Un juez británico ordenó el jueves que el bebé enfermo Charlie Gard sea trasladado de un hospital a un hospicio, donde “inevitablemente” morirá en corto tiempo. El bebé tiene daños cerebrales irreparables y no puede respirar por su cuenta.

El juez Nicholas Francis emitió la orden luego que los padres de Charlie y el hospital que le trata no lograran cumplir un plazo para un plan de fin de vida que le habría mantenido vivo varios días más. 

El juez dijo que eso significaba que Charlie, de 11 meses, quien tiene una rara enfermedad genética llamada Síndrome de Agotamiento de ADN Mitocondrial, deberá ser trasladado ahora a un hospicio y ser desconectado del soporte vital. 

El juez dijo que las acciones “inevitablemente resultarán en la muerte de Charlie en un corto período de tiempo”. Prohibió la identificación del hospicio y el personal médico que trata a Charlie. 

Sus padres, Connie Yates y Chris Gard, se pasaron meses tratando de convencer al hospital Great Ormond Street en Londres para que permitiese que Charlie viajara a Estados Unidos para tratamiento. 

Las cortes británicas y la Corte Europea de Derechos Humanos respaldaron la decisión de los médicos de retirar el soporte vital y permitir que Charlie muriera naturalmente. 

Esta semana, los padres del bebé abandonaron su batalla legal, reconociendo que las posibilidades de salvarlo se habían agotado. 

El caso atrajo atención internacional luego que el papa Francisco y el presidente estadounidense Donald Trump expresaron respaldo a los padres del bebé. Activistas religiosos y anti aborto de Estados unidos viajaron a Londres para apoyar la batalla legal de la familia. 

El caso se volvió un catalizador de debates sobre el financiamiento de la salud pública, la intervención médica, el papel del Estado y los derechos de los niños. 

Santiago Nieto, titular de la UIF, informó que se congelaron las cuentas bancarias al juez Jorge Luis Solís Aranda que se negó a vincular a proceso por corrupción de menores a Luis Alonso “N”, director de recursos humanos de la policía municipal de Puerto Vallarta –a quien también se le congelaron sus cuentas- y quien fue encontrado con una niña desnuda en su vehículo.

En entrevista con medio en Palacio Nacional, Nieto Castillo detalló que se investiga para ver si se presenta la denuncia correspondiente en este caso.

"Hemos hecho congelamiento del juez que no vinculó a proceso de la secretaria de Seguridad en le municipio de Puerto Vallarta que fue localizado con una menor en su vehículo, tanto al director como al juez que no vinculó a proceso a este sujeto, les hemos congelamiento de cuentas y estamos en proceso de investigación para ver si presentamos la denuncia correspondiente”.

El titular de la UIF informó que la institución tiene convenio con varias autoridades para combatir los temas de trata de personas, “y en ese sentido ha sido una preocupación de la unidad el que todos los casos en donde puede ser un acto, una conducta vinculada con la trata de personas se ha vinculado, desde nuestra posición lo que podemos hacer es el congelamiento de cuentas y las denuncias correspondientes y eso es lo que hemos estado haciendo”.

Ayer, el juez Jorge Luis Aranda fue suspendido de su cargo y será sometido a investigación; el argumento del juez fue que el extrabajador del municipio ya está vinculado por abuso sexual infantil en el mismo caso.

Después de que este domingo el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, publicara en sus redes que habló del caso con el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Ricardo Suro Esteves, éste informó que la decisión de suspender al juez sin goce de sueldo e iniciar una investigación en su contra se tomó el mismo domingo en sesión extraordinaria del Consejo de la Judicatura de Jalisco.

Por negarse a vincular a proceso por corrupción de menores a un exfuncionario de la policía de Puerto Vallarta, el juez Jorge Luis Aranda fue suspendido de su cargo y será sometido a investigación.

El argumento del juez fue que el extrabajador del municipio ya está vinculado por abuso sexual infantil en el mismo caso.

El domingo, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, publicó en sus redes que habló del caso con el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Ricardo Suro Esteves. Éste le informó que la decisión de suspender al juez sin goce de sueldo e iniciar una investigación en su contra se tomó ayer en sesión extraordinaria del Consejo de la Judicatura del estado.

"Soy juez y como tal, sé que ante el derecho y la ley no hay ni debe haber cabida a la impunidad, máxime cuando está de por medio el interés superior de la niñez. Hacerle daño a un menor de edad nos daña e indigna a todos como sociedad, y eso no lo voy a tolerar", expuso Suro Esteves en su cuenta de Twitter.

Alfaro Ramírez aseguró que el exfuncionario "sigue en la cárcel por el delito de abuso sexual infantil" y dijo que haría "todo lo necesario para que este presunto pederasta no salga de prisión en mucho tiempo y reciba el castigo que se merece".

Sin embargo, el mandatario no detalló que el imputado está en prisión preventiva esperando juicio y que su defensa busca la suspensión provisional del proceso debido a que la fiscalía no pudo lograr que el juez aceptara las agravantes en la imputación por abuso sexual infantil.

Es por ello que el viernes pasado el Ministerio Público intentó que el exfuncionario también fuera vinculado a proceso por corrupción de menores en el mismo caso, pero la respuesta del juez fue que ese delito ya estaba incluido en el de abuso sexual infantil, por el cual ya había una vinculación a proceso.

"La segunda imputación [por corrupción de menores] requería de peritajes más pormenorizados, esa fue la razón por la que al momento de la puesta a disposición [ante el juez] se decidió asegurar una primera vinculación [por abuso sexual infantil]", señaló el fiscal del estado, Gerardo Octavio Solís Gómez, para explicar la estrategia del Ministerio Público en este caso.

Al no lograr la segunda imputación, la fiscalía informó que apelará la decisión del juez.

Luis Alonso "N" fue detenido en flagrancia el pasado domingo 26 de julio en Puerto Vallarta, cuando en su automóvil tenía sometida y desnuda a una niña de 10 años.

El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) destituyó al juez Tercero de Distrito en el estado de Veracruz, Anuar González Hemadi, por haber cometido actos de corrupción en el caso de "Los Porkys de Costa de Oro" sobre la violación de una menor de edad ocurrida en el año 2015.

En abril de 2017 el juez González Hemadi concedió un amparo a Diego Cruz, uno de los jóvenes implicados en el caso, y ordenó su liberación al considerar que realizó tocamientos a la menor en contra de su voluntad pero que esto no demostraba que tuvo intención de sostener relaciones sexuales con ella, por lo que no se acreditaba el delito de pederastia por el que fue acusado.

Luego de emitir la resolución, el juez fue duramente criticado en redes sociales por lo que el CJF inició una investigación en su contra para determinar si actuó dolosamente de manera parcial en el caso como consecuencia de una conducta de corrupción, por lo que ordenó su suspensión hasta en tanto concluyeran las indagatorias.

A casi dos años de la suspensión del juez, el Pleno del CJF determinó que el juez incurrió en corrupción y que actuó "en contra de constancias" y que cometió errores inexcusables en el amparo de Diego Cruz.

"La responsabilidad de los juzgadores es máxima y esencialmente social. Las decisiones jurisdiccionales deben ser siempre instrumentos que impacten positivamente en las personas y generen un cambio social mediante sus precedentes, jamás estar sujetas a intereses particulares o económicos", indicó el CJF en un comunicado en el que dio a conocer la decisión de destituir al juzgador.

Una corte de Nueva York accedió hoy a aplazar dos meses el inicio del juicio por narcotráfico contra el mexicano Joaquín "El Chapo" Guzmán, previsto para comenzar inicialmente el próximo 5 de septiembre.

El pasado 7 de julio la defensa de Guzmán solicitó al tribunal federal en el distrito de Brooklyn que se aplazara el juicio "debido a la producción reciente de la fiscalía de más de 117.000 grabaciones y miles de paginas más que se deben revisar para estar listos" para ese proceso.

"Con el juicio programado para empezar el 5 de septiembre, esto es imposible", argumentó en la petición al tribunal su abogado Eduardo Balarezo, que reclama el derecho de su cliente a tener "un juicio justo".

Hoy el juez Brian Cogan, que preside el proceso contra el llamado capo del Cartel de Sinaloa, contra quien pesan 17 cargos en los que se alega que creó un imperio de tráfico de drogas, dio a conocer su decisión, pero solo aceptó aplazar el juicio por 60 días, informó el tribunal federal en un comunicado.

Cogan basó su decisión en la "voluminosa" evidencia que la fiscalía ha producido pero a su vez rechazó otro pedido de la defensa para que la fiscalía descarte usar durante el juicio cualquier evidencia producida después del 26 de julio de este año.

Previo a solicitar el aplazamiento del juicio, ese mismo 7 de julio, el juez había negado a Balarezo su petición para que la fiscalía le entregara pruebas según las cuales su cliente no sería el presunto jefe del Cartel de Sinaloa.

De acuerdo con la acusación contra Guzmán, dicho cartel habría enviado a EE.UU. al menos 200 toneladas de cocaína, que le generaron al mexicano casi 14.000 millones de dólares en ganancias.

En su decisión de hoy, Cogan fijó el inicio de la selección del jurado de este caso para el lunes 5 de noviembre, mes en que deberá iniciar el juicio.

El juez había señalado en abril pasado que planeaba llamar entre 800 y mil personas como potenciales integrantes del jurado y los elegidos -cuyas identidades se mantendrán en secreto- serán protegidos cuando sean transportados hacia y desde la sede de la corte.

El abogado Balarezo se opuso entonces a un jurado anónimo y protegido alegando que, con esas medidas, se reduce la presunción de inocencia del Chapo y se da la imagen de que es un hombre peligroso.

Igualmente el magistrado indicó hoy que se presentará por separado una nueva agenda restableciendo fechas relevantes del caso, causado por el retraso de los 60 días. 

Un Juez penal de Mexicali, resultó positivo en un examen antidoping, confirmó el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Juan Salvador Ortiz Morales.

El señalado pudo comprobar, que consume un medicamento especializado, para controlar una afectación de salud, puntualizó el magistrado presidente.

“Si efectivamente, afortunadamente fue una jornada transparente como lo marca la Ley, los resultados fueron positivos, porque efectivamente solo se dio esta casuística, pero el señor Juez, al inicio de los exámenes se le preguntó los medicamentos que estaba tomando, quien informó sobre la ingesta de un medicamento especializado, para un problema de salud que le afecta”, puntualizó.

“La particularidad de algunos medicamentos, es que es sus bases manejan diferentes sustancias, sobre todo aquello que son para las vías respiratorias y para el corazón, tienden a tener la base de una droga específica, pero que está permitida”, detalló el presidente del TSJE.

Ortiz Morales señaló que esta situación está completamente justificada medicamente, por parte del Juez.