Manifestantes que intentaban detener la deportación de una mujer mexicana, madre de dos hijos ciudadanos estadounidenses, fueron arrestados por la policía en una protesta frente a una instalación del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos, ICE, por sus siglas, en Phoenix, Arizona. Los manifestantes temían que Guadalupe García de Rayos, de 36 años, estuviera siendo transportada en varios vehículos oficiales que salían de las oficinas de ICE, donde fue detenida durante una evaluación de rutina ante la agencia, según medios. Según el diario Arizona Republic, García de Rayos parecía estar en uno de los vehículos empleados para transportar a personas retenidas por ICE hasta centros de detención o a la frontera para ser deportados. Después de las 9 de la noche, agentes de policía se congregaron en el lado sur del complejo mientras los manifestantes de la organización Puente Arizona seguían cortando el paso entre coros de "¡Justicia!" y "¡Poder para el pueblo, nadie es ilegal!". La policía indicó en Twitter que había detenido a unos siete manifestantes, aunque señaló que la mayoría de los presentes protestaron de forma pacífica. "Aparte de las pocas personas implicadas en actos delictivos, la mayoría de la gente aquí es pacífica y ejerce sus derechos de forma apropiada", dijo la policía. "Todo el mundo está a salvo por ahora. Confiamos en que continúe la cooperación y no haya más comportamiento delictivo”. García de Rayos solía reportarse al centro, del que en anteriores ocasiones, había recibido permiso para quedarse, pero en esta ocasión, allí quedó detenida. “Lupita fue una víctima de la redadas de Arpaio y ahora es víctima de la máquina de deportaciones de Trump”, dijo María Castro, una de las manifestantes que es citada por el periódico USA Today. Pero ICE, en un comunicado, dijo que la mujer fue detenida por sus anteriores delitos, que se originaron de una redada en el lugar en el que trabajaba hace una década.

Padres de familia de las escuelas primarias Niños Héroes de Chapultepec e Ignacio Ramírez tomaron las instalaciones y se manifestaron está mañana para pedir que la maestra Dina Pérez Ortiz deje de impartir clases en ambas escuelas porque están inconformes con su formación académica.

"La maestra no sirve como docente, no da clases como esperamos según el grado que están cursando los niños", manifestó una madre de familia de quinto grado de primaria de la escuela Ignacio Ramírez.

La señora Mireya, lamentó que la docente imparte clases de preescolar a alumnos que cursan quinto grado de primaria, lo que afecta severamente la educación de los niños y niñas.

"Ya se han puesto quejas desde el año pasado, prometieron sacarla y no lo hicieron, la maestra se pinta las uñas de los pies en el salón y pide dinero prestado a los alumnos", manifestó la madre preocupada. 

La madre Isabel Mora Sandoval también acudió con sus hijos al plantel educativo y molesta manifestó que la maestra no da clases y que utiliza a los alumnos para su conveniencia.

"Estar con la maestra es un infierno, eso dice mi niño, manda a mi hijo a su carro por cosas y encuentra calzones", dijo molesta.

Por último, la señora Azucena señaló que no buscan perjudicar a la docente ni a los alumnos, por ello, pide la intervención inmediata de las autoridades para que no continúe el rezago académico.

Ismael Zambada Imperial, conocido como Mayito Gordo, uno de los hijos del líder del cártel de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada, fue trasladado a custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) luego de obtener su libertad y ahora lucha por permanecer en Estados Unidos. 

Luego de ser liberado de prisión el pasado 21 de julio, de acuerdo con información del Buró Federal de Prisiones de Estados Unidos, ahora enfrenta la deportación y está luchando para quedarse en Estados Unidos, confirmaron fuentes al tanto del caso a VICE World News. 

El Mayito Gordo fue detenido en Culiacán en 2014 tras un operátivo dirigido por elementos de la Secretaría de Marina y fue extraditado a Estados Unidos en diciembre de 2019. Desde entonces había permanecido recluido en el Centro de Detención Metropolitano de San Diego, en el estado de California acusado de narcotráfico. 

El jueves de la semana pasada fue liberado del penal, pero no se le permitió caminar libremente por las calles de San Diego así como así. La Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de California, que lo liberó, ordenó a Zambada Imperial diversas condiciones, como no cometer otro delito, no poseer ilegalmente una sustancia controlada, someterse a una prueba de drogas dentro de los 15 días posteriores a su liberación y al menos dos pruebas periódicas, según lo determine el tribunal. También debe participar en un programa contra la violencia doméstica. 

A finales de junio, Zambada Imperial fue sentenciado a nueve años de prisión por el juez Danna Sabraw, de la Corte Federal del distrito sur de California. Antes, en abril del 2021, se declaró culpable de importar y distribuir toneladas de metanfetamina, cocaína y mariguana a Estados Unidos a nombre de la organización de su padre. 

En ese sentido también se le acusó de conspirar para transportar la droga, luego lavar y transferir las ganancias hacia México "en beneficio de los miembros del Cártel de Sinaloa y asociados". Pero se le tomó como crédito a su condena por el tiempo cumplido en prisión desde noviembre del 2014, cuando fue capturado en Culiacán, Sinaloa, por la Marina, y tras lograr un acuerdo con los fiscales, sólo le resta poco más de un año de sentencia, la cual cumplirá en libertad condicional. 

Su liberación, ocurrida apenas seis días después de la captura del narcotraficante Rafael Caro Quintero, ha despertado la suspicacia de una colaboración con Estados Unidos para obtener beneficios legales.

Desde que fue liberado de prisión la semana pasada, Zambada Imperial, de 37 años de edad, pasa los días en el Centro de Detención Metropolitano de San Diego a la custodia del ICE como reportan medios estadounidenses. 

Se sabe que esa cárcel del ICE es operada por una empresa privada de prisiones, el Grupo GEO, cerca de Victorville, California. Se espera una decisión sobre su deportación en los próximos días. 

La información sobre su destino no es del todo clara, luego de que el semanario ZETA de Tijuana reportó que la deportación de Zambada Imperial ocurrirá presuntamente, según fuentes del gobierno estadunidense, este miércoles 27 de julio, a través de la garita de San Ysidro, sin que se conozca el horario. 

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El juez estadounidense Robert Summerhays otorgó este viernes una orden judicial preliminar para impedir que la administración de Joe Biden ponga fin al Título 42, por la que se realizaban deportaciones exprés, que expiraba el lunes.

El Departamento de Justicia, que esperaba evitar problemas de última hora durante el fin de semana, le había pedido al juez federal de distrito Summerhays que se pronuncaira el viernes sobre si mantendrá en vigor el llamado Título 42 mientras seguía el litigio. Así se aplazan los planes para terminar con la controvertida autoridad de salud pública.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, tuiteó: "El Tribunal Federal impide que Biden ponga fin al Título 42. El tribunal otorgó una orden judicial a nivel nacional para mantener el Título 42 en su lugar".

Cómo afecta el Título 42 a México y otros países

El Título 42 ha afectado en gran medida a personas de México, Guatemala, Honduras y El Salvador, muchas de las cuales han estado esperando en las ciudades fronterizas mexicanas después de que el gobierno de Estados Unidos les negara el derecho a solicitar asilo. México acordó aceptar inmigrantes de esos tres países centroamericanos devueltos por Estados Unidos y el mes pasado también comenzó a aceptar un número limitado de cubanos y nicaragüenses que han sido rechazados por las autoridades estadounidenses.

Alrededor del mediodía del viernes, en el principal refugio para migrantes de Eagle Pass, un viejo autobús escolar se llenó de personas que fueron liberadas por la Patrulla Fronteriza e hicieron una breve parada antes de dirigirse a sus destinos finales en los EU. Otro autobús llegó al refugio a la misma hora. tiempo con unos 70 migrantes más que acababan de ser liberados.

Los recursos legales para apelar la decisión del Título 42

Los funcionarios federales podrían apelar. Pero la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de EU, que recibe casos de Louisiana, ha fallado repetidamente en contra de la administración Biden en una variedad de políticas.

En el caso ante Summerhays, los fiscales generales de Arizona y otros estados dicen que los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades no siguieron los procedimientos administrativos adecuados que requieren notificación pública y recopilación de comentarios antes de pasar a poner fin a las restricciones bajo el Título 42. Argumentan que si se levanta el Título 42, aumentarán los cruces fronterizos y los estados fronterizos sufrirán una mayor presión sobre los sistemas de atención médica, educación y aplicación de la ley.

La administración Biden ha argumentado que el Título 42 no es una política de inmigración, sino una restricción de salud pública que ya no es necesaria.

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Alrededor de las 6:00 am ciudadanos llegaron a manifestarse al cuartel de la Segunda Zona Militar en la ciudad de Tijuana en donde se lleva a cabo la mesa de seguridad con autoridades del Baja California y el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. 

Los manifestantes esperarán a que López Obrador concluya la "mañanera" para externarle lo que les aqueja.

Vecinos de Villa del Álamo, exigen recolección de basura, también se encuentran los defensores del Parque Benito Juárez e integrantes del CNTE.

Las Naciones Unidas, a través de las Organización Internacional para las Migraciones (OIM), hizo un llamado a los Estados Unidos para que termine de manera definitiva y lo antes posible con el programa migratorio 'Quédate en México'. 

Esto luego de que recientemente dos personas fueran expulsados desde El Paso hacia Ciudad Juárez tras la reactivación de la política, creada en 2019 por el ex presidente Donald Trump, bajo el nombre de Protocolos de Protección al Migrante (MPP). 

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