de edad, que se encuentra sin empleo actualmente; habrá vacantes con jornadas de medio tiempo y tiempo completo para recién egresados.

En la misma jornada habrá un área de emprendedores para aquellos jóvenes interesados en fondear algún proyecto de negocio; también módulos del Gobierno del Estado en donde los interesados podrán realizar el trámite de la expedición de las cartas de antecedentes no penales, además podrá solicitar constancias médicas para los trámites correspondientes.

El evento arrancará a las 9:00 horas y concluirá a las 13:00 horas, dentro de ese horario, todos los trámites que soliciten las interesadas y los interesados serán gratuitos pues se busca que el joven realice la menor inversión monetaria posible para postularse en alguna vacante que desee; también habrá un espacio de capacitación en donde los jóvenes podrán aprender a realizar un currículum vitae o llenar la solicitud de empleo.

Por su parte, el Director del SNE, destacó que las vacantes que se ofertan cumplen a cabalidad con las demandas del mercado laboral y no se encuentran en la informalidad por ser empresas sólidas e importantes en la región; agregó que a partir de hoy y hasta el día del evento se hará una ruta de promoción con los diferentes organismos de la sociedad civil, en las universidades tanto públicas como privadas para que ayuden a colocar a una gran cantidad de hombres y mujeres interesados en alguna plaza laboral.

 La población desocupada en México ascendió a 1 millón 886 mil personas durante los primeros tres meses de 2019 de los cuales el 60% son hombres. Con datos ajustados por estacionalidad, la tasa de desocupación fue de 3.5% de la población económicamente activa (PEA), la tasa más alta de los últimos dos años, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) dados a conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Las entidades que durante el primer trimestre de 2019 observaron las tasas de desocupación más altas fueron Tabasco con 7.4%, Ciudad de México 5.1%, Durango 4.6%, Sonora 4.5%, el Estado de México 4.4%, Coahuila 4.2%, Sonora 4.2% y Nayarit 4.1% de la PEA con base en cifras desestacionalizadas.

En contraste, las tasas más bajas en este indicador se reportaron en Yucatán 1.7%, Guerrero y Oaxaca 1.8% respectivamente, Morelos 2.1%; San Luis Potosí 2.2%, Hidalgo, 2.3%, Michoacán, 2.4%, así como Chihuahua y Querétaro 2.7% en cada caso.

La población subocupada, referida al porcentaje de la población ocupada que tiene la necesidad y disponibilidad de ofertar más tiempo de trabajo de lo que su ocupación actual le demanda, alcanzó 3.7 millones de personas. Con cifras ajustadas por estacionalidad, la tasa de subocupación no presentó variación durante enero-marzo de 2019 frente a la del trimestre que le antecede.

La población ocupada Informal, que agrupa todas las modalidades de empleo informal, llegó a 30.8 millones de personas. Con cifras desestacionalizadas, la tasa de Informalidad laboral creció 0.3 puntos porcentuales en el primer trimestre de 2019 con relación al trimestre inmediato anterior.

La población ocupada en el sector informal, que se refiere a la población ocupada en unidades económicas no agropecuarias operadas sin registros contables y que funcionan a partir de los recursos del hogar o de la persona que encabeza la actividad sin que se constituya como empresa, alcanzó un total de 15 millones de personas en el trimestre de referencia. Datos desestacionalizados muestran un aumento de 0.2 puntos porcentuales respecto al cuarto trimestre de 2018 en la tasa de ocupación en el sector informal.

Este lunes la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) inició el análisis de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos.

El proyecto de resolución a las impugnaciones presentadas contra esta ley fue elaborado por el ministro Alberto Pérez Dayán quien propuso al Pleno invalidar en su totalidad la norma porque el Congreso de la Unión no respetó los tiempos para legislar e incurrió en omisiones dentro del texto legal.

Aunque hasta ahora tres ministros ya se pronunciaron en contra del proyecto ¿por qué es importante la ley de salarios?

La Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos aplica a todos los trabajadores gubernamentales a nivel federal, estatal, municipal, que se encuentren adscritos en dependencias, administraciones paraestatales, paramunicipales, fideicomisos públicos, instituciones y organismos autónomos así como cualquier otro ente público.

Su creación está prevista en la reforma constitucional del año 2009 en la que se estableció en el artículo 127 que ningún servidor público podía ganar más que el Presidente de la República y que para regular esto el Congreso debía promulgar una ley reglamentaria: la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos.

Según el artículo 127 constitucional estos servidores públicos "recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que deberá ser proporcional a sus responsabilidades".

Esta remuneración incluye "toda percepción en efectivo o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra, con excepción de los apoyos y los gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales".

Todo ello, sin que el servidor pueda ganar más que su superior y que el titular del Ejecutivo a menos que desempeñe diversos empleos públicos o que realice un "un trabajo técnico calificado o por especialización en su función".

En este caso, la suma de dichas retribuciones no deberá exceder la mitad de la remuneración establecida para el Presidente de la República en el presupuesto correspondiente.

Es decir, que los servidores públicos que realizan trabajos especializados o que tienen más de un empleo en el gobierno, podrían ganar un máximo de hasta 160 mil pesos aproximadamente, considerando que el Presidente Andrés Manuel López Obrador gana 108 mil pesos.

¿Por qué el ministro busca invalidar la ley?

Porque en el año 2009 se ordenó crear la ley pero fue hasta el año 2011 que el Senado envió la iniciativa aprobada y dictaminada a los Diputados para su análisis.

Sin embargo, los Diputados tardaron siete años para dictaminar y aprobar la ley, misma que fue publicada en noviembre del 2018.

Además, el ministro indica que en la ley no se establece cómo se fijará el salario del Presidente de la República para tomarlo como tope máximo salarial para el resto de servidores públicos.

Esto, debido a que, según la Carta Magna, los salarios deben ser adecuados y proporcionales a las responsabilidades que tienen los servidores públicos pero también "digno que les permita desarrollar sus planes de vida y garantizar lo mismo para su familia", señala el ministro Pérez Dayán.

Es decir, que les permita pagar renta, transporte, comida, vestido, educación, recreación, entre otros elementos entre los que se cuentan algunos que el titular del Ejecutivo no paga con su salario como la renta, el transporte o la comida.

Asimismo, indica que los legisladores tampoco consideraron en la Ley de Salarios que el artículo 94 constitucional establece que los sueldos de ministros, magistrados, jueces y consejeros federales no pueden ser reducidos mientras permanezcan en el cargo.

¿Es lo mismo la ley de salarios o de remuneraciones de los servidores públicos y la ley de austeridad?

No, la ley de salarios regula, como su nombre lo dice, las percepciones de los servidores públicos, mientras que la ley de austeridad regula los límites a los gastos y determina los ahorros que tendrán los entes públicos, es decir, cómo usarán sus presupuestos, no las nóminas.

¿Qué pasaría si invalidan la ley de salarios?

Para que la Corte invalide la ley, como propone el ministro Alberto Pérez Dayán, se requieren ocho votos a favor. Sin embargo, hasta el momento tres ministros ya se pronunciaron en contra de todo el proyecto, por lo que resta un voto en este sentido para que la ley no sea invalidada.

De ocurrir esto, en el siguiente periodo ordinario de sesiones el Congreso de la Unión contará con 90 días para realizar una nueva ley con las consideraciones que incluye el ministro.

¿Qué pasaría si cuatro ministros votan en contra del proyecto de Pérez Dayán?

Hasta ahora tres ministros indicaron que en abril pasado la Ley de Salarios fue reformada y que, por ello, ya se trata de una nueva norma.

En consecuencia, si un cuarto ministro vota en este sentido, la ley quedará vigente y para impugnarla nuevamente se tendría que alegar como acto reclamado el decreto de noviembre de 2011 y su reforma publicada en abril pasado.

El término para reclamar la reforma de abril ya venció.

El Gobierno de Baja California firmó las Condiciones Generales de Trabajo correspondientes al año 2019, con las que se tiene el objetivo de mejorar la calidad de vida de los trabajadores al servicio de Baja California, así como sus familias; lo anterior en presencia de representantes sindicales de las diferentes ciudades del estado, liderados por el Dirigente Estatal del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipio e Instituciones Descentralizadas de Baja California, Arturo Gutiérrez Vásquez.

En el marco de la Asamblea Informativa del Comité Ejecutivo Estatal de este gremio celebrada en Tijuana, el mandatario estatal, acompañado del Secretario General de Gobierno, Francisco Rueda Gómez y del Encargado de Despacho de Oficialía Mayor, Luis Armando Carrazco Moreno, agradeció la buena voluntad y la disponibilidad del Sindicato por mantener siempre una apertura al diálogo, propiciando un marco de respeto y entendimiento, que ha permitido transitar hacia los derechos laborales.

Durante la sesión, en la que instruyó a la Oficialía Mayor para que a la brevedad cierre las negociaciones con los diversos organismos descentralizados y paraestatales, reiteró el compromiso de dar cabal cumplimiento a los acuerdos establecidos en las Condiciones Generales de Trabajo, los cuales fueron dados a conocer al gremio por los líderes sindicales; y representan un avance significativo para ambas partes en razón de que el convenio quedó establecido en un menor tiempo en comparación a los años pasados.

El Jefe del Ejecutivo, agradeció al Sindicato de Burócratas sumarse a los esfuerzos del Gobierno del Estado encaminados a generar mejores condiciones de vida para las familias de Baja California; de igual forma, dijo ser respetuoso de la autonomía sindical y estar consciente de las peticiones del gremio en la búsqueda de mejores prestaciones.

Participaron el Dirigente Estatal del Sindicato y secretario general representante del municipio de Tijuana, Arturo Gutiérrez Vásquez; los dirigentes sindicales, de Mexicali, Lázaro Mosqueda Martínez; de Ensenada, Jacinto Alcalá de la Cruz; de Playas de Rosarito, Miguel Ángel Ibarra Arenas y de Tecate, Serafín Ferreyra Magaña.