El 25 de septiembre de 2015, el presidente republicano de la Cámara Baja, John Boehner, anunció su renuncia por no contar con el apoyo del sector más derechista del partido.

Esa fue la primera victoria del Freedom Caucus, un grupo informal que surgió en febrero de ese año, sin lista oficial de miembros, heredero e impulsor de las ideas más radicales del Tea Party y acérrimo enemigo de todo aquello que suene a intervención del Estado, o a aumento del gasto público.

Paul Ryan fue el único candidato que estuvieron dispuestos a aceptar para reemplazar a Boehner, por considerar que se “aproximaba” a sus ideales.

Este caucus cobró una fuerza inesperada: su rechazo a la reforma de salud del presidente Donald Trump, por considerarla “insuficientemente conservadora”, llevó a la administración a retirar el proyecto del Congreso, sin someterlo a votación, ante la falta de un número suficiente de sufragios a favor.

Ni los llamados de Trump de que esa postura se traduciría en la permanencia de la Ley de Salud Asequible, u Obamacare, del presidente Barack Obama, ni los de Ryan, de que hacer más restrictiva la reforma de lo que planteaba el presidente haría imposible que pasara en el Senado, bastaron. Y es que el Freedom Caucus no negocia, impone.

Ante el creciente poder de este grupo, el Pew Research Center decidió emprender una investigación, según la cual, contabilizó a 36 miembros del caucus, tras hacer consultas individuales. Expertos estiman que en el Congreso estadounidense actual, 31 de los legisladores pertenecen al Freedom Caucus. En una legislatura tan dividida, donde si bien los republicanos tienen mayoría en ambas cámaras existen muchos matices entre los extremos liberal y conservador, la cifra es crucial, como quedó evidenciado este viernes, cuando para que la Trumpcare pasara se requería de un voto en contra no mayor a 22. Medios como "The Washington Post" señalaron que unos 36 legisladores dijeron que votarían “no”. Muchos de ellos, integrantes del caucus.

Se trata, según la investigación del Pew, de un grupo donde no hay mujeres, sólo un hispano -Raúl Labrador, representante por Idaho, firme defensor de la Primera Enmienda sobre la libertad de prensa, y de controlar el presupuesto- y cuyo rostro visible, considerado como su líder, es Mark Meadows, representante por Carolina del Norte, quien exigía el fin de cualquier tipo de alivio fiscal en la reforma de salud y tachó de “poco conservadora” la propuesta de Trump.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, decretó este jueves varias medidas para ayudar a acceder a la salud a millones de estadunidenses sin seguro médico, incluido un nuevo impulso al programa Obamacare.

En declaraciones a la prensa en la Casa Blanca, el demócrata anunció que el objetivo de sus decretos es “deshacer el daño que hizo” su antecesor, Donald Trump. “No estoy iniciando nada nuevo, no se trata de ningún nuevo aspecto de la ley. Esto sirve para volver a la situación anterior” al gobierno de Trump, aseguró Biden, quien como vicepresidente de Barack Obama ayudó a diseñar esas las políticas sanitarias. Trump hizo todo lo posible para abolir la reforma sanitaria de Obama con ayuda de los republicanos del Congreso, quienes desde su aprobación en 2010 votaron más de 70 veces para anularla, en gestos simbólicos que no lograron acabar con la ley. Para revertir esos daños, la primera decisión que tomó ayer Biden fue facilitar el acceso a un seguro médico a quienes lo perdieron durante la pandemia por haberse quedado sin empleo y también, quienes nunca han tenido un seguro y desean adquirirlo. Con la medida de Biden, los estadunidenses tendrán tres meses —entre el 15 de febrero y el 15 de mayo— para comprar sus seguros a través de la web HealthCare.gov, el portal del gobierno federal creado al amparo de la reforma de Obama que permite tener acceso a seguros a un costo menor que en el mercado normal. 

La Casa Blanca no dio cifras sobre los posibles beneficiarios pero según datos de la organización sin ánimo de lucro Kaiser Family Foundation, 16 millones de personas reúnen hasta ahora los requisitos para beneficiarse. En EU, donde la salud no es un derecho social, más de la mitad de sus habitantes accede a la asistencia sanitaria a través de su empleo, de manera que quienes no pueden conseguir un seguro a través de sus trabajos corren el riesgo de contraer enormes deudas para pagar sus gastos médicos. La reforma sanitaria de Obama, conocida como Obamacare, intentó cambiar el sistema para permitir que los estadunidenses accedieran a la salud sin tener que endeudarse y prohibió que las aseguradoras denegaran sus servicios o cobraran más a alguien por tener algún tipo de enfermedad previa. Sobre este tema, Biden pidió al Departamento de Salud que revise las restricciones que Trump impuso a quienes tienen enfermedades previas y ordenó reforzar el programa Medicaid, que garantiza el derecho a la salud de las personas con bajos recursos. 

Y ADEMÁS REACTIVA TAMBIÉN FONDOS PROABORTO Joe Biden firmó un decreto para revertir una orden de Trump y permitir el uso de fondos del gobierno de EU a grupos que practiquen o asesoren sobre el aborto en el extranjero. Esta prohibición, que se conoce como “Política de la Ciudad de México” porque se anunció en esta urbe durante una conferencia de la ONU en 1984, representa una bandera de los republicanos.

 El Gobierno de Donald Trump pidió este jueves por la noche, en medio de la pandemia del coronavirus, al Tribunal Supremo, que tumbe la ley sanitaria de Estados Unidos, más conocida como "Obamacare".

El Alto Tribunal, que en el pasado ha fallado dos veces en favor de "Obamacare", estudia ahora un caso impulsado por una veintena de estados en manos de republicanos que argumentan que a raíz de unos cambios legislativos de 2017 la ley es inconstitucional.

En diciembre de 2018, un juez federal de Texas les dio la razón declarando inconstitucional la reforma y abriendo un litigio legal que está ahora en manos del Supremo con estados en manos de los demócratas, que la defienden.

Este juez y también un tribunal de apelaciones inmediatamente inferior al Supremo consideraron que, tras la aprobación de la reforma fiscal, con la que se eliminaron las multas a la obligación de tener un seguro médico, conocida como "mandato individual", "Obamacare" paso a ser inconstitucional.

El Ejecutivo presidido por Donald Trump renunció a ejercer la defensa de la ley en este caso, en una decisión poco habitual, y ahora ha dado un pasó más alineándose con los impulsores de la demanda.

Un portavoz de la Casa Blanca, Judd Deere, dijo en un comunicado que "una pandemia global no cambia lo que los estadounidenses saben: 'Obamacare' ha sido un fracaso ilegal".

Lo cierto es que la pandemia ha provocado que millones dependan de la cobertura pública de salud dada la masiva destrucción de trabajos que ha provocado en Estados Unidos, país en el que las polizas están asociadas al empleador.

Además, Estados Unidos es el país más golpeado del mundo por la COVID-19 con más de 2.420.000 casos confirmados y 124.000 muertes.

Es probable que la nueva decisión del Supremo sobre "Obamacare" no llegue hasta 2021, después de las próximas elecciones presidenciales.

Trump había prometido en campaña desmantelar "Obamacare" con el lema "derogar y reemplazar", pero sus intentos fracasaron en el Congreso tras una dramática votación en la que el fallecido senador republicano John McCain apoyó la ley de Obama, el legado más preciado del exmandatario.

El Alto Tribunal ha fallado ya en dos ocasiones a favor de "Obamacare", en 2012 por 5 votos a 4, y en 2015 por 6 a 3.

En ambas ocasiones, el juez conservador John Roberts votó junto a los cuatro progresistas para decantar la balanza del tribunal.

En el caso de 2015 también votó a favor de "Obamacare" el conservador Anthony Kennedy, sustituido recientemente por Brett Kavanaugh.

Michael Cohen, exabogado personal del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó este miércoles ante el Congreso un cheque con el que el mandatario le reembolsó parte del pago de 130.000 dólares que hizo a la actriz porno Stormy Daniels para supuestamente mantener en secreto una relación que tuvieron.

"Estoy proporcionando una copia de un cheque de 35.000 dólares que Trump firmó personalmente desde su banco personal, cuando ya era presidente de Estados Unidos, para el encubrimiento", señaló Cohen ante el Comité de Supervisión y Reforma de la Cámara Baja.

Ese cheque, fechado el 1 de agosto de 2017, forma parte de una serie de once pagos que Trump realizó a Cohen durante un año para reembolsar la cantidad que abonó el letrado al abogado de Daniels, de acuerdo al testimonio de Cohen.

El abogado explicó que otros cheques para reembolsarle los pagos en efectivo fueron firmados por el hijo de Trump, Donald Trump Jr., y el director financiero de la Organización Trump, Allen Weisselberg.

"El presidente de Estados Unidos, por lo tanto, firmó un cheque personal para el pago de dinero secreto como parte de un plan criminal para violar la campaña de leyes financieras", subrayó Cohen.

"Me pidió que le pagara a una actriz de cine para adultos con la que había tenido un idilio y mentir a su esposa sobre ello, y lo hice. Mentir a la primera dama es uno de mis mayores lamentos. Ella es amable, buena persona. La respeto mucho y no se lo merecía", agregó.

Cohen pagó a Daniels 130.000 dólares antes de las elecciones presidenciales de noviembre de 2016 para que no hablase en público de la relación sexual de hace una década que había mantenido con el ahora presidente.

La publicación de ese pago fue un gran escándalo, ya que la supuesta relación ocurrió poco después de que Trump y la actual primera dama, Melania Trump, contrajesen matrimonio.

El presidente reconoció en mayo pasado que había reembolsado a Cohen los 130.000 dólares que entregó a Daniels en octubre de 2016, en la recta final de las elecciones, para enterrar cualquier historia sobre este tema, ya que la imagen del aspirante republicano estaba muy dañada por comentarios sexistas y acusaciones de acoso.

Este pago podría haber violado las leyes sobre financiación electoral, al considerarse que tenía como objetivo preservar una buena imagen de Trump como candidato. 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó hoy al cineasta Spike Lee, que ganó este domingo el Óscar al mejor guión adaptado por su cinta "BlacKkKlansman", de ser "racista" contra él durante el discurso que ofreció tras recibir el galardón.

"Estaría bien que Spike pudiera leer sus notas, o mejor aún, no tener que usarlas en absoluto, cuando use un tono racista contra vuestro presidente, que ha hecho más por los afroamericanos (...) que casi todos los presidentes", dijo Trump en su cuenta de Twitter.

El mandatario subrayó que bajo su mandato se ha aprobado una reforma de la justicia penal de EEUU, se han registrado "los índices más bajos de desempleo" de la historia entre la comunidad afroamericana y se ha aplicado una reforma fiscal importante.

En su discurso tras ganar el Óscar, Lee instó a que la gente esté "en el lado correcto de la historia" ante las elecciones presidenciales en Estados Unidos del próximo año.

"Las elecciones presidenciales de 2020 están a la vuelta de la esquina. Movilicémonos. Estemos en el lado correcto de la historia. Hagamos la elección moral de amor contra odio", dijo Lee sin mencionar explícitamente a Trump, que se dio por aludido.

"'¡Hagamos lo correcto!'", finalizó el cineasta en alusión a "Do The Right Thing", el título original de una de sus películas más famosas.

Lee, que recogió el galardón junto a Charlie Wachtel, David Rabinowitz, y Kevin Willmott, se llevó una de las ovaciones más grandes de la velada.

El cineasta, muy conocido por ser un gran activista por los derechos de los afroamericanos, también llamó la atención en la alfombra roja por un vestuario con el que rindió homenaje a "Do The Right Thing" y al desaparecido músico Prince.

Lee llevó a la gala unos anillos con las palabras "hate" (odio) y "love" (amor) como hacía el personaje del actor Bill Nunn en la cinta "Do The Right Thing".

Aunque Lee nunca se había llevado una estatuilla hasta ayer, el responsable de otras cintas como "25th Hour" (2002) sí tenía un Óscar honorífico de la Academia por su brillante trayectoria. 

El Gobierno de Estados Unidos emitió este miércoles dos nuevas estrategias para luchar contra el terrorismo internacional mediante el fortalecimiento de las medidas de seguridad tanto en las fronteras como en los desplazamientos aéreos, informaron fuentes oficiales.

Con sus dos nuevas estrategias, la Administración busca "proteger" a sus ciudadanos y sus intereses gracias a la creación de pautas que impidan a los terroristas "entrar en el país o poner en peligro la seguridad aérea", informó la Casa Blanca en un comunicado.

"La estrategia nacional para combatir los viajes de terroristas" (NSCTT, por sus siglas en inglés) es un plan integral que pretende impedir que los terroristas puedan desplazarse libremente de un país a otro mediante la "coordinación y optimización" de todos los recursos de los distintos departamentos del Gobierno Federal.

"El Gobierno de EE.UU. empleará todas las herramientas disponibles para limitar la planificación, organización y ejecución de viajes de terroristas, prestando apoyo a las fuerzas del orden, socios del sector privado y comunidades", reza este documento que reconoce, además, la importancia de contar con la colaboración de otros países.

Para lograr este objetivo, las autoridades trabajarán en mejorar los sistemas de reconocimiento ya existentes y en desarrollar tecnologías biométricas.

Por otro lado, la "estrategia nacional sobre seguridad en la aviación" (NSAS) ampliará el campo de trabajo existente sobre posibles amenazas que puedan afectar al sector del transporte aéreo, como el transporte de sustancias que puedan servir para propagar una enfermedad infecciosa.

En esta última actualización de la NSAS, que entró en vigor en 2007, el Gobierno advierte de que a pesar de las medidas que se tomaron en el pasado para prevenir un ataque, los "enemigos" de EE.UU. aún consideran la aviación como un "objetivo clave", por lo que es necesario seguir desarrollando nuevas estrategias.

"La última década ha sido testigo del auge de tecnologías que generan beneficios económicos y sociales, pero que también pueden ser empleadas para amenazar la seguridad del ecosistema de la aviación", señala el documento, que cita como ejemplos la vulnerabilidad de las conexiones o el desarrollo de vehículos no tripulados.

"El uso de tecnologías perturbadoras (...) de forma imprudente o maliciosa, así como la constante evolución de las amenaza terrorista a los vuelos tripulados requieren de un nuevo enfoque por parte de toda la comunidad", establece la nueva estrategia.