California es formalmente un "estado santuario" para los inmigrantes, sin importar su condición legal, con la entrada en vigor a partir de hoy de una ley que de paso consolida la abierta confrontación que mantiene con el presidente de EE.UU., Donald Trump.

En virtud de esta norma, los diferentes cuerpos policiales californianos ya no podrán preguntar a los residentes su estatus migratorio ni participar en acciones coordinadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de EE.UU, y solo pondrá en manos de este a los detenidos que han cometido ciertos crímenes, en su mayoría graves.

"Sacar a los inmigrantes de las sombras no solo es beneficioso para todo el estado de California, es lo correcto", afirmó a Efe el presidente interino del Senado californiano, Kevin de León.

De León fue promotor de la norma SB54, conocida como el Acta de los Valores de California y que, según dijo, constituye "un mensaje a Washington y al resto de la nación" de que no serán "partícipes de la política impulsada por la prepotencia".

Rubricada en octubre pasado por el gobernador estatal, el demócrata Jerry Brown, la ley no permite a los agentes locales y estatales investigar, interrogar o detener a personas en California solo porque sospechen que son inmigrantes sin papeles.

La ley, que prácticamente deja en manos del Gobierno de EE.UU. muchas de las labores relacionadas con Inmigración, ayuda a "preservar la confianza" entre las autoridades locales y la comunidad inmigrante, "lo cual es crítico para la seguridad pública", señaló De León.

A partir de este lunes, por tanto, los agentes de ICE necesitarán una orden judicial para hacer redadas en lugares de trabajo o acceder al historial de un empleado, a la vez que las autoridades universitarias no podrán cooperar con oficiales de Inmigración y los propietarios de vivienda no podrán divulgar la ciudadanía de sus inquilinos.

Territorio santuario "quiere decir que por todo el estado las familias inmigrantes, especialmente las que son indocumentadas, pueden vivir un poquito más seguras", resumió en declaraciones a Efe Francisco García, de la iglesia Episcopal Holly Faith de Inglewood.

Aunque no el primero en declararse "estado santuario", honor que ostenta desde 1987 Oregón, el vecino del norte, California sí es el primer estado de gran población de indocumentados, por lo menos 2 millones de personas, que se erige en refugio para estos inmigrantes.

Además de estos dos estados, hay unas 200 ciudades y condados en EE.UU. que se han declarado "santuario", como las urbes californianas San Diego y San Francisco; además de Nueva York, Boston y Chicago, entre otras, y que constituyen un respiro para los cerca de 11 millones de inmigrantes irregulares que se calcula viven en el país.

El Acta de Los Valores de California ha sido una de las respuestas de este estado a las políticas del presidente Trump, cuya campaña electoral y Presidencia se han basado en un polémico y duro discurso contra la inmigración.

El fiscal general de EE.UU., Jeff Sessions, que tiene en la mira a las "ciudades santuario", ha criticado también en varias ocasiones las medidas "santuario" y aseguró que las ciudades que adoptan estas legislaciones son los "mejores amigos" de los traficantes, contrabandistas y pandilleros.

En medio de esta guerra, el pasado mes de noviembre el juez federal William Orrick, de San Francisco, bloqueó de forma permanente la orden ejecutiva del presidente Trump de negar fondos a estas jurisdicciones por no cooperar con Inmigración, lo que fue celebrado por las ciudades y condados del país que se han declarado "santuario".

La polémica se reavivó días después cuando un jurado declaró no culpable a un indocumentado mexicano por la muerte de la joven Kate Steinle, en San Francisco, un caso que había sido utilizado por Trump para defender su plan de construir el muro fronterizo y atacar a las "ciudades santuario".

Al movimiento santuario se han sumado desde la década de 1980 las iglesias de EE.UU., cuando daban cobijo a refugiados que huían de las guerras civiles en Centroamérica, como recuerda García, líder también de la organización Clérigos y Laicos Unidos por una Justicia Económica (CLUE), que aglutina a cristianos, musulmanes y judíos.

"Mientras no tengamos una reforma migratoria justa, que incluya a todos, va a haber necesidad de iglesias santuario", aseveró García.

Mientras tanto, indocumentados como el mexicano Rómulo Avelica, de 49 años y que fue arrestado en febrero por agentes policiales y de Inmigración cuando dejaba en la escuela a una de sus cuatro hijas, agradecen que California sea ya un "estado santuario".

Debido a que el día de ayer, aproximadamente a las 10 de la mañana, cerca de 20 migrantes provocaron un incendio en el interior del albergue del Instituto Nacional de Migración (Inami), que se encuentra en el fraccionamiento Residencial La Esmeralda; las autoridades revisan los videos para determinar el grado de responsabilidad.

La mayoría de centroamericanos, prendieron fuego a colchones y sabanas, por lo que 51 refugiados tuvieron que ser desalojados y los presuntos responsables fueron turnados a la autoridad federal.

Ante ello, el Instituto Nacional de Migración que varios de los migrantes cuentan con antecedentes delictivos, por lo que posiblemente sean retornados a su país de origen.

Agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos lamentan que con la llegada a la frontera de miles de familias con sus hijos pequeños han pasado de detener indocumentados y criminales e incautar droga a cuidar niños, una tarea para la que no se alistaron ni están preparados.

Numerosas estaciones de la Patrulla Fronteriza se han visto inundadas de niños, muchos de ellos bebés, madres y padres, unidades familiares que alteran la labor diaria de unos uniformados que quieren ser más agentes del orden y menos niñeras o trabajadores sociales que atienden a esta crisis humanitaria.

"Muchas cosas cambiaron en los últimos meses, ahora estamos inundados de casos de familias y niños solos. Algunas estaciones están a su máxima capacidad y nosotros tenemos que asegurarnos que se encuentren en buen estado de salud y procesarlos", dice un agente fronterizo que prefirió no ser identificado.

Este agente de la estación de Ajo (Arizona), que cuenta con siete años de servicio en la agencia federal, explicó que cuentan con la ayuda de paramédicos y técnicos de emergencia para garantizar la salud de los detenidos en una situación que, reconoce, es algo para lo que no estaban "preparados".

Y es que el paradigma de la inmigración ha cambiado. Si antes la principal misión de los agentes era buscar y capturar a inmigrantes solos, la mayoría hombres, y algunos con antecedentes criminales, e incautar droga, ahora es recoger y atender a miles de familias que se entregan nada más cruzar la frontera para pedir asilo.

Precisamente, este sábado agentes de la estación de Ajo detuvieron a 216 personas que viajaban en grupos familiares cerca de Quitobaquito Springs, al oeste de Lukeville, Arizona. El grupo estaba formado por 99 adultos y 117 niños, 20 de ellos no acompañados.

Más de 76.000 migrantes cruzaron irregularmente la frontera de Estados Unidos con México en febrero pasado, doblando el registro del mismo mes de 2018, en el dato mensual más elevado en los últimos 12 años. De ellos, 40.325 fueron familias y 7.249 eran menores no acompañados.

El agente dice que mientras ellos se ocupan del bienestar de los niños, los traficantes se aprovechan para cruzar la droga por otros puntos.

"Estamos viendo que cada vez dejan a los grupos más al oeste, obligándonos a mover más agentes, camionetas para transportarlos, utilizar mucha más logística mientras ellos (los traficantes) posiblemente están cruzando droga por otro lado", considera.

Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) en el sector de San Diego publicó este mes un video en el que se ve a supuestos traficantes de personas pasando a EE.UU. a niños a través de la valla divisoria mientras que por otro lado una decena de personas cruzaban sin poder ser detenidos por unos agentes que habían ido a atender a los menores.

Ante la imparable llegada de centroamericanos, la Administración del presidente Donald Trump afirmó que regresarían a la polémica política que tanto habían criticado en el pasado de detener y liberar a los inmigrantes que cruzan la frontera ilegalmente.

Desde el martes pasado algunas familias fueron liberadas en el Valle de Río Grande, en Texas, en lugar de ser entregadas a la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para una detención potencialmente más prolongada, dijeron funcionarios del gobierno sobre una política muy criticada por los agentes fronterizos.

En una entrevista reciente con Efe, el vicepresidente del Sindicato Nacional de la Patrulla Fronteriza, Art Del Cueto, aseguró que mientras no haya "consecuencias" para el cruce irregular esta llegada masiva no se detendrá.

En opinión de Del Cueto, "catch and release" es uno de los principales impulsores de la inmigración indocumentada.

Eso es lo que los agentes quieren hacer, salir a detener a los indocumentados que cruzan de manera ilegal la frontera y no esa "política sin sentido", tal como definió Del Cueto en una audiencia en el Congreso federal.

Carla Provost, máxima responsable de la Patrulla Fronteriza, testificó ante el Congreso que el cruce masivo de familias y menores no acompañados dejan a los agentes menos tiempo para llevar a cabo su misión principal de garantizar la "seguridad fronteriza".

"Estamos comprometidos a atender esta necesidad humanitaria, pero sabemos que cuando los agentes están ocupados, narcotraficantes, criminales, miembros de pandillas entre otros aprovechan la oportunidad para violar nuestras fronteras", dijo.

Todos ellos se alinean con las políticas de Trump para dificultar la inmigración indocumentada, ya sea con la construcción de un muro a lo largo de toda la frontera con México como las nuevas políticas a la hora de pedir asilo.

El Gobierno quiere que los pedidos de asilo se hagan solo en los puestos fronterizos y que, en lugar de permitir a los inmigrantes permanecer en el país mientras se resuelva su caso, estos aguarden en México, en una nueva política que ya ha llegado a los tribunales. 

Elementos del Grupo Beta, del Instituto Nacional de Migración (INM), rescataron a 21 migrantes mexicanos.

Las 21 personas: 20 adultos y un menor, fueron localizados en el kilómetro 78 de la carretera federal 2 Nuevo Laredo-Piedras Negras.

De acuerdo con el INM, estos mexicanos fueron abandonados por el guía y desde hace siete días se encontraban perdidos en la zona.

El estado de salud de los 21 hombres es estable, pero fueron trasladados a las oficinas del Grupo Beta para brindarles asistencia de tipo social.

El rescate, indicó el Instituto, se logró gracias a la llamada telefónica que realizó uno de los migrantes a las oficinas del Grupo solicitando auxilio.

El subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Alejandro Encinas, afirmó que ya se tienen indicios concretos del paradero de algunos de los 22 migrantes de origen centroamericano que habrían sido bajados de un autobús mientras transitaban por la carretera San Fernando-Reynosa, en Tamaulipas.

Además de estas personas, "se han ido encontrando otros que estaban prácticamente en algunos domicilios en la idea de cruzarlos al otro lado", dijo.

En entrevista, insistió en que resultado de operativos de búsqueda de personas "sí ha habido encuentros" y a diferencia de lo que sucedió en San Fernando --en que fueron hallados en fosas clandestinas los restos de 72 personas— esta "es una situación distinta porque es gente que está con compromisos con grupos que están haciendo tráfico de personas".

Encinas fue entrevistado en el Monumento a la Revolución, a donde acudió a montar una guardia de honor en ocasión del 81 aniversario de la Expropiación Petrolera.

El funcionario informó que esta semana se instalará el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas y están convocados gobernadores, fiscales y representantes de comisiones estatales de búsqueda.

Para llegar de Cuba a Estados Unidos, Wilder, de 27 años, gastó 7 mil dólares, recorrió 10 países y vio morir a 10 de sus compañeros. Su viaje aún no termina, ahora se encuentra en Reynosa, Tamaulipas, en espera de cruzar los últimos metros para solicitar asilo.

Está consciente de los riesgos: "Sabemos que aquí secuestran y que les piden dinero a las familias, pero en Cuba te mueres de hambre. Prefiero que me maten aquí".

EL UNIVERSAL publicó ayer que por lo menos un grupo de 13 cubanos está secuestrado en Reynosa. Familiares afirman que fueron entregados al crimen organizado.

En su recorrido, Wilder cuenta que en todos los países les robaron. "Todos quieren el dinero, unos te lo quitan dándote un servicio, otros a punta de pistola".

Eso pasa también en la frontera sur, donde otros cubanos contaron a EL UNIVERSAL que "abogados" o "tramitadores" pueden estar coludidos con personal del Instituto Nacional de Migración para burocratizar la entrega del salvoconducto y obligarlos a contratar sus servicios.

Dicen que les piden de 300 a 900 dólares para obtener el documento de salida de México en dos o cinco días, cuando el trámite es gratuito pero tarda 20 días.